TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 756

Sucre, 14 de diciembre de 2018

Expediente                   : 332/2018

Demandante                : Máxima Cadena Apaza

Demandado                 : Universidad Mayor de San Andrés

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento              : La Paz

Magistrada Relatora    : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 398 a 400 vta., interpuesto por Waldo Albarracín Sánchez en representación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de fs. 403 a 408 interpuesto por Máxima Cadena Apaza, contra el Auto de Vista N° 147/2017 de 20 de junio de fs. 387 a 389, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; dentro del proceso social de beneficios sociales; el Auto de fs. 410 que concedió los recursos de casación; el Auto Supremo de 31 julio de 2018 de fs. 418; el Acuerdo Nº 27/2018 de 20 de septiembre de fs. 430 que autoriza el sorteo anticipado; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

Que, tramitada la demanda de beneficios sociales, la Juez Tercero  de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 145/2016 de 16 de septiembre de fs. 357 a 361, por la que declaró probada en parte la demanda, disponiendo cancelar a favor de la actora, la suma de Bs. 211.005,99 por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones, aguinaldos, salarios devengados y multa del 30%.


Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por la Universidad demandada de fs. 364 a 367 y de Máxima Cadena Apaza de fs. 369 a 370 vta., la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 147/2017 de 20 de junio de fs. 387 a 389, que confirmó en parte la Sentencia, disponiendo el pago a la actora de Bs. 136.001,52 por concepto de indemnización, desahucio, vacaciones, aguinaldos, salarios devengados y multa del 30%.

Argumentos de los recursos de casación

Contra el Auto de Vista, se incoa recurso de casación en el fondo de fs. 398 a 400 vta., interpuesto por Waldo Albarracín Sánchez, en representación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), bajo los siguientes argumentos:

Que el Tribunal ad quem incurrió en aplicación indebida de los arts. 66, 150, 179 y 182.b del Código Procesal del Trabajo, respecto a demostrar la inexistencia de la relación laboral, omitiendo las previsiones de los arts. 2 y 6 de la Ley General del Trabajo, art. 2 del DS 28699, Ley 1178, art. 2 parágrafo III de la Ley 2341 y art. 92. I de la CPE, el principio de verdad material y la primacía de la realidad, toda vez que la UMSA como entidad de derecho público, se encuentra sometida al rigor (en cuanto a materia de contratos se refiere) de la Ley Nº 1178 y su Reglamento Interno de Personal, el cual establece como única autoridad facultada y competente para contratos de personal al Rector de la Universidad.

Señala que la demandante jamás fue invitada por el Rector a ocupar cargo alguno administrativo dentro de la Universidad, menos aún figura en las planillas de pagos o dentro del escalafón administrativo, manifestando que el Auto de Vista ahora recurrido realizó una interpretación y aplicación indebida al establecer la existencia de un contrato de trabajo verbal, bajo la premisa que no se demostró su inexistencia con prueba fehaciente, así también indica que existió contradicción en torno a los elementos de subordinación, dependencia y percepción de un salario mensual en relación a una interpretación indebida del art. 2 de la LGT respecto a la existencia de una relación laboral durante 22 años, 3 meses y 2 días entre la actora y la Universidad, basándose en un salario inexistente.

Que respecto a la actora señala que, ésta usufructuó indebidamente un espacio de la propiedad estatal en provecho suyo, frente a una verdadera relación laboral, tal como exponen tanto el Auto de Vista ahora recurrido como la Sentencia de fs. 357 a 361, apelada oportunamente. Indican que el Tribunal ad quem incurrió en error en la apreciación de las pruebas en cuanto a testigos, inspección ocular y literales de fs. 34 y 35, que únicamente da plena fe de la vivienda de la demandante en predio público, espacio que fue indebidamente usufructuado a lo largo del tiempo; perom en ningún momento dejan evidencia respecto a una relación laboral o desempeño de funciones a favor de la Universidad, ingresando en una interpretación arbitraria y determinando una prestación de servicios que jamás fue requerida por personero con competencia y capacidad de contratar a nombre de la Universidad.

Que al asumir que cualquier persona trabaje en la UMSA, se vulnera la normativa universitaria vigente relativa a la contratación de personal administrativo, reconocido en el art. 92. I de la CPE, pues los memorándum carecen de firma de recepción y está dirigido a una “Señora de Poma” no a “Máxima Cadena Apaza”, ingresando en error de sujeto, y reitera que la prueba testifical solo da fe de que la actora vivía en predios públicos pero que no existía una relación laboral, existiendo error de hecho y de derecho en la interpretación de la prueba, de la norma y aplicación indebida de la ley. 

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda, dando estricto cumplimiento con lo dispuesto por el art. 17 de LOJ.

Recurso de Casación de fs. 403 a 408, interpuesto por Máxima Cadena Apaza, que señala lo siguiente:

Que al amparo del art. 6 de la LGT, arts. 46 y 48 de la CPE, 117, 119 y 120 del Código Procesal del Trabajo, presentó prueba de fs. 34 a 39 de obrados que demuestran irrefutablemente que su persona si estuvo vinculada laboralmente con la UMSA en su calidad de cuidadora y sereno respectivamente de los predios de la Casa de Estudios Superior, y que mediante Memorándum 004/92 de 26 de marzo de 1992 emitido por la Administradora IHH y el Director del Instituto de Hidráulica de IHH de la UMSA de fs. 34, se le recuerda que sus funciones son el velar por el patrimonio y bienes de la UMSA, demostrando su relación contractual aproximadamente de cuatro décadas.

Que el Auto de Vista deliberadamente y exprofesamente no tomó en cuenta la totalidad de sus servicios prestados a la UMSA de 44 años, 3 meses y 24 días, sino solo de 22 años, 3 meses y 2 días, por lo que viola flagrantemente los arts. 46. I, II, III y IV de la CPE, así como el art. 4 del DS 28699 y del DS. 90 de 24 de abril de 1944, toda vez que va en contra de sus derechos laborales consagrados en la Constitución, presumiendo el ad quem que su persona asumió funciones desde el 1 de noviembre de 1991 y trabajado hasta el 2 de febrero de 2014; así también, acusa que se considera incorrectamente el salario promedio indemnizable que debió alcanzar a Bs. 1.440 salario vigente en la gestión 2014 año de su retiro, y liquidar sus sueldos devengados, vacaciones y aguinaldos devengados por 44 años y 3 meses, debiendo haberse cancelado a la demandante la suma de Bs. 2.500.653,00 (Dos millones quinientos mil, seiscientos cincuenta y tres 00/100 bolivianos), que la UMSA debe pagarle.

Concluyó solicitando se case en parte el Auto de Vista recurrido Nº 147/17 de 20 de junio de 2017, manteniendo firme y subsistente el reconocimiento de sus derechos y beneficios sociales. 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO.-

El art. 92 de la Constitución Política del Estado establece: “I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.”

Por su parte el art. 1 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, establece como finalidad ser una institución de educación superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás universidades, conforme la Constitución Política del Estado y sus Estatutos Orgánicos.

El art. 48 de la Constitución Política del Estado, establece de manera textual: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; de la norma transcrita se establece que al ser imprescriptibles los derechos a partir de la vigencia el 7 de febrero de 2009 de la Constitución Política del Estado. (Las negrillas son añadidas)


Análisis del caso concreto:

1.- Primer Recurso.- En principio de los argumentos del recurso, se evidencia que la entidad recurrente busca demostrar que no existió una relación laboral entre la actora y la institución demandada.

En ese contexto, a fin de determinar si la relación fue de trabajo, se debe considerar las características esenciales laborales, teniéndose en cuenta que todo trabajo es una prestación a favor de otro, por lo que siempre existe la realización de un acto, un servicio o ejecución de obra; sin embargo, la distinción radica en el modo de la relación existente entre quienes lo brindan y la reciben, a tal fin corresponde observar lo realizado por cada una de las partes, que ante las exigencias de las reglas impuestas por el empleador, es posible que se oculte la realidad bajo apariencias de una relación no laboral o viceversa, a este fin la doctrina del derecho laboral destaca entre los varios componentes de la relación laboral, el elemento de la dependencia, subordinación y exclusividad, según el cual, quien recibe el trabajo tiene la facultad de dirigirlo e imponer sus reglas, recibiendo los frutos de ese trabajo, por lo que para determinar la relación se debe recurrir al principio de primacía de la realidad que privilegia los hechos frente a las formalidades y apariencias impuestas por el empleador.

En tal sentido, corresponde señalar conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los artículos 180. I de la Constitución Política del Estado y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia; de tal forma, en la especie y en el caso particular, de la revisión de obrados, se advierte que efectivamente, la demandante fincó residencia en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés, tal cual se pudo evidenciar en la inspección ocular, cuyas actas cursan de fs. 83 a 86, y las pruebas testificales de fs. 71, 73, 75, 77 y 79, en los que certifica que la demandante no sólo ocupaba los ambientes de la Ciudad Universitaria ubicada en la zona Cota Cota, sino que también cuidaba de esos predios con auxilio de sus perros.

Ahora bien si bien es cierto que éstos antecedentes de manera aislada podrían llegar a concluir la existencia de la reclamada relación de dependencia laboral; sin embargo, del análisis contextualizado del material probatorio, en sus concordancias y discordancias, se advierte una realidad distinta, tal es así que  conforme se tiene el certificado de fs. 92, así como los de fs. 87 a 95, las alegaciones de la entidad demandada resultan ser coherentes toda vez que la ahora demandante llegó a ocupar un ambiente dentro de los predios de la ciudad Universitaria, en la Zona Cota Cota de la ciudad de La Paz, no como dependiente de la entidad demandada sino por su vínculo matrimonial con Casimiro Poma Quispe, quien por la documentación señalada, se certifica que la entidad demandada si tuvo una relación laboral con este señor a quien contrató  como Guarda Forestal en la ciudad Universitaria a partir del 8 de junio de 1973, conforme la documental de fs. 90; posteriormente se le asignó el cargo de Potero III y finalmente, el cargo de Auxiliar de Laboratorio, hasta el mes de noviembre de 1998 (fs. 92), cuya relación laboral concluyó por jubilación.

Por lo manifestado, se evidencia que si bien el argumento de la demandante refiere a un abandono por parte del señor Casimiro Poma Quispe, este  argumento ratifica el hecho de que ella en su condición de esposa del Sr. Casimiro Poma Quispe, estuvo viviendo en los predios de la entidad demandada hasta el año 1998, más no como dependiente de dicha entidad.

Tan evidente es lo anterior que en la misma Sentencia se arriba a similar conclusión, cuando a fs. 360 vta., señala: “…simplemente la actora permanecía en la institución por que se le permitió utilizar una precaria vivienda en el lugar para que habite junto con su familia, no siendo razonable comprender que la actora realizaba un trabajo efectivo que abarcaba las 24 horas del día….”.

En mérito a lo anterior y toda vez que tuvo la condición de simple ocupante del ambiente cedido a su esposo, mal podría haber recibido un haber mensual y, mucho menos podría deducirse la existencia de una explotación laboral; asimismo, el hecho de que a la actora se le haya permitido continuar utilizando aquella precaria vivienda aún después de que su esposo se desvinculó laboralmente de la entidad demandada, no resulta moral ni jurídicamente admisible concebirse una relación de dependencia laboral, mucho menos justificarse a ése título la acreencia de sueldos devengados; más aún si se tiene demostrado documentalmente que los cargos de Portero, Sereno y Guardian de los predios correspondientes al Instituto Hidráulica e Hidrología, se encontraban cubiertos por personal contratado expresamente, entre los que figuran Daniel Bustillos, Juan Limachi y Eusebio Argollo, entre otros, tal cual evidencian las literales cursantes de fs. 101 a 159 de obrados.

Asimismo, no resulta razonable concebir una relación de dependencia laboral por más de 30 años sin que se haya extrañado la ausencia de un haber mensual y por último, en cuanto a las literales de fs. 34 y 35, se advierte que las mismas mal podría considerárselas con suficiente valor fundante a mérito que no constituyen documentos oficiales de la entidad demandada, por cuanto las mismas no se encuentran suscritas por el Director o Jefe de Recursos Humanos, sino por la Administradora y el Director del Instituto de Hidráulica.

En mérito a los fundamentos expuestos, se evidencia que existió vulneración y aplicación errónea de las normas, correspondiendo corresponde aplicar el art. 220. IV del Código de Procesal Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo y casar totalmente el Auto de Vista y, deliberando en el fondo, declarar IMPROBADA la demanda .

2.- Segundo Recurso.- Con relación a que el Tribunal ad quem incurrió en error en la liquidación efectuada al tomar en cuenta solo 22 años, 3 meses y 2 días, como años de servicio, cuando en los hechos se debió considerar 44 años, 3 meses y 24 días, vulnerando así los arts. 46. I, II, III y IV de la CPE así como el art. 4 del DS 28699 y del DS. 90 de 24 de abril de 1944; Sobre el particular, se debe tener presente que conforme los argumentos expuestos en el primer recurso, se evidencia que no existió relación laboral entre la actora y la entidad demandante, por lo que no corresponde ni amerita hacer mayor alusión al recurso de casación de la actora, en mérito a la forma de resolución del primer recurso que casa el Auto de Vista y declara improbada la demanda.

En ese contexto, corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, con relación al recurso de casación de fs. 398 a 400 vta., interpuesto por Waldo Albarracín Sánchez en representación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), CASA el Auto de Vista N° 147/2017 de 20 de junio de fs. 387 a 389, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y declara IMPROBADA la demanda.

Con relación al recurso de casación de fs. 403 a 408 interpuesto por Máxima Cadena Apaza, se declara INFUNDADO.

Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.