TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 755

Sucre, 14 de diciembre de 2018

Expediente                                : 434/2018

Demandante                        : Armando Barba Herrera

Demandado                        : Servicio Nacional del Sistema de Reparto

Proceso                                     : Compensación de cotizaciones

Distrito                                : Santa Cruz

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 177 a 179, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de sus apoderados Olga Durán Uribe, Luis Ángel Arias Sánchez, Calep Taceo Costa y Emileny Rosely Villarroel Sanabria, contra el Auto de Vista Nº 99 de 31 de agosto de 2018, de fs. 134 a 135, pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del trámite de Compensación de Cotizaciones iniciado por Armando Barba Herrera; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 185 a 186; el Auto de 2 de octubre de 2018 (fs. 188), que concedió el recurso; el Auto de 29 de octubre de 2018 (fs. 93), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Resolución de la Comisión de Nacional de Prestaciones.

Dentro del trámite de compensación de cotizaciones efectuado por Armando Barba Herrera, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR mediante la Resolucn Nº 657 de 4 de febrero de 2016, cursante a fs. 56, resolvió otorgarle el Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Nº 58357, en el cual se consideró un monto de Compensación de Cotizaciones de Bs.11.592.- (once mil quinientos noventa y dos 00/100 bolivianos), documento válido para tramitar su Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, previa aceptación del mismo.

Resolución de la Comisión de Reclamación.

Ante la interposición del recurso de reclamación por el asegurado a fs. 62, el Directorio General Ejecutivo del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 219/16 de 24 de mayo de 2016, de fs. 93 a 96, resolvió revocar la Resolución Nº 657 de 4 de febrero de 2016, otorgando en favor del asegurado una densidad de 3 años y 1 mes de aportes y un salario cotizable correspondiente al salario mínimo nacional vigente, del periodo de abril/1990, conforme establece la Certificación CERT-05-2016-542 de 20 de mayo de 2016, de fs. 89.

Auto de Vista.

En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, el asegurado interpuso recurso de apelación, de fs. 108 a 109; que fue resuelto por la entonces Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 186 de 3 de noviembre de 2016, de fs. 125 a 127, revocando en parte la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 219/16 de 24 de mayo de 2016 y la Resolución Nº 657 de 4 de febrero de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones; ordenando al SENASIR reconocer al asegurado apelante, una densidad de aportes de 7 años y 2 meses y un salario cotizable correspondiente al salario mínimo nacional vigente.

Esta determinación fue recurrida en casación por parte del SENASIR, resuelto por  Auto Supremo Nº 122-1 de 2 de abril de 2018, de fs. 159 a 161, emitido por esta Sala (Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia), ANULANDO obrados, para que el Tribunal de apelación, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva resolución asumiendo las consideraciones asumidas en dicho fallo.

En cumplimiento del indicado Auto Supremo, la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 99 de 31 de agosto de 2018, de fs. 134 a 135, revocando la Resolución Nº 657 de 4 de febrero de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, y revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 219/16 de 24 de mayo de 2016; y deliberando en el fondo ordena al SENASIR a reconocer al asegurado Armando Barba Herrera, una densidad de aportes de 11 años y 6 meses, por servicios prestado en la Cervecería Taquiña S.A. Santa Cruz y en la Cervecería Boliviana del Oriente, reconociéndole un salario cotizable del mes de mayo de 1994.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, el SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 177 a 179, señalando lo siguiente:

El Auto Supremo Nº 121-1 de 2 de abril de 2018, determinó que se emita un nuevo Auto de Vista pronunciándose sobre todos los aportes realizados por el asegurado a la Cervecería Taquiña S.A., para ese efecto dispuso que se requiera con carácter previo al SENASIR dichos aportes al Sistema de Reparto; el Tribunal de apelación hizo caso omiso de lo dispuesto, y procedió a ordenar que el SENASIR reconozca una densidad de 11 años y 6 meses, por servicios prestado en la Cervecería Taquiña S.A., sin haber requerido lo ordenado en el indicado auto supremo; así también por los servicios en la Cervecería Boliviana del Oriente, cuando el auto supremo estableció que se pronuncien sobre los aportes de la Cervecería Taquiña S.A. únicamente, viciando de nulidad el Auto de Vista Nº 99 de 31 de agosto de 2018.

El Tribunal de alzada, no determinó como es que el SENASIR aplicó mal la normativa, o cual el fundamento para que bajo la presunción juris tantum se reconozca estos periodos en favor del asegurado (10/89 a 05/94), más si en la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 219/16, se estableció que estos periodos no se certifican, al no cursar en el expediente documentación de respaldo; existiendo una contradicción en la fecha de cierre de la empresa 30 de abril de 1990 y el finiquito que pretende hacer valer para el efecto 31 de mayo de 1994.

Además, los periodos reclamados de 08/82 al 12/86, correspondientes a la Cervecería Taquiña S.A., no fueron incluidos en el inicio del trámite y mucho menos fueron objeto del recurso de reclamación, por lo tanto, no pueden ser objeto de apelación, al ser objeto del recurso de reclamación solo sobre los periodos de 04/87 al 05/94 correspondientes a la Cervecería Boliviana del Oriente; habiéndose extralimitado en su fallo los del Tribunal de apelación, excediendo los límites impuestos por el Auto Supremo Nº 122-1, y al no poder apelarse aspectos que no se resolvieron en primera instancia.  

Se señala como normas transgredidas y mal aplicadas a los arts. 24-I de la Ley de Pensiones Nº 065; 1 del D.S. 822 de 16 de marzo de 2011; al 3 de la RA 098/13; y al 67 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Petitorio.

Solicita se case el Auto de Vista 99 de 31 de agosto de 2018; y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación 219/16 de 24 de mayo de 2016.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Planteado el recurso de casación en el fondo, se ingresa al análisis de las cuestiones reclamadas en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, conforme a los siguientes fundamentos:

Conforme las características de este medio de impugnación, quien recurre de casación, debe citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas, o la descripción de un derecho o garantía, menos aún, una relación de hechos, sin identificar ni referirse a norma alguna; en el caso de autos, la entidad recurrente, efectúa una narración de lo decido por el Tribunal de apelación, haciendo conocer su posición y disconformidad al respecto, sin relacionar los hechos que describe con la vulneración, mala aplicación, errónea interpretación o violación de alguna normativa, realizando solo una explicación de su hipótesis respecto de la decisión asumida, en los titulados de su recurso “En cuanto a la Cervecería Boliviana del Oriente” y “En cuanto a la Cervecería Taquiña”, sin argumento jurídico, señalando plantear un recurso de casación en el fondo.

Efectuando, en su recurso en otro de sus títulos, denominado “Normas Transgredidas y mal aplicadas”, una enumeración de normas:

La Ley 065 art. 24 Parágrafo 1; D.S. 822 en su art.1 y R.A. 098/13 en su art.3” (textual), que son simplemente mencionados por el recurrente, sin especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ni relacionar la descripción de hechos que efectuó en los anteriores títulos, con la normativa que enumera, no siendo suficiente la simple enunciación de las normas que considera vulneradas, sin demostrar o señalar en términos claros y razonables, en qué consiste la infracción que acusa, y como es que el Tribunal de alzada vulneró la normativa aludida; normativa que además, no tiene en su contenido, relación con la descripción efectuada sobre la posición del recurrente respecto la decisión del Auto de Vista emitido.

Por otro lado, el aspecto reclamado sobre un supuesto incumplimiento del Auto Supremo Nº 1121-1 de 2 de abril de 2018, y sobre la pronunciación de reclamos no efectuados en sede administrativa, son infracciones que hacen a la forma de la determinación que se cuestiona, no así al fondo; y se debe considerar que el recurso de casación en el fondo, tiene por objetivo modificar o cambiar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, cuando se evidencia que los jueces o tribunales de alzada a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando (como se solicita en el recurso formulado, en su pretensión a través del titulado y su petitorio), buscando se case la resolución recurrida; pero, el argumento del recurso, sobre un incumplimiento de las determinaciones asumidas en un auto supremo anulatorio, y el pronunciamiento de aspectos no reclamados en sede administrativa, están relacionados a un recurso de casación en la forma, que busca como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo, cuando se hubiese violado las formas esenciales del proceso en su tramitación, hechos sancionadas con nulidad por ley, o  al contener una afectación del debido proceso, por errores de procedimiento denominados in procedendo.

Omitiendo la entidad recurrente que tanto el recurso en la forma o en el fondo, tienen sus propias características que generan efectos diferentes, por lo que, en la interposición del recurso se está obligado a precisar tanto fáctica como jurídicamente los fundamentos que hacen a la interposición de su recurso de casación de fondo por una parte y los argumentos respecto al recurso de casación de forma; diferencias que tienen incidencia en la forma de resolución y los efectos que producen; siendo así, al señalar que se recurre en el fondo, con argumentos que buscan la nulidad de la resolución de vista, al considerar que está viciada la resolución que impugna, y no así  con argumentos que hagan al fondo de la decisión; se concluye que, la entidad recurrente incumplió con la carga recursiva necesaria para el análisis de las infracciones, al pretender se case el Auto de Vista recurrido (que busca la modificación o reformulación de la decisión en la resolución impugnada) cuando sus argumentos de su recurso en el fondo, tienden a buscar anular el Auto de Vista, al considerarlo viciado de nulidad, por no cumplir con la determinación asumida en el Auto Supremo Nº 121-1, y al cuestionar se haya incluido aspectos no reclamados en sede administrativa (aspectos que se debe buscar a través del recurso de casación en la forma); buscando -según su petitorio- se case el Auto de Vista que se recurre; en ese entendido, al ser las infracciones vertidas en su recurso cuestionamientos en la forma, y no así en el fondo, como expone en sus titulados; y al ser la petición una parte integrante del contenido sustancial de la pretensión, que expresa la voluntad del impetrante, que delimita el deber de congruencia del juzgador o tribunal colegiado que analiza la intención del administrado, no se puede asumir cual la intención de la entidad recurrida, si busca la nulidad conforme a sus argumentos, o busca la modificación del fallo, conforme a su petitorio.

Además, carece -como se apreció precedentemente- de una carga recursiva sobre las vulneraciones acusadas, sin relacionar la normativa que enumera, con las con los hechos que escribe y la posición que tiene respecto de la resolución de vista; estas inobservancias, de ningún modo puede suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen a la deficiencia de la parte que recurre a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo completamente la carga recursiva establecida por ley.

Ahora, la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en su art. 4 inc. L), establece: “Principio del informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que pueda ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; en este cometido, el trámite establecido para las reclamaciones de calificación de rentas es un procedimiento mixto, habida cuenta que se inicia en sede administrativa y concluye en la vía ordinaria; por lo tanto, son aplicables tanto las normas administrativas como las ordinarias del Código Procesal Civil; de este modo, el principio referido excluiría de éste, la exigencia de requisitos formales; pero, debe tener presente que la aplicación plena del principio de informalismo señalada en la norma desglosada, el art. 4 inc. L) de la LPA, es aplicable de manera pura en las impugnaciones en sede administrativa, y de manera mixta, en las apelaciones formuladas a las resoluciones emitidas por la Comisión de Reclamación, ya que, si bien se plantea en sede administrativa, se eleva a un Tribunal de alzada de sede jurisdiccional; sin embrago, ya estando en conocimiento de un Tribunal ad quem jurisdiccional, el recurso de casación, está revestido de las determinaciones y requisitos exigidos en la norma adjetiva, que deben ser cumplidos a cabalidad.

En cuanto al art. 67-II de la CPE, esta ley fundamental, señala: “El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley; pero debe entenderse por la entidad recurrente que, los procedimientos establecidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados, desde y conforme a la Constitución; al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional, señalo: “…el sistema de Compensación de Cotizaciones tiene como finalidad fundamental viabilizar uno de los beneficios que presta la Seguridad Social en el ámbito de las prestaciones a largo plazo, como es contar con una renta de vejez; por lo tanto este derecho al constituir una función tutelar del Estado conforme previenen los arts. 45.IV y 67.II de la CPE, los mecanismos o procedimientos instituidos para el reconocimiento de este derecho, deben ser interpretados y aplicados desde y conforme la Constitución, asumiendo a este objeto los principios constitucionales que estructuran el derecho a la Seguridad Social, como el de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, este último considerado como uno de los principios más importantes de la seguridad social, porque está referido a que el servicio o la prestación debe ir dirigido a cubrir la contingencia necesaria, acorde al momento y a la circunstancia; evitando en este marco cualquier medida que tienda a restringir o menoscabar este derecho; ya que el derecho a contar con una renta de vejes digna, no solo es una conquista de los trabajadores, sino constituye en una función esencial del Estado, por cuanto contribuye a la construcción de una sociedad armoniosa con justicia social. (SCP 0817/2015-S2 de 4 de agosto); sin embargo, mas allá de esta interpretación de la jurisprudencia constitucional, y la tendencia que debe existir para la interpretación de las normas de seguridad social, en función de la norma suprema vigente, criterio compartido por este Tribunal, no se puede efectuar mayor análisis sobre la acusación de vulneración del art. 67-II del CPE; en razón a que la entidad recurrente, no establece en forma específica que preceptos hubiesen sido incumplido, desconocido o inaplicado por parte del Tribunal de alzada, para la otorgación de los derechos del asegurado, en la emisión del Auto de Vista, o estarían contrarios a la ley, para llegar a vulnerar este precepto constitucional aludido, indicando de manera general que este articulado, obliga a la observancia de cada una de las normas tanto particulares como específicas que integran la seguridad social, pero no refiere que normas fueron inobservadas, no se formuló ninguna impugnación específica de que disposición legal, no se hubiese cumplido, o que razonamiento del Tribunal Ad quem estuviere contrario a la norma, para acreditar la vulneración del precepto constitucional que alude; por estas razones este Tribunal considera infundados los aspectos plasmados en el recurso de casación presentado.

Consecuentemente, por todo lo expuesto, corresponde resolver conforme prescribe el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013),  acorde a lo dispuesto en el art. 2-I de la Ley 719 de 6 de agosto de 2015, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, de fs. 177 a 179, interpuesto por el SENASIR representado por su Director General Ejecutivo Juan Edwin Mercado Claros, a través de sus apoderadas Olga Durán Uribe, Luis Ángel Arias Sánchez, Calep Taceo Costa y Emileny Rosely Villarroel Sanabria.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-