TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 750

Sucre, 13 de diciembre de 2018

Expediente                  : 421/2017

Demandante                   : Royer Ribera Justiniano

Demandado                    : La empresa constructora VASTOK Ltda.

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, de fs. 152 a 153, interpuesto por la empresa constructora VASTOK Ltda., representada por Ángel Aguilera Rivero, contra el Auto de Vista N° 190 de 18 de noviembre 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 148 a 149; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Royer Ribera Justiniano contra la empresa recurrente; el Auto de 9 de agosto de 2017, que concedió el recurso (fs. 157); el Auto Supremo Nº 421-A de 20 de septiembre de 2017 (fs. 167), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Royer Ribera Justiniano, y tramitado el proceso, el Juez Septimo del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 351 de 23 de septiembre de 2015, cursante de fs. 130 a 133, declarando probada en parte, la excepción perentoria de pago opuesta de fs. 87 a 88; y, probada en parte la demanda de fs. 7 a 8, y subsanada fs. 11; disponiendo que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs.4.872,64.- (cuatro mil ochocientos setenta y dos 64/100 bolivianos), por concepto de aguinaldo adeudado de la gestión 2013.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el demandante solicitó aclaración, complementación y enmienda, que fue absuelta por el Auto de 23 de octubre de 2012, de fs. 136; a su turno, la empresa demandada interpuso recurso de apelación, cursante a fs. 139; que fue resuelto por el Auto de Vista 190 de 18 de noviembre 2016, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de fs. 148 a 149, confirmando en todas sus partes la Sentencia de primera instancia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa demandada, formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 152 a 153, señalando lo siguiente:

Mediante el memorial de demanda y de aclaración de la misma, el actor, estableció claramente como pretensiones, el pago de sueldos devengados correspondientes a un mes y medio de trabajo, del mes de noviembre y medio mes de diciembre del año 2013; y, el pago del segundo aguinaldo y su sanción por incumplimiento de esa gestión. Contra estas solicitudes se opuso excepción perentoria de pago, acompañando el finiquito que cursa a fs. 81, que acredita el pago de beneficios sociales del demandante, también se demuestra que la relación laboral concluyó el 31 de octubre de 2013, antes de la publicación de D.S. Nº 1802 de 20 de diciembre de 2013, por lo que no le corresponde al actor el pago del segundo aguinaldo en sujeción a la RM 774/13, que reglamenta su pago.

Pese a lo manifestado, el Juez a quo, determinó el pago de Bs.4.872,64.- por duodécimas de aguinaldo de 11 meses y 14 días de la gestión 2013, en forma ultra petita, al no haber sido demandado este concepto, en razón a que el mismo fue pago oportunamente, hecho confesado por el demandante que indica que en el año 2013 se retiró voluntariamente y la empresa la indemnizo por los años de servicio; por lo cual, existe un error de hecho, el no valorarse en su real dimensión legal, la prueba de descargo de fs. 86, que demuestra el pago de beneficios sociales; aplicándose en forma indebida la Ley de 22 de noviembre de 1950, al determinarse el pago del aguinaldo en duodécimas, cuando está comprobado el pago de los beneficios sociales del actor.

El Tribunal de alzada, considera que la Sentencia ha establecido las razones y fundamentos legales, con expresa cita de las leyes aplicables al caso, otorgando el pago del derecho laboral en cumplimiento del art. 202 inc. a) del Código Procesal del Trabajo (CPT), incurriendo en un error de hecho en la valoración de la prueba de descargo de fs. 86, al suponer que sería simulado, el pago de tres meses, porque se constató el trabajo de 5 años, 9 meses y 4 días, pero como manifiesta el actor en su demanda, la empresa VASTOK Ltda., se dedica al rubro de la construcción, y los contratos se suscriben hasta la conclusión de la obra o trabajos específicos, no existiendo ninguna obra en el historial de la empresa que haya durado 5 años o más, por lo cual, a la conclusión se pagaban los beneficios, en este caso el actor se retiró voluntariamente ante de que la obra concluya, demostrándose por la prueba de fs. 86, que se cancelaron los beneficios sociales que le correspondían, en los cuales está incluido el aguinaldo del demandante, razón por la cual este aspecto no fue reclamado en la demanda.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita, se case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda interpuesta, con costas.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en el fondo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Conforme al art. 17-I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los tribunales superiores  tienen la facultad de revisar las actuaciones procesales que lleguen a su conocimiento, a objeto de verificar el cumplimiento de los plazos y leyes que regulan el trámite correcto de los procesos y a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en su tramitación, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, la nulidad de obrados de oficio, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, la legalidad o la seguridad jurídica, haciéndose insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, por el tribunal superior.

Asimismo, la nulidad constituye una medida de última ratio, de tal modo que su aplicación deberá reservarse para casos excepcionales, como instrumento para la corrección o reposición de un acto carente de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; o bien, cuando un acto de tal naturaleza sea en evidencia agraviante a las bases elementales del sistema jurídico, tal situación hace patente lo inmerso en el art. 3 num. 1 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), norma que imponía a los jueces y tribunales el deber de “cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, lo que incumbe sin duda, no solo a un mandato del legislador ordinario, sino involucra el propio objeto del proceso, que es la vía para “la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, tal cual lo señalaba el art. 91 de aquella norma adjetiva, estableciéndose que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, en su art. 90.

Estos aspectos que comprenden una correcta e imparcial tramitación de los procesos, están reiterados en el Código Procesal Civil, que en su art. 5, establece: “Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros, determinándose en su art. 6 la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y reconociéndose entre los principios que rigen la tramitación de los procesos, el de la legalidad, citado en el art. 1 num 2) del CPC-2013: “La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley; a partir de ello entonces, se comprende que las normas procesales sean de cumplimiento obligatorio, por ser ellas de orden público y por tanto tener el suficiente vigor de afectar aquel orden en caso de un eventual incumplimiento o transgresión de grave afectación.

Sobre este aspecto, Gonzalo Castellanos Trigo, en “Código de procedimiento civil: comentado, concordado, doctrina, jurisprudencia, legislación comparada” señala: “se prioriza el orden público y la relación con facultades indelegables que se vinculan con la recta administración de justicia; por tanto, la advertencia de actos irregulares que manifiestan inobservancia de disposiciones de carácter obligatorio, como la constitución de los presupuestos fundamentales para la Litis o el desarrollo efectivo del proceso, autorizarían a declarar de oficio, las nulidades encontradas, siempre que se cause indefensión a las partes, con el fin de eliminar los riesgos de un proceso inválido; ahora, la doctrina procesal reconoce, ciertas condiciones que hacen viable y justifican la decisión de oficio por parte de los jueces y tribunales, de entre ellas la exigencia de que la causal que origine la nulidad sea manifiesta en el propio acto, es decir, la justificación de la nulidad no debe hallar respaldo en otros actos; y, que el acto anulado deba estar directamente e indisolublemente relacionado a la controversia del proceso; de manera tal que la decisión de nulidad no se halle discrecionalmente dispuesta al arbitrio de la autoridad que juzga.

En autos, conforme se puede apreciar de la Sentencia emitida el Juez a quo, señala en el punto 7 de sus “hechos comprobados”, en su última parte que: “…en cumplimiento al Art. 3.II del D.S. Nº 1802 de fecha 20 de Noviembre de 2.013 con relación al D.S. Nº 229 de fecha 21 de Diciembre de 1.994 es así le corresponde: Duodécimas de aguinaldo Bs.4.872,64.-” (textual), posteriormente en la indica Sentencia, en el titulado de “hechos improbados” en el punto 1, se señala: “Se tiene como Hecho Improbado que le corresponda el pago de Segundo Aguinaldo en el monto de Bs.5.248,80; por cuanto el trabajador finalizo su relación laboral en fecha 14 de Diciembre del 2013 y conforme Autos el Derecho de doble Aguinaldo corresponde del 20 de Dic., antes solo Duodécima de Aguinaldo” (textual);  en el decisorio de la Sentencia, se declara probada en parte la demanda, disponiendo en la liquidación efectuado un pago de Bs.4.872,64.- por concepto de  “duodécimas de aguinaldo (gestión 2013)” (textual).

Conforme a estos antecedentes se evidencia que la determinación asumida por el Juez de la causa, no es clara ni precisa, dando a entender que se otorga el segundo aguinaldo, al hacer referencia (sin fundamentación alguna) a la norma que establece este derecho, el D.S. Nº 1802 de 20 de noviembre de 2013, relacionándolo al caso, solo haciendo referencia del art. 3-II de este decreto supremo; y por otro lado, establece como hecho improbado que le corresponda al actor el pago del segundo aguinaldo, sobre el monto de Bs. Bs.5.248,80.-, por haber finalizado su relación laboral el 14 de diciembre de 2013, antes de eso solo le correspondería en duodécimas; con estas apreciaciones se pueden asumir, con una interpretación favorable del trabajador de la Sentencia, que le corresponde el pago en duodécimas del segundo aguinaldo; cuando esta resolución debe contener aspectos claros, precisos y específicos sobre los derecho que se niega o se otorgan a favor del trabajador, conforme a derecho corresponda, sin que se necesite realizar ningún tipo de interpretación sobre la decisión asumida en Sentencia; así también, en la parte resolutiva en la liquidación realizada no se aclara si el monto determinado a favor del actor, corresponde al segundo aguinaldo (con una correcta denominación de segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”) de la gestión 2013 o si se está determinando un pago del aguinaldo de la gestión 2013, al haberse podido evidenciar en el transcurso del proceso que este derecho laboral le corresponde al actor.

Ante esta imprecisión, conforme a los antecedentes procesales, el demandante solicitó aclaración, complementación y enmienda, por memorial a fs. 135, emitiendo el Juez de instancia, el Auto de 23 de octubre de 2015, a fs. 136, ratificando la Sentencia Nº 351 de 23 de septiembre de 2015, estableciendo que no corresponde la complementación y enmienda solicitada, pero se señala en el indica Auto que: “se encuentra la compulsa de las pruebas y la fundamentación legal con cita de disposiciones legales aplicables al caso de autos efectuados por el suscrito en cuanto a que no corresponde pago del segundo aguinaldo ni sanción; ya que solo corresponde duodécima de aguinaldo de 11 meses y 14 días. Por lo que no corresponde la complementación y enmienda solicitada…” (textual); por lo cual, sin llegar a establecer una aclaración o complementación, al considerar que son claros los fundamentos y la determinación en Sentencia, asume una posición, indicando que no le corresponde al actor el pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, y sino en duodécima de 11 meses y 14 días, la cancelación del aguinaldo de la gestión 2013; pero, conforme se consideró precedentemente, en la Sentencia en el punto 7 de “hechos comprobados”, se determina que le corresponde duodécimas de aguinaldo en cumplimiento del art. 3-II del D.S. 1802, normativa que regula el pago del aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”.

Conforme a las consideraciones precedentes, se evidencia que la determinación asumida por el a quo, no es precisa, ni específica, siendo deber del Juez efectuar un estudio minucioso y sustentado de la causa, y explicar de manera precisa y coherente las consideraciones por las que asumió su determinación y especificar en forma clara que es lo que se determinó, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, en el marco de un debido proceso, en el que se observe además la pertinencia y congruencia entre los hechos, las pretensiones y la decisión, resolviendo todos los aspectos expuestos por las partes; no llegando a cumplirse en la determinación asumida por el a quo, la valía que debe tener toda Sentencia respecto de su contenido, al respecto el art. 202 del CPT, determina: “La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados y constará de una parte considerativa y otra resolutiva, y se dictará conforme a las reglas siguientes: a) En la parte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación suscinta de la acción intentada y los puntos materia de la controversia. En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en los hechos. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso. b) En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiera el auto de prueba previsto en el Artículo de este Código bajo responsabilidad. c) La parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud, de donde se colige que la Sentencia emitida contiene el nombre de las partes, una relación sucinta de la demanda y de la contestación, se realiza una relación de los hechos y alegatos, como se hace referencia a las pruebas, así como los fundamentos legales; sin embargo, no adopta una determinación clara y precisa, sobre qué derecho se está otorgando al demandante en la liquidación efectuada, pudiendo generar confusiones en la ejecución de esta determinación, o interpretaciones que no permitan una materialización de la resolución, incumpliéndose con el inciso c) del art. 202 de la norma procesal laboral, precepto de orden público y de cumplimiento obligatorio, conforme se analizó al exordio, como establece el art. 5 del CPC-2013, descrito anteriormente: “Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros, y por tanto no pueden ser omitidas en la sustanciación del proceso; esta omisión acarrea el incumplimiento o inaplicación de normas procesales previstas, para la emisión de la sentencia, y vulnera el debido proceso.

Este hecho conlleva a una falta de motivación y debe considerarse que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, y la motivación debe permitir vislumbrar con claridad las razones de  la decisión asumida, especificando claramente los derechos otorgados o negados, para que estos puedan llegar a su materialización a través de la ejecución de la determinación; consiguientemente, teniendo en cuenta los nuevos criterios rectores que sobre el acto procesal de anulación de obrados rige en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado y que exige, conforme manda el Art. 17 de la LOJ, que la nulidad del acto que se acusa como vicioso esté específicamente positivada; no es menos evidente que, como en el caso en análisis, cuando se presentan situaciones que alteran el debido proceso y la consiguiente la determinación específica de lo que se pretende establecer en la Sentencia respecto de los hechos controvertidos, se hace imperiosa la anulación de obrados para salvar esta situación pues, no se trata de la búsqueda de la perfección procesal sino, en definitiva, se trata de una correcta forma de impartir justicia habida cuenta que no se cumplió con norma expresa, añadida precedentemente, dejando en incertidumbre al administrado, respecto de los alcances de la Sentencia.

Las consideraciones efectuadas, exime a este Tribunal analizar los demás fundamentos del recurso de casación, pues en función de lo expuesto, se asume un criterio anulatorio hasta la enmienda del error anotado y de la omisión incurrida; correspondiendo fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c) del CPC-2013, en concordancia con el art. 106-I del mismo cuerpo legal, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA la Sentencia Nº 351 de 23 de septiembre de 2015, cursante de fs. 130 a 133, y su Auto Complementario  de 23 de octubre de 2015, de fs. 136; disponiendo que el Juez a quo, de manera inmediata y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nueva Sentencia, estableciendo en forma clara, precisa y específica, cuales son los derechos que le otorgan o niegan al demandante, observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, y dando pleno cumplimiento al art. 202 del CPT.

No siendo excusable el error cometido, se impone la multa de Bs. 350.-  (trecientos cincuenta 00/100 Bolivianos) al Juez de la causa, por la manifiesta inobservancia.

Se recomienda mayor atención en cuanto la aplicación de la normativa y emisión de sus resoluciones, para evitar nulidades que afecten la celeridad del proceso.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-