TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 796

Sucre, 20 de diciembre de 2018

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                301/2018

Demandante:                 Ricardo Heredia Trujillo

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Materia:                        Social (Reclamación de Pensiones)

Distrito:                        Cochabamba

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El recurso de casación en el fondo de fs. 145 a 148, interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en su calidad de abogado regional y apoderada del representante legal Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra el Auto de Vista Nº 010/2017 de 7 de julio, cursante de fs. 140 a 142, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social de Reclamación de Pensiones seguido por Justina Orozco Blanco en su calidad de derechohabiente del causante Ricardo Heredia Trujillo contra la institución demandante, el Auto que concede el recurso de fs. 155, el Auto de admisión de 11 de julio de 2018, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto

Ante el fallecimiento de Ricardo Heredia Trujillo, el 20 de abril de 1981, su esposa Justina Orozco Blanco Viuda de Heredia a nombre propio y de sus tres hijas Miriam, Amparo y Rosmery Heredia Orozco, solicita la calificación de renta de viudedad y orfandad de la renta que por invalidez le habría correspondido al asegurado; concedida mediante la Resolución Nº 5154-81 de 19 de octubre de 1981, de la Comisión Nacional de Prestaciones de la Caja Nacional del Seguridad Social (CNSS) cursante a fs. 18 de obrados; disponiendo que la renta de viudedad tiene carácter vitalicio y equivale al 40% y las renta de orfandad equivalen al 20% para cada una de las hijas, hasta que cumplan la edad de 19 años; pagaderas a partir de junio/1981.

En atención al reporte SERECÍ de fs. 30, que reporta el matrimonio de Felipe Armando Trujillo Vargas con Justina Orozco Blanco, el 31 de mayo de 1985; la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, mediante Resolución Nº 797 de 4 de febrero de 2016, corriente a fs. 91-92, dispone, suspender definitivamente la Renta Básica de Viudedad otorgada a la señora Justina Orozco Blanco y que la Unidad Jurídica proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado.

Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR

El recurso de reclamación interpuesto por la derechohabiente contra la resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante la Resolución Nº 228/16 de 1 de junio, confirmando la resolución reclamada (fs. 108 a 112 de obrados).

Auto de Vista

El recurso de apelación contra la resolución de la Comisión de Reclamación, presentado por Justina Orozco Blanco, fue resuelto por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba, a través del Auto de Vista Nº 010/2017 de 7 de julio, confirmando en parte la resolución recurrida (fs. 140 a 142 de obrados), con relación a la suspensión definitiva de la renta de viudedad y dejando sin efecto la recuperación de los dineros cobrados.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, es recurrido de casación en el fondo por el SENASIR, con los argumentos expuestos en el escrito de fs. 145 a 148, los que se resumen, en los siguientes términos:

Señala que el Auto de Vista, realiza una interpretación errónea y aplica indebidamente el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), norma aplicable para casos en que el ente gestor compruebe que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas; debiendo haber aplicado el art. 9 de DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, que faculta al SENASIR a revisar de oficio o por denuncia justificada, las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos.

Manifiesta que, al ser evidente el nuevo matrimonio de la derechohabiente, posterior al fallecimiento del causante de la prestación, la suspensión de renta fue una determinación correcta del ente gestor, correspondiendo en consecuencia la recuperación de los dineros cobrados indebidamente; decisión que fue dejada sin efecto por el Tribunal ad quem, al disponer, que no corresponde la recuperación de los dineros cobrados por la derechohabiente; contradiciendo el art. 4 del DS Nº 28589 de 17 de enero de 2006, concordante con el art. 963 del Código Civil (CC), que dispone: “Quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado”.

Continuando con ese razonamiento, señala que, el SENASIR está obligado a efectuar la revisión de las rentas concedidas, a efectos de determinar daño económico al Estado, en cumplimiento del art. 8 del DS Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, concordante con los arts. 42.b) y 43 de la Ley 1178; evidenciado el error, corregirlo, bajo el entendimiento que las prestaciones pecuniarias otorgadas indebidamente, constituyen un enriquecimiento económico injusto de terceros y un empobrecimiento del Estado, que desestabiliza el sistema financiero.

Señala que, lo dispuesto en el Auto de Vista, viola el principio constitucional de seguridad jurídica, generando inseguridad jurídica; toda vez que de acuerdo al art. 5 inc. h) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, el SENASIR se encuentra facultado para recuperar aportes en la vía administrativa y/o coactiva social, ante la autoridad jurisdiccional competente, en el marco de los dispuesto en el art. 223 del Código de Seguridad Social (CSS), modificado por el art. 32 del Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, art. 609 al 612 del RCSS y art. 2 del DS Nº 25809 de 8 de junio de 2000.

Sostiene que, el Auto de Vista recurrido, viola el carácter obligatorio de las disposiciones sociales, dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando concretamente al DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y al art. 5.h) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003. Refiere que, de acuerdo a la estructura del art. 410 de la CPE, existen normas cuya aplicación es preferente; sostiene que la Resolución Nº 228/16 de 1 de junio, de la Comisión de Reclamación del SENASIR, es una resolución de alzada, considerada un acto administrativo, cuya legitimidad se presume, por disposición de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2001.

Por los fundamentos jurídicos expuestos, solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, previa deliberación en el fondo, Case en parte el Auto de Vista Nº 010/2017 de 7 de julio, con relación a dejar sin efecto la recuperación de los dineros cobrados por la derechohabiente y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

Del derecho a la seguridad social

En armonía con las disposiciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); que consideran a la seguridad social como un derecho humano inalienable; el art. 45 parágrafos I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado, dispone que, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; derecho que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su dirección y administración al Estado, con control y participación social. La seguridad social cubre la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; garantizando el Estado el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; artículo que pone en ejecución lo dispuesto en el art. 1 del Código de Seguridad Social, Ley de 14 de diciembre de 1956, que señala: “El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar”.

De lo señalado, es posible extraer que, los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto de prestaciones en el que se encuentra el de la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco; entendimiento expresado en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 55/2013 de 11 de enero, entre otras.

De la renta de viudedad

El art. 25.I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), con relación a la renta de viudez establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…”.

Podemos concluir que el derecho a la renta de viudez o viudedad, como una prestación de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas, recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a este beneficio.

Al respecto, cabe recordar que el art. 51.a) del CSS, modificado por el art. 39 del Decreto Ley (DL) Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, dispone: “La renta de viudedad equivaldrá al 40% de la renta de invalidez o de vejez que percibirá el rentista fallecido o de la que hubiere correspondido al asegurado por vejez o invalidez. La renta será vitalicia y se concederá a la viuda, independientemente de su edad y del número de hijos que tuviera. Esta renta cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda o conviviente contrajera matrimonio o entrara en concubinato.

La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en substitución de su renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía”.

Por su parte, la Resolución Ministerial (RM) Nº 171 de 30 de abril de 2007, del Ministerio de Hacienda, que abroga el art. 37 del Manual de Prestaciones de Rentas en curso de Pago y Adquisición, aprobado Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, dispone en su Numeral 3º Parágrafo Primero, Literal a): “El Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, suspenderá de manera definitiva la renta de viudedad: a) Si la viuda contrae nuevas nupcias”; por otro lado, el art. 36 del referido Manual de Prestaciones, señala: “La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la Unidad de Recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos”.

Sobre la aplicación del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS)

Con relación al art. 477 del RCSS, el Tribunal Constitucional aplicando el principio de la interpretación previsora, se vio obligado a modular la Sentencia Constitucional 0058/2004 de 24 de junio, que resolvió el Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 del Decreto Supremo 26466 de 22 de diciembre de 2001; reconociendo la vigencia de éste artículo y extrae los siguientes parámetros de aplicación: “a) las rentas calificadas y otorgadas son susceptibles de revisión de oficio o por denuncia, se entiende legal y formalmente presentada por una persona debidamente identificada a los fines de la responsabilidad que pudiese emerger de la misma; b) las causales para dicha revisión son: errores de cálculo, se entiende imputable a la propia administración; y, falsedad en los datos o declaraciones que hubiesen servido de base para la calificación y otorgamiento de la renta; c) la revisión puede concluir en una decisión administrativa de revocar la renta calificada y otorgada, si se comprueba la falsedad de los datos o documentos; o reducir el monto de la renta, en los casos en que se compruebe errores de cálculo; d) la decisión administrativa de revocar la calificación u otorgamiento de la renta o de rebajar el monto, no surtirá efecto retroactivo, lo que supone que no afectará a las mensualidades ya pagadas; y e) la decisión de revocar la calificación y otorgamiento de la renta surtirá efecto retroactivo, cuando se compruebe que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. (Resaltado fue añadido).

IV. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

En el Estado Constitucional de Derecho, vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, deber ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

En el caso que se analiza, resulta evidente que Justina Orozco Blanco, en su condición de viuda de Ricardo Heredia Trujillo y al fallecimiento del causante el 20 de abril de 1981, obtuvo una renta de viudedad calificada por Resolución Nº 5154-81 de 18 de octubre de 1981, pagadera a partir de junio de 1981 (fs. 18).

En su condición de derechohabiente, con su renta en curso de pago, el 31 de mayo de 1985 contrajo matrimonio con Felipe Armando Trujillo Vargas, fecha en la que cambio su estado civil de viuda del titular de renta fallecido, para convertirse en esposa del señor Trujillo (fs. 30 y 87).

En uso de la facultad establecida en el art. 5.d) del DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, y aplicando lo dispuesto en el Numeral 3º, Parágrafo Primero, Literal a) de la RM Nº 171, al haber contraído matrimonio la rentista derechohabiente, el SENASIR suspendió definitivamente la renta de viudez de Justina Orozco Blanco, desde el mes de febrero de 2016; disponiendo también, que la Unidad Jurídica recupere lo indebidamente cobrado (fs. 91-92).

El art. 39 del DL Nº 13214, concordante con el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, disponen textualmente: “La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la Unidad de Recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos”.

Entonces, la rentista derechohabiente, que quería contraer matrimonio, debía poner en conocimiento del ente gestor este hecho, a efecto de recibir un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, en sustitución de la renta de viudedad calificada; previsión legal establecida con el objeto de evitar que las viudas que contraen matrimonio, incurran en cobros indebidos.

El argumento principal del recurso de casación alude que se hubiese incurrido en interpretación errónea y aplicación indebida del art. 477 del RCSS y correspondía que se aplique en mérito al principio de seguridad jurídica y las disposiciones sociales, el art. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005.

En ese entendido, se debe considerar lo siguiente; líneas arriba se efectuó un análisis respecto a la aplicación del art. 477 del RCSS, conforme instituyó la SC 0058/2004, que se aplica solo respecto a errores de cálculo y/o falsedad de datos o declaraciones, presentados ante el SENASIR, aspectos que en el caso presente no acontecieron porque se trata de un hecho sobreviniente, posterior a la calificación de renta a la derechohabiente y por tanto, esta norma no se aplica al caso presente, según el entendimiento de esta disposición legal, solo procede la restitución de la renta, cuando existe falsedad en los datos o declaraciones; y en autos, solo existió una omisión por parte de la derechohabiente a informar al ente gestor en forma oportuna de su nuevo matrimonio, conforme prevé el art. 39 del DL Nº 13214, concordante con el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; por tanto, no existe facultad legal a favor del SENASIR para la restitución de pagos, porque no se acomoda esa conducta a las previsiones del indicado artículo.

Respecto al art. 9 del DS Nº 27991, argumentado por el ente gestor, corresponde señalar que, este artículo confirma la facultad que tiene el SENASIR para la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las rentas en curso de pago y pagos globales, remitiendo para su aplicación, al art. 477 del RCSS, que, en atención a los fundamentos desarrollados en el párrafo anterior, se concluye que, tampoco le asiste la facultad de pedir la restitución de pagos.

También debemos referirnos al DS Nº 27066 de 6 de junio de 2003, de creación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, como Institución Pública, Desconcentrada del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que dispone en su art. 5 inc. d) la atribución de suspender provisional o definitivamente la renta, dentro de la potestad de revisión establecida en disposiciones que rigen para el Sistema de Reparto, aplicando concretamente el numeral 3°, parágrafo I, literal a) de la RM N° 171.

Corresponde aclarar a la institución recurrente, que el inciso h) del art. 5 del DS N° 27066, el art. 2 del DS N° 25809 de 8 de junio de 2000, tampoco son aplicables al caso que nos ocupa, por cuanto, la primera legisla sobre aportes devengados a la seguridad social, las que podrán ser recuperadas por el SENASIR en la vía administrativa o jurisdiccional, a través del proceso coactivo social, y la segunda hace referencia al cálculo de las cotizaciones en mora. El caso que nos ocupa, se trata de cobros indebidos, adeudo incluido en el art. 609 del RCSS.

En conclusión, acertadamente el Tribunal de alzada revocó parcialmente la Resolución Nº 228/2016 de 1 de julio, en aplicación del art. 477 del RCSS, pero con diferente entendimiento, aspecto que se encuentra aclarado líneas arriba; sin embargo, del análisis legal se establece que, no existe norma que prevea la restitución de rentas canceladas vía trámite de suspensión de renta y posterior reclamación, promovida por los rentistas titulares o derechohabientes, implicando con ello, que este Tribunal, determine que al no existir infracción de norma alguna, aplicable al caso presente, desestime los argumentos del recurso de casación.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el Fondo de fs. 145 a 148, interpuesto por el SENASIR mediante la apoderada de su representante legal.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.