TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 780

Sucre, 20 de Diciembre de 2018

Expediente                    : 447/2017

Demandante                 : Olinda Sánchez Rolín

Demandado                   : Gobierno Autónomo  Municipal de Cobija

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Pando

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 124 a 125, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, impugnando el Auto de Vista Nº 303/2017 de fecha 12 de julio cursante de fs. 119 a 121 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales y derechos laborales, seguido por Olinda Sánchez Rolín en contra del recurrente; el Auto de fs. 128 vta. que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 447-A de fs. 137 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales y derechos laborales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Cobija, pronunció la Sentencia N° 216/2017 de 10 de mayo, cursante de fs. 84 a 87, declarando PROBADA en parte la demanda y PROBADA en parte la excepción perentoria de prescripción, determinando que el demandado proceda al pago de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 44.971,00) a favor de Olinda Sánchez Rolín, por concepto de indemnización, sueldos devengados, vacación y subsidio de frontera.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la demandante de fs. 90 a 91 y por el demandado de fs. 109 a 110 vta., la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista Nº 303/2017 de fecha 12 de julio cursante de fs. 119 a 121 vta., que REVOCÓ en parte la Sentencia, determinando que corresponde el pago TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 38.770,00), por concepto indemnización, vacación y subsidio de frontera.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, interpone recurso de casación y el Tribunal de Alzada emite Auto Supremo Nº 447-A, cursante a fs. 137 y vta., de fecha 29 de septiembre de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado violenta disposiciones legales constitucionales y administrativas, bajo los siguientes fundamentos:

1.- Con referencia a los puntos 1 y 2 del memorial casacional, se indica que, se violentó el art. 119 de la C.P.E., pues no se aplicó la normativa de manera imparcial, sino por el contrario, sólo se estaría favoreciendo al demandante, sin tomar en cuenta que se contrató los servicios del trabajador bajo contratos de trabajo administrativos como consultor en línea, de carácter eventual, amparados bajo la Ley SAFCO, Estatuto del Funcionario Público, Ley N° 2341 y demás normas conexas, por lo tanto, no corresponde el pago de la indemnización, pues se había vencido el plazo de contratación establecido en los contratos administrativos suscritos, sin existir despido intempestivo, simplemente vencimiento del tiempo acordado para el desarrollo de las actividades laborales.

2.- Con relación a los puntos 3 y 4 del memorial, se tiene que, tampoco corresponde el pago de vacaciones ni aguinaldos a un consultor en línea, lo que representaría violentar el art. 5 de la Ley 2042, misma que prohíbe comprometer o ejecutar gastos administrativos que no hayan sido declarados en el POA, por lo que este pago conllevaría responsabilidades penales y administrativas para los que lo realicen.

3.- Por último, refiriendo al pago del subsidio de frontera indica que éste es atentatorio, pues se debe presumir que, al tratarse de la contratación de personal eventual, la boleta de pago corresponde a lo acordado en el contrato administrativo suscrito, cumpliendo con este pago en las planillas de salarios.   

Por lo tanto, en base a los argumentos expuestos, pide casar el Auto de Vista recurrido.

Por su parte, la demandante, habiendo sido legalmente notificada, no ejerce su derecho a contestar el recurso.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Para efectos de análisis e interpretación del caso se hace referencia al artículo 1 de la Ley Nº 321, pues será en base a la interpretación de este artículo que se podrá determinar la competencia de los Juzgados y Tribunales del Trabajo y Seguridad Social, así como la certidumbre en el decisorio del caso.

A la letra expresa: “I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo. II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional”.

La normativa laboral boliviana, determina de manera clara los extremos para que un trabajador sea beneficiado con el pago de una indemnización, como beneficio social adquirido durante el tiempo que prestó sus servicios.

Es así que, el art. 13 de la L.G.T. indica: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo….”, disposición concordante con los arts. 1 y 2 del D.S. 110 del 01 de mayo de 2009, que expresan textualmente: “Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido. Artículo 2°.- (Indemnización por tiempo de servicios) I. Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. II. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo. III. La base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses, o el promedio de los últimos treinta (30) días para las trabajadoras y los trabajadores a jornal”. (negrillas añadidas)

El beneficio del subsidio de frontera, se encuentra establecido en el art. 12 del D.S. Nº 21137 de fecha 30 de noviembre de 1995, que a la letra señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros linéalas de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”, nótese que, para beneficiarse con el subsidio de frontera, el único requisito o condición es que los trabajadores presten sus servicios  dentro de un área comprendida dentro de cincuenta (50) kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse, los tipos de contratos que puedan suscribirse o el tipo de funcionario que se trate, es decir, si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo u otros, funcionarios públicos o privados.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los fundamentos expuestos en el recurso de casación presentado, para considerarlos objetivamente, cabe desglosar cada uno de estos, basados en la normativa aplicable, su interpretación y lo acontecido durante la tramitación del proceso en concreto, para lo cual se tiene:

1.- Como primer aspecto, se debe determinar la calidad o condición de trabajadora que tenía la demandante dentro de la estructura del G.A.M.C., pues será en base a este extremo que podremos valorar y considerar si le corresponde el pago de beneficios sociales.

De acuerdo con la demanda interpuesta, la actora indica haber desempeñado funciones como auxiliar de enfermería, estimuladora y técnico III, de manera continua e ininterrumpida, desde principios del año 2007 hasta finales de 2016, sin embargo, el demandado en su memorial de contestación indica que Olinda Sánchez Rolín trabajó como consultora en línea, de manera temporal, por lo que no está dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo (LGT).

Lo que se puede evidenciar en obrados es que, si bien existen los contratos administrativos de consultoría individual en línea, en los documentos cursantes de fs. 48 a 59, se contrata los servicios de la demandante para desarrollar actividades como Técnico III, lo que nos hace suponer que desarrollaba actividades propias o regulares de la institución contratante, considerando además las papeletas de pago de fs. 7 a 36, que indican como cargo auxiliar de enfermería, estimuladora y técnico III.

Debemos también analizar el carácter de contratación eventual de la trabajadora, para lo cual se debe revisar nuevamente los contratos suscritos, puesto que, si bien se indica un plazo determinado en cada contrato, no se puede desconocer el hecho que la trabajadora ya prestaba sus servicios anteriormente en la Institución demandada, por lo que, es necesario referirnos a las contrataciones de los años 2015 y 2016, se debe comprender que desde el año 2007 existía relación laboral; y en aplicación de la Ley N° 321, que entró en vigencia a partir del año 2012, la trabajadora fue incorporada a la LGT, con todos los derechos y beneficios laborales que le correspondían; además, de no estar comprendida en las excepciones que la misma Ley impone, por lo tanto, se considera que estos contratos, solamente han sido un instrumento para tratar de disfrazar la verdad material de los hechos, pues la trabajadora ya era una servidora regular y de carácter indefinido por efecto de la vigencia plena de la Ley N° 321.

En consecuencia, de acuerdo a este análisis realizado, se determina que Olinda Sánchez Rolín era trabajadora permanente, amparada por la L.G.T. en aplicación de la Ley N° 321, lo que implica que, al reconocerle su derecho en instancias, no se violentó ni vulneró ninguna norma constitucional como indica el recurrente, correspondiéndole el pago de la indemnización por los años de servicio prestados en el G.A.M.C., por constituirse en un derecho adquirido de la trabajadora que debe hacerse efectivo al momento de retiro de la fuente laboral.

2.- Con referencia a los argumentos expuestos por el recurrente, de no corresponder el pago de vacaciones, debemos comprender que, a todo trabajador amparado por la LGT, le corresponde el derecho al descanso anual que la propia Ley establece y se evidencia en obrados que, no existe prueba de que este derecho laboral haya sido otorgado de manera efectiva por el demandado, por lo que, corresponde cancelar por no haber sido otorgado en su momento.

Con referencia al aguinaldo, éste no ha sido determinado como un beneficio laboral incumplido por el demandado, ni en Sentencia ni en el Auto de Vista recurrido se determina el pago de éste, por lo que no corresponde considerarlo.

3.- Establecida la modalidad de contratación de Olinda Sánchez Rolín y verificando la documentación cursante en el expediente, se establece que, los contratos y papeletas de pago, claramente indican el salario que percibía la trabajadora, por lo que, no puede considerarse como parte del salario básico el subsidio de frontera, al ser un derecho laboral adicional que se adquiere por el lugar donde se desarrollan las actividades laborales, siendo el único requisito trabajar dentro de los 50 km. de las fronteras, hecho que es evidente en el caso concreto, por lo que, en una correcta aplicación de las normativas laborales, el Juez determinó su pago.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 124 a 125, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 303/2017 de fecha 12 de julio.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.