T RIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 02

Sucre, 25 de enero de 2018


Expediente                                             : 088/2015

Proceso                                                     : Contencioso Administrativo

Demandante                                         : Diego Alí Torrez

Demandado                                         : Autoridad General de Impugnación Tributaria

Resolución Impugnada  : AGIT-RJ 0137/2015 de 26 de enero de 2015

Magistrado Relator                 : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Diego Alí Tórrez, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0137/2015 de 26 de enero, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

VISTOS: La demanda de fs. 18 a 24, la respuesta de fs. 34 a 39; los antecedentes procesales, tanto de la instancia administrativa como jurisdiccional; y

CONSIDERANDO:

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

Alega el demandante que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional expidió en su contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/AZFIP Nº 060/2014 de 24 de julio, bajo el fundamento que el vehículo materia de la sanción se encontraría prohibido en razón de estar alcanzado por el inciso w) del DS 28963, así como que, a la fecha de la aceptación de la DUI 2013/232/C-11803, no contaba con el certificado medioambiental IBMETRO.

Que, contra tal decisión dedujo recurso de alzada, alegando que la misma resultaba contradictoria y que no se fundaba en prueba alguna. Recurso que fue resuelto mediante la Resolución ARIT-LPZ/RA 0833/2014 de 17 de noviembre, la misma que a su vez fue confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0137/2015 de 26 de enero.

Acusa que la Resolución Jerárquica citada no valoró la prueba aportada y vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que no consideró la aclaración emitida por el Instituto Boliviano de Metrología “IBMETRO”, mediante documento DML-CE-0368/2014 de 23 de mayo de 2014, en el que se señala: “que la emisión de certificado Medioambiental fue realizada el 31 de Diciembre del año 2013, pero por motivos de la excesiva afluencia de solicitudes en el sistema, los certificados fueron emitidos en el mes de Enero del 2014…”. Asimismo, la nota de solicitud de reconsideración emitida por el mismo Instituto Boliviano de Metrología Nº DML-CE-0517/2014 de 1 de julio de 2014, en el que se solicita al Director Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, se acepten los certificados Medioambientales emitidos por IBMETRO de fecha 2 de enero al 08 de enero de 2014, para regularizar los trámites de vehículos habilitados hasta dicha fecha.

Acusa que la omisión en la valoración de la prueba, traduce incumplimiento de las obligaciones legales de la administración e infracción de la previsión legal contenida en el art. 4.c de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como de los arts. 4.k de la Ley 2341; art. 115.1.11; art. 117.1 y art. 119.1 todos de la CPE, así como el art. 68.6 y 7 de la Ley 2492.

Acusa también que, con lo anterior, la Autoridad jerárquica vulneró su derecho a la defensa, igualdad ante la ley, acceso a la justicia, seguridad jurídica, inocencia y de petición.

Agrega que la autoridad jerárquica no valoró la prueba aportada bajo la excusa de que la misma se encontraría en fotocopia simple, sin considerar que tal documento fue enviado al Gerente Nacional de Fiscalización, por lo que el original se encuentra en manos de dicha autoridad y que, por otro lado, tal prueba fue admitida analizada por el Tribunal de Alzada.

I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial solicitando que en virtud de los fundamentos expuestos, se pronuncie resolución declarando probada la demanda, se deje sin efecto la Resolución AGIT-RJ 0137/2015 de 26 de enero, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

II.- DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA

Que, cumplida la diligencia de citación, Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersona y responde la demanda dentro el término de ley, mediante memorial de fs. 34 a 39, alegando:

1.- Que contrariamente a lo referido por el demandante, se efectuó la correspondiente valoración de la prueba aportada por éste, de tal modo que a partir de la consideración de tal prueba se llegó al convencimiento que el Certificado Medioambiental IBMETRO Nº CM-LP-232-7-214 que señala el demandante, fue emitido en 6 de enero de 2014 y no así el 31 de diciembre.

Agrega que en base a lo anterior se evidencia que el demandante efectuó la calificación medioambiental con posterioridad al DUI C-11803, quedando en evidencia la vulneración de los arts. 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, así como del art. 85 de la Ley 1990 (LGA) y art. 117.a) del Reglamento General de Aduanas, motivando la calificación del contrabando convencional, de conformidad a lo previsto en el art. 181.f) de la Ley 2492. Análisis y conclusión, prosigue señalando, que fue también realizado y compartido por el Tribunal de Alzada.

Que el demandante, en su recurso de alzada se limitó a denunciar vicios de nulidad por falta de fundamentación, mas no así sobre la valoración de la prueba y que, sin embargo de igual modo fue absuelto tanto en alzada como en grado jerárquico.

2.- Que la Autoridad Jerárquica resolvió con la debida y suficiente fundamentación todos los puntos materia de impugnación, por lo que niega haber incurrido en vulneración de los principios y derechos acusados por el demandante.

II.3.- Petitorio

Concluyó el memorial solicitando que se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución AGIT-RJ 0137/2015 de 26 de enero, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De la revisión de los antecedentes contenidos en el expediente y los argumentos de ambas partes, se advierte que la problemática sometida a consideración de éste Tribunal se encuentra referida a establecer si el trámite de internación del vehículo a medio uso Clase Camión, marca NISSAN, año de fabricación 2008, cumplió con los requisitos legales necesarios o, por el contrario, al incumplirse se incurrió en delito de contrabando contravencional, adecuando su conducta el demandante en la previsión del inciso f) del art. 181 de la Ley 2492.

V.1.- Análisis y fundamentación

Como se tiene expuesto supra, según la interpretación de la Administración y las instancias recursivas, incluida la AGIT, el hecho central para calificarse la conducta del demandante como contrabando, constituye la fecha en que se expidió el Certificado Medioambiental que constituía uno de los requisitos fundamentales para la internación del vehículo materia de importación, por cuanto, en criterio de la AGIT, en el marco del art. 21 de la RA-PE 01-002-14 de 26 de febrero de 2014, el demandante tenía la obligación de contar con el certificado Medioambiental máximo hasta el 31 de diciembre de 2013, aspecto no cumplido, en razón a que dicho documento fue expedido recién en 6 de enero de 2014.

En ese marco, la administración y, por consiguiente la AGIT, asumen convencimiento que, ingresa en la definición de ilegalidad por prohibición expresa del art. 32 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008 que incorpora el inciso e) al art. 93 del Reglamento aprobado por su similar D.S. 28963, en razón a que no contaba con toda la documentación requerida dentro del plazo establecido.

Sobre el particular y para resolver la controversia, ha menester al inicio convenir que el límite impuesto por el inciso e) agregado al art. 9 del D.S. 28963, no tiene mas finalidad que evitar el ingreso de vehículos con tiempo de vida útil reducido.

Asimismo, que el Certificado Medioambiental otorgado por IBMETRO, no tiene más finalidad que el de garantizar que el vehículo usado que está ingresando, no constituya un factor contaminante dentro del territorio nacional.

En definitiva, que estas normas no tienen la finalidad de criminalizar u obstruir el trámite de importación de bienes, sino, el de cuidar que esos bienes no traduzcan a la postres un peligro para la salud, de tal modo que no podrán ingresar al país aquellos vehículos cuya antigüedad exceda el máximo establecido o que no cuenten con la garantía de no ser nocivos para la salud.

Por otro lado, se debe convenir que el derecho administrativo sancionador comparte con casi todos los principios del derecho penal, de tal modo que comparten también los elementos constitutivos del hecho punible, como es el de la concurrencia del dolo, de tal modo que en los delitos aduaneros, y específicamente en el contrabando, no cabe la culpa; estos delitos sólo pueden ser realizados con conciencia y voluntad, es decir, con representación y aceptación del resultado. En otras palabras, no puede existir contrabando sin el dolo.

El art. 181.f) de la Ley 2492, previene:

“Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: (…) f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida”.

Con base en lo anterior, éste Tribunal concluye que tanto la administración aduanera como las instancias recursivas de alzada y jerárquico menguaron objetividad al momento de analizar los hechos e incurrieron en excesivo formalismo al momento de interpretar y aplicar la ley en el presente caso concreto.

En efecto, sobre los hechos, sostienen haber considerado las literales reclamadas por el demandante, fundamentalmente la nota DML-CE-0368/2014 de 23 de mayo de 2014 y DML-CE-0517/2014 de 1 de julio de 2014. Sin embargo, en ninguna de las instancias se exponen las razones por las que la explicación de IBMETRO en sentido que  “la emisión de certificado Medioambiental fue realizada el 31 de Diciembre del año 2013, pero por motivos de la excesiva afluencia de solicitudes en el sistema, los certificados fueron emitidos en el mes de Enero del 2014…”, no es suficiente y cuáles los motivos por los que no corresponder dar cabida al petitorio en sentido que “se acepten los certificados Medioambientales emitidos por IBMETRO de fecha 2 de enero al 08 de enero de 2014, para regularizar los trámites de vehículos habilitados hasta dicha fecha”.

En el contenido tanto de la Resolución de Alzada como de la Jerárquica sólo se encuentra como fundamento el hecho de que el documento fuere expedido el 6 de enero de 2014, más ninguna razón que confute o le reste trascendencia y aplicabilidad en el caso concreto a la explicación y el pedido de IBMETRO.

No se señala por qué la certificación de IBMETRO en sentido que “la emisión de certificado Medioambiental fue realizada el 31 de Diciembre del año 2013”, carece de valor o cae vencida ante el hecho de que la misma fuere entregada en 6 de enero de 2014.

Esta omisión, de inicio, constituye un vicio lesivo de los derechos del demandante, por cuanto ciertamente, informa que las autoridades no consideraron ni ponderaron debidamente dichas pruebas. Sin embargo, más allá de tal deficiencia, la lesión al derecho del ahora demandante encuentra cobijo en la errónea concepción de los fines de la ley, por cuanto a título de imperio de la Ley, se le aplica una sanción por un hecho que no ingresa en la definición de contrabando, así sea “contravencional”, por cuanto no se tiene evidencias a tal grado que no se pudo explicar en las instancias administrativas, de que el ahora demandante haya incurrido en internación de un vehículo prohibido por Ley.

En efecto, si convenimos que bajo el principio de objetividad, la prohibición en casos semejantes se orienta a la internación de mercadería contaminante, lógico resulta pensar que habría incurrido el administrado en contravención aduanera o ilícito aduanero, sólo en el caso de que el certificado de IBMETRO haya informado el riesgo contaminante subyacente.

Asimismo, el hecho de que IBMETRO haya expedido la certificación en 6 de enero de 2014, constituye una responsabilidad inherente a dicha entidad; responsabilidad que de ninguna manera puede ser trasladada al administrado, quien obediente de la Ley presentó su solicitud de certificación en 31 de diciembre de 2013, siendo que el registro y la inspección del vehículo se había realizado el 29 de diciembre de 2013, conforme certifica IBMETRO (fs. 5 del anexo).

En definitiva, el Administrado no incurrió en ningún acto reñido con la norma, mas al contrario acomodó su actuación al marco estricto de la Ley y, siendo así, mal podría censurarse su conducta, mucho menos atribuirle la comisión del contrabando.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los artículos 2 y 4 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y en los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando PROBADA la demanda contencioso administrativa de fojas 18 a 24, interpuesta por Diego Alí Tórrez, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0137/2015 de 26 de enero, la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0833/2014 de 17 de noviembre y la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP Nº 060/2014 de 24 de julio, disponiendo que la Administración Aduanera reponga los derechos conculcados del importador.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


1 “Todos los vehículos a nacionalizarse conforme al artículo anterior, deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el 31 de diciembre de 2013, incluyendo la certificación emitida por IBMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de reacondicionamiento del vehículo”.

2 “e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de importaciones vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo, con antigüedad mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo”.

3 “No está permitido la importación de: …”