TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

AUTO SUPREMO Nº 739

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente:                404/2017-S

Materia:                        Social

Demandante:                Vivian Pimentel Arteaga.

Demandado:                Hospital Roberto Galindo Terán (Cobija).

Distrito:                        Pando

Magistrado Relator:        Dr. Esteban Miranda Terán.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 57 a 58 vta., interpuesto por José Antonio Aguilar Jiménez, en representación del Hospital Dr. Roberto Galindo Terán, en mérito al Memorándum 098/2017 de 03 de abril, emitido por el Director Técnico del Servicio Departamental de Salud, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, cursante a fs. 28 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 308/2017 de 11 de junio, cursante de fs. 54 a 54 ”b” de obrados, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social por pago de derechos laborales, seguido a demanda de Vivian Pimentel Arteaga, contra la entidad que representa el recurrente, el Auto Nº 245/2017 de 02 de agosto, por el que se concedió el recurso (fs. 62), el Auto Supremo Nº 404-A de 08 de septiembre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 71 y vta.), los antecedentes del proceso y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia:

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 202 017 de 04 de mayo de 2017 (fs. 25 a 26), declarando PROBADA en parte la demanda de fojas 7, sin costas, ordenando al Hospital Roberto Galindo Terán, cancele a favor de la demandante Vivian Pimentel Arteaga, la suma de Bs. 10.884.- (Ocho mil ochocientos ochenta y cuatro Bolivianos), por concepto de subsidio de frontera por las gestiones 2008 al 2011 y 5 meses del 2012, más el aguinaldo por cuatro años y cinco meses, conforme la liquidación que inserta en su texto.

Auto de Vista:

En grado de Apelación, promovido por el representante del Hospital demandado (fs. 43 a 44 vta.), por Auto de Vista. Nº 308/2017 de 11 de julio, cursante de fs. 54, 54 “a” y 54 “b” de obrados, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, se REVOCÓ en parte la sentencia apelada, disponiendo que la entidad demandada, cancele la suma de Bs. 10.583, por concepto de subsidio de frontera por el término determinado en la Sentencia y por duodécimas de aguinaldo, de cinco meses, correspondientes a la última gestión 2012.

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:

Contra el referido Auto de Vista, el Hospital Roberto Galindo Terán, representado por su Director José Antonio Aguilar Jiménez, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fs. 57 a 58 vta., recurso que fue respondido por la demandante, conforme el escrito de fs. 61 y vta., de obrados, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, cumpliendo el Auto Nº 245/2017 de 02 de agosto (fs. 62), mediante Auto Supremo Nº 404-A de 08 de septiembre de 2017 (fs. 71 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:

Argumentos del recurso de casación:

El recurrente, denunció indebida aplicación de los arts. 1º de la Ley General del Trabajo (LGT) y 1º de su Decreto Reglamentario (DR), porque “el demandante”, solicitó el pago de beneficios sociales, pese a que era trabajador en salud pública y no está amparado por la normativa laboral, sino sometido al ámbito de aplicación del Decreto Supremo (DS) Nº 28909, pues si bien, que mediante Auto Supremo Nº 378 de 28 de septiembre de 2012, este Tribunal Supremo, abrió la competencia de los jueces laborales a objeto de conocer causas de servidores públicos que solicitan el pago de derechos adquiridos, en el caso presente no ocurrió esto, ya que el juez, concedió más allá de lo pretendido (beneficios sociales), aprobó ítems correspondientes a derechos adquiridos, incurriendo en indebida aplicación del art. 115-II de la Constitución Política del Estado (CPE), saliéndose del marco previsto por el art. 121 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Denunció también la errónea interpretación del art. 12 del DS Nº 21137, porque la Sentencia y el Auto de Vista establecieron el pago del subsidio de frontera, pese a que en la demanda se solicitó el pago de beneficios sociales, modificándose en apelación respecto del pago del subsidio de frontera, pese a que esta norma entra en colisión con el art. 38 de la Ley Nº 2027, que niega el pago de otros beneficios, servicios, asistencia o socorro económico en dinero, especie o de otra índole, complementario o colateral a la remuneración que deberá ser regulado y autorizado por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal y el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto.

Petitorio:

Concluyó indicando que se tenga por interpuesto el recurso de casación en el fondo, y “en la forma”, que pide luego de ser comprobadas las inobservancias y erróneas aplicaciones de las normas, se disponga la casación del Auto de Vista, declarando improbada la demanda.


Contestación al recurso:

El recurso fue respondido por la demandante por escrito de fs. 61, alegando que no es evidente que se incurrió en las infracciones denunciadas, pues el art. 12 del DS Nº 21137, prevé el pago del subsidio frontera a favor de todos los funcionarios y trabajadores del sector público, conforme reconoció el recurrente que era un empleado del aludido Hospital, siendo inexistente la vulneración del art. 115-II de la CPE., porque la entidad demandada impugnó en apelación y en casación las resoluciones emitidas, en resguardo del derecho establecido en esta norma.

Resultando una aberración que no se hubiese reconocido el aludido subsidio, al estar reconocida su calidad de funcionaria pública, por lo que solicita que se declare improcedente el recurso y en su caso infundado, por no tener argumentos ni fundamentos legales.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 57 a 58 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

En lo concerniente al primer punto de la impugnación, referido a la condición de funcionario público de la demandante y la presunta errónea aplicación de los arts. 1º de la LGT y 1º de su DR, éste Tribunal ha señalado:

“…al ser el trabajo un derecho tutelado por los artículos 7. h), 156, 157 de la Constitución Política del Estado de 1967 e irrenunciables conforme determina el artículo 162- párrafo segundo de la misma Constitución, vigente al momento de producirse los hechos, 48. III de la actual norma fundamental y 4 de la Ley General del Trabajo, por constituir la base del orden social y económico del Estado Boliviano, por ello es que cuando se reclaman derechos adquiridos (que no constituyen beneficios sociales), como son los sueldos devengados, aguinaldos y vacaciones, pese a que el trabajador no se encuentra sometido a las previsiones de la Ley General del Trabajo, por ser funcionario público sujeto a la previsiones de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, hecho que no impide el derecho que tiene de reclamar el pago de los derechos adquiridos, razón por la cual la jurisdicción y competencia de esta judicatura laboral, se abre excepcionalmente para tutelar los mismos…”(AS. Nº 187-S. Social, de 23/04/2013)

En el mismo sentido, también determinó que: “…la Constitución Política del Estado, como norma fundamental, establece en su artículo 48. I. Que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; II. Que las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; III. Que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, finalmente; los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. (…)

(…) al evidenciarse en el caso de examen, que los demandantes impetran, entre otros conceptos, el pago del bono de antigüedad, considerado también como un derecho adquirido por la sola prestación de servicios y el transcurso del tiempo, conforme al artículo 60 del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, el cual es irrenunciable conforme prevé el artículo 48. III de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 4 de la Ley General del Trabajo; mereciendo de tal manera la tutela establecida por los artículos 46 y 48 de la Constitución Política del Estado, del cual derivan tanto derechos como beneficios sociales, conforme la abundante jurisprudencia contenida en los AS Nº 6 de 10/01/2011, AS Nº 11 de 26/01/2011, AS Nº 118 de 18/07/2012 y AS Nº 213 de 27/06/2012, entre otros, abriendo así, de manera excepcional para los servidores públicos, la competencia de la judicatura laboral para conocer demandas en las que reclaman derechos adquiridos (que no constituyen beneficios sociales), que son parte del salario del trabajador, que devengan y se consolidan como derechos adquiridos de éste, que a diferencia de los beneficios sociales, que son expectaticios, no pueden afectarse, debiendo en tal circunstancia, someterse a proceso los conceptos demandados para ser dilucidados conforme a ley, situación que debe darse en el caso de autos; toda vez que existe materia justiciable que deberá ser dilucidada y determinada conforme a los datos del proceso por el a quo.

Por lo señalado, sobre la base de dicho razonamiento, en aplicación de los artículos 1, 3. g) 4, 9 in fine, 43 y 44 del Código Procesal del Trabajo, se establece que el presente proceso es de competencia de los jueces en materia laboral…”. (AS. Nº 126-S. Social, de 15/03/2013).

Por otra parte, el art. 12 del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, instituyó el pago obligatorio del subsidio de frontera, equivalente al 20% del salario mensual, haciendo acreedores obligatorios a este beneficio, a todos los trabajadores del sector público y empresas privadas, cuyo lugar de trabajo, se encuentran dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales.

Esta norma ha sido declarada Constitucional mediante la SC Nº 068/2004 de 13 de julio, que estableció: “En consecuencia, el Poder Ejecutivo, al establecer en el art. 12 del DS 21137 la obligatoriedad de pagar el subsidio de frontera tanto en el sector público como en las empresas privadas a favor de sus trabajadores cuando presten servicios en los 50 kilómetros de la frontera, de ningún modo ha usurpado la función que tiene el Poder Legislativo de pronunciar leyes, y no ha incurrido en la nulidad que establece el art. 31 de la CPE por cuanto ha actuado dentro de la potestad reglamentaria que la propia Ley Suprema le reconoce, y más bien, en todo caso, ha desarrollado los preceptos constitucionales consagrados en el Régimen Social de la Constitución y las normas contenidas en la Ley General del Trabajo, que al ser una disposición general puede válidamente ser desarrollada en normas de inferior jerarquía normativa como son los Decretos Supremos. Por el criterio explicado se concluye que la norma objetada no es contraria a lo dispuesto en el art. 29 de la CPE que, en lo que interesa al presente caso, atribuye al Poder Legislativo potestad privativa para alterar y modificar los códigos, porque -se reitera- el art. 12 del DS 21137 no ha modificado código ni Ley alguna, sino que ha desarrollado la concepción de remuneración que está estipulada en la Ley General del Trabajo, adecuándose al derecho que el art. 7inc. j) de la Ley Suprema consagra”1.

Fundamentos del caso concreto:

En el caso presente se han alegado dos aspectos, que se desglosan de la siguiente manera:

Referente del primer aspecto, conforme se ha puntualizado en la doctrina aplicable al caso, al tratarse de derechos constitucionales irrenunciables los derechosa adquiridos, como son los subsidios de frontera y el pago de los aguinaldos devengados, la competencia del juez laboral para ordenar el pago de estos derechos, se encuentra plenamente reconocida por la jurisprudencia nacional que ha sido transcrita líneas arriba, no siendo evidente que en el caso presente, la actora hubiese solicitado el pago de beneficios sociales, pretendiendo de manera errónea el recurrente al pedir la aplicación del art. 121 del CPT, que se refiere a la devolución de la demanda defectuosa, norma que resulta inapropiada para pretender ya en casación alegar una incompetencia del Órgano Judicial, por este aspecto, más aun si no se activó el trámite de la excepción prevista en el art. 127 inc. a) del mismo CPT; consiguientemente, este argumento carece de fundamentos para desestimar lo resuelto en apelación.

Tampoco puede aplicarse al caso presente, las previsiones del N° 28909, 6 de noviembre de 2006, referido al Estatuto del Trabajador en Salud Pública, citado en el recurso de casación, porque esta norma regula cuestiones referidas a las relaciones laborales de loe funcionarios en Salud Pública, pero de manera alguna impide que los derechos adquiridos de estos funcionarios puedan ser tutelados en la vía laboral como aconteció en el caso presente, en mérito a la jurisprudencia descrita en el presente Auto Supremo.

Respecto del segundo punto alegado en el recurso, se hace constar que, al haberse acreditado en el caso presente, que la demandante era empleada pública sujeta a las previsiones, tanto del Estatuto del Funcionario Público, como del “Estatuto del Trabajador en Salud Pública”, citado en el recurso, es plenamente acreedora al indicado subsidio de frontera, conforme se reconoció tanto, por el Juez de primera instancia, como por el Tribunal de apelación, no advirtiéndose infracción legal alguna, pues las previsiones del art. 12 del DS Nº 21137 (norma que fue declarada constitucional, conforme se refirió líneas arriba), establece el reconocimiento de este subsidio a favor de todos los funcionarios y trabajadores del sector público (en el que se encontraba la actora), como en el sector privado, al desarrollar sus funciones dentro de los 50 kilómetros de la frontera internacional, en este caso con la República Federativa del Brasil.

En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en el fondo objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC-2013, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del Parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 57 a 58 vta., interpuesto por José Antonio Aguilar Jiménez, en representación del Hospital Dr. Roberto Galindo Terán, contra el Auto de Vista Nº 308/2017 de 11 de junio, cursante de fs. 54 a 54 “b” de obrados, emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, manteniéndolo firme y subsistente.

Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS 23215 del 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


1 SC 68/04, de 13 de julio.