TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                               

AUTO SUPREMO Nº 752

Sucre, 13 de diciembre de 2018.


DATOS DE LAS PARTES Y  DEL PROCESO.

Expediente                            : 416/2017

Demandante            : Alfonso Prudencio Guerrero.   

Demandado                    : Constructora Pretricevic S.A. 

Tipo de Proceso                    : Pago de Reintegro de Beneficios Sociales.

Resolución Impugnada    : Auto de Vista Nº 31/17 de 24 de febrero de

                                           2017.

Relatora                          : Magistrada María Cristina Díaz Sosa.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Alfonso Prudencio Guerrero cursante de fs. 537 a 539 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 31/17 de 24 de febrero de 2017, pronunciado por la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante a fs. 534 a 535 vta.; el Auto Supremo No 416-A de 14 de septiembre de 2017 de fs. 554 y vlta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y: 

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia:-
Tramitado el proceso laboral por pago de reintegro de beneficios sociales seguido por Alfonso Prudencio Guerrero en contra de la Constructora Petricevic S.A. (COPESA), el Juez Cuarto de Trabajo y S.S. en suplencia legal del Juez Tercero de Trabajo y S.S. de La Paz, emitió la Sentencia Nº 003/2016 de 7 de enero de 2016, que cursa a fs. 494 a 563, declarando probada la excepción perentoria de prescripción y probada la excepción de pago documentado, y consecuentemente, improbada la demanda de fs. 100 a 103, subsanada a fs. 107-108.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación por Alfonso Prudencio Guerrero de fs. 505 a 510, la Sala Social Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 31/17 de fecha 24 de febrero, cursante a fs. 534 a 535 vta., confirmando en su integridad la Sentencia Nº 003/016 de 7 de enero.

Ante la determinación del Auto de Vista, Alfonso Prudencio Guerrero, interpone recurso de casación en el fondo, y por memorial de fs. 541 a 544 vta., la empresa Constructora Petricevic S.A. (COPESA) contesta el recurso interpuesto, consecuentemente, el Tribunal de Alzada emitió el Auto Nº 201/2017 SSA-III de 2 de agosto de 2017, de fs. 545, que concedió el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Acusa que, el Auto de Vista recurrido conculca todas las disposiciones legales referidas al régimen jurídico de la prescripción, ya que los últimos pagos realizados al trabajador datan del 2 de marzo de 2007 y el certificado de trabajo es de fecha 23 de febrero de 2007, y que indicaría textualmente que el trabajador prestó sus servicios hasta el día 23 de febrero de 2007, por lo que el contenido del inciso B) del tercer considerando del Auto de Vista recurrido, resulta ser más que una mera falsedad, para forzar la viabilidad del instituto jurídico de la prescripción extinta, además de no considerar y pasar por alto otros puntos que fueron objeto del recurso de apelación.

Que, en el memorial de demanda se adjuntó Certificado de Trabajo, lo cual demostró que prestó servicios en la empresa demandada hasta el 23 de febrero de 2007; y que respecto a las últimas papeletas de pago también presentadas en calidad de prueba preconstituida a la demanda, los últimos pagos realizados por el empleador fueron el 2 de marzo de 2007, razón por lo cual el trabajador recién podía hacer valer sus derechos de cobro a partir del 2 de marzo de 2007; por lo que se estaría conculcando el art. 1493 del Código Civil, aplicable en forma supletoria a la especie, respecto a desde cuando opera la prescripción, si bien es cierto que el art. 120 de la Ley General del Trabajo y el art. 163 de su Decreto Reglamentario, establecían que los derechos de los trabajadores prescribían a los dos años, pero a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009, este término de la prescripción fue interrumpido por mandato y vigencia de la norma fundamental, ya que si los pagos realizados de forma incompleta referidos a sus beneficios sociales y derechos laborales son del 2 de marzo de 2007, es obvio que la prescripción operaba el 2 de marzo de 2009, ya que ésta se computa desde que el trabajador ha recibido el último pago de sus beneficios sociales y derechos laborales y no así desde que se extinguió la relación laboral; sin embargo, no tomó en cuenta el Tribunal de Apelación que la prescripción fue interrumpida el 9 de febrero de 2009, lo que también conculca el art. 123 de la Constitución Política del Estado. Por lo que al margen de existir violaciones legales, también existiría errónea apreciación y valoración de la prueba, motivos por demás establecidos en la Ley procesal para la admisibilidad del presente recurso de casación y en consecuencia casar el Auto de Vista recurrido.

También acusa violación del art. 150 del Código Procesal del Trabajo, toda vez que la jueza a quo no hubiera aplicado dicho artículo, ya que la empresa demandada nunca presentó los documentos que solicitaron de fs. 440-445, debiendo tomarlos en cuenta como presunción de verdad en sentencia, además el Ad quem no analizó que el A quo no la admitió  menos lo diligenció, de lo contrario la rechazo por encontrarse presentada fuera de termino, por lo que violó el art. 150 del Código Procesal del Trabajo y el Principio Constitucional Laboral de Inversión de la Prueba establecido en el art. 148-II, de la CPE. 

Concluye el fundamento de su recurso, solicitando se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda principal en todas sus partes, ordenando el pago de los beneficios sociales y derechos laborales demandados.

A fs. 541 a 544, cursa el memorial de contestación al recurso interpuesto por parte de la empresa demandada, que manifiesta lo siguiente:

Conforme se acredita en los dos finiquitos presentados como prueba cursantes en el expediente, la relación laboral de la empresa constructora demandada con el señor Alfonso Prudencio Gurrero, fue del 1 de octubre de 1989 al 28 de febrero de 1995 y del 13 de marzo de 1995 al 28 de febrero de 1999, es decir que durante 14 años jamás reclamó o solicitó el pago de algún beneficio social, pese a que conforme dicta el art. 120 de la Ley General del Trabajo, el demandante tenía dos años para solicitar el pago de cualquier beneficio social que creyera se hubiera omitido pagar.

Que, hace 14 años se hubiera pagado el total de sus beneficios sociales con la conformidad del demandante y la intervención del Ministerio del Trabajo, la inactividad procesal del demandante dio lugar al transcurso de tiempo establecido por Ley para que opere la prescripción de la obligación. Para hacer valer el instituto jurídico de la prescripción deben concurrir una serie de presupuestos y en este caso conforme se estableció en sentencia y posteriormente en el Auto de Vista, se han cumplido todos; es decir, la inactividad y el transcurso del tiempo, haciendo viable la misma, con todos sus efectos jurídicos respecto a la supuesta obligación de ser cobrada.

En efecto, el art. 1493 del Código Civil, establece que la prescripción se computa o empieza a correr, desde el momento que el derecho ha podido hacérselo valer o desde que ha dejado de ejercerlo, en tal sentido, conforme a los finiquitos Nº 68454 y Nº 130575, que acreditan su conformidad en el pago de beneficios sociales, el demandante concluyó su relación laboral con la empresa demandada el 28 de febrero de 1999, momento desde el cual comenzó el computo del plazo de dos años para hacer valer derechos de beneficios sociales pendientes si es que así lo consideraba hasta el 28 de febrero de 2001, empero jamás reclamó o solicitó el pago de beneficio social alguno a COPESA, habiendo transcurrido superabundantemente el plazo para perseguir su derecho laboral si es que existiría.

Por otra parte sin que signifique el reconocimiento de otra relación laboral con el señor Prudencio, se debe aclarar que, de los argumentos expresados por el demandado que solicita se le paguen beneficios del 1º de diciembre de 1988 hasta el 23 de febrero de 2007, éstos ya habrían prescrito de igual forma, en observancia del art. 120 de la Ley General del Trabajo, toda vez que el pago final de su finiquito que concluyó la relación laboral con la Asociación Accidental AG-COPESA-MINERVA fue pagado y cobrado en fecha 31 de enero de 2007.

Concluye, solicitando se declare infundado el recurso interpuesto, y consecuentemente quede firme y subsistente la Sentencia Nº 003/2016 de 7 de enero y el Auto de Vista Nº 31/17 de 24 de febrero.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

Así formulado el Recurso de Casación por Alfonso Prudencio Guerrero y la respuesta al recurso, se establece que la problemática traída en casación, se refiere a la interpretación y aplicación del Instituto de la Prescripción, con relación a la prueba que determinó su procedencia, en tal sentido se tiene:

La Constitución Política del Estado, establece en su art. 48, la imprescriptibilidad de los derechos laborales, beneficios sociales y reintegros no pagados; al respecto el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido una línea jurisprudencial, a partir del Auto Supremo Nº 85 de 10 de abril de 2012, mediante la cual ha concluido que, al haber ingresado en vigencia la CPE, en fecha 07 de febrero de 2009,  dicha data marca un punto para verificar actos interruptivos de prescripción a la operatividad de la misma. El art. 48. IV de la CPE., dispone: "...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles...", Ley Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, siendo que la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa conforme al art. 410.II; sin embargo al encontrar contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales, con lo normado por el art. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la CPE, por lo tanto, la aplicación de lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, y 163 de su Decreto Reglamentario, sólo se reserva para aquellos casos en los que el cómputo de los 2 años se haya producido y consumado antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la norma fundamental, en cuanto a la retroactividad de la ley.

En tal sentido, es necesario considerar lo establecido en el art. 120 de la LGT, que establece: “Las acciones y derechos provenientes de esta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, determinación que es aclarada por el art. 163 de su Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo, que indica: “Las acciones y derechos emergentes de la Ley que se reglamenta se extinguirán en el término de dos años, a partir de la fecha en que nacieron”(las negrillas fueron añadidas…).  

En ese contexto, se tiene que acorde a lo acusado por el recurrente, la determinación del Juez A quo al declarar probada la excepción perentoria de prescripción confirmada en apelación por el Tribunal Ad quem, estaría respaldada en base a documentos consistentes en la Planilla de Finiquito de fs. 147  y el Aviso de Baja del asegurado demandante de fs. 157; sin considerar estos tribunales de instancia, que también consta en obrados, pruebas preconstituidas que fueron presentadas por el demandante a momento de la interposición de la demanda, las que demostrarían que no operó la prescripción como determinó el Juez de primera instancia, estando así su demanda fuera de los alcances de los efectos de la prescripción; por lo que los derechos pretendidos no estarían vigentes para ser atendidos.

El fundamento del Auto de Vista recurrido, que confirmó la decisión asumida en la sentencia respecto a la prescripción del derecho del actor al pago del reintegro de sus beneficios sociales, se circunscribió íntegramente en los dos años de plazo establecidos en el art. 120 de la LGT y art. 163 de su Decreto Reglamentario, para que el demandante pueda reclamar el derecho que persigue, teniendo como base para el inicio del cálculo de la prescripción las fechas que consignan en las documentales ahora reclamadas por el recurrente (Finiquito y Aviso de Baja del Asegurado), y que al ser ambos de fecha 31 de enero de 2007, no superaban contando dos años más a la fecha de vigencia de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero de 2009, a la luz del art. 123 de la misma norma suprema, lo que generó la prescripción de los derechos solicitados en la demanda.

Si bien consta en obrados, las documentales reclamadas en apelación y en el presente recurso, las que fueron presentadas por el demandante al momento de la interposición de la demanda, consistentes en un Certificado de Trabajo (fs. 21), y Recibos de Pago a favor de Alfonso Prudencio Guerrero, (fs. 22 a 95), no se desconoce la legalidad de los mismos; empero, cada una de estas por sí sola no evidencia de forma idónea la continuidad de los servicios prestados: primero la documental de fs. 21, consiste en un certificado que por una parte hace referencia al trabajo realizado desde el 1º de febrero de 1999 hasta el 23 de febrero de 2007; pero por otra se refiere a las características principales de la obra, como longitud, topografía, montos de los contratos, tipos de estructuras, viaductos, puentes, plataformas, medios puentes, túneles subterráneos, muros de contención, etc., desnaturalizando la esencia principal de una certificación de trabajo, cual es simplemente certificar el tiempo trabajado, aun así este certificado se contradice con el que cursa a fs. 20 que consigna como fecha de ingresa ya no el 1º de febrero de 1999, sino el 30 de julio de 2003, aspecto que pone en duda la veracidad de estos certificados. Segundo: sobre los Recibos de Pago emitidos por la mencionada empresa que consignan la fecha de 2 de marzo de 2007, por el pago de haberes y el pago de un plus, es el propio demandante que en su recurso de casación, en el último párrafo de la primera hoja en su reverso que cursa a fs. 537 vta., reconoce que esos pagos de 2 de marzo, son incompletos y concernientes a beneficios sociales y derechos laborales, por lo que no prueban continuidad de servicios a esa fecha, máxime si a continuación el recurrente afirma que el cómputo de prescripción corre a partir del último pago de sus beneficios y derechos sociales, refiriéndose a esa fecha.      

Se debe considerar que tratándose de una demanda por el pago de reintegro de beneficios sociales y derechos laborales, donde el fundamento principal de esta demanda es el pago incompleto de dichos conceptos que figuran en el finiquito de liquidación cursante a fs. 147, donde muestra como fecha de retiro al 31 de enero de 2007 y en su reverso como fecha de suscripción el mismo día, además firmado por el propio demandante y visado por el Ministerio de Trabajo.

Por otro lado de fs. 437 a 439 vta., cursa el Estado de Ahorro Previsional de la AFP Futuro de Bolivia, la que en su página Nº 439 refiere sobre el último periodo cotizado de la gestión 2007, al mes de enero, pasando luego en la casilla inmediata posterior a agosto de la gestión 2012, lo que denota que en la gestión 2007 el demandante  sólo trabajó para la Empresa demandada hasta enero de 2007, lo cual corrobora la fecha de ruptura de la relación laboral existente hasta ese momento.

En ese contexto conforme al art. 120 de la Ley General del Trabajo y el art. 163 de su Decreto Reglamentario, se originó el derecho del demandante  cuando se prescindió de sus servicios, vale decir al 31 de enero de 2007 independientemente del momento que se realizó el pago, que fue el 15 de febrero de 2001 o los posteriores pagos,  por lo que el punto de partida para el cómputo de los dos años para que opere la prescripción fue a partir del 31 de enero de 2007, prescribiendo a los dos años de ello o sea al 31 de enero del 2009, antes de la vigencia plena de la nueva Constitución Política del Estado, que es de fecha 7 de febrero del 2009; aclarando que no puede considerarse las documentales consistentes en certificado y boletas de pago y plus, para el cómputo de la prescripción, por no ser éstas las que configuran la fecha del hecho generador del derecho, como erróneamente considera el demandante.         

Por lo que, se establece que el Tribunal de Alzada al haber confirmado el fundamento que declara en Sentencia probada la excepción perentoria de prescripción, realizó una correcta valoración de la prueba aportada por las partes, aplicando e interpretando correctamente las señaladas normas legales.

Finalmente se debe recordar que la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los jueces de instancia, e incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establecía el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, ahora art. 271.I  del Código Procesal Civil que textualmente señala: “…Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”. Fíjese que la disposición citada expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos, que a su vez demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, lo que en el recurso que motiva autos, no sucedió.

Por lo referido, se evidencia que el Auto de Vista se ajusta a derecho, no siendo evidente lo alegado en el Recurso de Casación planteado, por lo que corresponde resolver la causa en la forma prevista en el art. 220-II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo..

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere el art. 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la Alfonso Prudencio Guerrero; cursante a fs. 537 a 539, de actuados. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.