TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 764

Sucre, 20 de diciembre de 2018

Expediente                                : 297/2018

Demandante                        : Alberto Mamani Magne    

Demandado                        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Proceso                                     : Compensación de cotizaciones

Distrito                                : La Paz

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 91 a 95, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo a.i. Juan Edwin Mercado Claros, a través de Martha Irene Espada Estrada Jefa de la Unidad Administrativa y Financiera a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 07/2018 de 25 de enero de 2018, de fs. 88 a 89, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del trámite de compensación de cotizaciones iniciado por Alberto Mamani Magne; el memorial de respuesta al recurso de fs. 100 a 101; el Auto de 103/18 SSA-I de 17 de abril de 2018 (fs. 102), que concedió el recurso; el Auto de 5 de julio de 2018 (fs. 111), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones.

Dentro del trámite de compensación de cotizaciones efectuado por Alberto Mamani Magne, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, mediante Resolución Nº 4303 de 15 de diciembre de 2016, de fs. 33, resolvió desestimar la solicitud de compensación de cotizaciones por procedimiento manual del asegurado.

Resolución de la Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del recurso de reclamación por el asegurado a fs. 49, el Directorio General Ejecutivo del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 134/17 de 7 de marzo de 2017, de fs. 59 a 64, resolvió confirmar el Auto Nº 4303 de 15 de diciembre de 2016, emitido por la Comisión Nacional de Prestaciones, por encontrase de acuerdo a los datos del expedientes y la normativa vigente.

Auto de Vista.

En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, el asegurado interpuso recurso de apelación, a fs. 80; que fue resuelto por Auto de Vista 07/2018 de 25 de enero de 2018, de fs. 88 a 89, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación 134/17 de 7 de marzo de 2017, dejando sin efecto el Auto Nº 4303 de 15 de diciembre de 2016, emitido por la Comisión Nacional de Prestaciones; disponiendo que el SENASIR proceda a otorgar la Certificación de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, en base a la documentación aparejada en el expediente y las consideraciones del Auto de Vista emitido.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 91 a 95, señalando lo siguiente:

El Auto de Vista recurrido, no considera en su integridad las planillas de aportes que cursan a fs. 16, 17, 22 y 23, en los cuales figura Norberto Mamani Magne, y no así, Alberto Mamani Magne, debiendo considerarse que el SENASIR, basa sus actuados dentro de parámetros técnicos, legales y administrativos, enmarcados en el principio de especialidad; y si bien el Auto de Vista, tiene como fundamento que se omitió considerar la documentación que cursa a fs. 4, documental que consiste en una resolución que resuelve rectificar el nombre de Norberto Mamani Magne por Alberto Mamani Magne, esta fue a simple solicitud del interesado, y solo tiene efecto para la modificación de datos personales en documentacn cursante en la Caja Nacional de Salud (CNS), y no así para modificar los datos personales del asegurado en el SENASIR.

El SENASIR otorga y reconoce aportes para la Compensación de cotizaciones, a aquellos asegurados que hayan cumplido con los requisitos que exige el marco normativo de la materia, y conforme se tiene de los antecedentes se solicitó al interesado adjunte antecedentes del trámite judicial o administrativo que respalde el cambio de nombre de Norberto a Alberto, o en su defecto presente el AVC-07 de bajo o certificación de la sección de afiliación y registro de la CNS, en el que se establezca la fecha de ingreso y de baja en la industria del caféOro Negro”, en cumplimiento de la RA 299 de 31 de julio de 2013, que en su numeral 5 inciso o), dispone que si se evidencia error u omisión en apellidos y/o nombre, se debe solicitar al asegurado si realizo algún proceso judicial por modificación o supresión de apellidos o nombres, más una aclaración de la empresa en la que prestó sus servicios; no habiendo presentado el asegurado, en ningún momento la documentación requerida.

Y en base al principio de verdad material, establecido en el art. 180-I de la CPE, al haberse procedido a realizar la revisión de planillas, solo figura el nombre de Norberto, que difiere del nombre del interesado Alberto, esta diferencia de nombres fue considerado en los informes del Área de Certificación C.C., a fs. 25; porque se evidencia en las planillas de fs. 16 a 23, que el interesado Alberto Mamani Magne, no figura en las mismas, debiendo procederse a establecer la modalidad de documentos acreditables supletorios, como partes de afiliación, finiquitos, certificados de trabajo entre otros, solo cuando no existan planillas y comprobantes de pago, por lo cual, se aplicó erróneamente el art. 14 del D.S. Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, al haberse verificado la existencia de planillas y que el interesado no figura en ellas; asimismo, se pretende otorgar, un ilegitimo beneficio a favor del asegurado, en franca violación del art. 24-I de la Ley de Pensiones Nº 065, y el D.S. Nº 800 de 16 de marzo de 2011, que señalan que debe otorgarse un seguro social obligatorio, sobre la densidad de aportes efectivamente cotizados, por lo que no se puede dejar de lado las certificaciones e informes cursantes en antecedentes, que constituyen prueba plena de acuerdo a los arts. 1287, 1289-I, 1296 y 1523 del Código Civil (CC); debiendo tenerse presente que el parágrafo II del art. 67 de la ley fundamental, establece que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social y de acuerdo a la ley, y conforme a la norma suprema se debe acceder a una renta de vejez, en cumplimiento de la normativa.

Petitorio.

Solicita que deliberando en el fondo se case el Auto de Vista recurrido; y se confirme en su totalidad, la Resolución de la Comisión de Reclamación 134/17 de 7 de marzo de 2017.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Planteado el recurso de casación en el fondo, se ingresa al análisis de las cuestiones reclamadas en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, conforme a los siguientes fundamentos:

Debemos entender que la certificación de los aportes a la seguridad social a largo plazo del sistema de reparto, es decir cotizaciones hasta abril de 1997, han sido plasmados en diferentes normas, que han ido modificándose por diferencias circunstancias (archivos incompletos, planillas incompletas, documentación inexistente), siempre en busca del derecho a la jubilación y acorde al nuevo Estado Constitucional de Derecho; refiriéndonos concretamente el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), capítulos II y III del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004; resultando necesario aclarar que se aplica para certificar aportes al Sistema de Reparto tanto para quienes son rentistas en curso de adquisición o en curso de pago de éste sistema y todos los que aportaron al mismo, que por el cambio de sistema, no pudieron jubilarse y debieron vía Compensacn de Cotizaciones hacer reconocer sus aportes, para luego jubilarse en el Sistema Integral de Pensiones.

En ese sentido, el art. 14 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, refiere: (Utilización de documentos que cursan en el expediente). En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del período comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles para este propósito serán uno o más de los siguientes: a. Finiquitos, b. Certificados de trabajo, c. Boletas de pago o planillas de haberes, d. Partes de afiliación y baja de las Cajas de Salud respectivas, e. Record de servicios o Calificación de años de Servicio, f. Contratos de trabajo, memoranda de designación y despido, g. Liquidación de internación de minerales, para el caso de cooperativistas mineros u otros documentos equivalentes para estos cooperativistas; decreto supremo que, busca facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, en el proceso y otorgación de las prestaciones del Sistema de Reparto por dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, como previamente se indicó, este mismo decreto supremo en su art. 18 refiere:Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo; determinando qué modalidades podrán ser usadas, y el art. 16 de esta normativa indica que los aportes pueden ser certificados con la documentación que cursa en el expediente conforme a su art. 14; norma que busca facilitar el tratamiento de certificaciones de aportes, en el proceso y otorgación de las  prestaciones del Sistema de Reparto por dificultades logísticas e información incompleta de los asegurados, que de igual forma debe ser entendida para la compensación de cotizaciones.

De igual manera la RM 550 de 28 de septiembre de 2005, en su artículo segundo  establece como documento acreditable los partes de afiliación y baja de las cajas de salud, entre otros, y su párrafo segundo indica que: “El procedimiento, señalado en el párrafo precedente procederá únicamente cuando de forma previa el SENASIR, hubiera procedido al a certificación de aportes cumpliendo los procedimientos establecidos en las normas que rigen el Sistema de Reparto, tales como la verificación de planillas; y una de estas normas es precisamente el D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, del cual se analizó y aplico su art. 14, conforme se consideró al exordio.

En relación a la RA Nº 299/13 de 31 de julio de 2013, que aprueba el Manual de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la compensación de cotizaciones,   corresponde considerar que el citado Manual fue aprobado mediante RA Nº 299, en tanto que fue a través del D.S. 27543, que se dispuso que frente a la inexistencia de planillas en los archivos del SENASIR los aportes sean certificados con la documentación cursante en el expediente, de modo tal que se advierte la superioridad jerárquica del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, con relación a la RA Nº 299 de 31 de julio de 2013, razón que amerita la aplicación preferente de la norma con mayor rango en aplicación al principio de jerarquía normativa prevista por el art. 410-II de la CPE, así sostuvo la SCP 0336/2012 de 18 de junio: “Con relación a los alcances del citado principio, la Sentencia Constitucional 072/2004 de 16 de julio, indicó: …significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así, por ejemplo, una Ley no puede ser modificada mediante Decreto Supremo, y éste no puede ser modificado mediante una Resolución. Precisamente en el resguardo del principio fundamental de la jerarquía normativa, así como de la seguridad jurídica, la norma prevista por el art. 59. 1) de la Constitución dispone que es potestad del Poder Legislativo el dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.

Ahora, este principio de jerárquica normativa, está reflejado también en la aplicación preferente a las demás normas, de la Constitución Política del Estado, conforme su art. 410-II, que indica: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; norma suprema que busca la eficacia material de los derechos fundamentales, y en materia de seguridad social, se tiene preceptos constitucionales que están establecidos bajo principios fundamentales propensos a precautelar el bienestar de las personas, para ello, se generó el sistema de compensación de cotizaciones, que tiene como finalidad esencial posibilitar uno de los beneficios que presta la seguridad social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, el tener con una renta de vejez, y al ser este un derecho consagrado por nuestra norma suprema, que determina en su art. 45-IV: “El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo; los procedimientos establecidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados, desde y conforme a la Constitución; al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, señalo: “…el sistema de Compensación de Cotizaciones tiene como finalidad fundamental viabilizar uno de los beneficios que presta la Seguridad Social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, como es contar con una renta de vejez; por lo tanto este derecho al constituir una función tutelar del Estado conforme previenen los arts. 45.IV y 67.II de la CPE, los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución, asumiendo a este objeto los principios constitucionales que estructuran el derecho a la Seguridad Social, como el de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, este último considerado como uno de los principios más importantes de la seguridad social, porque está referido a que el servicio o la prestación debe ir dirigido a cubrir la contingencia necesaria, acorde al momento y a la circunstancia; evitando en este marco cualquier medida que tienda a restringir o menoscabar este derecho; ya que el derecho a contar con una renta de vejes digna, no solo es una conquista de los trabajadores, sino constituye en una función esencial del Estado, por cuanto contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa con justicia social. (SCP 0817/2015-S2 de 4 de agosto).

Ahora, como señala la entidad recurrente, deben verificar los aportes del asegurado bajo la presunción juris tantum, con los documentos descritos en los preceptos que determinan la documentación supletoria, y que cursen en el expediente, en caso de que no existan planillas y comprobantes de pago. En el caso de autos existen planillas de pago de los periodos extrañados por el asegurado; sin embargo, este precepto señala: “en caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago, es decir, ambos documentos, planillas y comprobantes de pago, puesto que esta norma da la opción a uno de los dos, al usar “y” no así “o”; por lo que, al contarse con las planillas, puede hacerse uso para la compensación de cotizaciones de la documentación supletoria que curse en el expediente, referida en el art. 14 del D.S. 27543, así como en el art. 2 de la RM 550.

De lo señalado es posible extraer que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra la jubilación, y tanto el acumulado de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia, encontrando cada uno de ellos su contenido intrínseco, de ese modo es que tal como se señaló en la SCP Nº 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales…”.

En el mismo sentido, la renta de vejez se encuentra inserta como derecho a la seguridad social en el art. 25 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .

El art. 22 de la DUDH, señala: “toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social”, es decir, que se sustenta el principio de universalidad, cuya protección debe llegar a todos los miembros de la colectividad, principio que rige en Bolivia mediante su reconocimiento bajo el art. 45-II de la CPE.

También el art. 2 numeral 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: “Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacional especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga  para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del PIDESC, establece que: Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: “Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo (CIDH, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura”.

De lo expuesto supra, se colige que la seguridad social es un derecho de toda persona para acceder a la cobertura de contingencias inmediatas y mediatas, generadas como emergencia de toda actividad laboral, que comprende la salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales, accidentes de trabajo, rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes y las asignaciones familiares previstas por Ley; derecho que a su vez tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud; por tanto, el Estado debe desplegar su ámbito de protección asumiendo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia.

De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180-I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30 numeral 11) de la Ley del Órgano Judicial, por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, que se debe dar prevalencia a la verdad, a la realidad de los hechos, a la verdad pura, antes de subsumir el accionar jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia. La SCP 1463/2013 de 22 de agosto, señala: “En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales… (Sentencia Constitucional Nº 1138/2004-R de 21 de julio).        Conforme a lo expuesto, el valor superior justicia obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).

Conforme a todas estas consideraciones, en cuanto en la inconsistencia en el nombre del asegurado, de acuerdo a los documentos que acompañó porque figura como Norberto Mamani Magne en las planillas de fs. 16 a 23, siendo el nombre del solicitante Alberto Mamani Magne, se entendería que se trata de dos personas distintas; cabe señalar que, debe tenerse presente el principio de la realidad que tiene vinculación con los arts. 180-I de la CPE y 30 num 11) de la LOJ, que incorporaron el principio de la verdad material, como precedentemente se señaló y que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, debe ponderarse la verdad de lo probado y por lo tanto lograr la verdad material, llegando de este modo a un razonable criterio.

En este sentido, de la revisión de antecedentes se evidencia que, conforme a la Resolución Nº 261 de 18 de mayo de 2016, emitido por la Comisión Nacional Revisora de Matriculas de la CNS, cursante a fs. 4, se resolvió, conforme a la documentación de respaldo presentada a esa instancia, como se describe en dicha resolución, se verifica que el nombre correcto es de Alberto Mamani Magne, rectificando el nombre de Norberto por Alberto, aspecto que no fue reconocido a una simple petición, como afirma la entidad recurrente; sino bajo el análisis de una documentación de respaldo, en merito a la cual se procedió a tal rectificación; por consiguiente se establece de manera clara que evidentemente se trata de la misma persona, por lo que el SENASIR, debió tener presente que, en el presente caso, no existe prueba ni indicio alguno que lleve al convencimiento procesal de ser evidente su afirmación respecto a que se trataría de otra persona y que por tal motivo la Institución demandada no podía otorgar su Compensación de Cotizaciones a favor del asegurado, menos aún, teniéndose en cuenta que existe un principio de proteccionismo y favorabilidad para quien fue trabajador, no pudiendo desconocerse su derecho constitucional a recibir una renta cuando es evidente por la determinación asumida en la Comisión Nacional Revisora de Matriculas de la CNS, que se trata de la misma persona.

Ahora, existe documentación presentada por el solicitante, como la certificación de afiliación de fs. 5, en la cual se establece que estuvo afiliado en al CNS, por trabajar en la empresa Industria caféOro Negro”, con un ingreso de enero de 1962; documentación que respalda que el asegurado fue parte de la empresa y las planillas cursantes de fs. 16 a 23, en las cuales está el nombre de Norberto Mamani Magne, es un error en el nombre al ser Alberto Mamani Magne, conforme se pudo verificar por la resolución citada precedentemente que cursa a fs. 4, emitida por la Comisión Nacional Revisora de Matriculas de la CNS.

Además, el certificado de afiliación, de fs. 5, debe ser tomado en cuanta como una documentación supletoria, bajo la presunción juris tantum, al constituirse en documentos descritos como supletorios en el D.S. 27543 en su art. 14, como en la RM 550 en su artículo segundo, analizado al exordio; denominándose presunción -en derecho- a una ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello; al respecto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el capítulo primero de investigaciones jurídicas de esta universidad “Conceptos básicos y antecedentes de las presunciones y las ficciones jurídicas”, señalo: “…quien tiene a su favor una presunción iuris tantum estará dispensado de probar el hecho alegado, pero en cambio debe acreditar los hechos que constituyan las premisas o presupuestos de las mismas, esta presunción que está establecida, en nuestra legislación  en el art. 14 del tantas veces referido D.S. 27543, que fue cumplida por el asegurado, puesto que acreditó los presupuestos para ello, con la documental adjunta, que no puede ser desconocida como pretende el recurrente, ya que una de las primicias en la administración de justicia procurar es la realización de la justicia material como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones. Consiguientemente, se evidencia en obrados el Tribunal de apelación, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, dando una aplicación correcta de la normativa que regula esta tramitación; debiendo sin embargo, tomarse en cuenta la parte in fine del primer parágrafo del art. 2 de la RM 550, para tal efecto.

De tal manera, conforme a jurisprudencia desarrollada, y lo establecido en los arts. 45 y 67-II de la CPE, se concluye que el Auto de Vista traído en revisión no transgrede ni vulnera el D.S. Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, u otros preceptos señalados; por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, conforme al principio de la favorabilidad y proteccionismo de quien fue trabajador, en base a la búsqueda de la verdad material como primacía de la correcta forma de impartir justicia, y respeto a los derechos consagrados en nuestra ley fundamental, este Tribunal, considera que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso.

Correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013),  acorde a lo dispuesto en el art. 2-I de la Ley 719 de 6 de agosto de 2015, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 91 a 95, interpuesto por el SENASIR, representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de Martha Irene Espada Estrada Jefa de la Unidad Administrativa y Financiera a.i. del SENASIR.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-