TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 767

Sucre, 20 de diciembre de 2018


Expediente:                279/2018

Demandante:        Valentina María Rosa Méndez Vda. de Zambrana, derecho habiente de Juan Zambrana Espinoza.

Demandado:        Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)

Distrito:                        La Paz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 173 a 172, (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Valentina María Rosa Méndez Centellas Vda. de Zambrana, derecho habiente de Juan Zambrana Espinoza, contra el Auto de Vista N° 16/2018 de 12 de enero de 2018, cursante a fs. 157 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación por solicitud de renta de viudedad, formulada por la recurrente, contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), la respuesta de fs. 181 a 178 vta., el Auto Nº 181/2018 de 30 de mayo de 2018 de fs. 182, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo de 22 de junio de 2018, cursante a fs. 188 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones:

Por Resolución Nº 0003999 de 29 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, determinó desestimar renta de viudedad a favor de Valentina María Rosa Méndez Centellas, en virtud a las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de dicha resolución (fs. 88-86).

Resolución de la Comisión Nacional de Reclamaciones:

Promovido el recurso de reclamación por la solicitante, por memorial de fs. 104-10, mediante Resolución Nº 151/17 de 27 de marzo de 2017, cursante a fs. 135 a 127, la Comisión Nacional de Reclamaciones del SENASIR, confirmó la Resolución Nº 0003999 de 29 de noviembre de 2016.

Auto de Vista:

Interpuesto el Recurso de Apelación por la solicitante (fs. 139 a 138 vta.), en el que reclamó la restitución de la renta de viudedad como derecho habiente de Juan Zambrana Espinoza, la Sala Social y administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 16/18 de 12 de enero, cursante de fs. 157 y vta., CONFIRMÓ totalmente la Resolución Nº 157/17 de 27 de marzo, emitida por la Comisión Nacional de Reclamaciones del SENASIR.

Argumentos del Recurso de Casación:

Contra la Resolución emitida por el Tribunal de apelación, la solicitante Valentina María Rosa Méndez Centellas Vda. de Zambrana, formuló Recurso de Casación en el fondo, conforme constan los argumentos del escrito de fs. 174 a 172, en el que argumenta lo siguiente:

Se vulneraron sus sagrados principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, respecto de la continuidad de los medios de subsistente y derecho a la jubilación para cuyo efecto debió aplicarse esta norma de manera preferente.

Argumenta que los derechos en materia del seguro social, no amerita necesariamente el cumplimiento de la ley, porque tiene que hacerse un análisis de los hechos, las circunstancias que rodean; es decir la verdad material.

Afirma que ella contrajo matrimonio de buena fe, conforme consta el certificado de fs. 3 de obrados, vínculo que se mantuvo subsistente más de 50 años, hasta el fallecimiento de su causante, periodo en el que tuvieron hijos. Indica que la renta de viudedad, que es la protección que ejerce la seguridad social a través del de cujus a la esposa e hijos por el lapso de tiempo de convivencia, (como requisito esencial), estando por ello, figurando como esposa en las AVCs de alta y baja de la Caja, evidenciando la posesión de estado respecto de su persona.

En el Auto de Vista, se fundamenta que se deberían anular los anteriores matrimonios, aspecto que considera es un error, pues para recabar el certificado de la presunta esposa “Benita Ramírez Flores”, se constató que existen 6 personas con el nombre de Juan Zambrana Espinoza, por lo que considera que lo más importante es la convivencia, que se encuentra demostrada, por lo que al confirmar la Resolución de reclamación, se habrían infringido los arts. 151 y 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), 52 del Código de Seguridad Social (CSS) y 32 de la RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, que se refiere a “la casada o conviviente, que no tiene impedimento”, normas que se habrían aplicado mal en su caso, porque se las consideró desde un punto de vista civilista y gramatical; y no se ha considerado el espíritu de las normas sociales, que buscan la justicia social y no la aplicación de la ley como letra muerta; pues la recurrente -reitera- que no sabía que existía impedimento respecto de su matrimonio.

La resolución del SENASIR, citó los arts. 137, 140, 168 y 169 del Código de las Familias, referente a la nulidad y otros aspectos, normas que no se aplican al caso presente, porque le perjudican, al ser hechos acontecidos anteriores a su vigencia.

Afirma que ella desconocía por completo al impedimento legal existente, previsto en los arts. 32 y 34 de la RS 10.0.0.087, y considera que es injusto que luego de haber convivido tantos años, no tenga derecho a vivir con dignidad sus últimos días, por tanto corresponde que se le reconozca la renta de viudedad, como esposa conviviente o esposa de buena fe que ha vivido jun to a su causante, porque existió coparticipación de su parte, para que su causante sea beneficiario de esa renta, afirmando que se infringió los arts. 7 inc. k) de la CPE abrogada, 45-III y IV, 158 de la CPE vigente, principio de la prueba procesal, (tasación de la prueba en conciencia), 151, 159 y 179 del CPT, 52 CSS, 32 y 34 de la RS indicada.

Petitorio:

Afirma que en tiempo oportuno interpone recurso de casación en el fondo, para que este Tribunal CASE el Auto de Vista recurrido y se conceda la renta de viudedad a partir del mes siguiente de su solicitud.

Respuesta a la Casación:

Por escrito de fs. 181 a 178 vta., el representante del SENASIR, Juan Edwin Mercado Claros, respondió el recurso de casación, indicando que el recurso no cumple los presupuestos necesarios para su procedencia y viabilidad jurídica, por lo que debe ser declarado improcedente.

Por otra parte, afirma que en el caso se identificó tres partidas matrimoniales del causante y que por consiguiente en aplicación de los arts. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) y 52 del CSS, se desestimó de manera adecuada la pretensión de la solicitante.

Por lo que solicitó que el recurso se declare infundado o improcedente.

Admisión:

Mediante Auto Supremo de 22 de junio de 2018, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 174 a 172, interpuesto por la solicitante y recurrente, Valentina María Rosa Méndez Centellas Vda. de Zambrana, contra el Auto de Vista Nº 16/18 de 12 de enero de 2018, cursante de fs. 157 y vta., por lo que se pasa a considerar y resolver dicho recurso.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Doctrina aplicable al caso concreto:

A fin de dilucidar la problemática corresponde recordar que, en aplicación de los arts. 13-I y 45 y 109-I de la CPE, todos los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, que se presenta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo al Estado la dirección y administración, con el control y la participación social; garantizando el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

Estos derechos, por su naturaleza, son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos, debiendo el Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos al ser directamente aplicables, porque gozan de iguales garantías para su protección.

La jubilación protege a la persona de las contingencias propias de la vejez, considerado como un hecho natural, emergente del deterioro físico y psicológico y que se convierte en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.

Consiguientemente, la renta de viudedad, se encuentra inserta también como un derecho a la seguridad social en los arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se reconoció su implementación, mediante los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuando establecieron que, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y consiguientemente a un nivel de vida adecuado que le asegure, para sí, como para su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Consiguientemente se concluye que el derecho a la Renta Viudedad, constituye un elemento de los derechos a la seguridad social, con un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que estaban casadas o convivían con un beneficiario a renta de invalidez o vejez, a recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, considerando para ello los indicados convenios internacionales, que son de aplicación preferente, conforme establece el art. 410 de la CPE.

Al respecto, los art. 51 y 52 del CSS, 32 y 34 del MPRCPA establecen, las condiciones y los impedimentos para el pago con carácter vitalicio de la renta de viudedad y quienes son los beneficiarios de tal derecho, instituyendo en primer orden, a la esposa u esposo y en segundo a la conviviente o el conviviente.

Respecto de la esposa o esposo, ciertamente esta normativa, prevé en el art. 32 MPRCPA, una excepción, cual es la convivencia con el causante por lo menos un año antes de la fecha de fallecimiento como un justificativo para conceder la misma, en mérito al criterio que la persona que tiene una renta de vejez o invalidez, antes de su fallecimiento, ha recibido la compañía, atención y la seguridad de otra persona que le brindó una situación de vida que permitió sobrellevar su invalidez o vejez, en virtud a un principio de auxilio mutuo y compañerismo.

Pues si bien estas personas pueden acceder a la sucesión hereditaria al fallecimiento de sus causantes en mérito a las normas del derecho civil, conforme refieren los arts. 13 y 14 del CSS; empero, respecto de la renta de viudedad, que constituye un reconocimiento del Estado a favor de esas personas que mantuvieron una relación íntima de compañía, atención y seguridad del causante, por contener características diferentes respecto de la adquisición de los derechos que concede la Seguridad Social al fallecimiento de un rentista, pues éste acaecimiento, produce diferente efectos jurídicos, el primero la sucesión civil, al que pueden acceder todas las personas que tengan vínculos civiles y de parentescos previstos por ley, excluyendo los más cercanos a los más lejanos (arts. 1083 al 1088 del Código Civil, CC), sin que interese la convivencia o cohabitación; empero en materia de seguridad social, esos efectos beneficia únicamente a la persona, esposo o esposa, con quien él o la causante cohabitó por lo menos el último años antes de su fallecimiento, o él o la conviviente, que cohabitó por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, que constituye un requisito adicional y especial previsto por la ley; es decir constituye un plazo legal fijado por el Código de Seguridad Social, en el art. 32, independiente del cumplimiento de otros requisitos que exige esta norma y otras complementarias.

Es decir se considera derecho habiente a toda persona que reúne las características y requisitos que la normativa de Seguridad Social establece y no así respecto de otras personas que si bien pueden tener algunas características, pero no todas y por consiguiente, no se hacen acreedores a ese reconocimiento de derecho habiente, por ejemplo la esposa que no convivió durante los últimos dos años, el hijo mayor de edad, que no hubiese sido declarado inválido, etc.

Por otra parte debe considerarse también, que de acuerdo a lo que instituyen tanto el art. 180-I de la CPE y 30-11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la jurisdicción ordinaria se sustenta en la verdad material, por la cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa a los hechos y circunstancias acreditadas y de la forma cómo ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia

Fundamentación del caso en concreto:

En el caso que se analiza, se advierte que es evidente que la solicitante de la renta de viudedad Valentina María Rosa Méndez Centellas Vda. de Zambrana, es “la esposa” del titular de la renta Juan Zambrana Espinoza (causante, hijo de Felipe Zambrana y Constancia Espinoza, certificado de nacimiento de fs. 56) y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 3, acumulado cuando se tramitó la renta básica del causante y fs. 68 (cuando se solicitó la renta de viudedad), documento que tiene el valor probatorio previsto por los arts. 1534 del CC, 160 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley, corroborando ese vínculo civil, se encuentra acreditada la convivencia por los documentos de fs. 32 a 59 de obrados, convivencia que se había mantenido hasta el fallecimiento del causante el 08 de julio de 2016, conforme demuestra el certificado de fs. 69 de obrados.

Es evidente que conforme evidencian los documentos de fs. 71, 75, 77 a 83, 89 a 96, existirían tres partidas vigentes de matrimonio del causante Juan Zambrana Espinoza, a su fallecimiento; la primera inscrita el 21 de agosto de 1954, con Benita Ramírez Flores, la segunda inscrita el 20 de julio de 1964, con Rosa Mercado Enríquez y la tercera el 12 de febrero de 1966.

La primera partida, se la debe desestimar porque se evidencia claramente que se trata de un homónimo, pues si bien figura el contrayente con el nombre de Juan Zambrana Espinoza; empero los padres de éste contrayente con Benita Ramírez Flores, son los señores Manuel Zambrana y Placida Espinoza; mientras que los progenitores del causante en el presente caso, conforme se tiene referido, son los señores Felipe Zambrana y Constancia Espinoza, acreditados por el certificado de nacimiento de fs. 56 de obrados, además que en esta partida no se consigna los datos de nacimiento de los contrayentes ni la fecha del matrimonio, infiriéndose por la data del registro que se habría celebrado cuando el causante del presente caso hubiese tenido diez años, aspecto que no ha sido identificado en ningún momento por el SENASIR y menos aún en el Auto de Vista objeto de impugnación, quien reconoció la existencia de tres matrimonios, siendo lo correcto que sólo existen dos, advirtiéndose que no se analizaron los documentos aparejados al expediente, de manera adecuada.

En segundo lugar, ciertamente se demostró que el causante Juan Zambrana Espinoza, habría contraído matrimonio con Rosa Mercado Enríquez, el 28 de julio de 1964; persona que según el certificado de fs. 74 de obrados, franqueado por el SEGIP, al 27 de septiembre de 2016, se encuentra registrada en dicha institución como una persona soltera y no tiene información de cónyuge alguno; implicando con ello que respecto de esta persona, existe información contradictoria, porque primero se certifica que se encuentra casada con Juan Zambrana Espinoza y luego se certifica que es soltera y no tiene cónyuge alguno.

Por último, por los indicados documentos se demostró que el causante Juan Zambrana Espinoza, contrajo matrimonio civil con la actual solicitante Valentina María Rosa Méndez Centellas, el 19 de febrero de 1996, oportunidad en la que se la registró sólo como  Rosario Méndez Centellas, habiendo ésta última, rectificado su certificado el 07 de julio de 2008, al registro completo como Valentina María Rosa Méndez Centellas, evidenciándose de estos documentos que en esa oportunidad, se le autorizó esa rectificación, implicando con ello que la partida no se encontraba bloqueado, como corrientemente acontece cuando el SEGIP, identifica duplicidad de cónyuges y otras anomalías en las partidas que asienta.

Consiguientemente, en mérito al principio de verdad material previsto por el art. 180-I de la CPE, se acreditó fehacientemente, que la beneficiaria, además de demostrar su vínculo matrimonial con su causante Juan Zambrana Espinoza, mantuvo una convivencia hasta su fallecimiento, adecuando su actuar a las previsiones de los aludidos arts. 32 y 52 del MPRCPA, advirtiéndose que en el caso presente se incurrió en infracción de estas no, al haber considerado válido y subsistente el matrimonio celebrado con Rosa Mercado Enríquez, pese a la existencia de certificados contradictorios respecto del estado civil de ésta última y considerado un vínculo matrimonial con Benita Ramírez Flores, respecto de un Homónimo, cuya filiación se demostró es diferente a la del causante del presente caso.

Por consiguiente, se concluye que la determinación asumida por el Tribunal de alzada, es errónea al concluir que la solicitante debe tramitar procesos de nulidad de los aludidos certificados de matrimonio, pese a que en el curso del proceso, se demostró que respecto del primer matrimonio se trata de un homónimo y el segundo matrimonio, la imaginaria cónyuge ostenta el estado civil de soltera en los registros del SEGIP, estableciéndose que no existiría el óbice de la “libertad de Estado” alegado por el SENASIR, infiriéndose que si esta persona pretendiese algún derecho respecto de la renta de viudedad a ser calificada, podrá hacerlo de manera directa y oportuna pero, por esta razón no podría negársele la renta de viudedad a la solicitante Valentina maría Rosa Méndez Centellas, quien de manera oportuna solicitó ese beneficio en resguardo de sus derechos a la continuidad de los medios de subsistente y jubilación, aludidos en el recurso, estableciéndose que respecto de los documentos aparejados se aplicó de manera errónea el art. 52 del CSS.

Las normas citadas del Código de Familias, citadas en el recurso de casación, no fueron aplicadas en el Auto de Vista impugnado, por lo que no corresponde emitir criterio legal sobre este particular.

Por consiguiente, corresponde resolver el recurso de fs. 174-172 de obrados, conforme prescribe el art. 220-IV del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista N° 16/18 de 12 de enero de 2018, cursante a fs. 157 y vta., emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiéndose que el SENASIR, califique y conceda la solicitud de renta de viudedad a favor de la solicitante VALENTINA MARÍA ROSA MÉNDEZ CENTELLAS VDA. DE ZAMBRANA, como beneficiaria al fallecimiento de Juan Zambrana Espinoza, sea a partir del mes siguiente de la solicitud de fs. 70 y vta., de obrados.

Al no ser excusable el error incurrido por los señores Vocales que emitieron el Auto de Vista impugnado, se les impone la multa de Bs. 1000, a ser descontado por habilitación para cuyo efecto notifíquese al Consejo de la Magistratura.

Sin costas ni costos en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.