TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 745

Sucre, 12 de diciembre de 2018


Expediente:                410/2017

Materia:                        Social

Demandante:                Elías Flores León

Demandado:                Adolfo Panoso Salguero

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 80 a 81 vta., interpuesto por Adolfo Panoso Salguero, contra el Auto de Vista Nº 59 de 22 de mayo de 2017 de fs. 76 a 77 vta., emitido por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por Elías León Flores, representado legalmente por Wilfredo Rivero Mendoza contra el recurrente, el Auto Supremo Nº 410-A de 12 de septiembre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 98 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 05/16 de 02 de marzo de 2016 (fs. 59 a 62), declarando probada en parte con costas, la demanda de fs. 13 a 15 de obrados, por haberse probado la existencia de derechos laborales pendientes de pago a favor de Elías León Flores representado por Wilfredo Rivero Mendoza; por lo que, corresponde el pago de derechos y beneficios sociales por concepto de desahucio, indemnización, vacación de 1 año, 3 meses y 19 días, aguinaldo doble gestión 2012, bono de antigüedad gestión 2012, más la multa del 30 % del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, en la suma de Bs.17.802,8.- (Diecisiete mil ochocientos dos 78/100 Bolivianos), monto que deberá cancelarse dentro del tercero día de ejecutoriada esta sentencia, más la actualización establecida por el art. 9 del DS Nº 28699, que deberá ser calculada en ejecución de sentencia.

Auto de Vista:

En grado de apelación, promovido por Adolfo Panoso Salguero (fs. 64 a 65), la respuesta al mismo (fs. 68 y vta.), resuelto mediante Auto de Vista Nº 59 de 22 de mayo de 2017 de fs. 76 a 77 vta., emitido por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó la Sentencia apelada de fs. 59 a 62 de fecha 02 de marzo de 2016. Con costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, Adolfo Panoso Salguero, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fs. 80 a 81 vta., recurso que fue respondido por el demandante mediante memorial de fs. 84 a 85 vta., con los argumentos expuestos en el mismo, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 410-A de 12 de Septiembre de 2017 (fs. 98 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

II.1. Argumentos del recurso de casación:

1) Denuncia errónea aplicación de los arts. 3.h), 66 y 150 de la Ley General del Trabajo (LGT), toda vez que en la normativa en cuestión, si bien la carga de la prueba corresponde al empleador, en autos el recurrente, ha logrado desvirtuar los extremos de la demanda, con la siguiente probanza en juicio: la confesión provocada del demandante a fs. 50 y la declaración del testigo de cargo de Ramber Flores Peña a fs. 40 de obrados.

Por cuanto, el Tribunal si aplicaba correctamente los arts. 3.h), 66 y 150 de la LGT, debía establecer que el demandado cumplió a cabalidad con la carga de la prueba porque mediante la confesión provocada del contrario (fs. 50), enervó la prueba de cargo, logrando que el trabajador confiese que se dedica a la agricultura en un fundo continuo que es de su propiedad, por cuanto no existe relación de dependencia exclusiva con su demandado, derecho propietario que es refrendado por la declaración del testigo Rember Flores Peña (fs. 40), ratificando que el demandante es un pequeño propietario agricultor.

2) Continúa indicando que el extremo del Juzgador en Sentencia, de que la carga de la prueba es obligatoria al demandado a presentar un documento público de no trabajador, documento en el que también debía establecer que no ganaba Bs.1.600.-, por lo que el Tribunal de apelación debió colegir, que la carga de la prueba no puede llegar a límites intolerables e ilegales, como la presentación de documentos imposibles e inexistentes, imposibilitando al demandado, ejercer su garantía constitucional al legítimo derecho a la defensa en juicio; que si bien existe la presunción de verdad, existen las presunciones estatuidas en el art. 182.f), g) y h) del Código Procesal del Trabajo (CPT) que para que se habiliten requieren por el trabajador, su demostración y en el presente caso el demandante no presentó ni el más mínimo principio de prueba que pueda habilitar las presunciones.

Petitorio:

Finaliza solicitando que en aplicación de lo normado por el art. 210 del CPT, concordante con el art. 271 del Código Procesal Civil (CPC-2013), impriman el trámite de rigor, y el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Respectiva Social, case el Auto de Vista recurrido, ordenando a la Sala recurrida, dicte nuevo Auto de Vista, en el que declare improbada la demanda.

II.2. Contestación al recurso:

El mencionado recurso de casación, generó que Wilfredo Rivero Mendoza, en representación legal del actor Elías León Flores responda al mismo mediante memorial de fs. 84 a 85 vta., señalando lo siguiente:

1) En cuanto a la errónea aplicación de los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; señala que la Sentencia de manera justa, valoró las pruebas ofrecidas como las documentales, testificales y confesión judicial provocada del demandado; cursa a fs. 42 el cuestionario de preguntas y las respuestas de fs. 43 a 44, el cual a la pregunta 1 responde que le otorgaba un emolumento por el cuidado de la casa; a la pregunta 2 responde, si yo le ayudaba con ese dinero; a la pregunta 3 responde, que le dio a los 2 años que ingresó $us.1.500.00.- y posteriormente el año 2012, le otorgó Bs.8.400.00.-; a la pregunta del Juez A quo, responde desde junio de año 2.005 hasta octubre del año 2013 y quien si él cuidaba el inmueble; por lo que no existe errónea aplicación a los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT.

Señala también que, las preguntas 1 y 2 del cuestionario de confesión provocada para el demandante a fs. 49, la realiza la parte patronal, asumiendo éste que el demandante trabajaba para el demandado, a fs. 50 y vta., la respuesta a la pregunta 1 es clara, manifiesta que no trabajó en otra empresa; la respuesta a la pregunta 2 manifiesta categóricamente que si tiene una pequeña propiedad de 2 hectáreas; y la respuesta a la pregunta 3 explica por qué la parte patronal le entregó la suma de dinero indicada.

Respecto a la solicitud de aclaración; indica que trabajaba como encargado en la siembra y cosecha, controlaba a la gente, él les daba tareas para que realicen hasta la venta, él mismo despachaba el camión y cuando hubo participación de un tercero menonita que utilizó maquinaria de siembra y cosecha, él ayudaba en la fumigación, mantenía limpio el alambrado, por lo que, no existe ninguna contradicción como manifiesta la parte demandada.

2) Respecto a la resolución impugnada, punto 2, responde que la parte demandada sigue mintiendo al manifestar que en la confesión provocada de fs. 50 de obrados, el demandante habría manifestado que se dedica a la agricultura en el fundo continuo, y que el Juez a quo valoró correctamente las declaraciones, por lo que no existe ninguna violación.

3) Referente a la resolución impugnada, punto 3, señala que al no existir igualdad entre el trabajador y el empleador, éste tiene la carga de la prueba como dispone los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; sin embargo, la parte demandante aportó como prueba documental presentando documentos consistentes en citaciones y acta de audiencia realizadas por la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, y que dentro de la audiencia la parte demandada manifiesta que en el año 2013 le habría entregado la suma de Bs.8.400.00.-, asimismo se tiene de fs. 43 a 44 la confesión provocada de la parte demandada, en las que tanto el Juez a quo como el Juez ad quem, valoraron las pruebas en conformidad de lo dispuesto en los arts. 3.h), 66, 150 y 179 del CPT, por lo que no existe ninguna valoración errónea que se pueda valorar.

Continúa señalando que, la justa y objetiva Sentencia Nº 05/16 de 02 de marzo de 2016 y el justo y objetivo Auto de Vista Nº 59 de 22 de mayo de 2017, concuerdan con los principios que sustentan el derecho laboral protegido que se encuentra en el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), asimismo, concuerda con los principios del art. 3.g), h) y j) del CPT, que hace referencia a la protección y la tutela de los derechos laborales; la inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador y la libre apreciación de la prueba; por lo que, el Juez valora las pruebas en amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios anunciados.

Finaliza manifestando que tanto el Juez de primera instancia, como los Vocales de la Sala Social recurrida, de manera fundamentada y conforme a los arts. 150, 158, 197, 198, 199 y 200 del CPT, y 261.III (no especifica de que norma) emitieron la respectiva Sentencia y el Auto de Vista basados en el principio de primacía de la realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo entre partes, actuando correctamente y aplicando en forma debida el derecho objeto del proceso y no encontraron violación a la Ley o que las mismas fueran aplicadas falsamente o erróneamente como sostiene el recurrente.

Petitorio:

Concluye solicitando se emita Resolución, por la cual declaren infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y sea con las condenaciones de costas.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 80 a 81 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

La estructura y diseño normativo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), brinda especial y trascendental protección a las y los trabajadores, considerados como principal fuerza productiva de la sociedad; tal es así que, los principios procesales inherentes al Derecho Laboral han sido elevados a rango constitucional, así el art. 48 de la CPE, señala que: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles (sic) (las negrillas son añadidas).

En ese sentido, el art. 46.I. de la CPE establece que toda persona tiene derecho: “2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”; asimismo, el parágrafo II del referido artículo, señala que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

Asimismo, dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, en los arts. 4 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, 3.g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente; por consiguiente, queda expresamente claro que corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este alto Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley, conforme lo establecen los arts. 60, 3.j), 158 y 200 CPT.

Fundamentos del caso concreto:

En base a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de casación de fs. 80 a 81 vta, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Preliminarmente resulta necesario señalar que, el principio protector en materia laboral, cuya finalidad es la aplicación de la norma y/o situación más beneficiosa al trabajador, descrito ut supra, tienen su razón de ser en la desigualdad originaria entre las y los trabajadores para con el empleador, basada no simplemente en una distinta condición económica o distinta condición de recursos existente entre ambos, sino en la posición y rol que los primeros ocupan dentro del trato jurídico que los vincula, a saber, la relación de subordinación y dependencia. “La indicada desigualdad del trabajador” se corrige, por tanto, también mediante normas procesales, cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material y que no pueden recibir una valoración negativa, en la medida en que la desigualdad procesal establecida aparezca razonablemente ligada a tal finalidad y sea proporcionada a la desigualdad material existente.

En tal dirección, por el principio de protección enunciado, que condensa uno de los principales postulados mismos del Derecho del Trabajo, considerando también a los principios de primacía de la realidad y de verdad material consagrados en los arts. 48.II y 180.I de la CPE; respectivamente, son de aplicación en favor del trabajador por la desigualdad entre las partes explicada líneas arriba y de una revisión de los datos del proceso; cabe señalar que, respecto al agravio del numeral 1) del recurso de casación referido a errónea aplicación de los arts. 3.h), 66 y 150 de la “LGT” (sic) siendo lo correcto señalar del “CPT” porque con las pruebas de fs. 50 y 40 de obrados hubiese logrado desvirtuar los extremos de la demanda; resulta necesario hacer notar a la parte demandada la importancia del principio de inmediación vinculado a la apreciación y valoración de la prueba en el proceso laboral en primera instancia, en segunda instancia y en recurso de casación.

Uno de los principios que orienta el desarrollo del proceso laboral, es el principio de inmediación que se encuentra recogido en el art. 3.b) del CPT; por el cual es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.

Como consecuencia de ello, en materia de valoración probatoria se debe observar lo que establece el art. 3.j) desarrollado de manera más amplia en el art. 158 del CPT, que consagra el principio de libre apreciación de la prueba; por el cual se asigna esta tarea jurisdiccional al Juez de instancia, quien bajo un principio de inmediatez ha recibido y conocido la prueba (las negrillas son añadidas).

En segunda instancia, de igual manera, se observa el principio de inmediación en la producción y valoración probatoria cuando el art. 261.III del CPC-2013, aplicable al caso por expresa remisión del art. 208 del CPT, establece, que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el Tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, podemos establecer que la actividad probatoria y su valoración, es una atribución privativa de los jueces de instancia, por cuanto son ellos, los que de manera directa reciben la prueba, la viven, la aprecian y como consecuencia de ello, es su obligación asignarle un valor probatorio negativo o positivo.

Mientras que en el recurso de casación, no se observa el principio de inmediación en la práctica de la prueba, porque al ser un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta se encuentra inicialmente vedada, por cuanto no existe producción o diligenciamiento de prueba en esta instancia final, al ser atribución privativa de los Jueces de instancia conforme al principio de inmediación y censurable en casación; a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho, siendo imprescindible que dicho error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demostrare aquel error, conforme lo establece el art. 271.I del CPC-2013 (las negrillas son añadidas).

En ese sentido, en el presente caso, el recurrente no ha cumplido estos requisitos de contenido y no señala cual es el error de hecho o derecho en la valoración y apreciación de la prueba por el Juez de Instancia y el Tribunal de apelación, por cuanto en el presente caso, el recurrente solo se limitó a indicar en el recurso interpuesto, que las “literales de fs. 50 y 40 demuestran lo contrario”, sin existir otro argumento técnico jurídico que justifique su reclamo, no resultando suficiente al caso, la denuncia de errónea aplicación de los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT y alegar que demostró desvirtuar los extremos de la demanda, sin establecer en que consiste la indebida apreciación de la prueba; olvidando que la casación (sea de forma o de fondo), una vez más se asemeja a una demanda nueva de “puro derecho”, en la que no solo debe identificarse las normas vulneradas, sino, explicarse en qué consiste la infracción, violación, falsedad o error en la interpretación y/o aplicación de las mismas y no simplemente alegar errónea aplicación de los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT y peor aún, que en el presente caso no consideró que tales disposiciones legales se refieren que en materia laboral la carga de la prueba corresponde al empleador y él es el que tiene la obligación de aportar todas las pruebas necesarias, para desvirtuar los hechos afirmados por la parte trabajadora demandante o por el contrario, demostrar sus propias afirmaciones; más no establecen tales articulados, nada respecto a la apreciación de la prueba como erradamente fundamenta en su agravio la parte recurrente en el recurso interpuesto.

De lo expuesto, corresponde finalizar que, en cuanto a la valoración probatoria de las fs. 50 y 40 reclamada; cabe señalar que, en materia laboral el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, por lo que, forma libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) del mismo cuerpo legal y como aconteció en el presente caso tanto por el Juez de primera instancia como por el Tribunal ad quem (ver fs. 54 a 62, y fs. 76 a 77 vta.); por lo que, no resulta evidente el reclamo de la parte empleadora en cuanto este aspecto.

Respecto al agravio del numeral 2) de su recurso, referido a que la carga de la prueba no puede llegar a límites intolerantes e ilegales como la presentación de un “documento público de no trabajador” exigido por el Juzgador en Sentencia; cabe señalar que, de una revisión minuciosa tanto de la Sentencia Nº 05/16 de 02 de marzo de 2016 y el Auto de Vista Nº 59 de 22 de mayo de 2017; en ninguna parte de sus fundamentos legales sostienen que el demandado debía presentar un documento público de no trabajador del actor Elías Flores León y que tal documento también debía establecer que no ganaba Bs.1.600.-, (ver fs. 59 a 62, y fs. 76 a 77 vta.); por lo que no resulta evidente que haya existido vulneración a su derecho a la defensa en juicio, como erradamente alega la parte demandada en su recurso de casación de fs. 80 a 81 vta., más aún, porque de una revisión de los datos del proceso, se evidencia que el empleador ahora recurrente, hizo uso de todos los recursos que la Ley le franqueaba para recurrir los aspectos que creía que le causaban agravios a sus derechos.

Por último, respecto a las presunciones a las que alega la parte demandada; cabe señalar que, la doctrina reconoce la existencia de presunciones efectuadas por los jueces (estimadas en inferencias lógicas basadas en la experiencia y la ciencia, que son parte del sistema de valoración probatoria de la sana crítica y permiten aceptar como verosímil la relación entre un hecho y sus efectos); y, las presunciones legales, cuyo resultado se halla predestinado por el legislador en la norma (sustantiva o adjetiva). La legislación laboral boliviana, hace referencia a aquellos dos tipos de presunciones dentro del art. 179 del CPT, manifestando: “La presunción legal que no admite prueba contraria forma plena prueba y exime de toda otra, y la presunción judicial admite prueba en contrario”.

El art. 182 del CPT, condensa un importante número de presunciones legales, relacionadas -entre otras- a los salarios devengados en los tres últimos tres meses de servicios se presumirá en favor del trabajador; salvo prueba en contrario, (inc. f); demostrado el pago del salario ordinario correspondiente a seis meses consecutivos según la periodicidad convencional, reglamentaria o acostumbrada en la respectiva empresa, se presumirá salvo prueba en contrario, que los salarios ordinarios por el tiempo anterior han sido igualmente pagados (inc. g); y demostrado el pago de las remuneraciones de las vacaciones por el último año de trabajo, se presumirá salvo prueba en contrario, que están pagadas las causadas por los años anteriores (inc. h); por lo que, se evidencia que esta estructura jurídica responde a la aplicación práctica del principio de protección del trabajador consagrado en los arts. 48 de la CPE y 4 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, dentro de un plano que procura equidad entre las partes, y ante el supuesto de impago de beneficios sociales correspondiente al trabajador de una relación laboral con la parte empleadora; sin embargo, las presunciones laborales inscritas en los incs. f), g) y h) del art. 182 del CPT, son desvirtuables a través de prueba en contrario como ya se explicó, de lo que cabe recalcar que realizada ésta y ante su falta de suficiencia, una determinada presunción que por Ley acepte prueba en contrario, está irremisiblemente condenada a ser declarada con lugar y las cuales, corresponden al empleador desvirtuar conforme a la carga de la prueba descrita ut supra, y que se estipulada en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT.

Por lo consiguiente, la parte empleadora, en el presente proceso no cumplió con la carga de la prueba, la cual era obligatoria para su persona y facultativa para Elías Flores León, conforme disponen los ya citados arts. 3.h), 66 y 150 del CPT; es decir, que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba correspondiendo a Adolfo Panoso Salguero desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador y como acertadamente estableció el Auto de Vista recurrido y preliminarmente la Sentencia de primera instancia; por lo que, no resulta evidente tampoco este agravio de la parte recurrente.

En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el art. 220.II del CPC-2013, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 80 a 81 vta., interpuesto por Adolfo Panoso Salguero, contra el Auto de Vista Nº 59 de 22 de mayo de 2017 de fs. 76 a 77 vta., emitido por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos conforme los arts. 221 y 223.V.2 del CPC-2013.

Se regula honorarios del profesional abogado en Bs.1.000.-, que mandará pagar el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.