TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 741

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente                        : 406/2017

Demandante                : Jorge Cleto Cruz Choque

Demandado        : Herederos de Máximo Salvatierra Rodríguez

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo interpuestos, el primero por Hugo Robles Ordoñez en representación legal de Jorge Cleto Cruz Choque, cursante a fs. 119 a 120 de obrados y el segundo por Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez, en su calidad de herederos de Máximo Salvatierra Rodríguez, cursante a fs. 123 a 125 vta. de obrados,  en contra del Auto de Vista Nº 98 de 18 de abril de 2017, pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el Auto Supremo No 51-A de 1 de Febrero de 2018 cursante a fs. 140 a 140 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso laboral por el pago de beneficios sociales seguido por Jorge Cleto Cruz Choque en contra de Julio César Salvatierra Montenegro, Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez, herederos de Máximo Salvatierra Rodríguez; la Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 45 de 22 de agosto de 2011, cursante a fs. 74 a 76 vta., declarando probada en parte la demanda, determinando que los herederos ab intestato de Máximo Salvatierra Rodríguez, cancelen a favor del actor conforme al siguiente detalle: Indemnización y desahucio,  la suma total de Bs. 27.283,33 (Veintisiete mil doscientos ochenta y tres 33/100 Bolivianos), más la multa del 30% y la actualización en UFV a calcular en ejecución de sentencia, conforme lo  establece el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.

Auto de Vista.-

Interpuestos los recursos de apelación cursantes a fs. 100 a 100 vta. y fs. 105 a 107, el primero por Hugo Robles Ordoñez en representación legal de Jorge Cleto Cruz Choque y el segundo por Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez, en su calidad de herederos de Máximo Salvatierra Rodríguez; la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista N° 98 de 18 de abril de 2017, cursante a fs. 117 a 117 vta., que revoca parcialmente la Sentencia Nº 45 apelada, de 22 de agosto de 2011 y por consiguiente determina que los demandados Julio César Salvatierra Montenegro, Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez, paguen los beneficios y derechos laborales del demandante por los siguientes conceptos: Indemnización, desahucio, aguinaldos, vacaciones y bono de antigüedad,  la suma total de Bs. 40.089 (Cuarenta mil ochenta y nuevo 00/100 Bolivianos).

Ante la determinación del Auto de Vista, Hugo Robles Ordoñez en representación legal de Jorge Cleto Cruz Choque y Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez, interponen recursos de casación en el fondo, con las contestaciones respectivas de contrarios, el Tribunal de alzada emite Auto Interlocutorio Nº 136 de 02 de agosto de 2017, concediendo los recursos interpuestos.

II: ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

Interpuestos los recursos de casación en el fondo, se tienen los siguientes argumentos:

1.- Del recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte actora Hugo Robles Ordoñez en representación legal de Jorge Cleto Cruz Choque.

El recurrente afirma que el Tribunal de alzada, al elaborar la liquidación final, no ha considerado el pago del bono de antigüedad conforme lo establece el art. 60 del DS N° 21060 de 29 de agosto de 1985, el cual determina una única escala para el pago de bono de antigüedad y fija que a partir del segundo año de trabajo el trabajador tiene derecho al pago de dicho derecho. Lo cual también repercute en el salario promedio indemnizable, pues el Tribunal de alzada, no ha considerado el bono de antigüedad en dicho concepto, y este error vulnera el art. 1 de la Ley de 9 de noviembre de 1940, ya que el salario indemnizable comprende el haber básico más el bono de antigüedad, lo cual también afecta sus derechos laborales del desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación.

Indica que otro aspecto observado es el relativo al salario mínimo nacional, el que asciende a Bs. 1805 según el art. 8 del DS N° 2748 de 1 de mayo de 2016, y no es Bs. 1830 como lo establecido en la liquidación elaborada por el Tribunal de alzada, lo que determina vulneración e incumplimiento del art. 8 del Decreto Supremo citado.

Por último el recurrente denuncia en el recurso de casación interpuesto, que en la liquidación realizada en el Auto de Vista impugnado, no se ha tomado en cuenta el pago de la multa del 30% del total a cancelarse como manda el art. 9.I.II del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, incluyendo el mantenimiento de valor.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que CASE el auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda, con imposición de costas y honorarios profesionales.

2.- Del recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandados Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez en su calidad de herederos de Máximo Salvatierra Rodríguez.

Los recurrentes acusan la vulneración a la garantía del debido proceso, reconocida en los arts. 115.II y 410.II de la CPE, y también alegan la vulneración al derecho a la defensa y a la igualdad, por cuanto consideran que se los hubiera dejado en una evidente indefensión, pues la notificación con la demanda fue practica en un domicilio que no era el suyo, por lo cual no fueron notificados de manera personal, extremo que fue reclamado de manera oportuna y que es causal de nulidad, sin embargo el proceso continuo, y con ello, se les privo de contestar y refutar los falsos e infundados argumentos contenidos en la demanda.

Agrega que nunca existió relación laboral entre el demandante y su padre, quien habría fallecido días antes de haber supuestamente despedido al actor; de igual manera alega que no se hubieren cumplido los plazos procesales.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que ANULE y/o CASE el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda, con imposición de costas y costos.

Los recursos de casación interpuestos, fueron contestados conforme cursa a fs. 123 a 125 vta. y a fs. 128 a 128 vta. de obrados, respectivamente.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES

DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

De la triple dimensión del debido proceso

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115.II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo  además como un derecho, conforme se tiene del art. 117.I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180.I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”. 

En esa línea la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, en relación a la importancia del debido proceso, haciendo mención a la línea jurisprudencial establecida por la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…”; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.

A ello, la SCP No 0043/2014 en referencia, concluye que bajo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso: “…no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material…”.

La fundamentación y motivación como componente del derecho al debido proceso.

Entre los componentes primordiales que rigen el debido proceso como derecho y garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los jueces que imparten justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, es necesario resaltar el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0682/2014 de 10 de abril, que señala: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.

Facultad revisora del Tribunal de Casación, ante la existencia de vicios procesales que implique vulneración al debido proceso.

El art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), prevé la nulidad de actos determinada por Tribunales, estableciendo que: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley"; esta norma debe ser entendida desde la nueva visión de impartir justicia pregonada por la Constitución Política del Estado, por ello los Jueces y Tribunales, al hacer uso de la facultad de revisión de las actuaciones procesales de oficio, deben circunscribir su labor sólo a aquellos asuntos previstos por Ley.

Corresponde entonces precisar que, la revisión de oficio no debe ser entendida como una potestad absoluta, sino que está limitada por factores legales que tienen incidencia en la trascendencia de la nulidad advertida, para ello el Juez o Tribunal antes de determinar la nulidad está obligado a efectuar un análisis del defecto advertido teniendo presente los principios procesales de especificidad o legalidad, trascendencia, la finalidad del acto procesal, protección, convalidación, conservación, y celeridad a efectos de no incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales de las partes.

Partiendo de dichos principios, debe entenderse que no todo vicio procesal por sí mismo constituye un defecto que necesariamente tenga como efecto la declaración de la nulidad de obrados, por el ello el Juez o Tribunal, frente a un acto procesal viciado, debe realizar un análisis de relevancia, partiendo no precisamente desde la perspectiva sólo del defecto advertido, sino esencialmente analizar si en el acto procesal existe un alejamiento ostensible de las formalidades procesales previstas por ley que como efecto tengan la vulneración de derechos y garantías constitucionales.

El art. 106.I del Código Procesal Civil prescribe “I La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso..”; por esta facultad el Tribunal de Casación está obligado a revisar si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, que tengan como efecto el desconocimiento de derechos fundamentales previstos por la Constitución Política del Estado como garantías judiciales a las partes, como el debido proceso y el derecho a defensa; norma legal que está estrechamente ligada a lo dispuesto por el art. 220.II Núm. 2 Inc. a) del adjetivo citado.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

Previo a la atención de los recursos de casación en el fondo, corresponde a este Tribunal ingresar a la revisión de las actuaciones procesales y en ese afán tenemos:

En antecedentes se observa que, Hugo Robles Ordoñez en representación legal de Jorge Cleto Cruz Choque, en conocimiento de la Sentencia de primera instancia formula recurso de apelación; bajo el fundamento de que al amparo del art. 13 de la Ley General del Trabajo, corresponde que se reconozca a su favor el pago de vacaciones, aguinaldo y bono de antigüedad, los mismos que fueran derechos consolidados a su favor por el solo hecho de haber trabajado.

Idéntica actitud procesal asumen los demandados Erika Salvatierra Montenegro y Marco Antonio Salvatierra Méndez, herederos forzosos de Máximo Salvatierra Rodríguez, quienes interponen recurso de apelación contra la Sentencia, en el cual denuncian la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, por cuanto afirman que se los hubiera notificado en un domicilio que no era el suyo, lo que provocó indefensión, por cuanto no se les permitió refutar los argumentos de la demanda, situación reclamada oportunamente; asimismo, manifiestan que nunca existió relación laboral entre su padre y el demandante, pues nuca existió relación de subordinación o dependencia, nunca estuvo sujeto a horario y tampoco percibía una salario mensual, pues el demandante tenía su propia actividad como tramitador de licencias, por lo cual era autónomo en sus actividades.

En mérito a los recursos de apelación interpuestos y a los fundamentos expuestos en los mismos, la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emite el Auto de Vista Nº 98 de 18 de abril de 2017, por el cual resuelve los recursos interpuestos tanto por la parte demandante como por la parte demandada, resolución de vista que cursa a fs. 117 a 117 vta., es decir que los fundamentos de la resolución de los recursos de apelación cursan en una sola hoja, por lo cual los mismos no necesitan ser condesados o resumidos, a los efectos de la presente resolución; teniendo que el fundamento del Auto de Vista de manera textual indica lo siguiente: “…la Juez a quo procedió de forma parcialmente correcta al no haber incluido en la liquidación de beneficios sociales los ítems relativos al pago de aguinaldos, vacaciones y bono de antigüedad que legalmente le corresponde al demandante al ser trabajador antiguo y que inexplicadamente no fueron incluidos; omisión que corresponde subsanar.”; y en relación al segundo recurso de apelación interpuesto por los herederos del demandando el Auto de Vista, precisa lo siguiente: “… Respecto a la apelación presentada por ERIKA SALVATIERRA MONTENEGRO Y MARCO ANTONIO SALVATIERRA MENDEZ, se advierte que los agravios expresados tiene pertinencia con cuestiones de índole procesal que debieron ser planteados oportunamente y apeladas en su caso; de manera que careciendo de competencia este Tribunal de alzada para pronunciarse sobre cuestiones no resueltas en sentencia, no corresponde emitir pronunciamiento al respeto. En lo pertinente a la cuestión de fondo los apelantes se limitaron a señalar en forma genérica que se violentaron sus derechos constitucionales señalando que los argumentos del demandante son falsos porque nunca existió relación laboral y que tenía su propia actividad de tramitador de licencias. Al respecto es necesario tener presente que en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba que impone al demandado empleador la obligación de probar que lo afirmado por el trabajador demandante no es cierto; obligación incumplida por los apelantes.”

Del análisis del Auto de Vista impugnado, y de la transcripción de los fundamentos anotados en el mismo, se puede constatar de manera inequívoca que el Tribunal de alzada, vulneró el derecho y la garantía del debido proceso, en su componente de la debida fundamentación y motivación, por cuanto el Tribunal de apelación en ningún momento y de ninguna manera resolvió de manera fundada y motivada los agravios denunciados por los apelantes en los recursos de apelación interpuestos, por cuanto solo se limitaron a realizar expresiones de aprobación a los argumentos y fundamentos expuestos por la Juez de instancia y de desaprobación de los argumentos expuestos por los demandados en el recurso de apelación, sin que conste argumento o fundamento que sostenga o justifique las expresiones de aprobación y desaprobación.

Este Tribunal, es consciente conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo, que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello, y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones y determinaciones que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

Sin embargo, conforme se tiene anotado en los fundamentos del Auto de Vista recurrido, si bien los vocales de Sala, expresan referencias afirmativas que demuestran aprobación de los fundamentos expuestos por la Juez de primera instancia, no exponen los fundamentos y los motivos por los cuales consideran que es procedente reconocer a favor del actor el pago de aguinaldos, vacaciones y bono de antigüedad o porque el Tribunal de alzada no tiene competencia para pronunciarse sobre cuestiones de índole procesal que no fueron planteadas oportunamente, cuando incluso los demandados en el recurso de apelación interpuesto afirman haber realizado el reclamo oportuno, o de igual manera porque el Tribunal de apelación, considera que los demandados incumplieron el principio de inversión de la prueba; sin que se haya realizado el mínimo esfuerzo intelectivo con la finalidad de exponer la motivación y el convencimiento al que se llegaba, y sin considerar que de conformidad con los arts. 3.j y 158 del CPT, nos encontramos en un sistema de libre convicción o sana critica en la valoración de la prueba, el cual exige con garantía del mismo sistema, la fundamentación de la resoluciones judiciales.

En el caso de autos, era necesario para satisfacer la fundamentación y la motivación, como elemento componente del derecho al debido proceso, que los Jueces de segunda instancia, expongan sus argumentos, citen la normas legales en los cueles se apoya su argumento, y de esta manera asegurar que la resolución judicial que se pronuncia, no se constituye en una decisión de hecho; en donde si bien los vocales, llegan a un cierto convencimiento en relación a los agravios denunciados, no son capaces de fundamentar y motivar dicho convencimiento, careciendo la resolución de vista pronunciada, de una debida fundamentación y motivación.

En ese contexto, es necesario dejar establecido que la falta de motivación y argumentación del Auto de Vista recurrido, torna arbitraria y autoritaria la decisión asumida por los de instancia, puesto que al revocar la sentencia y disponer el pago de nuevos derechos laborales, estos deben estar plenamente justificados con argumentos de hecho y derecho, que sean el sustento del decisorio y que demuestren el trabajo intelectivo de los Jueces de segunda instancia; al no haberse obrado de esa manera, se vulnera el derecho y garantía del debido proceso.    

Estos hechos, eximen analizar a este Tribunal los demás agravios del recurso de casación, que implican la consideración de aspectos de fondo, pues en función de lo expuesto, corresponde asumir un criterio anulatorio hasta que el Tribunal de alzada fundamenta y motive el fallo de segunda instancia; en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220.III.2. a) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, y con base en los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, ANULA OBRADOS hasta fs. 117 inclusive, es decir hasta el Auto de Vista Nº 98 de 18 de abril de 2017, debiendo la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y de manera inmediata, pronunciar nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución, bajo responsabilidad. Sin costas ni costos.

No siendo excusable el error que se observa en los vocales del Tribunal de alzada, se les impone una multa de Bs. 200.

Por Secretaría de Sala cúmplase lo dispuesto por el art. 17 Parágrafo IV de la Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.