TRIBUNAL   SUPREMO   DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA,   CONTENCIOSA   ADMINISTRATIVA,    SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA    PRIMERA

AUTO  SUPREMO   Nº 753-1

Sucre, 13 de diciembre de2018

I: DATOS  DE LAS PARTES  Y DEL PROCESO.

Expediente                      : 490/2018

Demandante                       : Amalia Olmos   Magia.

Demandado                      : Gobierno   Aut6nomo Municipal    de  la

                                       Guardia.

Tipo de Proceso                  : Beneficios  Sociales.

Magistrada Relatora           : María  Cristina   Díaz Sosa


VISTOS: El recurso    cursante     de  fs.  220  a 221,   interpuesto   por  Amalia   Olmos Mejía, el Auto  de  fecha   29  de  noviembre   de  2018,   cursante     a  fs.  232,   por  el que  conceden  el recurso,    los  antecedentes   procesales,  y;

II CONSIDERACIONESLEGALES:

El  Código de  Procedimiento   Civil  de  6 de  agosto   de  1975,   elevado   a rango de Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997, aplicable en la materia,    en merito a la facultad remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal de Trabajo.

Al presente, está en plena vigencia el Código Procesal Civil (CPC), que  establece en su disposición segunda, la abrogatoria el Código de  Procedimiento Civil, determina a su vez en la disposición transitoria sexta,   que: "Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y en casación, se aplicara lo dispuesto en el presente Código".

En merito a ello, corresponde aplicar el art. 274 en relación al  art. 277-I del CPC, para realizar el examen de admisibilidad, respecto al recurso de casación objeto de análisis.

III  ANALISIS  DE ADMISIBILIDAD:

En  aplicaci6n  de  la normativa   citada,    se establece  lo siguiente:

1.- Se verifica que el recurso, para la procedencia de la concesión del recurso de casación, cumplió con el plazo previsto por ley; es decir dentro de los ocho días que establece el art. 210 del Código Procesal de Trabajo, cumpliendo a cabalidad el art. 274-1-1 del CPC.

2.- Respecto a la identificación de la resolución recurrida; se percibe que en el contenido de la fundamentación del recurso, identifica el Auto de Vista N° 91, pero no así la fecha ni su foliación, además, el mencionado Auto lo impugna mediante recurso de apelaci6n, ya que conforme el art. 268 de la Ley Nº 439, (RECURSO   CONTRA EL AUTO DE VISTA).  "Contra el fallo segunda instancia procede el recurso de casación en los casos previstos en este Código". Por lo que en este punto al ser confusa su pretensión, al plantear un recurso de apelación ante un Tribunal de Casación, no cumple con lo establecido en el art. 274-I-2 de la misma ley adjetiva civil.

3.- Por último, analizando detenidamente el recurso de casación contenido en el  escrito   cursante a fs. 220 a 221, la recurrente no tomó en cuenta lo siguiente:

Que la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, ha establecido que el Recurso de Casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una “cuestión de responsabilidad entre la Ley y sus infractores”, pudiendo presentarse como Recurso de Casación en el fondo, Recurso de Casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el art. 274.3 del Código Procesal Civil (CPC), en tanto se cumplan los requisitos establecidos, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 274 del CPC.

Por otra parte,  los Recursos de “Casación en el fondo” y “Casación en la forma", si bien aparecen avenidos, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del Recurso de Nulidad en la forma, es decir, cuando la  resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean  motivo de nulidad  por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC,  señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando  se plantea en la forma, la intenci6n es la nulidad de obrados, con o sin reposici6n, como dispone el art. 274.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

Así también, se debe tomar en cuenta que conforme ha señalado el Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes, de manera que lo resuelto por la autoridades jurisdiccional debe responder precisamente a lo solicitado por las partes, no es posible inferir, suponer o adivinar lo que quiso decir la parte actora, pues "el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral y contencioso­ administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso  penal}, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades  especiales para separarse de ellas ... los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una Sentencia, cuyo alcance y contenido estaría delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos".

Corresponde aclarar que el alcance del art. 25 del Código Procesal Civil, está vinculado con la falta, de oscuridad o ausencia de la ley y no al caso  de ausencia de carga argumentativa de la demanda;  es  decir, de razones claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes con base en los hechos en que se fundare, que en el caso es inexistente y con datos erróneos que no pueden ser considerados y menos aún, resueltos por este Tribunal so pena de vulnerar gravemente no únicamente el deber de congruencia sino también, el derecho a la seguridad jurídica de las partes procesales, previniendo emitir un fallo ultra petita (mas allá de lo pedido por la parte), extra petita (algo diferente a lo solicitado) o infra o citra petita (otorgando menos de lo pedido).

En el caso presente, a) en la suma del memorial consigna "INTERPONGO RECURSO DE APELACION CONTRA EL AUTON°  91", correspondiendo señalar recurso de casaci6n en la forma, en el fondo o en ambos; b) los argumentos de su recurso van dirigidos a una supuesta inconstitucionalidad  del Auto N° 91 y de la Ley 321, lo que no se enmarca a una fundamentación para interponer un recurso de casación, es decir, que no identifica si la resolución impugnada le causo agravios de fondo o de  forma y; c) concluye solicitando en su petitorio: "el cumplimiento de la Sentencia 654 de 10 de noviembre de 2017, y se proceda con su reincorporación con sueldos devengados y sea con la condenación de costas procesales".

Además, de todos estos errores percibidos en el presente escrito,  se denota una total ausencia de carga argumentativa, que no puede pretenderse que el juzgador supla tal deficiencia y deba "adivinar" la pretensión del actor, aspectos que definitivamente al margen de ser confusos e inentendibles, van muy lejos del cumplimiento a  lo establecido en el art. 274-1-3 de la norma citada.

Por todo lo expuesto, se concluye que no se ha dado cumplimiento con los requisitos exigidos en el art. 274-I numerales 2 y 3 del CPC.

POR  TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 277-I y Disposición Transitoria Sexta ambos del CPC, declara IMPROCEDENTE el recurso cursante de fs. 220 a 221, interpuesto por Amalia Olmos Mejía, en consecuencia, se tiene por ejecutoriada el Auto de Vista N° 91 de 21 de septiembre de 2018, emitido por la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante a fs. 217.

Regístrese,  notifíquese y cúmplase,