TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 781

Sucre, 20 de Diciembre de 2018

Expediente                    : 448/2017

Demandante                 : Carlos Reis Montero

Demandado                   : Gobierno Autónomo  Municipal de Cobija

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Pando

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 69 a 70, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, impugnando el Auto de Vista Nº 313/2017 de fecha 18 de julio cursante de fs. 63 a 66, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales y derechos laborales, seguido por Carlos Reis Montero en contra del recurrente; el Auto de fs. 73 vta. que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 448-A de fs. 85 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales y derechos laborales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Cobija, pronunció la Sentencia N° 228 017 de 18 de mayo de 2017, cursante de fs. 48 a 50 vta., declarando PROBADA en parte la demanda e IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción, determinando que el demandado proceda al pago de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 49.874,00) a favor de Carlos Reis Montero, por concepto de aguinaldo y subsidio de frontera.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la demandante de fs. 53 a 54 vta., la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista Nº 313/2017 de fecha 18 de julio cursante de fs. 63 a 66, que REVOCÓ en parte la Sentencia, determinando que corresponde el pago CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 46.299,00), por concepto subsidio de frontera.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 448-A, cursante a fs. 85 y vta., de fecha 29 de septiembre de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado violenta disposiciones legales constitucionales y administrativas, bajo los siguientes fundamentos:

1.- Se han violentado los arts. 4 y 5 de la Ley 2042, el D.S. N° 28241 modificado por el D.S. N° 29565, los cuales prohíben comprometer o ejecutar gastos administrativos que no hayan sido presupuestados, lo que acarrearía responsabilidades penales y administrativas para los que lo realicen, indicando también que, el demandante se encuentra bajo el ámbito laboral, sin justificación alguna, aplicando erróneamente las disposiciones legales de la Ley N° 321.

2.- Con referencia al pago del subsidio de frontera indica que éste es atentatorio, pues se debe presumir que, al tratarse de la contratación de personal eventual o consultor, la boleta de pago corresponde a lo acordado en el contrato administrativo suscrito, pidiendo no se caiga en error al disponer su pago, considerando además que, los derechos de toda persona que no hayan sido ejercidos en su plazo, prescriben por no haber sido reclamados oportunamente, como ocurre en el presente caso con el subsidio de frontera, el cual debería haber sido reclamado por el demandante en un plazo de 2 años, habiendo prescrito a la fecha, conforme establece el art. 1510.2 del Código Civil (CC). 

Por lo tanto, en base a los argumentos expuestos, pide casar el Auto de Vista recurrido.

Por su parte, la demandante, habiendo sido legalmente notificada, no ejerce su derecho a contestar el recurso.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Para efectos de análisis e interpretación del caso que nos concierne, debemos referirnos al artículo 1 de la Ley Nº 321, pues será en base a la interpretación de este artículo que se podrá determinar la competencia de los Juzgados y Tribunales del Trabajo y Seguridad Social, así como la certidumbre en el decisorio del caso.

A la letra expresa: “I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo. II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional”.

El beneficio del subsidio de frontera, se encuentra establecido en el art. 12 del D.S. Nº 21137 de fecha 30 de noviembre de 1995, que a la letra señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros linéalas de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”, nótese que, para beneficiarse con el subsidio de frontera, el único requisito o condición es que los trabajadores presten sus servicios  dentro de un área comprendida dentro de cincuenta (50) kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse, los tipos de contratos que puedan suscribirse o el tipo de funcionario que se trate, es decir, si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo u otros, funcionarios públicos o privados.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los fundamentos expuestos en el recurso de casación presentado, se debe considerar lo siguiente:

1.- Se indica que, el Auto de Vista recurrido sitúa al demandante como un trabajador amparado por la LGT y demás disposiciones laborales, en aplicación de la Ley N° 321, la cual incorpora a todos los trabajadores asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales de las Capitales de Departamento a la LGT, sin embargo, de la revisión exhaustiva del Auto de Vista recurrido, se puede comprobar que no se refiere a Carlos Reis Montero como un trabajador regular, que goce de todos los beneficios laborales que establece la LGT, sino por el contrario, expresa claramente en los puntos 3 y 4 del primer considerando, que se trata de un trabajador a plazo fijo, que enmarca su contratación en la excepción establecida en el parágrafo II de la Ley N° 321, por lo tanto, no resulta evidente el fundamento expuesto por el recurrente, como tampoco se puede discurrir el argumento de la prohibición de ejecutar gastos no presupuestados, puesto que, la misma está referida a malversación de fondos públicos, para el caso de autos, se considera que el G.A.M.C. debería cumplir con sus responsabilidades institucionales y al momento de contratar personal tiene que presupuestar todos los gastos que esa contratación conlleva, pues si bien las normas administrativas son de cumplimiento obligatorio, la normativa laboral también lo es y se encuentra determinada constitucionalmente.

2.- Con referencia al pago del subsidio de frontera, se debe comprender que éste es un derecho adquirido, mismo que se ha impuesto para los trabajadores que desarrollan sus actividades dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras internacionales, por lo que, basta con demostrar que las actividades laborales se desarrollan dentro de esta zona para que el trabajador sea beneficiario de este subsidio, sin tener que valorar si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo u otros; por otra parte, el argumento de la prescripción no es aplicable al caso, pues como claramente manifiesta el Auto de Vista recurrido en la parte final del considerando, desde la promulgación de la Constitución Política del Estado en el año 2009, por imperio del art. 48.IV, los derechos laborales son imprescriptibles.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 69 a 70, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 313/2017 de fecha 18 de julio.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.