TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 800

Sucre, 20 de diciembre de 2018

Expediente                        : 331/2018

Demandante        : María Elvira Zarco Ojopi.

Demandado        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

Materia        : Reclamación de Pensiones (Renta de Viudedad).

Distrito                        : Santa Cruz.

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Luis Ángel Arias Sánchez cursante de fs. 152 a 146 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 49 de 14 de junio de 2018, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el Auto Nº 99 de 13 de julio de 2018 cursante a fs. 161 a 161 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.

Mediante Resolución Nº 2532 de 08 de septiembre de 2017 cursante de fs. 84 a 82 de obrados, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, determinó la suspensión definitiva de la Renta Única de Viudedad otorgada en favor de la Sra. María Elvira Zarco Ojopi; asimismo, determinó que la Unidad Jurídica del SENASIR proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la derechohabiente María Elvira Zarco Ojopi.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

En virtud de ello, la beneficiaria interpuso el recurso de reclamación cursante de fs. 92 a 92 vta. de obrados, resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante Resolución Nº 041/18 de 24 de enero de 2018 cursante de fs. 108 a 102, confirmando la resolución impugnada, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación cursante de fs. 128 a 128 vta., por María Elvira Zarco Ojopi; la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resuelve el mismo mediante Auto de Vista N° 49 de 14 de junio de 2018, c ursante de fs. 142 a 141 vta., el cual revoca en parte la Resolución Nº 0002532 de 08 de septiembre de 2017 emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones y la Resolución Nº 041/18 de 14 de enero de 2018, y deliberando en el fondo deja sin efecto la orden de recuperación de lo cobrado por la Sra. María Elvira Zarco Ojopi, en su calidad de viuda de Martin Luis Román Vaca.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, la recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, transgrede en la forma los arts. 5, 213 parágrafo II y 265 del Código Procesal Civil; y en el fondo acusa como normas trasgredidas y mal aplicadas, los arts. 45 y 67 de la CPE, Ley Nº 1178, Ley N° 2197 de fecha 09 de mayo de 2001 modificatoria del art. 57-III de la Ley N° 1732 de Pensiones, art. 4 del Decreto Supremo N° 26189 de fecha 18 de mayo de 2001, art. 8 del Decreto Supremo N° 23215, art. 963 del Código Civil y art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, bajo los siguientes argumentos:

En la forma:

El recurrente afirma, que para tomar una decisión fundamentada que respete la normativa establecida en el art. 213.II con relación al art. 218 del Código Procesal Civil, no solo se debe tomar en cuenta los supuestos agravios de la parte apelante, sino también los extremos que llevaron a la autoridad de grado inferior a tomar una determinada decisión; sin embargo el Tribunal de alzada, al parecer, hubiera actuado con un criterio pre- concebido, ya que en ninguna de las partes de los considerandos del Auto de Vista recurrido, se puede evidenciar en la relación de hecho y derecho, que luego de la aplicación de la sana crítica y valoración correspondiente, se hubiera dado paso a la fundamentación de la decisión judicial adoptada, cuando lo que correspondía era contrastar el contenido de la resolución apelada, es decir los supuestos agravios que motivaron la resolución, más aún cuando la resolución apelada fundamenta su decisión en normativa especial aplicable al caso específico, lo cual no sucedió en el caso en concreto, por cuanto se debe considerar que los funcionarios del SENASIR no pueden de manera unilateral reconocer o no las aportaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, como si en el contenido de la resolución apelada no se hubiera hecho mención expresa de la normativa especial que regula el procedimiento que se debe seguir para el reconocimiento de las mencionadas aportaciones, procedimientos que están plasmados en los decretos supremos aplicados, aspecto que vulnera el principio de igualdad procesal. Asimismo se establece como agravio en la forma, que la parte motivada de la resolución debe contener el estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba y cita de leyes en que se funda, bajo pena de nulidad, motivación que es ausente en el Auto de Vista recurrido, demostrando así que su decisión es arbitraria, por cuanto toda autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, no estando permitido reemplazar la fundamentación por la relación de los antecedentes. Por otra parte establece que el Auto de Vista recurrido en la forma, carece de motivación, por cuanto el  mismo se limita a las consideraciones de la apelación, como si fuera la única verdad, o como se tratara de un proceso voluntario, ya que no se identifica los hechos probados y no probados y solo se menciona la prueba ofrecida por el apelante y no se analiza las pruebas que cursan en el expediente, las mismas que motivaron la decisión de la Comisión de Reclamación. De igual manera indica que en la resolución recurrida, se hace un listado de normativa general, sin considerar la normativa especial en Seguridad Social en la que el SENASIR basa su decisión.

En el fondo:

El recurrente sostiene, que se debe considerar que la beneficiaria María Elvira Zarco Ojopi -derechohabiente-, al haber contraído nuevas nupcias con el Sr. César Mario Morató Torrico, da lugar a que se suspenda su beneficio de renta de viudedad, incurriendo de tal manera en cobros indebidos; antecedentes que fueron considerados por el SENASIR, a objeto de disponer la suspensión definitiva de la Renta Única de Viudedad y proceder a recuperar lo indebidamente cobrado por la beneficiaria, conforme establece el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de fecha 21 de julio de 1997 y art. 3 inc. a) de la Resolución Ministerial Nº 171/07 de fecha 30 de abril de 2007 y art. 106 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

Asimismo precisa que se debe considerar que la aplicación del art. 477 del RCSS, determina que la situación de haber contraído nuevas nupcias, implica la pérdida del beneficio, por lo cual el recurrente considera que no es y no era correcto establecer si el causante o la derechohabiente hubieran presentado datos falsos o documentos fraudulentos, con la finalidad de imponer la sanción correspondiente.

Por otra parte precisa que el SENASIR, de acuerdo al art. 4 inc. c) del D.S. Nº 26189 de 18 de mayo de 2001, la institución no solo tiene la facultad de revisar las Rentas o Prestaciones otorgadas en dinero, sino también tiene la facultad de exigir la restitución de dichos pagos, que fueron indebidamente percibidos, ya que los recursos fueron otorgados por el Tesoro General de la Nación de acuerdo a la Ley Nº 2197 de 9 de mayo de 2001 modificada por el art. 57-III de la Ley de Pensiones Nº 1732, por consiguiente corresponde aplicar el art. 963 del Código Civil, que establece: “Quien ha recibido lo que no se le debía, queda obligado a restituir lo que se le ha pagado”.

Los demás argumentos expuestos en el recurso de casación en el fondo, son repetitivos a la facultad revisora de rentas y a la facultad de recuperación de lo indebidamente percibido, máxime si consideramos que el objeto del presente recurso de casación, está limitado a establecer si el SENASIR puede o no recuperar lo indebidamente percibido por la derechohabiente María Elvira Zarco Ojopi, por lo cual no merecen ser considerados, al ser reiterativos.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que deliberando en la forma declare la NULIDAD del Auto de Vista; y en el fondo CASE el Auto de Vista recurrido, y en consecuencia confirme en su totalidad la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 041/18 de 24 de enero de 2018.

La derechohabiente, contesta el recurso de casación interpuesto, conforme cursa a fs. 160 a 160 vta. de obrados.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De la progresividad del derecho a la Seguridad Social.-

El art. 13.I de la CPE, establece que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos; normativa en concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la suprema norma citada que refiere: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".

En ese contexto, el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo...”.

La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 55/2013 de 11 de enero establece como entendimiento sobre la jubilación el siguiente criterio: “…Por la exigencia de conformar un silogismo que otorgue sustentación a la fundamentación de la presente Resolución, es imprescindible analizar en primer término las normas contenidas en la Norma Suprema de nuestro país, que regulan a la jubilación como parte integrante del derecho a la seguridad social; debiendo para ello revisar la Constitución Política del Estado. En ese orden, de la revisión del compilado normativo supremo, se puede evidenciar que el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.

De lo señalado es posible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”.

En el mismo sentido la renta de viudez se encuentran inserto como derecho a la seguridad social en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .

El art. 22 de la DUDH, “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45.II de la CPE.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo” (CIDH, Informe sobre Colombia 1993).

La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.

De lo citado precedentemente se advierte que el derecho a la renta de viudez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que al ser convenios internacionales son de aplicación plena por el Estado Boliviano.

Del principio de verdad material:

De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. La SCP Nº 1463/2013 de 22 de agosto señala: “En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz, no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales… (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio). Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente se realizó una errónea interpretación e indebida aplicación de la normativa vigente, en merito a ello, se tiene lo siguiente:

En la forma:

En el caso de autos, se tiene que el recurrente en representación del SENASIR, presenta Recurso de Casación en la forma en contra del Auto de Vista Nº 49 de 14 de Junio de 2018, argumentado los agravios sufridos en la emisión de dicha resolución de vista, indicando en conclusión que el referido Auto de Vista no contiene la debida fundamentación y motivación.

En el análisis del caso, se debe manifestar con total claridad que todo fallo, sin excepción, debe ser emitido con la debida fundamentación y motivación, plasmando en la resolución no sólo los fundamentos que fueron objeto del recurso, sino principalmente, el razonamiento que llevó  a la autoridad jurisdiccional a fallar de un modo u otro; es decir, el porqué del decisorio. Es así que de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que el mismo cumple con los requisitos antes señalados, por cuanto si bien el mismo no es ampuloso, cumple con establecer de manera clara, precisa y concreta los motivos de la decisión asumida, por cuanto del mismo se establece que el Tribunal de alzada, fundamenta su decisión en los siguientes argumentos: “Al respecto y de la revisión de obrados se tiene, que al momento de calificarse la renta de viudedad a la apelante esta demostró y en base a la documentación presentada y que cursa en el expediente ser la única esposa del fallecido titular de la renta, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por ley para beneficiarse de esta prestación, por tanto en ningún momento la demandante presento documentación falsa a efectos de beneficiarse de una renta que por derecho le correspondía. Ahora bien, al enterarse Senasir (sic.) de que la apelante habría contraído nuevas nupcias con el Sr. Cesar Mario Morato Torrico, en fecha 15 de marzo de 1986 (posterior al fallecimiento de su primer esposo), esta entidad procede a suspender definitivamente la renta de viudedad y determina realizar la recuperación de cobros indebidos; sin embargo debería ser el Servicio Nacional del Sistema de Reparto quien tiene la facultad de cruzar la información con el SERECI, SEGIP y otras entidades la que suspenda inmediatamente la renta a la apelante, al enterarse de su segundo matrimonio, no siendo responsabilidad de la Sra. María Elvira Zarco Ojopi, la emisión y posterior cobro de sus rentas, sino negligencia de la entidad estatal, más aun cuando se evidencia que en el contenido íntegro de las resoluciones que emite el Senasir, no existe ningún tipo de advertencia acerca de las consecuencias que pudiera acarrear el contraer nuevas nupcias por parte de la viuda, mucho más si la viuda ha demostrado que el matrimonio con el Sr. Cesar Mario Morato Torrico, se encuentra disuelto por sentencia de fecha 10 de enero de 2008”.

Los fundamentos antes anotados, son congruentes con la parte dispositiva de la resolución de vista recurrida, que recova en parte la Resolución No. 002532 de 8 de septiembre de 2017, revoca en parte la Resolución de la Comisión de Reclamaciones Nº 041/2018 de 24 de enero de 2018 y ordena dejar sin efecto la orden de recuperación de lo cobrado por la Sra. María Elvira Zarco Ojopi; de lo que se colige una vez más, que si bien el Auto de Vista, no es ampuloso, es claro y preciso en determinar que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR y la Comisión de Reclamación, debieron aplicar el art. 477 de la RCSS, normativa especial que de manera clara determina que la revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas; concluyendo que el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado y motivado.

En ese contexto, este Tribunal es consciente que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello, y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; con lo cual se considera que el Tribunal de alzada, ha cumplido con la debida fundamentación y motivación de la resolución de vista recurrida, siendo la misma clara, compresible y congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación, exponiendo la normativa aplicable al caso

Por lo anotado, se tiene que los argumentos expuestos por el recurrente, no resultan ser evidentes.

En el fondo:

1.- En primer término, y a los fines de estructurar la presente resolución, es importante dejar anotado, que el Auto de Vista recurrido, en ningún momento puso en tela de juicio o cuestionó la facultad que tiene el SENASIR para proceder a la revisión de oficio o a denuncia de parte, de las rentas en curso de pago, facultad reconocida en el art. 9º del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 concordante con el art. 477 del RCSS; el Tribunal de Apelación en la resolución de vista, lo que hace es cuestionar la capacidad del SENASIR, para ordenar la recuperación de lo indebidamente cobrado por la derechohabiente María Elvira Zarco Ojopi, como emergencia de la suspensión definitiva de la Renta Única de Viudedad concedida a su favor, por haber contraído nuevas nupcias; por lo cual los argumentos expuestos en el recurso de casación vinculados a dicha circunstancia, no corresponden ser considerados, al no causar perjuicio al recurrente.

2.- Es así que, de los antecedentes del proceso administrativo se establece que, el SENASIR para emitir la Resolución que otorga Renta de Viudedad a favor de la Sra. María Elvira Zarco Ojopi, cumplió con el art. 6-2-3) de la Resolución Ministerial Nº 1361 de 04 de diciembre de 1997; normativa que señala la obligación de los funcionarios del SENASIR en el procedimiento de calificación de rentas, para verificar la densidad de cotizaciones y la evaluación de la renta; mientras que al asegurado y derechohabiente le corresponde únicamente presentar correctamente la documentación requerida por el MPRCP, requisito que en el presente caso se cumplió, al concederse renta de viudedad a la derechohabiente.

En ese contexto y si bien la normativa en materia de seguridad social, señalada por el recurrente, le confiere al SENASIR, la facultad para realizar la recuperación de lo indebidamente cobrado por la beneficiario en determinadas circunstancias; facultad, que tampoco fue cuestionada por el Tribunal de alzada; se debe considerar y valorar lo que dispone el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, que condiciona esta facultad de recuperación, cuando indica: “Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas” (el resaltado y subrayado son nuestros).

En esa situación y en el caso en concreto, la labor administrativa de revisión fue operativizada mediante la Resolución N° 2532 de fecha 08 de septiembre de 2017, por la cual la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, de oficio dispuso suspender definitivamente la Renta Única de Viudedad otorgada a favor de la Sra. María Elvira Zarco Ojopi, al comprobarse efectivamente que la beneficiaria contrajo nuevas nupcias en fecha 15 de marzo de 1986 con el Sr. César Mario Morató Torrico conforme cursa a fs. 21 de obrados, dicha labor y sanción en sí se encuentra enmarcada en la norma; no obstante de ello, la determinación de proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la derechohabiente, no tiene el debido fundamento de hecho y de derecho, por cuanto no se cumple con la previsión y condición contemplada en la última parte del art. 477 del RCSS, que de manera clara determina que la decisión que revoque o reduzca la prestación “no es retroactiva a lo ya percibido”, “salvo si se comprueba que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas”, y por lógica, la comprobación a la que refiere la norma es aquella realizada en un proceso legal.

Por lo cual la recuperación de lo indebidamente cobrado por la derechohabiente María Elvira Zarco Ojopi, debe ser establecido a través de un proceso de conocimiento o penal que determine la existencia de fraude en los datos proporcionados por los beneficiarios, no la apreciación subjetiva de la entidad aseguradora, pues la revocatoria, reducción o modificación de la renta única de viudedad, importa una sanción que impone la entidad de reparto cuando advierte la existencia de contradicción entre los datos del asegurado por haber sido proporcionados fraudulentamente; empero para que se imponga la aludida sanción, la autoridad administrativa responsable, deberá sustanciar un proceso respetando y resguardando el debido proceso, otorgándole así a la derechohabiente, la facultad de asumir defensa y desvirtuar los extremos de la acusación, concluyéndose que la determinación de "fraude" al que hace alusión el art. 477 del RCSS, debe ser una declaración de derecho, como consecuencia de un proceso y no de hecho, a libre discreción de la entidad gubernamental de reparto.

En autos, la entidad recurrente no demostró de manera alguna que el asegurado Luis Martín Román Vaca o la derechohabiente María Elvira Zarco Ojopi, hubiesen proporcionado documentación o información fraudulenta a efecto de la calificación de su renta; por el contrario, la documentación constante en obrados no consigna contradicciones entre sí, siendo de exclusiva responsabilidad del SENASIR, la calificación y pago de la prestación.

Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, por lo que corresponde resolver en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del Nuevo Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997. En observancia a la disposición transitoria sexta de la Ley Nº 439.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto representado por Luis Ángel Arias Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 49 de 14 de junio de 2018, pronunciado por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto de Vista recurrido.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.