TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 740

Sucre, 12 de diciembre de 2018


Expediente                        : 405/2017

Demandante                : Pedro Luis Becerra López

Demandado        : Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad

Materia        : Contencioso

Distrito                        : Beni

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad (GAMT), representado por Mario Suarez Hurtado cursante a fs. 171 a 173 de obrados, contra la Sentencia Nº 04/2017 de 20 de abril, pronunciada por la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa y Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; el Auto Supremo Nº 405-A de 8 de septiembre de 2017 a fs. 192 a 192 vta., que admitió el recurso, lo obrado en el proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES.

Sentencia.-

Tramitado el proceso contencioso seguido por Pedro Luis Becerra Suárez contra el GAMT; la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa y Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, emitió la Sentencia Nº 04/2017 de 20 de abril de fs. 164 a 169, declarando probada en parte la demanda contenciosa, sin la imposición de daños y perjuicios a la institución demandada y sin condenación de costas judiciales y honorarios profesionales.

Ante la determinación de la Sentencia, el GAMT representado por Mario Suárez Hurtado, interpone recurso de casación; con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de instancia emite Auto de 25 de Julio de 2017, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, el recurrente argumenta que la Sentencia de instancia, contiene violación a los arts. 173, 190, 192 Núm. 3), 775 a 781 del Código de Procedimiento Civil (1975), bajo los siguientes argumentos:

1.- La sentencia pronunciada en el proceso, no cumple con lo establecido en el art. 190 con relación al art. 192 Núm. 3) del Código Procedimiento Civil, toda vez que esta no atiende a las pretensiones o fundamentos facticos litigados, ya que no precisa de manera clara que parte de las pretensiones las declara probadas.

2.- El demandante no cumplió con los requisitos previos para presentar la demanda contenciosa; pues para ello, debió agotar la vía administrativa, vulnerando de esta manera la normativa establecida en el art. 775 a 781 del Código de Procedimiento Civil (1975).

3.- Se habría impuesto una medida precautoria de retención de fondos en contra de la entidad pública demandada en la suma de Bs. 48.000,00 (Cuarenta y ocho mil 00/100), sin solicitar previamente la caución a las resultas, con lo cual se infringió el art. 173 del Código Procedimiento Civil (1975).

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que ANULE totalmente la sentencia  o la revoque.

La parte demandante contesta el recurso interpuesto., conforme cursa a fs. 182 a 182 vta.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS y DOCTRINALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

1.- El principio de congruencia.

El principio de congruencia, doctrinalmente es entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “…el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53).

El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial.  

En relación a la congruencia externa e interna el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre ha razonado: “…en relación a la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”. 

2.- De los requisitos de la sentencia de primera de instancia, en los procesos de conocimiento.

El art. 190 del Código de Procedimiento Civil (1975),  de manera categoría establece: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado.”

Por su parte, el art. 192 de la misma Ley Adjetiva Civil, precisa: “La sentencia se dará por fallo y contendrá: 1) El encabezamiento, con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes y sus generales y objeto del litigio. 2) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda. 3) La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente. 4) El plazo que se otorgare para su cumplimiento. 5) El pronunciamiento sobre costas. 6) La imposición de multa en el caso de declararse temeridad o malicia por parte de los litigantes o profesionales intervinientes. 7) El lugar y fecha en que se pronuncia. 8) La firma del juez y la autorización del secretario o actuario con los sellos respectivos y el del juzgado o tribunal.”

En la actualidad estos requisitos fundamentales de la sentencia, han sido recogidos por el art. 213 del Código Procesal Civil, manteniendo su misma esencia.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió una violación a los arts. 173, 190, 192 Núm. 3), 775 a 781 del Código de Procedimiento Civil (1975); en merito a ello, se tiene lo siguiente:

1.- En relación a la supuesta violación del art. 190 en relación al art. 192 Núm. 3) del Código de Procedimiento Civil; denuncia que está vinculada a establecer si la sentencia pronunciada en primera instancia contiene o no en su parte resolutiva, decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda y sus pretensiones.

En ese sentido, en primera instancia corresponde precisar que al momento en que se interpone el recurso de casación que se resuelve, el Código Procesal Civil se encontraba en plena vigencia (6 de febrero de 2016); no obstante de ello, debe tenerse presente que en lo relativo a la forma de la sentencia y sus requisitos de contenido, debe aplicarse lo regulado por el Código de Procedimiento Civil (1975), norma de aplicación ultractiva para los procesos Contenciosos, en todo lo relativo a la estructura del proceso en sí; en consecuencia, este Tribunal considera que debe ingresar a resolver en la forma el recurso interpuesto.

En ese contexto, del análisis de los antecedentes del proceso, se tiene que Pedro Luis Becerra Suárez, interpone demanda contenciosa de cumplimiento de contrato, demanda que tenía 3 objetos procesales y/o pretensiones principales; el primero, que el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, cumpla con el contrato administrativo de “Alquiler de una excavadora por 80 horas para el apoyo a EMAUT en el Botadero Municipal” y cancele a su favor la suma de Bs. 48.000, el segundo, resarcimiento por daños y perjuicios, y el tercero, la restitución o devolución de la retención del 7%, por garantía de cumplimiento de contrato de obra.

Como efecto de las pretensiones del actor e incoado el proceso de referencia, la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa y Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, constituida como Tribunal de instancia, falla y en Sentencia de manera textual dispone lo siguiente: “…Declarando PROBADA EN PARTE LA DEMANDA Contenciosa de fs. 62 a 64 y vuelta de obrados interpuesta por: PEDRO LUIS BECERRA SUAREZ, contra EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD REP/MARIO SUAREZ HURTADO, sobre el cumplimiento de Contrato Administrativo “Alquiler de una excavadora por 80 horas para el apoyo de EMAUT en el botadero Municipal”. 1.- Sin imposición de daños y perjuicios a la institución demandada, por los fundamentos expuestos ut supra…”.

De la contrastación objetiva de las pretensiones deducidas por el actor y la parte resolutiva de la Sentencia pronunciada, que en este caso en particular pone fin al proceso en primera instancia, se puede establecer que la misma no cumple con la previsión del art. 192.3 del Código de Procedimiento Civil (1975), ya que la misma no contiene decisiones claras, positivas y precisas del objeto de la demanda, y por siguiente no declara el derecho de los litigantes, ya que conforme a los antecedentes anotados, se observa que de las 3 pretensiones demandadas, el Tribunal de instancia solo se pronunció en términos claros, positivos y precisos en relación a la imposición de daños y perjuicios en contra de la entidad pública demandada, pretensión que no fue concedida en Sentencia; mientras que en relación a las otras 2 pretensiones objeto de la demanda, vinculadas a obtener una respuesta clara, precisa y positiva de la Administración de Justicia, que obligue al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, a cumplir el contrato administrativo de “Alquiler de una excavadora por 80 horas para el apoyo a EMAUT en el Botadero Municipal” y cancele a su favor la suma de Bs. 48.000 y que obligue a la entidad pública proceda a la restitución y/o devolución de la retención del 7%, por garantía de cumplimiento de contrato, pretensiones que no merecieron pronunciamiento alguno en los términos referidos y que exige la norma y con ello vulneraron la normativa procesal citada.

Al efecto es necesario considerar que la sentencia como mecanismo procesal que resuelve el litigio en primera instancia en el proceso de conocimiento, debe ser declarativa de un derecho o  de una obligación de hacer o no hacer, es decir, debe constituir un mandato de cumplimiento por las partes sujetas a la Litis.

En esa línea el profesor Lino Enrique Palacios en su obra Manual de Derecho Procesal Civil, indica lo siguiente: “…mediante la sentencia el juez crea una norma individual (lex spcialis) que constituye una nueva fuente reguladora de la situación jurídica controvertida en el proceso, y que, como manifestación trascendente que es del ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y respetada por los terceros. El efecto natural de toda sentencia consiste, por consiguiente en su obligatoriedad e imperatividad, pues si así no fuese es obvio que ella carecería de objeto y razón de ser”.

En mérito a ello, podemos concluir que la sentencia impugnada, no cumple con dichas premisas, vulnerando el principio de congruencia interna de la sentencia, al no contar con decisiones claras, positiva y precisas, que permitan de manera clara establecer cuál de las pretensiones se encuentran probadas, y cuál es la obligación que determina para cada sujeto procesal, lo que incluso en su momento puede hacer ineficaz la sentencia pronunciada, al no delimitar de manera clara y precisa las obligaciones que nacen de la misma, y tornar dificultosa su ejecución.

Estos hechos, eximen analizar a este Tribunal los demás agravios del recurso de casación, que implican la consideración de aspectos de fondo; en mérito a lo expuesto, corresponde fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1 de la CPE, 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y art. 220.III del Código Procesal Civil, respecto al recurso de casación interpuesto por Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad (GAMT) representado por Mario Suárez Hurtado, cursante de fs. 171 a 173, dispone la NULIDAD DE OBRADOS hasta fs. 164 inclusive, es decir hasta la Sentencia Nº 04/2017 de 20 de abril, debiendo la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa y Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, sin espera de turno y de manera inmediata, pronunciar nueva Sentencia, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución. Sin costas ni costos.

No siendo excusable el error que se observa en los vocales del Tribunal de instancia, se les impone una multa de Bs. 200.

Por Secretaría de Sala cúmplase lo dispuesto por el art. 17 Parágrafo IV de la Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.