TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 774

Sucre, 20 de diciembre de 2018

Expediente

:

440/2017

Demandante

:

CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A.

Demandado 

:

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

Proceso 

:

Contencioso Tributario

Distrito 

:

La Paz

Magistrado Relator

:

Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por la CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. (en adelante el contribuyente), representado por Efraín Grover León Zegarra en su condición de apoderado de los representantes legales del contribuyente, contra el Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II de 13 de abril de 2017 cursante de fs. 216 a 218, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrada Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro el proceso contencioso tributario interpuesta por el contribuyente contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (en adelante el SIN); el Auto de 26 de julio de 2017 que concedió el recurso de fs. 254 vta.; el Auto Supremo Nº 48-A de 1ro de febrero de 2018 que declara admisible el recurso de casación interpuesto de fs. 265 y vta.; los antecedentes procesales; y:


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda contenciosa tributaria por el contribuyente y en mérito de la nulidad dispuesta por el Auto de Vista RES. A.V. No. 174/2012 SSA.II de 13 de noviembre de 2012, el Juez 1º Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, en suplencia legal de su homólogo 4º, pronunció la Sentencia CT J4º 001/2014 de 14 de enero de 2014 de fs. 152 a 163, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 35 a 42 y vta.; en consecuencia, firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009 de 15 de abril de 2009, emitida por el SIN que determina la deuda tributaria de Bs47.029.- (Cuarenta y Siete Mil Veintinueve 00/100 Bolivianos), por concepto de impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, más la multa de Bs23.702.- (Veintitrés Mil Setecientos Dos 00/100 Bolivianos), por concepto de sanción, emergente del Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) de los periodos fiscales diciembre 2002, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre/2003 y enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y octubre de 2004.

Auto de Vista.

Contra la sentencia el contribuyente interpuso recurso de apelación que cursa de fs. 170 a 177; que fue resuelto por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrada Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II de 13 de abril de 2017 cursante de fs. 216 a 218, determinando CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el contribuyente formuló recurso de casación en el fondo de fs. 236 a 242, conforme a lo siguiente:

1. Señala que el Auto de Vista aplicó erróneamente el art. 62 parágrafo I de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 Código Tributario Boliviano (en adelante CTB) en la determinación de la causal de suspensión del término de la prescripción, toda vez que para la fiscalización de obligaciones fiscales del contribuyente de los periodos fiscales diciembre/2002 y mayo, julio, agosto, septiembre y octubre/2003, se debe aplicar el plazo y forma de computo de la prescripción, previstos respectivamente en los art. 52 y 53 de la Ley Nº 1340 de 28 mayo de 1992 Código Tributario (en adelante CT), conforme a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, por lo que además de la aplicación errónea de la ley, se ha vulnerado el art. 123 de la Constitución Política del Estado (en adelante CPE); consiguientemente y en aplicación del CT, al haberse notificado la Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009, el 20 de abril de 2009, la facultad del SIN para determinar obligaciones tributarias prescribió.

Por otra parte, hace notar que se aplicó erróneamente el art. 32 del CTB, toda vez que al disponer este artículo sobre la derivación de la acción administrativa, no tiene relación con la causal de suspensión del término de la prescripción prevista en el art. 62 parágrafo I del CTB.

2. Indica que el Auto de Vista aplicó erróneamente el art. 55 del CT, en la identificación de las causales de suspensión del término de la prescripción, toda vez que: primero para la suspensión del cómputo del término de prescripción por seis (6) meses por efecto de la notificación con la OV, se aplica erróneamente el art. 62 parágrafo I del CTB y después de forma contraria, para la suspensión del cómputo del término de prescripción por tres (3) meses en dos oportunidades, por efecto de las solicitudes presentadas en etapa de verificación, se aplica el art. 55 del CT.

Además, señala que se realiza una interpretación indebida del art. 55 del CT, para el computo de suspensión del término de la prescripción, toda vez que se hizo un cómputo acumulativo, cuando el citado artículo dispone la suspensión del cómputo del término de prescripción de tres (3) a partir de la presentación de la solicitud, aun así, después de realizar un cómputo asevera que operó la prescripción extintiva.

3. Manifiesta que el Auto de Vista vulneró el principio inquisitivo previsto en el art. 265 del CT, toda vez que no se pronunció conforme al principio de verdad material, sobre la presentación de facturas originales relacionadas a la actividad económica, con sus correspondientes registros, las cuales, a su entender, acreditaron suficientemente los medios fehacientes de pago; al contrario respecto a este agravio, el Tribunal de alzada expresó que en la verificación el contribuyente solicitó prórroga de 10 días para presentar documentación pertinente, lo que implica que comprendía sobre los medios fehacientes de pago exigidos por la norma para respaldar el crédito fiscal declarado, sin que pueda alegar desconocimiento de la ley; el contribuyente no identificó a que fojas cursan los medios fehacientes de pago y solo realizó solo una relación de facturas; y finalmente, el Tribunal de alzada se limitó a observar formalidades que debieron cumplirse.

Por otra parte, hace notar que el Auto de Vista no se pronunció con relación a que las causas y argumentos que originan la Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009, son totalmente diferentes a los consignados en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-001/2009 de 9 de enero de 2009, lo cual fue expuesto en los memoriales de la demanda y la apelación, sin que el a quo y el ad quen; vulnerándose el derecho al debido proceso consagrado en el art. 115 de la CPE y en el art. 4 de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 Código Procesal Civil (en adelante CPC-2013), asimismo, se vulneró el principio de congruencia desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, dejándole en estado de indefensión

Finalmente, señaló que el Auto de Vista sin sustento legal se apartó y desconoció el Informe Técnico de fs. 199 a 201, el cual establece que los cargos del SIN no se encuentran debidamente determinados.

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II y deliberando en el fondo, se declare probada la demanda contencioso tributaria y sin efecto ni valor la Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

CONSIDERACIONES PREVIAS:

El Tribunal de Casación en observancia de lo previsto por el art. 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial y el art. 106 del CPC-2013, tiene, respecto a los tribunales inferiores, la facultad de revisión de oficio para verificar si, en las causas sometidas a su conocimiento, los jueces y tribunales observaron los plazos y leyes que rigen su tramitación y en su caso, disponer al nulidad de oficio.

En ese contexto y considerando que el contribuyente denuncia falta de fundamentación y motivación tanto en la Sentencia CT Nº J4º 001/2014 como en el Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II, lo cual vulneró sus derechos al debido proceso y a la defensa, este Tribunal previamente revisará las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, con el objeto de verificar si los actos procesales durante la tramitación se desarrollaron legalmente, si el caso amerita, determinar la nulidad de obrados, según prevé la normativa antes señalada, siempre que la omisión denunciada lesione la garantía constitucional del debido proceso.

Al respecto cabe señalar que las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes.

En ese contexto, el art. 213 del CPC-2013 aplicable por remisión del art. 218 parágrafo I del mismo código procesal, dispone: I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.

II. La sentencia contendrá: (…)

3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación.

4. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente.”, Sic.

Bajo ese marco legal, se debe convenir que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, constituida en garantía de legalidad procesal en procura de garantizar la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Esto implica que todo administrador de justicia al momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto.

En caso de incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el Tribunal Supremo de Justicia disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

En el presente caso, se tiene que el apelante llevó como agravios ante el Tribunal de alzada, entre otros, los siguientes puntos: a) el medio fehaciente de la compra, es la factura original vinculada a la actividad económica y la transacción se realizó efectivamente; y b) las causas y argumentos que originan la Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009, son totalmente diferentes a los consignados en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-001/2009 de 9 de enero de 2009; al respecto, el Tribunal de alzada se limitó a señalar que: Al tercer agravio, de la parte considerativa de la sentencia y los datos del proceso se infiere que la parte recurrente a la notificación con el auto de apertura de plazo probatorio no ratificó dentro del plazo prueba alguna y asimismo, mediante cite de fs. 26 del primer anexo, solicitó prórroga de 10 días hábiles para la presentación de la documentación pertinente; lo que implica que comprendía el significado de medio fehaciente de pago o los registros o documentos que exige la norma jurídica para aquellos casos y que debía respaldar su situación tributaria con documentación pertinente conforme al art. 29 del Reglamento al Código Tributario y 76 de la Ley No. 2492, sin que pueda alegar ignorancia de la ley al presumirse su conocimiento al tenor del art. 164.II de la CPE.

Al último agravio, la entidad actora en el recurso no precisa a qué fojas cursan los medios fehacientes de pago, evidenciándose solamente una relación de facturas.

Asimismo, notificada que fue con el auto de apertura de plazo probatorio, no ratificó dentro del plazo prueba alguna y además en el recurso, la misma parte actora reconoce que los cargos girados y determinados por la Administración Tributaria se apoyan en la documentación presentada por la Compañía e independientemente, por lo que no se acredita agravio alguno., Sic. (Subrayado añadido).

De lo transcrito, es evidente que el Tribunal de alzada sólo se limitó a señalar que el contribuyente: no ratificó prueba alguna; que comprendería el significado de medio fehaciente de pago sin poder alegar desconocimiento de la ley; que no señaló en qué fojas cursan los medios fehacientes de pago; y que reconoció los cargos determinados por el SIN.

Entonces corresponde advertir que la falta de motivación y fundamentación con relación a la observado por el contribuyente, pone en evidencia que, como bien se denuncia en el recurso de casación, el Tribunal de alzada, eludió su obligación de pronunciarse respaldado en normativa tributaria, respecto a: a) cuáles son los medios fehacientes de pago; b) qué se entiende por medios fehacientes de pago que respaldan el crédito fiscal declarado, c) o en su caso, señalar porqué lo argumentado en la apelación no desvirtúa lo establecido en la sentencia de grado; d) o porqué la documentación invocada no constituye medio fehaciente de pago; y e) no se pronunció respecto a si la diferencia de las causas y argumentos que existiría entre Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009 y la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-001/2009, son evidentes o no, y de ser así, de qué forma.

En ese contexto, se tiene a bien recordar que la CPE en su art. 115 parágrafo II, garantiza el derecho al debido proceso cuando señala lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, Sic.

Sobre la naturaleza jurídica del debido proceso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, reiteró el entendimiento establecido en la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señalando que: “…La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…”, Sic. Agregando más adelante la mencionada Sentencia Constitucional, señala que: “Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad”, Sic.

De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados, enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su aplicación nace desde el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera constante hasta los actos de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que comprende un conjunto de garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo.

En cuanto a la importancia del debido proceso, cabe mencionar que está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello, los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes.

Así, el debido proceso es una garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales, reconocido por la jurisprudencia constitucional, como el eje central de los demás elementos constitutivos, en busca de una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, enmarcados en los principios y valores establecidos en la CPE.

Para el caso concreto, es necesario tomar en cuenta que la Prueba, en su sentido etimológico, deriva del término latín probatio o probationis, que a su vez procede del vocablo probus que significa: bueno; por tanto, lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad; de lo que se infiere, que probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa o una circunstancia. Para Couture la prueba en su acepción común, equivale tanto a la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto.

A partir de ello, el concepto de prueba puede entenderse desde los siguientes aspectos: OBJETIVO: Se considera prueba al medio que sirve para llevar al Juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la prueba como el instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza Judicial. Luego entonces, la prueba abarcaría todas las actividades relativas a la búsqueda y obtención de las fuentes de prueba, así como la práctica de los diferentes medios de prueba a través de los cuales, las fuentes de las mismas se introducen en el proceso; y el SUBJETIVO: Este caso se equipara la prueba al resultado que se obtiene de la misma, dicho de otro modo, al convencimiento o grado de convicción que se produce en la mente del Juez, la prueba es el hecho mismo de la convicción judicial o del resultado de la actividad probatoria. En un tercer aspecto se combinan el criterio objetivo de medio y el subjetivo de resultado, esta apreciación permite definir la prueba como el conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los hechos, para los fines del proceso que se deducen de los medios aportados.

Ahora bien, considerando que este Tribunal advirtió que el Tribunal de alzada eludió su obligación de pronunciarse respecto a: a) cuáles son los medios fehacientes de pago; b) qué se entiende por medios fehacientes de pago que respaldan el crédito fiscal declarado, c) o en su caso, señalar porqué lo argumentado en la apelación no desvirtúa lo establecido en la sentencia de grado; d) o porqué la documentación invocada no constituye medio fehaciente de pago; y e) no se pronunció respecto a si la diferencia de las causas y argumentos que existiría entre Resolución Determinativa Nº 17-0154-2009 y la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-001/2009, son evidentes o no, y de ser así, de qué forma; es claro que en los hechos el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II, sin observar el estricto cumplimiento del debido proceso acerca de la motivación y fundamentación, pues en primera instancia debió exponer de forma inteligible para el contribuyente, cuál es la normativa tributaria que define qué es el crédito fiscal y como debe ser respaldado, a partir de ello, analizar si la documentación presentada por el contribuyente como crédito fiscal y su correspondiente medio fehaciente de pago, cumplen o no con dicha normativa tributaria, también, debió analizar si dicha documentación es suficiente o no para respaldar el crédito fiscal depurado, xime, si se toma en cuenta que el contribuyente expone la operativa interna, forma de pago y documentos que respaldarían la apropiación de crédito fiscal, de las transacciones observadas.

Lo anterior, reviste trascendental importancia para la debida motivación y fundamentación del Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II con incidencia directa en el derecho al debido proceso y a la defensa, por cuanto corresponde al Tribunal de alzada exponer en derecho y de forma inteligible, los motivos por los cuales se desestima lo argumentado por el contribuyente en el memorial de apelación, lo que no ocurrió en la especie.

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto, se advierte que el Tribunal de alzada incurrió en lesión al debido proceso en su vertiente del derecho a una resolución debidamente fundamentada, correspondiendo disponer la nulidad de obrados.

Las consideraciones efectuadas, exime a este Tribunal analizar los demás fundamentos del recurso de casación, pues de conformidad a lo expuesto, se asume un criterio anulatorio hasta la enmienda de la omisión incurrida; correspondiendo fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III núm. 1 inc. c) del CPC-2013, en concordancia con el art. 106 parágrafo I del mismo cuerpo adjetivo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 184 num. 1 de la CPE y el art. 42 parágrafo I num.1 de la Ley del Órgano Judicial y el art. 220 parágrafo III num. 1 del CPC-2013, conforme los argumentos y fundamentos expuestos en la presente resolución, ANULA el Auto de Vista RES. A.V. No. 045/2017 SSA.II de 13 de abril de 2017 cursante de fs. 216 a 218, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo emitirse nueva resolución, de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente decisión, sin espera de turno.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-