TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 742

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente:                407/2017-S

Demandante:                Nelson Joaquín Ríos Gareca

Demandado:                Empresa Unipersonal de Servicios Eléctricos “ALYA Servicios”.

Proceso:                        Pago de beneficios sociales y otros derechos

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 184 a 188 vta., interpuesto por Marcelo Oscar Claure Barrientos en representación de la empresa demandada “Ayla Servicios”, contra el Auto de Vista 65 de 22 de junio de 2017, cursante de fs. 167 a 178 vta., emitido por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales y otros derechos laborales, interpuesto por Nelson Joaquín Ríos Gareca, contra la empresa que representa el recurrente; el memorial de respuesta al recurso de fs. 194 a 196 de obrados, el Auto 144 de 25 de agosto de 2017, que concedió el recurso (fs. 197); el Auto Supremo Nº 407-A de 8 de septiembre de 2017 (fs. 207), por el que se declaró admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y otros derechos laborales por Nelson Joaquín Ríos Gareca y tramitado el proceso, el Juez del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal 1º de Camiri, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 6 de 02 de noviembre de 2016, cursante de fs. 143 a 144, declarando PROBADA en parte la demanda; disponiendo que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma de Bs. 26.967,90.- (Veintiséis mil novecientos sesenta y siete 00/100 Bolivianos); por conceptos de indemnización de un año, once meses y 17 días, aguinaldo de navidad (tres meses), desahucio por retiro forzoso, subsidio de lactancia por los meses de enero, febrero y marzo, conforme evidencia la liquidación inserta en su texto, detallado en la Sentencia indicada, ordenando además que el monto depositado en “fondos en custodia” acreditado de fs. 70 a 72, será descontado del monto total descrito.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, el demandante Nelson Joaquín Ríos Gareca, interpuso recurso de apelación, conforme consta el escrito de fs. 152 a 155; que previos los trámites de rigor, fue resuelto mediante el Auto de Vista 65 de 22 de junio de 2017, cursante a fs. 177 a 179 de obrados, pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el que ANULÓ en todas sus partes lo determinado en la Sentencia de 02 de noviembre de 2016, de fs. 143 a 148, dejando sin efecto hasta fs. 142 inclusive, disponiendo que se emite una nueva sentencia, sin costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la empresa de servicios eléctricos demandada AYLA Servicios”, formuló recurso de casación en el fondo conforme consta el escrito de fs. 184 a 188 vta., argumentando que:

El Auto de Vista recurrido, no exteriorizaron el por qué y el cómo han decidido anular en todas sus partes la sentencia apelada y simplemente se limitan a señalar que el Juez a quo, no ha puntualizado o expresado con claridad los medios probatorios para negar el pago de las horas, extras, vacaciones, reintegro salarial y otros ítems solicitados, incurriendo en violación de los principios rectores establecidos en el art. 180-II y 30 de la Ley Nº 025 e indebida aplicación del art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), efectuando un desglose sobre las pruebas cursantes en el expediente, respecto del pago de las horas extras, las vacaciones, el reintegro salarial y otros ítems objeto del proceso, transcribiendo partes de la resolución impugnada y observando esos argumentos, alegando que se violó el principio de verdad material y se incurrió en falta de fundamentación, al ser ésta genérica y no detallada, citando para ello jurisprudencia emitida por este Tribunal.

Petitorio.

Afirma que plantea recurso de casación en el fondo, solicitando que se conceda el recurso para que este Tribunal, case el auto recurrido, “…revoque el mismo y se confirme la sentencia en todas sus partes, con multa al tribunal infractor y costas a la parte contraria…”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

El recurso de casación es considerado como un medio de impugnación vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y se encuentra  dirigido a lograr que el máximo Tribunal ordinario, revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; la legislación prevé en el art. 270-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”.

En este recurso ya no corresponde la exposición de agravios, sino la acusación de infracciones legales, por cuanto a diferencia del juicio que expide el Tribunal de apelación; en casación, corresponderá prima facie establecer si el Tribunal ad quem incurrió o no, en infracción legal al momento de resolver la alzada; en ese entendido, corresponde al recurso de casación orientar sus argumentos a invalidar el Auto de Vista.

Fundamentación del caso concreto:

En el caso, la empresa recurrente, afirma que recurre de casación en el fondo, argumentando que el auto de vista, determinó anular la Sentencia, sin explicar de manera clara y concreta cuáles serían los argumentos que sustenta esa resolución, procediendo a desglosar todos los ítems presuntamente argumentados en esa resolución y que según el recurrente, estarían adecuadamente probados en el expediente y reconocidos en la Sentencia.

Sin embargo, el recurrente no ha considerado que conforme a las características de este medio de impugnación, quien recurre de casación, debe citar la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error, que considera hubiese incurrido el Tribunal de alzada, e indicar o relacionar la descripción de infracciones que se habría identificado en la determinación asumida por el Tribunal de alzada.

Tampoco advirtió el recurrente, que si el Auto de Vista es anulatorio, no podía recurrirse de casación en el fondo, si esa resolución no emitió resolución alguna sobre esa temática, tan solo argumenta que estaba resuelta adecuadamente la controversia por el Juez a quo en Sentencia.

Debe entenderse, que el recurso de casación en la forma busca como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por ley y que conlleven afectación del debido proceso, por errores de procedimiento o denominados in procedendo; mientras que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando; estos aspectos imperativamente deberán ser exteriorizados a través del recurso de casación en el fondo, por la parte recurrente, explicando en que consiste la violación, e identificando la normativa que considera fue omitida, infringida, vulnerada o aplicada erróneamente.

Ahora bien, en el recurso de casación formulado en el caso presente, se tiene que de manera general, señala que se habría vulnerado la verdad material, consagrado en los arts. 180 de la CPE y 30 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial; sin embargo, el recurrente, no impugna de manera concreta la resolución para que se la ANULE por falta de fundamentación en dicha determinación, aspecto que no puede establecerse de oficio, salvo que existiese una vulneración al orden público que en el caso presente, este Tribunal no encuentra; tan sólo advierte que existe una diferente forma de apreciar y considerar el conjunto de prueba aportada al proceso, por el Juez a quo, respecto del criterio vertido por el Tribunal ad quem y que en aplicación del art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), es incensurable en casación, al no existir prueba tasada.

Estas inobservancias, de ningún modo pueden suplirse por este Tribunal, sin que esta decisión implique negación del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y de otros derechos fundamentales, cuando estas conclusiones asumidas obedecen al propio desconocimiento y negligencia en que incurrió la parte recurrente a tiempo de formular el recurso de casación, omitiendo aplicar la técnica recursiva que existe este tipo de impugnaciones, deviniendo este recurso en infundado.

En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los motivos traídos en casación por la empresa demandada, corresponde dar aplicación al art. 220-II del CPC-2013, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 184 a 188 vta., interpuesto por Marcelo Oscar Claure Barrientos en representación de la empresa demandada “Ayla Servicios”, contra el Auto de Vista Nº 65 de 22 de junio de 2017, cursante de fs. 167 a 178 vta., emitido por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando su ejecutoria, con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado de la parte actora, en Bs. 1.000.- (Un mil 00/100 Bolivianos), que manda a pagar el Juez de primera instancia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-