TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 768

Sucre, 20 de diciembre de 2018


Expediente:                437/2018

Demandante:                Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

Distrito:                        Cochabamba

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 290 a 286 vta., (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i., del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 102/2018 de 01 de agosto de 2018, cursante a fs. 282-278 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del recurso de reclamación por suspensión de renta de viudedad en curso de pago formulada por Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 297 a 296, el Auto de 21 de septiembre de 2018 de fs. 295, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo de 29 de octubre de 2018, cursante a fs. 304 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones:

Por Resolución Nº 0001358 de 05 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, determinó conceder renta única de viudedad a favor de Felicidad Meneces Román, equivalente al 80% de la renta que le correspondía a su causante Mario Ricaldez Núñez, en el monto de Bs. 2.676.08, más incrementos de ley que se pagaría a partir de marzo de 2017 (fs. 91).

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones:

Por Resolución Nº 0001863 de 14 de junio de 2017, cursante a fs. 108 a 106, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, suspendió definitivamente la Renta Única de Viudedad de Felicidad Meneces Román, ordenando que se recupere los montos indebidamente cobrados.

Resolución de la Comisión de Reclamación:

Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la asegurada (fs. 139 y vta.), la Comisión de Reclamación del SENASIR, emitió Resolución Nº 647/17, de 25 de octubre (fs. 171 a 164), confirmó la Resolución Nº 0001863, de 14 junio de 2017, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al evidenciar que se encuentra conforme a los datos del expediente y la normativa en vigencia.

Auto de Vista:

Interpuesto el Recurso de Apelación por la asegurada (fs. 266 a 262 vta.), en el que reclamó la restitución de la renta de viudedad suspendida, la Sala Primera Social y administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitido el Auto de Vista N° 102/2018 de 01 de agosto, cursante de fs. 281 a 277 vta., por el que REVOCÓ totalmente la Resolución Nº 647/17 de 25 de octubre, emitida por la Comisión de Reclamaciones y dispuso que se emita una nueva, que restituya la renta única de viudedad reclamada por la apelante, dejando sin efecto la recuperación de la indebidamente cobrado, disponiendo que se consideren los parámetros y normas referidas en dicha resolución.

Argumentos del Recurso de Casación:

Contra la Resolución emitida por el Tribunal de apelación, el Director General Ejecutivo a.i., del SENASIR, por intermedio de sus representantes, formuló Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de efectuar un análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa y principios aplicables al caso, acusó que se habría incurrido en mala interpretación y errónea aplicación de los arts. 32 del Manual de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) y 52 del Código de Seguridad Social (CSS), porque estas normas establecen que se concede la renta de viudedad a favor de la esposa sobreviviente y en el caso presente, la beneficiaria se encontraba divorciada de su causante y se encontraba separada por dos o más años.

Considera que se infringieron estas normas porque no existe prueba alguna que acredite la convivencia entre el causante y la beneficiaria en los últimos dos años, por consiguiente la pretensión de esta última no se enmarca a las previsiones de los arts. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH), arts. 158 y 162 de la CPE abrogada.

De igual manera considera que se infringió el art. 34 del MPRCPA, que establece que no tendrá derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante.

También considera que se incurrió en incorrecta aplicación de los arts. 145 del Código Procesal Civil (CPC-2013) y 175 del Código de Las Familias, porque no se valoró la prueba conforme al principio de verdad material y no consideró que la beneficiaria no cumplió con los deberes comunes que tenía con su cónyuge.

Por último afirmó que en aplicación del art. 5 inc. d) del Decreto Supremo Nº 27066 de 06 de junio de 2003, e SENASIR, tiene la facultad de suspender provisional o definitivamente las rentas, previa revisión de los antecedentes, determinación que en aplicación del art. 27 de la Ley Nº 2342 de Procedimiento Administrativo (LPA), se presume su legitimidad.

Petitorio:

Afirma que en tiempo oportuno interpone recurso de casación en el fondo, para que este Tribunal CASE el Auto de Vista recurrido y se confirme las resoluciones emitidas por las Comisiones de Calificación de Rentas y Reclamación del SENASIR.

Respuesta a la Casación:

Por memorial de fs. 297 a 296, la beneficiaria Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez, respondió el recurso de casación, indicando que el recurso no cumple los presupuestos necesarios para su procedencia y viabilidad jurídica, por lo que debe ser declarado improcedente.

Por otra parte, afirma que se realizó la restitución de su partida matrimonial y por consiguiente en mérito a otras pruebas adicionales, se demostró que ella continúa casada con su causante, por lo que debe declararse infundado el recurso.

Admisión:

Mediante Auto Supremo de 29 de octubre de 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 290 a 286 vta., interpuesto por los apoderados del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 102/2018 de 01 de agosto de 2018, cursante de fs. 281 a 278 vta., por lo que se pasa a considerar y resolver dicho recurso.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso concreto:

A fin de dilucidar la presente problemática corresponde recordar que, en aplicación de los arts. 13-I y 45 y 109-I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, que se presenta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo al Estado la dirección y administración, con el control y la participación social; garantizando el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

Estos derechos, por su naturaleza, son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos, debiendo el Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos al ser directamente aplicables, porque gozan de iguales garantías para su protección.

La jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.

Consiguientemente, la renta de viudedad, se encuentra inserta también como un derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y consiguientemente a un nivel de vida adecuado que le asegure, para sí, como para su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Consiguientemente se concluye que el derecho a la Renta Viudedad, constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que estaban casadas o convivían con un beneficiario a renta de invalidez o vejez, a recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.

Al respecto, los art. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA establecen, las condiciones y los impedimentos para el pago con carácter vitalicio de la renta de viudedad y quienes son los beneficiarios de tal derecho, instituyendo en primer orden, a la esposa u esposo y en segundo a la conviviente o el conviviente.

Respecto de la esposa o esposo, ciertamente esta normativa, prevé en el art. 32 MPRCPA, una excepción, cual es la convivencia con el causante por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento como un justificativo para conceder la misma, en mérito al criterio que la persona que tiene una renta de vejez o invalidez, antes de su fallecimiento, ha recibido la compañía, atención y la seguridad de otra persona que le brindó una situación de vida que permitió sobrellevar su invalidez o vejez, en virtud a un principio de auxilio mutuo y compañerismo.

Pues si bien estas personas pueden acceder a la sucesión hereditaria al fallecimiento de sus causantes en mérito a las normas del derecho civil, conforme refieren los arts. 13 y 14 del CSS; empero, respecto de la renta de viudedad, que constituye un reconocimiento del Estado a favor de esas personas que mantuvieron una relación íntima de compañía, atención y seguridad del causante, por contener características diferentes respecto de la adquisición de los derechos que concede la Seguridad Social al fallecimiento de un rentista, pues éste acaecimiento, produce diferente efectos jurídicos, el primero la sucesión civil, al que pueden acceder todas las personas que tengan vínculos civiles y de parentescos previstos por ley, excluyendo los más cercanos a los más lejanos (arts. 1083 al 1088 del Código Civil, CC), sin que interese la convivencia o cohabitación; empero en materia de seguridad social, esos efectos beneficia únicamente a la persona, esposo o esposa, con quien él o la causante cohabitó por lo menos el último años antes de su fallecimiento, o él o la conviviente, que cohabitó por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, que constituye un requisito adicional y especial previsto por la ley; es decir constituye un plazo legal fijado por el Código de Seguridad Social, en el art. 32, independiente del cumplimiento de otros requisitos que exige esta norma y otras complementarias.

Es decir se considera derecho habiente a toda persona que reúne las características y requisitos que la normativa de Seguridad Social establece y no así respecto de otras personas que si bien pueden tener algunas características, pero no todas y por consiguiente, no se hacen acreedores a ese reconocimiento de derecho habiente, por ejemplo la esposa que no convivió durante los últimos dos años, el hijo mayor de edad, que no hubiese sido declarado inválido, etc.

Por otra parte debe considerarse también, que de acuerdo a lo que instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas y de la forma cómo ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia

Fundamentación del caso en concreto:

En el caso que se analiza, se advierte que es evidente que la solicitante de la renta de viudedad Felicidad Meneces Román Vda. de Ricaldez, es “la esposa” del titular de la renta Mario Ricaldez Núñez (causante) y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 78 (Primer cuerpo) y fs. 258 (Segundo cuerpo del expediente), documento que tiene el valor probatorio previsto por los arts. 1534 del CC, 160 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.

Corroborando ese vínculo civil, se encuentra acreditada la convivencia por los documentos de fs. 69 a 71, 145 a 151 y de fs. 182 a 251 obrados, por los que se estableció que si bien se había tramitado un proceso de divorcio, éste no se encontraba ejecutoriado al fallecimiento del causante, y la convivencia se había mantenido hasta ese acaecimiento.

Es evidente que conforme evidencian los documentos de fs. 93 a 98 de obrados, se habría tramitado la cancelación de la indicada partida de matrimonio; empero este acto fue dejado sin efecto vía acción de amparo constitucional, porque se tramitó de manera unilateral y de manera posterior al fallecimiento del causante, conforme evidencian los documentos de fs. 115 a 132 de obrados y que por ello es que se repuso la partida de matrimonio, conforme demuestran los documentos de fs. 200 a 182 de obrados, cuyo trámite concluyó con el certificado de matrimonio vigente que cursa a fs. 258 de obrados.

Consiguientemente, en mérito al principio de verdad material previsto por el art. 180-I de la CPE, se acreditó fehacientemente, que la beneficiaria, además de mantener su vínculo matrimonial con su causante Mario Ricaldez Núñez, mantuvo una convivencia hasta antes de su fallecimiento, adecuando su actuar a las previsiones de los aludidos arts. 32 y 52 del MPRCPA, advirtiéndose que no existe infracción de estas normas.

También se advierte que se apreció por el Tribunal de alzada, la prueba cursante en obrados, en mérito a los parámetros previstos por los arts. 145 del CPC-2013, no siendo evidente que la beneficiaria, hubiese incumplido las previsiones del art. 175 del Código de Familias como erróneamente se alega en el recurso, si conforme a la prueba citada precedentemente se demostró la convivencia entre ambos cónyuges, hasta antes del fallecimiento del causante.

Por último, es evidente que las resoluciones emitidas por el SENASIR, presumen que son legítimas, conforme prevé el art. 27 de la LPA, y que fue emitida con la competencia prevista por el art. 5 inc. d) del DS Nº 27066; empero, este hecho no implica que la Autoridad Jurisdiccional, apreciando adecuadamente la prueba cursante en obrados, hubiese revocado esa determinación, en mérito al aludido principio de verdad material consagrado por el art. 180-I de la CPE.

Por consiguiente, se concluye que la determinación asumida por el Tribunal de alzada, se encuentra correctamente enmarcada a derecho, y no transgrede las normas citadas en el recurso, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 290 a 286 vta., interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i., del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 102/2018 de 01 de agosto de 2018, cursante a fs. 282-278 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.