TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 758

Sucre, 20 de diciembre de 2018

Expediente                : 426/2017

Demandante             : Wilfredo Rivero Mendoza

Demandado              : Taller Andrés SRL

Proceso                     : Beneficios Sociales

Departamento           : Santa Cruz

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 243 a 244 vta. interpuesto por Andrés Caballero Coca, contra el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, de fs. 236, pronunciado por la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso social seguido por Wilfredo Rivero Mendoza  contra el Taller Andrés SRL representado por Andrés Caballero; el Auto de 16 de agosto de 2017 de fs. 249 que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 426-A de fs. 259, que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Octavo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 01/2017 de 4 de enero de 2017 de fs. 209 a 215 vta., declarando probada en parte la excepción perentoria de pago por no ajustarse a las formalidades exigidas por el art. 135 del CPT, correspondiendo el descuento de la liquidación final, el monto cancelado de Bs. 3.828, más Bs. 4.176 por existir derecho de pago de aguinaldos, descontando en total de la liquidación final, la suma de Bs. 8.004.

Asimismo declara improbada la excepción de prescripción y probada en parte la demanda de fs. 9 a 12, con costas y costos, por haberse probado la existencia de derechos laborales pendientes de pago a favor de Jorge Luis Pastrana Álvarez, disponiendo se cancele en favor del actor la suma de Bs. 104.425,4, por concepto de  indemnización, aguinaldos, bono de antigüedad, subsidios de maternidad, multa del 30%.

Que a fs. 216 se solicito complementación de la Sentencia, la misma que fue declarada ha lugar, disponiendo la corrección del cálculo de beneficios y derechos laborales consignados, debiendo cancelarse al actor la suma de Bs. 128.052,4.

Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta de fs. 221 a 222, la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 30 de junio de 2017, de fs. 236, que confirmó la Sentencia. Con costas y costos.

Argumentos del recurso de casación

El recurso de casación de fs. 243 a 244 vta. interpuesto por Andrés Caballero Coca, manifestando que el Tribunal ad quem, no se pronunció ni dio valor al pago de quinquenio; asimismo refiere que no toma en cuenta el salario promedio indemnizable, ni aguinaldos que fueron cancelados, vulnerando los arts. 115, 410 y 11.30 de la Ley 025.

Que el Tribunal de alzada ha causado agravió al confirmar la Sentencia sin fundamentar, ni valorar la prescripción de subsidios, así como tampoco interpretar el art. 123 de la CPE y el art. 410 de la CPE. Que en el Auto de Vista, no existe valoración del pago de beneficios y quinquenios, condenándolo al recurrente a pagar costas cuando la demanda fue declarada probada en parte.

Concluyó se case el Auto de Vista impugnado y se declare improbada la demanda.

II. Fundamentos jurídicos del fallo.

Del recurso de casación, revisión y compulsa de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Que previamente el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, tiene el deber de revisar de oficio las actuaciones procesales, disposición legal que encuentra relación con el art. 106. I del Código de Procesal Civil, que dispone: “La nulidad podrá ser declarada dé oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”

En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del expediente, se evidencia que el Auto de Vista recurrido confirmó la Sentencia de primera instancia, empero, no hace un estudio y análisis de los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación por la parte, como es el caso de la apelación de fs. 221 a 222, que solicita se pronuncie respecto al sueldo promedio indemnizable, tiempo de trabajo, aguinaldos, y prescripción de subsidios; en ese contexto, de la revisión del Auto de Vista impugnado, este se limitó de manera general a contestar en un solo párrafo el recurso de apelación, sin siquiera nombrar norma alguna o mencionar documental en la que basa su determinación; asimismo de manera conjunta y sin fundamento razonado solo se refiere a que el “Juez a quo procedió correctamente” y que el juzgador en aplicación de la presunción de veracidad respecto al promedio salarial al no haber concurrido el empleador a la audiencia de confesión provocada, dándolo por confeso, lo cual permitió concluir que los aguinaldos no fueron pagados por el monto total…”, omitiendo pronunciarse respecto a los puntos solicitados en el recurso de apelación.

Es decir, no realiza una compulsa de las pruebas, para verificar si es correcto o no los reclamos efectuados por el actor, olvidando que toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y que las apreciaciones de la parte considerativa deben ser debidamente fundamentadas y no contradictorias, debiendo ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).

En ese contexto el Tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la Resolución dictada por el Juez A quo, en cumplimiento a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la Sentencia y la expresión de agravios del recurso de apelación, lo que no ocurrió en el caso de autos.

Asimismo, el Auto de Vista no se ha pronunciado con la debida motivación, fundamentación y congruencia que se constituyen en un deber jurídico que hace al debido proceso, esto implica que todo impartidor de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, esto implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que les permita a los apelantes, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos significaría que se vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado 2009, así la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas".

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto del memorial de la apelación de fs. 221 a 222, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Consiguientemente corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 17. II de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 235 vuelta, inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie nuevo Auto de Vista, debiendo considerar los agravios formulados de manera expresa en el recurso de apelación de fs. 221 a 222  y resolver de manera fundamentada los mismos.

No siendo excusable, se impone multa de Bs. 300 para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.