TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 791

Sucre, 20 de diciembre de 2018

Expediente             : 461/2017

Demandante            : Karen Rocio Silva Fernández

Demandado             : Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL

Proceso                   : Beneficios Sociales

Departamento         : La Paz

Magistrada Relatora: María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 440 a 442 vta., interpuesto por CNL. Daen Roberto René Alarcón Loza, en calidad de Gerente General de COSSMIL, contra el Auto de Vista N° 117/2017 de 8 de mayo de fs. 438 y vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso social de beneficios sociales; el Auto de fs. 446 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 461-A de 9 de octubre de 2017 de fs. 455; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Que, tramitada la demanda de beneficios sociales, la Juez Tercero  de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 036/2016 de 26 de febrero de fs. 238 a 246, por la que declaró probada en parte la demanda, disponiendo cancelar a favor de los demandantes por concepto de desahucio, indemnización,  aguinaldos 2015, sueldos devengados y multa del 30%, de acuerdo al siguiente:

Karen Rocio Silva Fernández                Bs. 39.884,42

Steffi Dayana Moscoso Cano                Bs. 40.533,67

Lizabeth Gloria Medrano Ávila        Bs. 40.446,57

Marco Antonio Cárdenas Uzquiano  Bs. 63.742,00

Alejandra Churata Téllez                Bs. 36.974,60

Montos que serán actualizados en ejecución de fallos de acuerdo a Ley.

Auto de Vista

En grado de apelación interpuesto por CNL. Daen Roberto René Alarcón Loza, en calidad de Gerente General de COSSMIL, de fs. 426 a 428 la Sala Social, Administrativa, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 117/2017 de 8 de mayo de 2017 de fs. 438 y vta., que confirmó la Sentencia Nº 06/2016 de 26 de febrero.

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista, el CNL. Daen Roberto René Alarcón Loza, en calidad de Gerente General de COSSMIL, interpuso recurso de casación de fs. 440 a 442 vta., bajo los siguientes argumentos:

Que el Tribunal ad quem incurrió en inapropiada valoración de los elementos probatorios, existiendo inconsistencia en la fundamentación del Auto de Vista, lo que agravia las disposiciones laborales aplicables en la causa, afectando los intereses de COSSMIL al otorgar derechos a favor de los demandantes que no les corresponde y de otros que ya fueron reconocidos en su momento; asimismo, indica que los demandantes de manera tendenciosa hacen conocer montos extraordinarios y exorbitantes que no devienen con la verdad, por lo que hace imposible determinar el supuesto promedio salarial con el que se realizaron las liquidaciones presentadas a su probidad con relación a los aguinaldos y otros.

Señalan que los demandantes desempeñaron las funciones de consultores en línea, conforme demostraron las pruebas aportadas, que no tenían ninguna relación de dependencia laboral definitiva, al ser la Corporación del Seguro Social Militar una Institución Pública dependiente del Ministerio de Defensa y como tal se encuentra en la imposibilidad para el pago de beneficios sociales a consultores de línea, que el contrato se celebró en conformidad de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, Decreto Supremo Nº 0181, Ley de Presupuesto General, Decreto Supremo Nº 27113, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Decreto Ley Nº 11091 de 21 de octubre de 1974, no obstante que no les corresponde el pago de sus beneficios sociales en razón de que la intención de los demandantes es querer sorprender en su buena fe al juzgador y lograr enriquecerse a costa de una Corporación que su objetivo principal es la protección de la salud de sus miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, sus esposas y sus familiares y dependientes, preservar la continuidad, de sus medios de subsistencia y de su equipo presupuestario cuando se vean afectados por las contingencias sociales y económicas previstas en la Ley Nº 11901 dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y en general promover el mejoramiento fermente de su nivel de vida.

Señala como vulneradas la Ley Nº 2027 en su art. 4, art. 122 y 245 de la Constitución Política del Estado, art. 6 Decreto Ley Nº 11901, art. 18 de la Ley Nº 1405, entre otros, manifestando que los actores no tiene ninguna relación de dependencia laboral definitiva con COSSMIL.

Concluyó solicitando se case y/o anule el Auto de Vista impugnado. 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO.-

Previamente se debe tener presente que según la Real Academia Española la palabra consultor o consultora, es el adjetivo que hace referencia a quien “da su parecer, consultado sobre algún asunto” o también a la “persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente”. (www.rae.es). Ossorio, de modo semejante, identifica a un consultor como “el que evacua una consulta, también el que la plantea” (OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales).

El Decreto Ley (DL) N° 16850 de 19 de julio de 1979, que aprobó la Ley de Consultoría, en el caso boliviano realizó una definición de lo que se considera un servicio de consultoría realizado a través de una empresa o bien por medio de un consultor unipersonal; si bien dicha norma, tuvo una aplicación sujeta a condiciones de aplicación suspensiva establecidas a través del DS Nº 21660 de 10 de julio de 1987; constituye el primer germen normativo introducido al tráfico jurídico del país sobre lo que incumbe a un consultor individual e independiente. Así, el art. 3 de la citada Ley indica:“Se define como servicio de consultoría todo estudio realizado por una empresa consultora o un consultor unipersonal destinado a suministrar asistencia técnica especializada a un usuario determinado con el fin de que éste pueda disponer de un conjunto suficiente de antecedentes técnicos y económicos que permitan una eficiente toma de decisiones. Estos estudios pueden ser:

a) Estudios específicos:

i) Estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera de programas y proyectos específicos a ser ejecutados a nivel nacional, regional o local.

ii) Estudios de ingeniería en general y arquitectura a nivel de diseño final, cuya factibilidad técnica y económica haya sido demostrada.

iii) Estudios específicos complementarios y/o de actualización de programas y proyectos.

b) Estudios Generales

i) Estudios básicos de carácter regional o sectorial, incluyendo estudios de cuencas hidrográficas, de evaluación de recursos humanos y naturales, estudios aerofotogramétricos, cartográficos, topográficos y otros que tengan por finalidad la identificación y el establecimiento de posibles programas y proyectos específicos y/o la cuantificación de los requerimientos de inversión en una región o en un sector económico.

ii) Estudios preliminares destinados a analizar alternativas desde el punto de vista técnico y económico para tomar una decisión respecto a la conveniencia y oportunidad de realizar un programa o un proyecto en forma más amplia y detallada.

iii) Estudios orientados hacia la investigación de procesos tecnológicos específicos o la adaptación de los mismos a los requerimientos del país, dentro del marco de la política nacional de transferencia y adaptación de tecnología.

iv) Estudios destinados al fortalecimiento institucional.

c) Servicios especiales de consultoría

i) Supervisión de la construcción de obras de ingeniería y arquitectura, de instalaciones y montaje de equipos y maquinarias.

ii) Asesoramiento y seguimiento de las distintas fases de ejecución de proyectos, programas y administración de empresas en general.

iii) Elaboración de términos de referencia y pliegos de especificaciones para invitaciones, convocatorias y licitaciones de servicios de consultoría, ejecución de obras y compras de bienes en general.

iv) Inspecciones, peritajes y arbitrajes de obras, equipos y maquinarias”.

A la luz de la glosa precedente, es claro que las consultorías son propias a servicios especializados, mayoritariamente de carácter intelectual y técnico, sobre una materia en específico; que se hallan orientados a brindar asesoramiento especializado de apoyo y soporte en una determinada y concreta labor, con mayor inclinación a pre-inversión y estudios, dentro de la administración pública.

Más adelante, considerando las variaciones en el contexto socioeconómico, la dinámica administrativa, así como las observaciones y recomendaciones fundamentadas por los sectores involucrados en la administración estatal, a través del DS Nº 25964 de  21 de octubre de 2000 (que entró en plena vigencia mediante DS Nº 26062 de 2 de febrero de 2001, a partir del 2 de enero de 2002), sobre las contrataciones de servicios de consultoría, bajo el nomen iuris  de “contratación de servicios de consultores individuales” precisó en su art. 21: “I. Las entidades públicas de acuerdo a la naturaleza de los servicios requeridos y para la realización de consultorías específicas por producto, podrán contratar los servicios de personas naturales que reúnan las condiciones de solvencia académica e idoneidad profesional necesarias para desarrollar el trabajo encomendado.(…) III. Queda prohibida y no podrá ser autorizada bajo ninguna causa la cesión, transferencia o subcontratación parcial o total de los servicios contratados a consultores individuales. IV. En ningún caso, las entidades públicas requerirán los servicios de consultores individuales, en contrataciones que por su carácter multidisciplinario, únicamente deben ser prestados por empresas consultoras legalmente constituidas”.

La citada norma reglamentaria, manteniendo el marco de ayuda y consejo especializado, exigiendo a las consultorías elementos de idoneidad profesional y solvencia académica, incorpora las condiciones para su contratación, referida a los procedimientos y costos, así como sienta prohibiciones de transferencia, subcontratación y realización individual en situaciones que por su naturaleza exijan la realización de una Empresa legalmente constituida. Nótese que a estas alturas la evolución normativa, distingue que la realización de una consultoría, responde a dos posibilidades, que son, según la naturaleza de los servicios requeridos, y, la entrega de un trabajo en específico, es decir, consultorías específicas por producto.

Análisis del caso en concreto

Que, la parte recurrente cuestiona la valoración probatoria al no haber considerado que los demandantes eran consultores en línea, refiriendo que la misma fue hecha de manera superficial, sin considerar en dicha valoración, que con los actores se suscribieron contratos de carácter administrativo de consultoría de línea, por lo que no les correspondería el pago de beneficios sociales, ni derechos laborales resueltos a su favor, al ser inexistente una relación de carácter laboral con los demandantes.

De la revisión de antecedentes se tiene que se suscribieron entre la entidad demandada y los actores, distintos contratos nominados como Contratos Administrativos de Consultoría para la prestación de servicios profesionales de abogado, con conocimientos y experiencia, detallados de la siguiente forma: Karen Rocio Silva Fernández, el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Profesional Abogado para asesoramiento de procesos labores de COSSMIL; Steffi Dayana Moscoso Cano el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Profesional Abogado para la Dirección General de Asuntos Jurídicos de COSSMIL, Lizabeth Gloria Medrano Ávila el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría Individual de Línea Profesional Abogado para la Dirección General de Asuntos Jurídicos de COSSMIL, Marco Antonio Cárdenas Uzquiano el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Asesor Legal, especialista en Seguridad Social, Derecho Civil, Sistemas Administrativos, Ley SAFCO y Reglamentos para la Gerencia General de COSSMIL y Alejandra Churata Téllez el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Profesional Abogado para la Dirección General de Asuntos Jurídicos de COSSMIL, así como otros contratos modificatorios a los mismos.

Ahora bien, a fin de determinar si estos contratos tienen encubiertas una relación de trabajo, se tienen que ver las características esenciales de una relación laboral, donde se debe tener en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y lo reciben, a tal fin corresponde observar el papel realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se pretenda ocultar o encubrir la realidad bajo apariencias de una relación no laboral, por lo que a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia o subordinación, según el cual, quién recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, tomando los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la existencia o inexistencia de una relación laboral se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En este marco, conforme establece el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, las características esenciales de la relación laboral son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; que componen el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral; la doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando detentado por el empleador, al que le es correspondiente un deber de obediencia por parte del trabajador, quien presta la labor o el servicio y donde se muestra la facultad del empleador en dirigir e imponer reglas en la actividad laboral; en el caso de autos fue corroborada con los Contratos Administrativos de Consultoría para la prestación de servicios profesionales de abogado, de fs. 1 a 68 y de fs. 177 a 198 donde se establece sus obligaciones de hacer seguimiento de las causas, tener disponibilidad de tiempo para  viajes al interior del país, realizar informes, opiniones y recomendaciones jurídico legales de naturaleza interna y otras; por otra parte por los registros de asistencia de fs. 69 a 130, se evidencia que los demandantes tenían áreas específicas de trabajo dentro de la Dirección Jurídica de COSSMIL, asimismo cumplían un horario de trabajo de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30, demostrando aquí el elemento que lleva implícito al denominado poder disciplinario del empleador que es ejercido por éste sobre los trabajadores y que con relación a normas o parámetros sobre el desempeño de la labor o servicio demostrado, se evidencia que los actores presentaban informes de conformidad ante la MAE de trabajos realizados para la institución, constituyéndose estos elementos propios de la relación laboral; b) La prestación del trabajo por cuenta ajena, que representa una labor personal ya sea física o intelectual que conlleva la realización de actos materiales, ejecutados por el trabajador con su pleno conocimiento, en beneficio del empleador, ya sea una persona natural o jurídica, indistintamente. Tanto el costo del trabajo, producto, como los resultados son destinados al empleador,  que corre con todos los riesgos, y aprovecha de los resultados; recibiendo el trabajador en tal tipo de relación solamente una remuneración por su labor, sin que se vea afectado por el resultado económico de esa operación. Desde esta perspectiva, la doctrina enseña que el trabajo por cuenta ajena exige tres características esenciales: 1) Que el costo del trabajo corra a cargo del empleador; 2) Que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquél; y, 3) Que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo; en el presente caso, se evidencia que el trabajo realizado por cada uno de los actores a favor de COSSMIL, fue destinado en beneficio de la institución, conforme se evidencia de fs. 1 a 68 y de fs. 177 a 198, referida a los Contratos Administrativos de Consultoría para la prestación de servicios profesionales de abogados, en las áreas de Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Civil, Sistemas Administrativos, Ley SAFCO y Reglamentos, y Asesoría Legal General, para la Dirección General de Asuntos Jurídicos de COSSMIL; y c) La percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, que es otro elemento de la relación de trabajo, que implica la contraprestación por el trabajo desarrollado, es decir el pago de un salario. En términos generales “salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar” (C095 - Convenio sobre la protección del salario; 1949, Organización internacional del Trabajo); ahora bien, de los antecedentes del proceso se evidencia que los actores recibieron un salario mensual conforme sale de sus Contratos donde se les establece en la Cláusula Décima, “el monto, moneda y forma de pago”, pagados en cuotas mensuales previo informe de conformidad; asimismo mediante planillas de pagos de aguinaldos de fs. 207 a 209, se evidencia que los actores percibieron este derecho ratificando con dicho pago las características esenciales que hacen a  la relación laboral, situación concordante con el art. 2 de la misma norma legal, la cual establece que en las relaciones laborales en las que concurran aquellas características esenciales precedentemente citadas, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo (LGT) y el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Si bien es plenamente posible que en el ámbito de la consultoría individual de línea, puedan concurrir también los elementos anotados en el párrafo anterior, así se puede advertir del art. 5.qq)  del DS N° 0181, establece: “Servicios de Consultoría Individual de Línea: Son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser  desarrollados  con  dedicación  exclusiva  en  la  entidad  contratante,  de  acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato”; es decir, la exclusividad de la prestación de servicios del consultor de línea, a los que se suman la dependencia de la entidad y la remuneración percibida, aún bajo la denominación de “un costo global pagado en fracciones”, que sumado al hecho de la prestación de los servicios a cuenta del empleador (Entidad Pública); tal cuestión debe tomarse sin embargo con cautela, puesto que una interpretación discrecional de la norma que regula las contrataciones estatales, y en concreto para las consultorías de línea, conllevaría la vulneración de derechos fundamentales de los contratados en tal calidad, afectando derechos fundamentales como el no reconocimiento de los derechos laborales y/o beneficios sociales (cuando corresponda) y el derecho a la igualdad de trato que debe existir entre personas de planta y los consultores, sin considerar el desempeño de funciones similares y cuya remuneración inclusive es fijada en base a los niveles y escala salarial del personal de planta de la entidad pública contratante.

Así, las actividades para las cuales es contratado el consultor en cuanto se refiere la actividad propia de la entidad y la necesidad recurrente de ésta, serán los elementos distintivos a considerar para realizar válidamente o no dicha contratación, puesto que no debe olvidarse que existen actividades que son propias de la entidad y para las cuales se tiene la necesidad de contar con personal de planta para su ejecución debido a la responsabilidad funcionaria a la cual se encuentra sometido el servidor público que realiza dichos actos, no siendo posible en consecuencia, materialmente la contratación de consultores para efectuar trabajos inherentes a la entidad pública y que respondan a las funciones propias de la misma en cada una de sus unidades o divisiones, aunque formalmente su procedencia, normativamente no especifica limitaciones.

Bajo ese razonamiento, en el caso de examen, los actores fueron contratados para realizar una actividad que es propia y permanente de la Dirección Jurídica de la entidad demandada, puesto que las funciones de la representación judicial o extrajudicial de la entidad, la emisión de informes jurídicos relativos a los procesos judiciales, el seguimiento y atención de los mismos, constituye una actividad propia de las Unidades Jurídicas de las entidades públicas, conforme se infiere de los arts. 38 de la Ley N° 1178  y 45 del DS N° 23215, de modo que, el incumplimiento de aquellas tareas asignadas a los profesionales del área, constituyen inclusive motivo de responsabilidad funcionaria conforme a la norma de Administración y Control Gubernamental, responsabilidad que no sería posible aplicar tratándose de consultores, por cuanto sus derechos y obligaciones sólo están señalados en contrato administrativo respectivo.

Asimismo, consta que la contratación de los demandantes fue realizada bajo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, sin embargo, materialmente dicha contratación no se acomoda a los criterios antes anotados, puesto que tiende a encubrir una relación laboral entre los trabajadores y la entidad demandada, y consiguientemente la elusión del pago de los beneficios sociales y derechos laborales que puedan corresponder al trabajador, en franco desconocimiento de los arts. 46 y 48 de la CPE, que regula la interpretación y aplicación de las normas laborales bajo principios protectivos, y el carácter irrenunciable de los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores.

Para el caso en examen, se advierte a fs. 1 a 68 de obrados, la existencia de contratos suscritos entre COSSMIL y los demandantes, entre los cuales esta para Karen Rocio Silva Fernández, el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Profesional Abogado para asesoramiento de procesos labores de COSSMIL; por su parte Steffi Dayana Moscoso Cano, Lizabeth Gloria Medrano Ávila y Alejandra Churata Téllez, los “Contratos Administrativos para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Profesional Abogado para la Dirección General de Asuntos Jurídicos de COSSMIL y Marco Antonio Cárdenas Uzquiano el “Contrato Administrativo para la prestación de servicios de Consultoría  Individual de Línea Asesor Legal, especialista en Seguridad Social, Derecho Cvil, Sistemas Administrativos, Ley SAFCO y Reglamentos para la Gerencia General de COSSMIL, y otros Modificatorios, celebrados de manera consecutiva, y donde los actores realizaban tareas propias y permanentes de la institución, los cuales de acuerdo al art. 2 del DS Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, se convierten en contratos de tiempo indefinido, concordante con la Resolución Ministerial (RM) Nº 193/72 de 15 de mayo, habiéndose establecido en tales contratos una serie de condiciones y obligaciones impuestas al demandante, como coadyuvar a COSSMIL en la atención de asesoramiento, elaborar informes, hacer seguimiento, disponibilidad de viajes al interior del país y realizar informes, opiniones y recomendaciones jurídico legales de naturaleza interna y otras, que conforme se manifestó supra demuestra cumple los requisitos esenciales de la relación laboral, toda vez que el mismo estaba sometido a una supervisión por parte de la entidad demandada, razón por la cual, el reconocimiento de los beneficios sociales y derechos laborales efectuados a favor del demandante en el fallo recurrido, se encuentra correctamente resuelto.

Por lo manifestado entre COSSMIL y los demandantes existió una relación de carácter laboral encubierta bajo la forma de un contrato de carácter administrativo, por cuanto la naturaleza del trabajo realizado por el actor, reúne todas las características exigidas por el art. 1 del DS Nº 23570 de 26 de julio de 1993, no pudiendo considerarse como una relación de carácter contractual administrativa como señaló equivocadamente la entidad recurrente, debiendo tenerse presente además que de acuerdo al art. 5 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, “Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente”, porque al determinar en el caso presente que no existió relación de dependencia y subordinación, se estaría convalidando un fraude laboral ya que se abriría la posibilidad de realizar contratos de carácter administrativo o civil, con el objeto de encubrir una relación laboral a fin de eludir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, los cuales son irrenunciables de acuerdo al art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 4 de la LGT.

Asimismo, el reclamo del recurrente en sentido de que los actores son funcionarios públicos y no estaría amparado por la Ley General del Trabajo, sino bajo los alcances de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios DS N° 0181, Ley de Presupuesto General, Decreto Supremo Nº 27113, Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas, Decreto Ley Nº 11091 de 21 de octubre de 1974; revisados los antecedentes del proceso, si bien es cierto que los demandantes desempeñaban con la designación de consultores en línea, como consecuencia de la suscripción de varios contratos de prestación de servicios de consultoría; sin embargo, se advierte que estos contratos reunían las características de una relación netamente enmarcada dentro del ámbito laboral, de donde se deduce que para efectos del reconocimiento de sus beneficios sociales, se encontraba amparado dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo, por lo que corresponde el pago de sus derechos y beneficios sociales como correctamente determinaron los Tribunales de instancia.

En ese sentido, se concluye que entre la entidad demandada y los actores, existió relación de dependencia, subordinación y exclusividad, tal como se manifestó precedentemente y conforme se demostró mediante documental de fs. 69 a 130, por lo que el reconocimiento efectuado por el fallo recurrido a favor de los demandantes, es correcto y se enmarca en la Ley, no siendo evidentes los reclamos planteados por la entidad recurrente.

Además se debe tener presente que los contratos si bien fueron suscritos bajo el nomen juris de “CONSULTORIA” se denota que entre los actores y la institución de COSSMIL, existió relación laboral, bajo los lineamientos de la Ley General del Trabajo y demás normas laborales, además como ya fue fundamentado existen las características previstas por el art. 2 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006; cumpliendo los principios estipulados en su propia norma interna de COSSMIL; es decir del (Reglamento interno del personal de Cossmil), que en su art. 11. e) señala sobre derechos básicos y dispone; “beneficios sociales de acuerdo a la Ley General del Trabajo”; que si bien COSSMIL se rige por la Ley 2027, también existe personal amparado por la Ley General del Trabajo y disposiciones conexas. Bajo estos parámetros, se concluye que los tribunales de instancia obraron conforme a derecho y en virtud a la competencia y atribución que determina el art. 73.4) de la Ley del Órgano Judicial.

Por consiguiente, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 440 a 442 vta., la disposición contenida en el art. 220.II del CPC, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 440 a 442 vta. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.