TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                               AUTO SUPREMO N° 804

Sucre, 20 de diciembre de 2018

I: DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.

Expediente                : 199/2017- CA

Demandante        : Dieter Chávez Chuquimia y otros.                            

Demandado        : Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Tipo de Proceso                : Contencioso Administrativo.

Resolución Impugnada: R.M Nº 061 de 22 de febrero de 2016.

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS.

La demanda contenciosa administrativa de fs. 115 a 128, interpuesta por Dieter Chávez Chuquimia, Mónica Luisa Chávez Chuquimia y Jimena Lily Chávez Chuquimia, que impugna la Resolución Ministerial Nº 061 de 22 de febrero de 2016, pronunciada por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros Hinojosa, respuesta a la demanda de fs. 207 a 210; réplica de fs. 221 a 223; dúplica de fs. 270 a 271 vta., memorial del tercer interesado a fs. 272;  los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I.

El demandante luego de una relación de hechos y antecedentes relativos a la expropiación parcial de 51,77 metros cuadrados, a ser realizada por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, en cuanto hace al perjuicio al conjunto total de su inmueble señala que, el fundamento de la resolución impugnada, únicamente contempla un procedimiento de reclamo en cuanto al monto del avalúo y no así a cuestiones de orden o carácter netamente técnico. Sin embargo aquello no es cierto ya que producto de la individualización incorrecta del predio a expropiar ya se repuso aquello mediante recurso de revocatoria. Por lo que no es evidente que sólo se reconozca reclamos en relación al avalúo, sino también de cuestiones técnicas; además que toda resolución sea administrativa, civil o penal es susceptible de apelación, derecho constitucional que atinge al derecho a la defensa, al debido proceso, amparada en el art. 115 parág. II, en relación al 114.I, III, IV y V de la CPE.

En el caso, en relación a una correcta individualización del predio que les pertenece, no existe identidad de objeto del que se indica necesario y útil, ya que en la Resolución 083 de 8 de  noviembre de 2016, se consigna la afectación parcial de 51.77 m2., y cuya superficie podrá ser ajustada de acuerdo a replanteo in situ, mediante informe técnico para la elaboración de la Minuta de Transferencia, determinación irregular que debe adecuarse a los preceptos legales, los cuales señalan que la individualización debe ser cierta y exacta y no una apreciación parcializada que pueda ser susceptible de modificación.

Que, la Ley 332 de 28 de diciembre de 2012, que declara de necesidad y utilidad pública la Expropiación de Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes Públicos para el proyecto “Construcción Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”, establece en su art. 3 el procedimiento de expropiación señalando en su num.1 que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, procederá a la identificación y ubicación de superficie exacta de los bienes necesarios. Realizada la identificación y ubicación de superficie de los bienes inmuebles, se emitirá Resolución Ministerial correspondiente, que deberá ser notificada a los propietarios, quienes tendrán un plazo de 10 días para acreditar su derecho propietario y presentar el avalúo de su inmueble. Sin embargo la Resolución Administrativa de expropiación emitida por el Lic. Cesar Luis Dockweiler Suárez, Gerente Ejecutivo de la referida empresa, carece de competencia y legitimidad por mandato de la referida Ley 332, ya que es claro que una Resolución Ministerial la emite el Ministro del área y no así una autoridad administrativa, por mucha delegación de funciones que haya existido.

Finalmente como otro agravio, sostiene el incumplimiento a la Ley 332 de 28 de diciembre de 2012, por identificación de superficie inexacta susceptible de modificación, al establecer que podrá ser sujeta a ajustes de acuerdo a replanteo en situ, ya que se causaría incertidumbre en relación a la afectación del predio de manera definitiva y que incidirá en el avalúo a presentarse.

Peticiona en ese sentido, que se declare PROBADA la demanda, se deje sin efecto la Resolución Nº 061 de 22 de febrero de 2017, consecuentemente la Resolución Nº 83 de 8 de noviembre de 2016 y se anule obrados hasta el vicio más antiguo, que corresponde hasta la Resolución Nº 28 de 17 de agosto de 2016, para que previos los informes técnicos de correcta identificación y/o individualización del predio útil y necesario para la expropiación, se emita Resolución Ministerial que identifique de manera correcta la ubicación y superficie del inmueble para la implementación de la Torre 12 de la Empresa “Mi Teleférico” y se notifique a los propietarios para la presentación del avalúo que corresponde, conforme a norma y dentro de plazo legal.

Que, corrida en traslado el Ministerio demandado, entre otras cosas, señaló que para efectos de responder la presente demanda pidió informe sobre el caso a la empresa “Mi Teleférico”, la cual respondió mediante informe concluyendo que, debido a los problemas técnicos que se han suscitado en el área de Restitución, Estructuras y Electromecánica, sobre todo para evitar la intervención en los taludes, mejorar la accesibilidad de materiales de construcción, minimizar las afectaciones de los predios colindantes y por ende minimizar los costos del proyecto, además de no comprometer la obra con la reposición de la loza de entrepiso; se tomó la decisión de reubicar la torre, por lo que cambio la afectación de un predio privado a una afectación en un predio público.

Por lo que el inmueble ubicado en la zona Miraflores Bajo, calle Víctor Eduardo Nº 2395, no será afectado toda vez que se tomó la decisión de reubicación por los motivos técnicos expuestos; consecuentemente la presente demanda se queda sin objeto o causa legal, pidiendo el archivo de obrados.

CONSIDERANDO II. 

De antecedentes se evidencia que, mediante Resolución Administrativa EXP. Nº 028 de 17 de agosto de 2016, emitida por el Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, se identificó la ubicación y superficie parcial del bien inmueble útil y necesario para el emplazamiento de la “Torre 12”, correspondiente a la Línea Blanca del Proyecto “Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto en su segunda fase”. Signado el bien inmueble con Código Catastral Nº 14-022-05, ubicado en la ciudad de La Paz, zona Miraflores Bajo, Distrito Nº 14, Manzano 022 de la calle Victor Eduardo, signado como Lote Nº 5; colindante al norte con el Lote 14 y Área Municipal; al Nor-Este con el Lote 14; al Oeste con el Lote 14 y calle Víctor Eduardo; al Sur con Área Municipal; al Sur-Oeste con Área Municipal y calle Víctor Eduardo; con una superficie de afectación parcial requerida de 51.77 metros cuadrados, cuya superficie podrá ser ajustada de acuerdo a replanteo en situ, mediante Informe Técnico para la elaboración de la Minuta de Transferencia a favor de esta empresa.

El 22 de agosto de 2016 mediante nota de referencia Mónica Luisa Chávez Chuquimia y Jimena Lily Chávez Chuquimia, devuelven el cedulón de notificación con la resolución de expropiación, indicando que se disponga, se realice otro estudio de suelo que establezca la factibilidad de la construcción del pilar para el Teleférico en otro pedio que se encuentre estable y que resista el peso del pilar a construirse. Ante esta documental el 16 de septiembre de 2016, el Gerente Ejecutivo de esta empresa, emitió la Nota EETC MT-GJ-DAGJ-GEQ-0397-CAR/16, la que responde que no existe error en la Resolución Administrativa EXP. Nº 28, en cuanto a la ubicación del inmueble objeto de expropiación, al haber consignado los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del Sistema de Información Territorial versión 2-SIT v2.

Notificado con la referida nota, Mónica Luisa Chávez Chuquimia y Jimena Lily Chávez Chuquimia, interponen Recurso de Revocatoria a la ratificación de los datos dados a conocer; en consecuencia solicitan la anulación de obrados hasta la notificación con la Resolución Administrativa EXP. 028 de 17 de agosto de 2016. En tal sentido se emitió la Resolución Administrativa Nº 083 de 8 de noviembre de 2016, que revocó parcialmente la resolución expropiatoria  completando mayores datos del bien inmueble a expropiar, así como disponer en resguardo de los derechos e intereses legítimos que pudieran alegar terceras personas, se proceda por medio de la Gerencia Jurídica de esta empresa a publicar la parte dispositiva de esa resolución en un medio de circulación nacional de prensa escrita.

Contra esta resolución de revocatoria, Jimena Lily Chávez Chuquimia, Mónica  Luisa Chávez Chuquimia, Dieter Chávez Chuquimia y Lilian Lizet Vásquez Chuquimia, en representación de Germán Chávez Chuquimia, interponen recurso jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución Ministerial  Nº 061  de 22 de febrero de 2017, que confirma en todas sus partes la resolución de revocatoria impugnada.

CONSIDERANDO III.

En el contexto señalado, confrontando los antecedentes cursantes, se tiene que la pretensión o problemática del caso, constituido en el objeto de la demanda radica en que se deje sin efecto la Resolución Administrativa EXP. Nº 028 de 17 de agosto de 2016, emitida por el Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, que dispuso la expropiación parcial de parte del bien inmueble del ahora demandante ratificado en lo central por la posterior Resolución de Revocatoria Nº 83 de 8 de noviembre de 2016 y la Resolución Ministerial 061/2017 de 22 de febrero de 2017.

En ese sentido, revisado el expediente se tiene a fs. 207, memorial presentado por la entidad demandada, en el que adjunta la Resolución Administrativa IUS-EP Nº 056  de 14 de septiembre de 2017, la que luego de una relación de antecedentes, normativa y técnica, resuelve dejar sin efecto y de manera in extensa la Resolución Administrativa de expropiación primigenia  EXP. Nº 028 de 17 de agosto de 2016, en el marco de lo dispuesto por el parágrafo I, art. 37 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, concordante con el parág. I art. 56 de su Decreto Reglamentario Nº 27113 de 23 de julio de 2003. En el art. 2º de esta resolución emplaza la ubicación de la Torre Nº 12 a otro lugar diferente al asignado en la resolución dejada sin efecto. Posteriormente en conocimiento de esta respuesta, el ahora demandante, afirma que si bien le favorece aquella resolución en cuanto a que se deja sin efecto la Resolución Administrativa de expropiación, sin embargo desconoce de la existencia de resoluciones en revocatoria y jerárquico que crean confusión y caos jurídico que deben ser regularizados por medio de una resolución dentro del contencioso administrativo.

CONSIDERANDO IV.

Este Tribunal a través del proceso contencioso administrativo, ejerce el control de legalidad de los actos administrativos existentes dentro del trámite pertinente, siendo la Resolución Jerárquica la que cierra el ciclo administrativo y la interposición de este proceso contencioso administrativo en término hábil y contra la Resolución Jerárquica, abrirá la competencia jurisdiccional de este tribunal para su correspondiente análisis, ponderación y resolución.

En la especie, si bien se abrió la competencia de este Tribunal con la impugnación judicial de la Resolución Ministerial Nº 61 de 22 de febrero de 2017, la misma versa centralmente sobre la resolución de alzada o de revocatoria que para el caso aclaró algunos datos del inmueble a expropiar de los ahora demandantes, confirmando en los hechos la decisión contenida en la resolución primigenia de expropiación parcial del inmueble. En consecuencia, el objeto de la demanda fue, dejar sin efecto esa decisión expropiatoria contenida en la Resolución Administrativa EXP. Nº 028 de 17 de agosto de 2016 y por consecuencia las posteriores resoluciones impugnatorias.

En tal sentido, no se puede desconocer el hecho irrefutable e incontrastable, además de reconocido por los propios demandantes, que se dejó sin efecto expresamente la Resolución EXP. Nº 028 de expropiación a través de la  Resolución Administrativa IUS-EP Nº 056  de 14 de septiembre de 2017, es decir la resolución expropiatoria que dio origen a todo el procedimiento administrativo impugnatorio, a la fecha es inexistente en la vida jurídica, consecuentemente se generó una extracción del objeto de la demanda,  desapareciendo la pretensión final de la misma.

Como doctrina aplicable al caso se tiene, que en el Auto Supremo Nº 392/2013 de 22 de julio se ha desarrollado la teoría de la sustracción de materia, en ella se indicó lo siguiente: “En nuestra legislación, en el Libro Primero Título VI, se encuentra consignado la extinción extraordinaria del proceso, así consta del desistimiento (que engloba al retiro de la demanda, el desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho y los desistimientos de los recursos), también consigna a la perención y la transacción, cada una con requisitos y tratamientos peculiares, no está lo que en la doctrina se denomina como la sustracción de materia, como forma extraordinaria de conclusión del  proceso.

El aporte doctrinario de Jorge Walter Peyrano, en su obra “El PROCESO ATIPICO” Editorial Universidad, Buenos Aires 1993, en la página 126 y siguientes, al realizar el estudio sobre la extinción del proceso por sustracción de materia, refiere que la misma no tiene regulación legal en los sistemas procesales,  como modo de extinción del proceso, así señala: “… ¿qué es, en qué consiste la  “sustracción de materia? Pues simplemente en un modo de extinción de la pretensión y del  proceso respectivo, pocas veces columbrado por la doctrina más prestigiosa a pesar de su relevancia y que sin duda- su operatividad es frecuente  en la praxis.  Claro está  que con lo dicho poco se avanza en la conceptuación de lo que debe entenderse por “sustracción de materia”, terminología ésta que hemos usado en otra oportunidad y que mantenemos por parecernos gráfica e inequívoca. Se impone entonces que por fin- digamos que la “sustracción de materia no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida. Es que resulta perfectamente posible que lo que comienza siendo un “caso justiciable”, no lo sea más por motivos -digámoslo así- exógenos… “La disposición proyectada supone que el tema de la controversia, no puede ser sometido no ya a un determinado magistrado, como órgano singular de la administración de justicia, sino a todo el organismo judiciario. Es lo que se ha dado  en llamar defecto absoluto de la potestad jurisdiccional. No se trata de una forma de incompetencia. Se trata de la negación del poder de juzgamiento…” Por supuesto que y acá principiamos a retomar el hilo principal_ puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” ínterin se está tramitando, y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia”. Piénsese ahora, a guisa de ejemplo, en el caso recordado por Carnelutti de “extinción de la Litis”, constituido por la coyuntura del fallecimiento del denunciado como insano, mientras se está sustanciando el proceso promovido en miras a su declaratoria de incapacidad...”.

En la legislación comparada, se tiene la de la república del Perú en cuyo art. 321 del Código Procesal Civil de dicho Estado, señala que el proceso concluye sin declaración en el fondo en cualquiera de los siguientes casos: a) se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, b) por disposición legal en conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable, c) se declare el abandono del proceso, d) consentimiento de la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa, e) caducidad del derecho, f) el demandante desiste del proceso o de la pretensión, g) que sobrevenga la consolidación en los derechos de los litigantes; estas son las causales sobre la extinción del proceso, por lo que la sustracción de materia se encontraría regulada en dicho cuerpo procesal…”.


Entonces, existe sustracción de la materia en casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho, el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que el tribunal o instancia jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de la pretensión y debe declarar la sustracción de la misma. En tal sentido, resulta entendible que la autoridad jurisdiccional ya no tiene posibilidad de pronunciarse respecto de dicho acto que ya no existe, por simple lógica. ¿Cuál sería el acto que declararía nulo si ya la propia autoridad lo hizo?; ¿Sobre qué, se puede resolver el caso?; ¿Cuál sería el acto que vulnera el derecho si este ya no existe?. De tal forma, resulta indispensable para la autoridad que dispone la sustracción, precisar previamente cuál es la materia objeto de litis. Dicha materia se encuentra delimitada por el petitorio de la demanda interpuesta, es decir, cuál es el acto que lesiona el derecho vulnerado y respecto del cual se busca reponer las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos. Por lo que, será esta autoridad jurisdiccional que se pronuncie respecto del mismo y en su caso lo declarará nulo y que vuelvan las cosas al estado anterior de la afectación del dicho acto, pero si este acto ya no existe al haberse dejado sin efecto, ello significa que las cosas sin pronunciamiento judicial, se han repuesto al estado anterior por lo que ya no tendría sustento alguno para resolver sobre la pretensión alegada al ya no existir la misma.

En otras palabras la sustracción de la materia controvertida es una situación de hecho derivada de la naturaleza de las cosas, que como se dijo consiste en la inexistencia de un elemento esencial del proceso, el cual causa que carezca de objeto pronunciarse por parte del Tribunal sobre el fondo de la materia controvertida, (no existe materia jurídica sobre la cual pronunciarse). Por lo que, la autoridad jurisdiccional se limita a resolver en base a las pretensiones planteadas y a los hechos alegados, para reconocer o no el derecho amenazado o vulnerado, siempre que éste persista o exista, caso contrario corresponde declarar la extinción del proceso en base a la sustracción del objeto de la demanda. 

Para el caso, en el presente proceso contencioso administrativo, la Administración ha satisfecho la pretensión del ciudadano que dio inicio al proceso, dejando sin efecto el acto impugnado primario u original del cual devino toda la problemática posterior, quedando en ese contexto también sin efecto legal alguno las resoluciones que derivaron o emergieron de ésta , vale decir la Resolución Administrativa Nº 083 de 8 de noviembre de 2016 de Revocatoria y la Resolución Ministerial  Nº 061  de 22 de febrero de 2017 de Recurso Jerárquico.

Por otra parte, sobre lo alegado por el demandante de que pudo haberse generado daños y perjuicios mientras la resolución estuvo vigente, sin embargo esta no es la vía para dilucidar esos supuestos daños y perjuicios que se podrían haber ocasionado, teniendo expedita la vía que corresponda a favor de los demandantes para hacer valer esos derechos.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, declara: la extinción del presente proceso incoado por Dieter Chávez Chuquimia, Mónica Luisa Chávez Chuquimia y Jimena Lily Chávez Chuquimia, por sustracción del objeto de la demanda; consecuentemente sin existencia  legal la Resolución Administrativa Nº 083 de 8 de noviembre de 2016 de Revocatoria y la Resolución Ministerial  Nº 061  de 22 de febrero de 2017 de Recurso Jerárquico.

No se aplica costas por ser contraparte una institución pública, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.






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