TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 737

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente                        : 402/2017

Demandante        : Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y   

                                     Tierra

Demandado        : Gastón Gonzáles Gioy

Materia        : Coactivo Fiscal

Distrito                        : Pando

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 61 a 62 vta., interpuesto por Gastón Gonzales Gioy, contra del Auto de Vista de 12 de julio de 2017 de fs. 58 y vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del coactivo fiscal seguido por Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierra; el Auto de fs. 67, el Auto Supremo Nº 402-A de 8 de septiembre de 2017 de fs. 76, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Que tramitado el coactivo fiscal, la Juez Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria de la ciudad de Cobija - Pando, emitió la Sentencia Nº 36/2017 de 18 de abril de 2017 de fs. 42 a 43, declarando que se mantenga el monto  girado en la Nota de Cargo Nº 100/2016, en consecuencia dispone Girar Pliego de Cargo contra Gastón Gonzáles Gioy, para que cancele la suma de Bs. 17.203 más intereses legales que serán pagados dentro de los cinco días de su legal citación con la sentencia, manteniéndose las medidas precautorias adoptadas en su contra.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante de fs. 48 y vta., por Gastón Gonzáles Gioy, la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 12 de julio de 2017 de fs. 58 y vta., confirmó la sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Contra el auto de vista, Gastón Gonzáles Gioy, formuló recurso de casación de fs. 61 a 62 vta., en el que acusó:

Que el Tribunal ad quem en su Auto de Vista no consideró que su persona fue notificado por cédula, contradictoriamente al hacer referencia a los arts. 11 y 12 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, que prevén que la nota de cargo debe ser notificada personalmente al demandado y en caso que no fuere notificado personalmente se le notificará por cédula previa orden del juez, que debe ser realizarse en proceso administrativo, siendo el proceso coactivo para la ejecución, omitiendo de esta manera la amplia jurisprudencial entre las que señala las Sentencias Constitucionales 1842/2003-R de 12 de diciembre, 1351/2003-R de 16 de septiembre, 0365/2005-R, que refieren respecto al derecho a la defensa de los terceros que tengan interés legítimo en el proceso, para que este pueda apersonarse y formular sus alegatos, aspectos que no fueron considerados por el tribunal de alzada incumpliendo el art. 115 de la CPE.

Concluyó solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se le notifique de manera correcta y personal, con el Auto Nº 150/2016 y Nota de Cargo Nº 10/1016, al haberse vulnerado sus derechos constitucionales.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO LEGALES Y SU APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Respecto a que el Tribunal de alzada no consideró la vulneración del derecho a la defensa, toda vez que no tuvo conocimiento de la demanda, del Auto Nº 150/2016, ni de la Nota de Cargo Nº 10/1016, cursando solamente copia de la cédula judicial, por lo que corresponde la nulidad de dicho acto inicial; sobre el particular corresponde señalar que por decreto de 17 de febrero de 2017, de fs. 38 vta., la Juez a quo ordenó poner a conocimiento de partes los antecedentes de la demanda, citando al demandado mediante cédula en constancia de testigo, misma que fue practicada el 2 de marzo de 2017, conforme se tiene a fs. 40.

Ahora bien, corresponde puntualizar que la normativa procesal establece determinados requisitos para la citación y notificación de las diferentes actuaciones en el desarrollo de un proceso judicial, en función al resguardo del derecho a la defensa, constituido en uno de los elementos del debido proceso; y derecho que a su vez distingue dos connotaciones, la primera en relación a que toda persona que es parte de un proceso tiene derecho a la defensa a través de un profesional que le patrocine legalmente; y por otra parte en función a las actuaciones comunicacionales, como la citación y notificación, dado que la finalidad de estas es asegurar el ejercicio del derecho a la defensa de manera amplia e irrestricta.

Entendimiento también asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0468/2014 de 25 de febrero, que al respecto hace mención a lo determinado a través de la Sentencia Constitucional Nº 1845/2004-R de 30 de noviembre, que estableció: “...los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así Sentencia Constitucional Nº 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida…”.

Al respecto, en la especie se advierte que la citación por cédula de fs. 40 cumplió su finalidad; es decir de citar al demandado dándole a conocer los antecedentes de la demanda; sin embargo, este no asumió defensa, presentándose al proceso después de la emisión de la Sentencia, contra la que interpone en tiempo oportuno y dentro del periodo determinado por ley,  recurso de apelación a través del memorial de fs. 48, donde se limita a señalar que desconocía del proceso y hubiese sido sorprendido con la notificación directa de la sentencia, pretendiendo determinar la nulidad de la citación con el Auto Nº 150/2016 y Nota de Cargo Nº 10/1016; sin embargo, no existe prueba alguna que evidencie su argumento, más por el contrario, al haberse realizado la notificación de la Sentencia conforme fs. 46 a 47, con dicho acto se cumplió con la finalidad de la citación; es decir dar a conocer al ahora recurrente sobre la demanda instaurada en su contra, a objeto de que asuma su legal defensa.

Por otra parte, respecto a las incongruencias referidas, el observar errores en las formalidades para la citación por cédula de fs. 40, en esta etapa casacional, no resulta pertinente, cuando dicha actuación, se reitera, cumplió su finalidad.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto: “…es necesario recordar que se ha establecido claramente que la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa, por lo tanto, el defecto o error procedimental no tiene relevancia constitucional para ser tutelado por la vía del amparo…” (Sentencia Constitucional Nº 1376/2004-R de 25 de agosto). Asimismo, mediante la Sentencia Constitucional Nº 0335/2011-R de 7 de abril, se estableció que: “…la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario; en ese sentido, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, refirió: “…aún cuando la notificación sea defectuosa, pero que llegue a conocimiento de la parte, se tendrá por cumplida y como válida…”.

En consecuencia, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación de fs. 61 a 62 vta., corresponde aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva de los arts. 1 y 24 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 61 a 62 vta., interpuesto por Gastón Gonzales Gioy.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.