TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 743

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente:                408/2017-S

Materia:                        Social

Demandante                Ana María Quispe Espejo.

Demandado:        Wilfredo Velasco Alvarado y Yovany Guiver Paz.

Distrito:                        Santa Cruz.

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 116-118 vta., promovido por Horacio Aguirre Villanueva, en representación de los demandados Wilfredo Velasco Alvarado y Yovany Guiver Paz, en mérito al Testimonio de poder especial y bastante Nº 463/2016 de 14 de julio, otorgado ante la Notaría Nº 81 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la Notaria Silvia Ruth Subirana Castellón (fs. 76 y vta.), contra el Auto de Vista Nº 64 de 08 de junio de 2017, emitido por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido a demanda de Ana María Quispe Espejo, contra los recurrentes, el Auto Nº 140 de 21 de agosto de 2017 de fs. 124, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 408-A de 08 de septiembre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 134 y vta.) y todo lo que ver conviene y se tuvo presente:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Tramitado el proceso laboral, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 587 de 02 de diciembre de 2016, cursante a fs. 90 a 93 de obrados, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 14 a 16, con costas, disponiendo que los demandados Wilfredo Velasco Alvarado y Yovany Guiber Paz, cancelen a la actora la suma de Bs. 7.081,10 (Siete mil ochenta y un 10/100 Bolivianos) por concepto de desahucio, indemnización por 8 meses y 6 días, aguinaldos dobles de las gestiones 2014 y 2015, en duodécimas (3 meses y ocho días y 4 meses y 16 días respectivamente), salario retroactivo por la gestión 2015, un salario pendiente y la multa del 30%.

Auto de Vista:

En apelación promovida por el apoderado de los demandantes, conforme consta el escrito de fs. 96 a 98 de obrados, por Auto de Vista Nº 64 de 08 de junio de 2017, cursante de fs. 111 a 112 vta., emitido por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se CONFIRMÓ en su integridad la Sentencia apelada Nº 587/2016 de 02 de diciembre, con costas.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el apoderado de los demandados Horacio Aguirre Villanueva, por escrito de fs. 116 a 119, interpuso recurso de casación en el fondo; recurso que previa respuesta presentada por la demandante, por escrito de fs. 123 y vta., fue concedido ante este Tribunal mediante Auto Nº 140 de 21 de agosto de 2017, cursante a fs. 124, por ello mediante Auto Supremo Nº 408-A de 08 de septiembre de 2017, emitido por este Tribunal (fs. 134 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, se pasa a considerar y resolver el recurso:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Argumenta que el auto de vista impugnado incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, citando para ese efecto, parte del Auto Supremo Nº 409/2015 de 08 de junio, emitido por este Tribunal, referido a la inexistencia de la tasa legal de la prueba en materia laboral y que el error de hecho debe estar acreditado, mediante documentos auténticos y que en el caso presente, se ha presentado la literal de fs. 54 a 55 de obrados, que demuestra que la relación laboral, no es del 10 de septiembre de 2014 al 16 de mayo de 2015, reconocida en la sentencia y confirmada en el auto de vista, sino que comenzó el 12 de septiembre de 2014, aspecto que vulneraría la verdad material, el debido proceso y la igualdad de las partes, incurriéndose en errónea aplicación de los arts. 66, 150 y 155 del Código Procesal del Trabajo (CPT), además de falta de congruencia en el fallo, respecto de los argumentos de la apelación, conforme estableció el Auto Supremo Nº 561/2015 de 14 de agosto y la SCP 860/2012 de 20 de agosto.

Por ello, considera que se debe aplicar la solución jurisprudencial establecida en el Auto Supremo Nº 105/2011 de 28 de abril, cuando no existe suficiente y prueba clara respecto de la fecha de inicio de la relación laboral, utilizando la apreciación razonada, valorando las pruebas a la luz de la sana crítica, el art. 165 del CPT. y los Autos Supremos Nº 249 de 14 de mayo de 2013 y 634 de 18 de octubre de 2013, cuando afirma el primero, que si bien la carga de la prueba corresponde al empleador; empero, el trabajador que busca el reconocimiento de un derecho, por el principio de buena fe y lealtad procesal, debe aportar pruebas suficientes con la finalidad de demostrar la verdad objetiva, que le dé certeza al juzgador de la realidad en la confrontación del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación; y el segundo, alude al principio de igualdad laboral, por el que no puede perderse de vista que la aplicación de este principio debe ser relativo y racional, evitando un absolutismo que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos procesales y sustantivos del empleador y menos soslayar la adecuada apreciación de las pruebas aportadas.

Consiguientemente refiere que en aplicación del art. 265 del Código Procesal Civil (CPC-2013), los fallos de alzada deben circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y al no existir esa pertinencia en el caso presente, debe considerarse esas reclamaciones en la resolución a ser emitida.

Petitorio:

Afirma que se tenga interpuesto en tiempo y forma oportuna el recurso de casación, para que luego de los trámites de segunda instancia se emita Auto Supremo, CASANDO, en parte el Auto de Vista, respecto de los puntos de derecho reclamados

Contestación al recurso:

La demandante, contestó al recurso de casación por escrito de fs. 123 y vta., afirmando que el recurso de casación constituye solo una dilación del pago de sus beneficios sociales, porque la fecha de inicio de la relación laboral se encuentra demostrada por declaraciones testificales, documentales y confesión, constituyendo la prueba alegada por el recurrente solo un listado de ingreso y salidas de personas, por el que se pretendió probar la discontinuidad de la relación laboral que ha sido desvirtuada, por lo que al no existir prueba tasada, debe desestimarse el argumento del recurso, con costas.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Doctrina aplicable al caso:

Para resolver el recurso de casación objeto de análisis, se deben analizar dos aspectos, el primero es que en el recurso de casación, se debe identificar de manera clara y concreta si se interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, el recurso de casación en la forma, tiene como finalidad determinar la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso, que se encuentren sancionadas con nulidad por ley y que conlleven la afectación del debido proceso, por errores in procedendo; mientras que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido o dejar sin efecto un Auto Definitivo, Sentencia o Auto de Vista, impugnados, al evidenciarse que los Jueces o Tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando; estos aspectos imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación presentado por la parte recurrente, explicando en qué consiste la violación, e identificando la normativa que considera fue omitida, infringida, vulnerada o aplicada erróneamente; y el segundo aspecto es que cuando se afirma que se incurrió en errónea apreciación de la prueba, se debe identificar el error de hecho o de derecho en el que hubiesen incurrido los jueces o tribunales al momento de emitir la resolución impugnada, errores que deben estar debidamente identificados en el escrito del recurso de casación, mediante documentos auténticos que cursan en el expediente y que demuestren de manera clara y precisa esos errores incurridos.

Fundamentación del caso concreto:

En el caso presente, ciertamente el recurrente argumentó la presunta errónea apreciación de la prueba, alegando la existencia de un error de hecho incurrido por el Juez a quo y reiterado por el Tribunal de alzada; sin embargo, en la parte final del recurso afirma que este último, no habría resuelto los argumentos contenidos en el recurso de apelación, alegando incongruencia en el fallo, aspecto que evidencia, una causal de nulidad o error in procedendo; empero, en todo el texto del recurso no se argumentó una causa clara de nulidad de obrados, evidenciándose que no se cumplió con la técnica recursiva para abrir la competencia de este Tribunal y resolver en la forma que solicita de manera implícita el recurrente; es decir, determinar la nulidad de obrados.

Por otra parte, respecto del fondo del recurso argumentado, es evidente que el documento de fs. 54 a 56 de obrados, certifica las fechas de ingreso y salida de la actora al inmueble donde ejercía sus funciones (Condominio Alejandría).

Según el texto de este documento, daría a entender la variación de la fecha de ingreso en dos días, respecto a lo afirmado en la demanda y reconocido en la sentencia y el auto de vista; sin embargo, esta diferencia, no evidencia claramente un error de hecho en la apreciación de esa prueba, puesto que conforme refiere el Juez a quo en la sentencia, la fecha de inicio de la relación laboral, se encuentra corroborada, tanto por documentos aparejados a la demanda, declaración testifical y confesiones prestadas por ambas partes; en mérito a ello, ese presunto error de hecho, por la omisión de apreciación de esa prueba, no es cierta, si en aplicación de los arts. 60 y 158 del CPT, el Juez, no se encuentra sujeto a la tarifa legal de a prueba sino que debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informa la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para obtener un fin prohibido por ley, advirtiéndose además que al existir suficiente prueba sobre este aspecto controvertido, no correspondía que el Juez a quo, ejerza la facultad contenida en el art. 155 del CPT, para ordenar más prueba de oficio.

Es decir, ciertamente la parte actora tiene la obligación de aportar pruebas para obtener el reconocimiento de sus derechos, conforme refiere la jurisprudencia citada en el recurso; sin embargo, esta carga no es absoluta, en mérito al principio de la inversión de la prueba consagrada  en los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT., por lo que evidencia que a quien correspondía demostrar el periodo de trabajo era justamente a los empleadores, prueba que si bien fue presentada en parte, (como son los documentos de fs. 54 a 56), pero que no desvirtuaron el conjunto de prueba complementaria presentada por ambas partes, que en mérito al principio de la crítica de la prueba y las circunstancias relevantes del proceso, establecieron que la relación laboral fue iniciada el 10 de septiembre de 2015, pese a la existencia de la única prueba contradictoria que da cuenta de ese presunto inicio el 12 del mismo mes y año, que además sólo evidencia el registro de ingreso a un inmueble y no del desempeño de la relación laboral propiamente dicha.

Por ello es que al advertir que no concurren tanto, los elementos necesarios para determinar la nulidad de obrados y como tampoco para casar el auto de vista recurrido, corresponde desestimar el recurso en aplicación del art. 220-II del CPC-2013, por la permisión de la norma remisiva, contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 116-118 vta., promovido por Horacio Aguirre Villanueva, en representación de los demandados Wilfredo Velasco Alvarado y Yovany Guiver Paz, contra el Auto de Vista Nº 64 de 08 de junio de 2017, emitido por la Sala en materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarándolo firme y subsistente, con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado patrocinante, en Bs. 1000, que mandará pagar el Juez a quo.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.