TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                               

AUTO SUPREMO Nº 779

Sucre, 20 de diciembre de 2018.


DATOS DE LAS PARTES Y  DEL PROCESO.

Expediente                            : 446/2017

Demandante            : Salomón Quispe Huanca.   

Demandado                    : COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERIA SRL 

Tipo de Proceso                    : Beneficios Sociales

Resolución Impugnada    : Auto de Vista de 20 de julio de 2017.                               

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Mario Eduardo Azcui Rivero en representación legal de Juan Héctor Azcui Sandoval, Gerente General de la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., cursante a fs. 62 de obrados, en contra del Auto de Vista de 20 de julio de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, cursante a fs. 57 a 59; el Auto Supremo No 446-A de 29 de septiembre de 2018, de fs. 81 a 82, que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y: 

I.ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia
Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Salomón Quispe Huanca en contra de Juan Héctor Azcui Sandoval, Gerente General de la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., el Juez de Partido de Trabajo y S.S. de la Capital, Cobija   Pando, emitió la Sentencia Nº 239/2017 de 26 de mayo, que cursa de fs. 38 a 39, declarando probada en parte la demanda, con costas; en consecuencia, la empresa deberá pagar por concepto de indemnización, vacaciones, más la multa del 30%, la suma de bs. 10.192.

Auto de Vista

Concedido el Recurso de Apelación, la Sala Civil, Familiar, Social Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Auto de Vista de 20 de julio de 2017, (fs. 57 a 59), confirmó la Sentencia N° 239/17 de 26 de mayo de 2017.

Contra el Auto de Vista, la empresa demandada interpuso recurso de casación de fs. 62 y la parte demandante a fs. 66, que mediante Auto Supremo N° 446-A de 29 de septiembre de 2017 de fs. 81 a 82, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, declaró admisible el recurso interpuesto  por la Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L. de fs. 62, e inadmisible el recurso de Salomón Quispe Huanca, por estar presentado fuera del plazo establecido por Ley.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

La empresa recurrente refiere que a momento de interponer el recurso de apelación, hizo hincapié que el demandante fue un trabajador jornalero, que su pago era por día trabajado de Bs. 120.83, por lo que el promedio de salario indemnizable debió ser de Bs. 1.805 por mes, y que por 1 año, 11 meses y 27 días, le correspondía la suma de Bs. 3.594.- más el pago de vacaciones por un año de trabajo de Bs. 902.50.- haciendo un total de su finiquito a pagar de Bs. 7.840, por lo que existió un error de cálculo, ya que ninguna de las instancias inferiores se percataron que el trabajador era jornalero, lo que vulneró la Ley de 9 de noviembre de 1940.

Con relación a la multa, existiría jurisprudencia respecto al caso de que el trabajador debería exigir el cumplimiento con lo previsto en la regla y no esperar que transcurra el tiempo, por lo que el retraso no sería atribuible a la parte patronal, indica también que como jurisprudencia adjuntó a su memorial de recurso una sentencia de un caso similar, la que debería ser aplicada en el presente caso. 

Concluye su fundamento, solicitando se case en parte la sentencia y el Auto de Vista, conforme los antecedentes del proceso y en estricta aplicación de la norma Legal.

Contestación al recurso.

A fs. 69 y vta., cursa el memorial de contestación al recurso interpuesto por parte de la empresa demandada, que manifiesta lo siguiente:

Que sería absurdo indicar que hubiera trabajado por el mínimo nacional, ya que él fue a trabajar desde La Paz a Cobija  como contramaestre con un salario de Bs. 3.480.- y que el salario que ellos mencionan no se demuestra en ninguna parte del expediente, por lo que no existe vulneración alguna en este punto.

En el segundo punto, no explicarían de qué forma vulneraria sus derechos el art. 9 del DS. 28699, y que es obligación del empleador el pago de sus beneficios sociales dentro de los 15 días, así también indica, que no se incluyó la jurisprudencia que hacen referencia por lo que no se la puede tomar en cuenta.

Refiere también, que el recurso interpuesto por la empresa demandada no cumple con los requisitos para que sea admitida por este Tribunal Supremo, por lo que se lo debe rechazar.

Concluye, solicitando se declare improcedente el recurso o en su caso infundado, por no tener argumento ni fundamento legal valedero alguno, todo conforme a Ley.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS LEGALES Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO.

Así formulado el Recurso de Casación por Mario Eduardo Azcui Rivero en representación del Gerente General de la Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L.. y la respuesta al recurso, se establece que la problemática traída en casación, se refiere a que si el monto del salario promedio indemnizable fue el correcto, y que si correspondía aplicar la multa del 30% conforme a Ley, es así que corresponde señalar lo siguiente:

1.- En cuanto a la invocación que realiza el recurrente respecto del salario promedio indemnizable, el art. 19 de la Ley General del Trabajo dispone que: "El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses." (Las negrillas son añadidas). Por su parte, el artículo 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940, establece que a efectos de pago de indemnizaciones, desahucios, etc., se consolidan como sueldo único los sueldos básicos, las bonificaciones legales, las voluntarias y toda otra remuneración percibida. Finalmente, la primera parte del artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1592 de 19 de abril de 1949, señala que: "El sueldo o salario indemnizable comprenderá el conjunto de dinero que perciba el trabajador incluyendo las comisiones y participaciones, así como los pagos por horas extraordinarias, trabajo nocturno y trabajo en días feriados, siempre que unos y otros revistan carácter de regularidad dada la naturaleza del trabajo de que se trate."

En relación con las normas precedentemente glosadas, se establece que el promedio salarial indemnizable está constituido por el término medio de los salarios efectivamente percibidos por el trabajador en los últimos tres meses; es decir, que el cálculo efectuado por el Juez A quo y el Tribunal de Alzada, al determinar que en el caso de autos corresponde a Bs. 3.480 es correcto, pues  ese es el monto que efectivamente percibió el trabajador, conforme lo refrendaron los testigos de cargo Freddy Isidoro Chávez y Alexander Zabala Arias, según consta en las actas de declaración testifical de fs. 27 y 27 vta., lo que fue tomada en cuenta por el Juez a quo en Sentencia para determinar el salario promedio indemnizable, criterio que fue confirmado en instancia de alzada. Si bien este aspecto es observado por el recurrente, empero, en el fundamento de su recurso no señala que prueba lo desvirtuaría, por lo que no se demuestra que fuera evidente la vulneración acusada.

2.- En relación a la multa del 30%, DS N° 28699 en su art. 9 referente a los despidos establece: I. “En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo  indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda-UFV´s desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.” Mientras que el parágrafo II prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor”.

Empero cabe señalar que, el DS N° 28699 fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos  de contratación obrero- patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionado el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberes efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, más no en razón de las causas de la desvinculación laboral.

Bajo lo señalado, el resguardo del pago oportuno de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, no se sujeta a la causa de  desvinculación del  trabajador, toda vez que ampliando su entendimiento, se aplica al resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo que garantice su subsistencia y la de su familia, una vez producida la desvinculación laboral, concluyéndose que la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador o trabajadora a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad.

Ante ello, el empleador en cumplimiento de lo que la ley le ordena, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, directo, indirecto, voluntario u otro, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo, garantizando de tal manera su subsistencia y la de su familia; de tal forma, queda facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando además con ello, posibles acciones dilatorias que tiendan a la obtención de un beneficio indebido, como la multa del 30% por parte del trabajador; resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, toda vez que al dar cumplimiento al amparo que la ley otorga al pago oportuno de lo adeudado al trabajador, a la vez también la ley precautela los derechos del empleador, siendo este quien debe hacer uso de ellos.

Bajo este contexto, al evidenciar en el caso de autos que la relación laboral concluyó por cumplimiento de contrato el 28 de enero de 2017, los derechos y beneficios no fueron cancelados dentro del plazo establecido de 15 días, permite concluir que los jueces de instancia concedieron correctamente la multa del 30% en cuestión.

Bajo esos parámetros, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo de fs. 62, corresponde resolverlo en el marco de la disposición legal contenida en el art. 220.II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 62, interpuesto por Mario Eduardo Azcui Rivero en representación legal de Juan Héctor Azcui Sandoval, Gerente General de Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L. Con costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.