TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 751

Sucre, 13 de diciembre de 2018

DATOS DEL PROCESO

Expediente                                : 420/2017-C

Proceso        : Contencioso

Demandante        : Beimar Nelson Saravia Altuzarra

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita

Magistrada Relatora                : Dra. María Cristina Díaz Sosa 

VISTOS:

La demanda contenciosa cursante de fs. 47 a 51 vta.; auto de 31 de julio de 2017 de fs. 54 a 55 vta., recurso de reposición, auto de 11 de agosto de fs. 61, Auto Supremo Nº 420-A de Admisión del recurso; antecedentes del proceso y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Auto definitivo.-

Que tramitado el proceso contencioso, la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emitió el Auto Definitivo de 31 de julio de 2017, de fs. 54 a 55 vta., que rechazó in limine la demanda contenciosa de fs. 47 a 51 vta.

Contra dicha resolución, Beimar Nelson Saravia Altuzarra interpone recurso de reposición de fs. 57 a 59 vta., que mediante Auto de 11 de agosto de 2017, resolvió no ha lugar la reposición.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Beimar Nelson Saravia Altuzarra, interpuso recurso de casación de fs. 63 a 66, en el que acusó:

Que interpone el recurso extraordinario de casación contra el Auto de 11 de agosto de 2017, manifestando que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotagaita, debe cumplir sus fines del servicio comprometidos con el desarrollo social o institucional, donde las relaciones contractuales y obligaciones con particulares, tiene carácter taxativo.

El Auto de 31 de julio de 2017, que rechazó in limine la demanda alegó no haberse cumplido normas que permiten la tutela judicial efectiva a su favor, vulnerando derechos, deberes y garantías de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 24, 115. I, 117.I, 119.I, 120.I de la CPE, así como la Disposición Tercera del CPC, art. 2 de la Ley Nº 620, al no considerar que el demandado no incluyó en su POA la obra realizada, que no fue pagada, incurrió en enriquecimiento ilegítimo en desmedro de la empresa.

Concluyó señalando que se anule obrados hasta el Auto de 31 de julio de 2017, en aplicación del art. 275 del CPC y se ordene la admisión de la demanda contenciosa. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS LEGALES

Previamente es necesario aclarar la diferencia entre autos interlocutorios simples y definitivos, por lo que debemos señalar que los autos interlocutorios simples son resoluciones que deciden las cuestiones incidentales suscitadas durante la tramitación del proceso; según Eduardo J. Couture, es “un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho”; dirimen cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal y se resuelven con apoyo de fundamentación, pueden ser revocados o sufrir mutaciones de oficio a instancia de parte; solo son apelables en efecto devolutivo y/o diferido según el caso específico a ser resuelto, sin recurso ulterior, lo que significa que la Resolución de segunda instancia que resuelve la apelación no admite recurso de casación.

En cambio, los autos interlocutorios definitivos son Resoluciones que cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible de hecho y de derecho la prosecución del proceso; ponen fin al proceso y suspenden la competencia de la autoridad jurisdiccional, consiguientemente no son revocables ni susceptibles de reposición por el mismo Juez; admiten recurso de apelación directa en el efecto suspensivo.

En ese mismo sentido, el Auto Supremo Nº 380/2013 de 22 de julio de la Sala Civil, ha señalado que el Tribunal Constitucional a través de la SC 0343/2005-R, de 12 de abril, refirió, que: “…todo auto que no ponga fin al litigio y trate del proceso mismo y no del derecho discutido en él, constituye un auto interlocutorio simple, de manera que podrá ser objeto de reposición bajo alternativa de apelación en caso de negativa, o sea que tendrá que ser interpuesto dentro de los tres días de la notificación, conforme determina el art. 116 del CPC”, criterio que concurre en la SC 0636/2003-R de 9 de mayo, señalando: “Que, en este sentido, los Autos Interlocutorios simples -que no se presentan en el caso de examen- pueden ser revocados o sufrir mutaciones de oficio o a instancia de parte conforme determina el art. 189 CPC, además, pueden ser objeto de reposición, según lo previsto por el art. 215 CPC, pero no de apelación ni de recurso de casación…”.

El art. 5 de la Ley Nº 620 señala: “I.        Contra la resolución que resuelva el proceso contencioso, procederá el Recurso de Casación, conforme a lo siguiente: 1.        En los procesos contenciosos tramitados en las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas de los Tribunales Departamentales de Justicia, los Recursos de Casación serán resueltos por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia…” (las negrillas son añadidas)

Aplicación en el caso concreto

De los antecedentes del proceso, se tiene que mediante Auto Definitivo de 31 de julio de 2017, de fs. 54 a 55 vta., el Tribunal ad quem rechazó in limine la demanda contenciosa de fs. 47 a 51 vta, contra la que el recurrente interpuso recurso de reposición de fs. 57 a 59 vta., resuelto mediante Auto de 11 de agosto de 2017, declarando “no ha lugar la reposición”.

Ahora bien, el recurso de casación de fs. 47 a 51 vta. señala de manera textual: “En  tiempo y forma oportuna vengo a interponer el Recurso Extraordinario de Casación en la forma, contra al Auto de 11 de agosto de 2017,..”, es decir que la resolución que impugna el recurrente es el Auto de fs. 61, que no se constituye en un auto definitivo sino en un auto interlocutorio simple de mera tramitación y substanciación, a través del cual solo se desestima una reposición y por tal motivo no es revocable ni susceptible de casación conforme el art. 5 de la Ley Nº 620, que en su parágrafo I.1, establece que  solo procede el recurso de casación contra la “resolución que resuelva el proceso contencioso”, y en el caso de autos se considera como resolución definitiva al Auto de 31 de julio de 2017, emitido por la Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí de fs. 54 a 55 vta., que rechazó in limine la demanda contenciosa y no así el Auto de 11 de agosto de 2017 de fs. 61.

En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial tiene el deber de revisar de oficio las actuaciones procesales, disposición legal que encuentra relación con el art. 106. I del Código de Procesal Civil, que dispone: “La nulidad podrá ser declarada dé oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”

En consecuencia, por las consideraciones realizadas, no se apertura la competencia de este Tribunal de casación para considerar el recurso planteado, corresponde emitir Resolución en la forma previsto por el art.  106.I del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el Auto de concesión del recurso de fs. 67, disponiendo que sea el Tribunal ad quem quien ejerza la facultad prevista en el art. 274.II.2 del CPC.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.