TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 793

Sucre, 20 de diciembre de 2018


Expediente:                345/2018

Materia:                        Social

Demandante:                Vicente Paredes Condori

Demandado:                Hans Peter Byren Johansson

Distrito:                        Tarija

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 185 a 190 vta., interpuesto por Jaime Lema Bacarreza, en representación legal de Hans Peter Byren Johansson, contra el Auto de Vista Nº 92/2018 de 13 de junio de fs. 174 a 182 vta., emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales y derechos laborales seguido por Vicente Paredes Condori contra la parte recurrente, el Auto de 8 de agosto de 2018, por el que se admitió el recurso (fs. 203 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido Segundo de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de Tarija, emitió la Sentencia de 21 de julio de 2016 (fs. 115 a 123 vta.), declarando probada en parte la demanda de fs. 7 a 10 vta., aclarada a fs. 16 y probada en parte la excepción de pago documentado de fs. 38 a 44, con costas; disponiendo en consecuencia que, Hans Peter Byren Johansson cancele a la parte demandante la suma de Bs.125.773.- por los conceptos de: indemnización, aguinaldo, reintegro bono antigüedad, vacaciones. Debiendo dar aplicación a la multa del 30% prevista en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 sobre el total de los beneficios sociales adeudados al actor.

Auto de Vista:

Los recursos de apelación interpuestos de fs. 124 a 127 y de fs. 140 a 143 vta., por el representante legal del demandado y por la parte demandante; respectivamente, resueltos mediante Auto de Vista Nº 92/2018 de 13 de junio de fs. 174 a 182 vta., emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmó parcialmente la Sentencia apelada de fs. 115 a 123 vta., modificando únicamente lo referente al desahucio, que a pesar de haber sido reconocido en la Sentencia, no se contempla en la liquidación y el error de cálculo del aguinaldo, por lo que debe cancelar la suma de Bs.137.778,00.- la parte demandada; más la multa del 30 % establecida en el DS Nº 28699 del 1 de mayo de 2006, sobre el total de los beneficios sociales adeudados. Sin costas por la doble apelación.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, Jaime Lema Bacarreza, en representación legal de Hans Peter Byren Johansson, interpuso recurso de casación en el fondo, conforme los fundamentos del escrito de fs. 185 a 190 vta., recurso que fue respondido por el demandante mediante memorial de fs. 192 a 193 vta., con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto de 8 de agosto de 2018 (fs. 203 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

II.1. Argumentos del recurso de casación:

1) Denuncia que el Auto de Vista recurrido incurrió en error “in iudicando” al dar valor a un certificado por sobre la Ley General del Trabajo (LGT) y por sobre la numerosa prueba aportada que demuestra palmariamente una relación laboral diferente.

2) El recurrente señala que el Auto de Vista incurrió en errónea valoración de la prueba porque de acuerdo a la misma habría demostrado que el actor trabajó bajo dependencia laboral de su mandante durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2006 y no hasta el 31 de diciembre de 2014, tal extremo se evidencia de la declaración del testigo de cargo, Sr. Humberto Mario Sanjinés Uribe de fs. 91 vta. a 92 y conforme las planillas de sueldos y salarios correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2006; y a partir del 31 de diciembre de 2006, el actor no dejó de trabajar con el demandado pero sí dejó de trabajar para él, puesto que cambiaron de empleador porque su emprendimiento pasó a ser parte constitutiva de la Empresa AITA.

3) Señala también que demostró que la Empresa AITA SRL contrató al actor en fecha 01 de septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2014 conforme la documental de fs. 20, 22 a 30, 108, 102, 106 a 107 de obrados, por lo que, los Vocales que emitieron el Auto de Vista recurrido incurrieron en error “in iudicando” que consiste en la errada apreciación de que “la prueba documental aportada por la parte demandada cursante a fojas 25, 30 a fs.-106-108, acredita que el actor trabajó también para la Empresa AITA desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2014” (sic); empero, señala de forma errónea que “ello no desvirtúa la relación laboral existente también con el Sr. Byren” (sic) incurriendo en una incorrecta valoración de toda la prueba documental citada; y por tal motivo rechaza y niega la afirmación del demandante que haya trabajado hasta el 31 de diciembre de 2014, bajo dependencia laboral del demandado.


Petitorio:

Finaliza solicitando al Tribunal Supremo de Justicia dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, se disponga que no corresponde pagar los beneficios sociales y otros derechos laborales al demandante desde enero de 2007.

II.2. Contestación al recurso:

El mencionado recurso de casación, generó que Mery Paredes Domínguez, en representación legal del actor Vicente Paredes Condori responda al mismo mediante memorial de fs. 192 a 193 vta., señalando lo siguiente:

1) En cuanto al error al dar valor a un certificado presentado como prueba cuando no lo es, sino es un documento privado reconocido ante Notario de Fe Pública bajo juramento; señala que, es un acto voluntario donde el demandado reconoce que el actor ha trabajado bajo su dependencia desde diciembre de 1989 hasta fines de diciembre de 2014, por lo que tal documento fue valorado correctamente por los Vocales ya que goza de la fe y fuerza probatoria establecida en el art. 1289 del Código Civil (CC), además que existe plena prueba que demuestra la existencia de la relación laboral entre el demandante y el demandado y el tiempo de duración de la misma de 25 años de trabajo, que ahora pretende desconocer el demandado argumentando que los Vocales han hecho una errónea y equívoca valoración de la prueba.

2) En cuanto a la errónea valoración de la prueba presentada; señala que, la parte demandada no toma en cuenta que la prueba no tiene la suficiente fuerza probatoria para destruir el documento de fs. 2 a 3, el cual reconoce la relación laboral entre el demandante y el demandado, habiendo realizado una correcta valoración de la prueba los Vocales que suscribieron el Auto de Vista ahora recurrido.

3) En cuanto a la prueba aportada demostraría que el demandante ha trabajado para otras empresas y por tanto no trabajó bajo su dependencia; señala que la parte demandada no toma en cuenta que el haber trabajado para la empresa Arquitectura e Ingeniería Tarija SRL no excluye por sí solo la posibilidad de la existencia de una relación laboral con el demandado y que en la actualidad es admisible la multiplicidad de varios compromisos de trabajo y existe plena prueba que demuestra la existencia de la relación laboral entre el actor y el demandado y el tiempo de duración de la misma de 25 años, de diciembre de 1989 a diciembre de 2014, por lo que se tiene que los Vocales establecieron correctamente tal duración y fallaron correctamente.

Petitorio:

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia declare infundado el recurso de casación de conformidad al art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC-2013), se confirme el Auto de Vista recurrido y se condene el pago de costas y costos del proceso de conformidad al art. 223.V.1 del CPC-2013.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 185 a 190 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

La estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a las y los trabajadores, considerados como principal fuerza productiva de la sociedad; tal es así que, los principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48 de la CPE, señala que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles” (sic) (las negrillas son añadidas).

En ese sentido, el art. 46.I. de la CPE establece que toda persona tiene derecho: “2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”; asimismo, el parágrafo II del referido artículo, señala que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas; concordante con el art. 4 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, que establece que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”; por consiguiente, queda expresamente claro que corresponde en materia laboral, una protección de los trabajadores en las relaciones laborales que se generen, y tal protección se encuentra tutelada constitucionalmente.

Por lo anteriormente expresado; se advierte que, uno de los pilares que componen el núcleo del Derecho Laboral sustantivo recae sobre el mencionado principio protector, cuyo carácter general es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador. Bajo esa premisa, la conclusión lógica señala que el principio protector inherente al Derecho sustantivo laboral, comprende de modo cierto e inevitable al Derecho adjetivo laboral; no pudiendo entenderse una práctica procesal laboral, sino, desde una perspectiva tuitiva, pues un sentido contrario diluiría no sólo los principios generales de la materia, sino, conformaría cauces contrarios a los fines que la propia Constitución señala y persigue.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este alto Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley, conforme lo establecen los arts. 60, 3.j), 158 y 200 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Fundamentos del caso concreto:

En base a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de casación de fs. 185 a 190 vta, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los agravios de los numerales 1) al 3) se relacionan entre sí, puesto que, se refieren a que los Vocales que suscribieron el Auto de Vista Nº 92/2018 de 13 de junio incurrieron en errónea valoración de la prueba presentada por la parte demandada respecto a la relación laboral entre las partes y el tiempo de trabajo que existió en la misma; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación en el presente fallo, resolviéndolos a continuación.

Preliminarmente resulta necesario señalar que, el principio protector en materia laboral, cuya finalidad es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador, descrito ut supra, tienen su razón de ser en la desigualdad originaria entre las y los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los vincula, a saber, la relación de subordinación y dependencia. “La indicada desigualdad del trabajador” se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente.

En tal dirección, por el principio de protección enunciado, que condensa uno de los principales postulados mismos del Derecho del Trabajo, es de aplicación en favor del trabajador por la desigualdad entre las partes explicada líneas arriba y de una revisión de los datos del proceso; cabe señalar que, respecto a los agravios de los numerales 1) al 3) del recurso de casación referidos a la errónea valoración de la prueba presentada por la parte demandada respecto a la relación laboral y el tiempo de trabajo que existió en el presente caso; resulta necesario hacer notar a la parte demandada la importancia del principio de inmediación vinculado a la apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación.

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el art. 3.b) del CPT; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el art. 3.j) desarrollado de manera más amplia en el art. 158 del CPT, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al Juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba (las negrillas son añadidas).

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el art. 261.III del CPC-2013, aplicable al caso por expresa remisión del art. 208 del CPT, establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el Tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los Jueces de instancia conforme al principio de inmediación e incensurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el art. 271.I del CPC-2013 (las negrillas son añadidas).

En ese sentido, en el presente caso, la parte recurrente no ha cumplido estos requisitos de contenido y no señala cual es el error de hecho o derecho en la valoración y apreciación de la prueba por el Juez de instancia y el Tribunal de apelación, por cuanto en el presente caso, el recurrente solamente se limitó a indicar en el recurso interpuesto, que las “literales de fs. 20, 22 a 30, 91 vta. a 92, 102, 106 a 108 demuestran que el actor también trabajó para la Empresa Aita desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2014”, aspecto que no excluye por sí solo la posibilidad de la existencia de una relación laboral con el demandado y que era de su incumbencia conforme la carga de la prueba en materia laboral establecida en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT y además porque no existe otro argumento técnico jurídico que justifique su reclamo, no resultando suficiente al caso, la denuncia que los Vocales incurrieron en error “in iudicando” de errónea o incorrecta apreciación de la prueba mencionada y sencillamente alegar que demostró desvirtuar el tiempo de trabajo que existió en la relación laboral; más aún, porque no estableció en qué consiste la indebida apreciación de la prueba; olvidando que la casación (sea de forma o de fondo), una vez más se asemeja a una demanda nueva de “puro derecho”, en la que no solo debe identificarse las normas vulneradas (las cuales ni identificó en el presente recurso), sino, explicarse en qué consiste la infracción, violación, falsedad o error en la interpretación y/o aplicación de las mismas y no simplemente alegar errónea o incorrecta apreciación de la prueba y peor aún, que en el presente caso fue el propio demandado que reconoció la existencia de una relación laboral con el trabajador desde el diciembre de 1989 hasta fines del mes de diciembre del año 2014, puesto que, señaló que Vicente Paredes Condori, fue trabajador asalariado el cual realizaba el trabajo de casero en el taller de su propiedad (ver fs. 2 a 3 de obrados).

De lo expuesto, corresponde finalizar que, la valoración probatoria de las fojas reclamadas; cabe señalar que, en materia laboral el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, por lo que, forma libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal y como aconteció en el presente caso, ya que tanto la Juez de primera instancia como por el Tribunal ad quem (ver fs. 115 a 123 vta., y fs. 174 a 182 vta.) determinaron acertamente que tales pruebas ahora reclamadas por el demandado no demuestran que el trabajador no haya prestado sus servicios durante ese tiempo; por lo que, no resulta evidente los reclamos de la parte empleadora.

Por todo lo expuesto, no resulta cierto lo reclamado en el recurso interpuesto por el representante legal de la parte demandada y más aún, si consideramos que en materia laboral la valoración de la prueba se la realiza en conjunto de todas ellas, de las circunstancias relevantes del litigio y la conducta procesal de las partes, conforme a su sana crítica del Juzgador, por lo que, el Tribunal ad quem formó libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, en estricto cumplimiento a lo establecido en los arts. 3.j), 158 y 200 CPT, no existiendo una errónea valoración de la prueba de descargo como erróneamente se reclama, puesto que, la parte demandada no presentó documentación de descargo fehaciente que haya desvirtuado la relación laboral y el tiempo de trabajo en la misma, establecidos correctamente por los Jueces de instancia, como tampoco existió un error en la valoración de las pruebas, por el que se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del Juzgador, lo cual no cumplió la parte demandada porque la prueba reclamada de mal valorada no demostró fehacientemente, como ya se explicó, que el trabajador no haya prestado sus servicios durante el tiempo otorgado por los de Instancia.

Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 185 a 190 vta., al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes laborales en vigencia, no observándose violación de norma legal alguna, por lo que corresponde resolverlo en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 185 a 190 vta., interpuesto por el representante legal de Hans Peter Byren Johansson, contra el Auto de Vista Nº 92/2018 de 13 de junio de fs. 174 a 182 vta., emitido por la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas y costos conforme los arts. 221 y 223.V.2 del CPC-2013.

Se regula honorarios del profesional abogado en Bs.1.000.-, que mandará pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.