TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 733

Sucre, 12 de diciembre de 2018


Expediente                        : 398/2017-A

Demandante                : Empresa Paulistania Inversiones Hoteleras Ltda.

Demandado                : Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos

  Nacionales

Materia                        : Tributaria

Distrito                        : Santa Cruz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de casación de fs. 126 a 128 vta., interpuesto por María Nacira Garcia Ayala, en representación legal de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra el Auto de Vista N° 10/2017 de 29 de junio (fs. 122 y vta.), pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz; dentro del proceso Contencioso Tributario, que sigue Empresa Paulistania Inversiones Hoteleras Ltda., contra Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN; el Auto de 15 de agosto de 2017 cursante a fs. 133 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; el Auto Supremo Nº 398-A, por el que se admitió el recurso (fs. 144 a 145), los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso Contencioso Tributario, la Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 10/2016 de 29 de junio (fs. 101 a 105 vta.), por la que declaró improbada la demanda interpuesta, por lo cual mantiene firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa (RD) Nº 17-00389-09 de 04 de agosto (fs. 196 a 199 del Anexo 3, y repetida a fs. 20 a 23 del expediente) emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, que determinó de oficio la obligación impositiva del contribuyente Paulistania Inversiones Hoteleras Ltda., por un monto total de 112.822,97 UFVs (Ciento doce mil ochocientos veintidós 97/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) equivalente en ese momento a Bs.172.742,14.- (Ciento setenta y dos mil setecientos cuarenta y dos 14/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido, intereses y sanción por la calificación de la conducta, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero y marzo de la gestión 2005.

Asimismo la citada RD, sancionó al contribuyente por la contravención tributaria de Omisión de Pago, aplicándole la sanción pecuniaria de 40.984,48 UFVs (Cuarenta mil novecientos ochenta y cuatro 48/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente en ese momento a Bs.62.750,93.- (Sesenta y dos mil setecientos cincuenta 93/100) que corresponde al 100 % del Tributo Omitido determinado a la fecha de la emisión de la citada RD, según establece el art. 165 del Código Tributario Boliviano (CTB).

I.1.2. Auto de Vista

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por Nicolás Felipe Valdivia Almaza, en representación legal de la empresa Paulistania Inversiones Hoteleras Ltda., (fs. 108 y vta.), la respuesta al mencionado recurso (fs. 113 a 114 vta.), mereciendo el Auto de Vista N° 10/2017 de 29 de junio (fs. 122 y vta.), por el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, anuló la Sentencia Nº 10/2016 de 29 de junio de fs. 101 a 105 vta.; debiendo la Juez de la causa proceder a dictar nueva Sentencia cumpliendo con la debida fundamentación y motivación de su fallo.

I.1.3. Auto Supremo

El Auto de Vista citado, ameritó que María Nacira Garcia Ayala, en representación legal de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN interponga el recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fs. 126 a 128 vta., de obrados; por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 398-A de 8 de septiembre de 2017 (fs. 144 a 145), se declaró admisible; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN

II.1. Argumentos del recurso de casación:

1) El Auto de Vista recurrido contiene interpretación errónea del art. 213.3 del Código Procesal Civil (CPC-2013) en relación a la fundamentación y motivación de la Sentencia de primera instancia porque de una relación de los antecedentes procesales, se evidencia que el objeto de demanda del contribuyente es la falta de valoración de los descargos presentados y de acuerdo a la Sentencia Nº 10/2016 de 29/06/2016 emitida por la Juez a quo, contiene la estructura establecida en el art. 213.II.3) del CPC-2013 y que la misma realizó el análisis de la problemática planteada amparado en el Auto Supremo Nº 477 de 22/11/2012, a lo establecido por los arts. 4, 8 y 15 de la Ley Nº 843 y 8 del Decreto Supremo (DS) 21530.

2) Señala también que la referida Sentencia en su parte considerativa, si bien no realizó una ampulosa exposición de consideraciones y citas legales, su estructura de forma y de fondo es clara, habiendo satisfecho el punto demandado que es la supuesta falta de valoración de los descargos presentados, puesto que dicha Resolución establece como hechos probados en relación a la pretensión del demandante, que los descargos presentados no fueron suficientes al no tener la evidencia contable que pueda sustanciarla, como ser arqueos contables, recibos de caja y otros inherentes a las transacciones observadas, amparando sus decisión en la obligación del contribuyente de demostrar la efectiva realización de las transacciones que declara, en virtud de los arts. 4, 8 y 15 de la Ley Nº 843, 8 del DS Nº 21530 y AS Nº 477 de 22/11/2012.

3) Finaliza reiterando su mismo argumento que, el Auto de Vista Nº 10/2017 de 29/06/2017, realizó una interpretación errónea del numeral 3) del parágrafo II del art. 213 del CPC-2013 porque equivocadamente interpretó que el cumplimiento a dicha normativa se tiene por satisfecho con una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales y por eso, manifiesta como incumplida y que hay falta de fundamento y motivación en una resolución que es clara, como lo es la Sentencia Nº 10/2016.

Petitorio

Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo disponiendo casar el Auto de Vista Nº 10/2017 de 29/06/2017 de fs. 122 y vta., en aplicación del art. 220.IV del CPC-2013; y en consecuencia, se confirme la Sentencia Nº 10/2016, manteniendo firme y subsistente la RD Nº 17-00389-09.

II.2. Contestación al recurso:

El mencionado recurso de casación, no generó que la parte contraria responda al mismo.

II.3. Admisión:

Mediante Auto Supremo Nº 398-A de 8 de septiembre de 2017 cursante a fs. 144 a 145 de obrados, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación de fs. 126 a 128 vta.

III.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 126 a 128 vta., para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

Conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los Tribunales deben pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; por lo que tienen la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar la nulidad de oficio si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, según prevé el art. 106 del CPC-2013; que a la letra establece: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente” (sic).

En el contexto anteriormente señalado, corresponde establecer que de acuerdo a lo determinado por el art. 213.II.3. y 4 del CPC-2013, las resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas, fundamentadas y sobre todo, acordes con las peticiones expuestas por las partes.

Además que las Resoluciones deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto en la valoración de las pruebas aportadas y producidas como en el trámite del proceso y como también en los fundamentos de la Resolución, que deben circunscribirse a los puntos que hubieran alegado las partes.

Bajo estas premisas, es innegable que la congruencia y la motivación de las resoluciones judiciales constituyen un deber jurídico consagrado constitucionalmente como los elementos del debido proceso, que se traducen en la garantía de legalidad procesal que permite proteger la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, más aún si lo que se pretende es modificar o revocar el fallo llevado en apelación o casación, donde la motivación o fundamentación deberá ser tal, que permita comprender con nitidez las razones de la decisión asumida por el Tribunal; precisamente porque la Sentencia que se emita, resolverá la pretensión del demandante; en este caso del sujeto pasivo; es decir, que la Resolución judicial definitiva o Sentencia dictada por el Juez, pondrá fin a la Litis o caso sometido a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación en el mismo.

En ese sentido, la sentencia definitiva es “aquella por la cual el juez resuelve terminando el proceso, la que, con vista de todo lo alegado y probado por los litigantes sobre el negocio principal, pone fin a la controversia suscitada ante el juzgador (…). En efecto, la sentencia definitiva, que lo es en el sentido de definir, no quiere decir inatacable, por cuanto, de estar admitidos, cabe formular la apelación u otro recurso ordinario y hasta el extraordinario de casación”1; por consiguiente una Sentencia emitida en primera instancia solamente podrá quedar firme o ejecutoriada, cuando: “Aquella que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y contra la cual no es posible intentar recurso alguno, ya que por su naturaleza, ya por haber sido consentida por los litigantes”2; entendiéndose como cosa juzgada a la “Autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme. Es característico en la cosa juzgada que sea inmutable e irreversible en otro procedimiento judicial posterior (…)”3. En ese sentido, para dar por concluido un proceso es necesario que exista sentencia definitiva firme; es decir, ejecutoriada o en calidad de cosa juzgada; y bajo esta breve explicación, se evidencia la importancia de una sentencia de primera instancia sea debidamente motivada y fundamentada porque el Juez de la causa pone fin a la Litis o caso sujeto a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación en el mismo, pudiendo ir en revisión al superior en grado como aconteció en el presente caso (las negrillas son añadidas).

Finalizando, resulta importante referir que la potestad sancionatoria del Estado, tanto en materia penal como en materia administrativa-tributaria sancionadora, hoy se encuentra limitada por los principios valores, derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado (CPE) y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, de manera que la parte axiológica y dogmática de la norma fundamental tiene un peso decisivo al momento de interpretar y/o aplicar la norma, tanto por la aplicación directa de los derechos como porque se constituyen en fundamento y límites de las diferentes funciones del poder público; entonces, las autoridades administrativas o jurisdiccionales a tiempo de interpretar y/o aplicar la Ley, están en el deber de respetar el sustento axiológico y dogmático de la CPE, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder sancionador del Estado.

Que, uno de esos derechos y garantías es el debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE, que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por lo que, supone que toda sanción debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione o a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la Ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad, de manera que la sanción debe ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, del hecho ilícito que se atribuye al sancionado; por lo que no cabe duda que el proceso tributario en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales consagradas en la CPE (las negrillas son añadidas).

FUNDAMENTOS DEL CASO CONCRETO:

En base a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de casación de fs. 126 a 128 vta., de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los agravios 1) al 3) se relacionan entre sí, puesto que, se refieren a que la Sentencia Nº 10/2016 de 29/06/2016 cumplió con la estructura del art. 2013.II.3 del CPC-2013 porque realizó el análisis de la problemática planteada en la demanda amparada en el Auto Supremo Nº 477 de 22/11/2012, en los arts. 4, 8 y 15 de la Ley Nº 843 y 8 del DS Nº 21530; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación del presente fallo, resolviéndolos de la siguiente manera:

A los reclamos reiterativos establecidos en los numerales 1) al 3) de su recurso de casación; cabe señalar que, conforme a una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario el recurso de casación se interpone contra la Resolución de segunda instancia; es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 270.I del CPC-2013, que dispone: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados en procesos ordinarios…”, de lo que se extrae que todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así, a lo expresado en primera instancia, como ser la Sentencia, debido a que este Tribunal ha de analizar y resolver declarar infundado o casar en base al análisis a lo fundamentado y motivado por el Auto de Vista y no la Sentencia.

Criterio que ha sido asumido de forma categórica en el Auto Supremo Nº 493/2014 de fecha 04 de septiembre, que al respecto ha orientado que: “Conforme la amplia jurisprudencia emitida en varios Autos Supremos por la Ex Corte Suprema de Justicia y con la cual este Tribunal comparte criterio, se ha dejado claramente establecido que, el recurso de casación como tal, es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por Ley, dirigido a lograr la revisión y reforma o anulación de las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas del derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. De esta manera el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, el mismo que puede ser planteado en la forma o en el fondo, o en ambos casos a la vez, conforme lo establece el art. 250 del ya citado código… En ambos casos se debe indicar de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino que se debe demostrar en que consiste la infracción que se acusa… resultando imperativo fundamentar en que consiste la infracción y precisar cual la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa, ello en cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 258 citado supra. Conforme las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno, también adopta una forma específica, razón por la cual… es deber del recurrente concretar su pretensión en forma congruente con el recurso que deduce”.

En el caso de Autos, se evidencia que el recurso, no se ajusta a los requisitos y condiciones expresamente señalados en el art. 274.2 del CPC-2013, toda vez que la parte recurrente confunde las finalidades que persiguen tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, pues al recurrir en el fondo, solicitaron se case el Auto de Vista, empero atacan en sus agravios la Resolución de primera instancia, cuando en realidad lo que se pretende con el recurso de casación en el fondo, es casar el Auto de Vista recurrido, mas no la resolución de primera instancia, toda vez que cuando se recurre contra la resolución de primera instancia opera el recurso de apelación mas no de casación.

Seguidamente, la parte recurrente en su petitorio solicitó casar el Auto de Vista, en aplicación del parágrafo IV del art. 220 de la citada Ley y en consecuencia se conforme la Sentencia Nº 10/2016, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00389-09; sin embargo, de una revisión de los agravios de su recurso de casación, se advierte que, señala que la Sentencia Nº 10/2016 cumplió con la estructura establecida en el art. 213.II del CPC-2013; por lo que de lo manifestado, una vez más se evidencia que la parte recurrente lo que pretende es que se revise la Resolución de Primera Instancia, siendo que esta, como ya se manifestó anteriormente, no es la instancia pertinente para denunciar agravios producidos en la Resolución emitida por el Juez a quo.

Continuando con el análisis del recurso de casación interpuesto, se tiene que en los reclamos establecidos por la recurrente, todos están dirigidos a atacar una supuesta errónea interpretación del art. 213.II.3 del CPC-2013, puesto que la Sentencia Nº 10/2016 cumplió con dicha disposición legal y que el Auto de Vista no hubiese observado dicho aspecto, en tal entendido aunque resulta evidente el escaso fundamento en el recurso de casación, este Tribunal en cumplimiento al principio de acceso a la justicia entra resolver el mismo de acuerdo a las siguientes consideraciones en el proceso:

De una revisión de los datos del proceso, se advierte que entre las pretensiones de la demanda contenciosa tributaria (ver fs. 31 a 34 de obrados), el sujeto pasivo reclamaba que:

1. La Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN emitió la RD Nº 17-00389-09 con el sustento que los descargos presentados son insuficientes debido a la ausencia contable inherente a las transacciones con tarjetas de crédito o débito efectuadas en los periodos de revisión, conceptos que fueron vertidos en el Proveído 101/2002 y el Informe de Conclusiones SIN/GDSC/DF/VI/INF/01502/2009, los cuales nunca fueron puesto a conocimiento del contribuyente.

2. Señala también que en la citada RD no se acompaña una relación detallada de los hechos que dan lugar a la liquidación de los supuestos adeudos tributarios correspondientes al IVA y al IT por los periodos de enero, febrero y marzo del año 2005.

3. Respecto a los descargos presentados en fecha 12.03.09 y 26.05.09, simplemente se avocan a enunciar que han sido rechazados dichos descargos sin que se haya realizado una comparación y lo que es peor, sin que se les haya hecho conocer las conclusiones de la valoración de los descargos presentados, incumpliendo con ello con lo que dispone el art. 68.1, 6 y 8 del CTB, por lo que ocasionaron la indefensión del sujeto pasivo y por ende, viciando de nulidad la RD Nº 17-00389-09 y la supuesta deuda tributaria determinada en esta Resolución al no haber conocido la valoración de los descargos presentados porque tenía derecho de conocer y ser notificados con el Proveído 101/2002 y el Informe de Conclusiones SIN/GDSC/DF/VI/INF/01502/2009 ambos emitidos por la Administración Tributaria.

4. Continúa manifestando que el SIN Gerencia Distrital de Santa Cruz, no valoró correctamente los descargos presentados debido a la confusión en la modalidad de cobro de servicios de hospedaje descrito en el punto 2.3 de su demanda (pago de hospedaje por parte del huésped con su tarjeta de crédito personal; y pago en efectivo para el consumo “alimentación y otros”, de igual forma por parte del mismo huésped), siendo la factura por ambos conceptos emitida en una sola nota fiscal a nombre de la empresa a la cual el huésped ejerce sus funciones y de quien posteriormente exigiría el reembolso de los gastos efectuados, siendo acá la gran confusión por parte del SIN Regional Santa Cruz.

De la descripción de los agravios citados y que fueron reclamados expresamente en la demanda tributaria; se evidencia que la tantas veces citada Sentencia Nº 10/2016 de 29 de junio de 2016, es discordante porque no contiene los temas reclamados y relacionados al objeto de la Litis, no guarda relación con la demanda descrita, llegándose al razonamiento de que no se dio estricto cumplimiento del principio de congruencia por parte de la Juez de primera instancia a tiempo de emitir su Resolución, aspectos que no pueden ser soslayados por este Tribunal. En ese sentido se observa que la Sentencia Nº 10/2016 en la fundamentación contenida en su único Considerando, específicamente en el acápite de “Fundamento Jurídico”, previa transcripción del Auto Supremo Nº 477 de 22 de noviembre de 2012, solamente refiere: “Con relación a los descargos presentados por el contribuyente éstos fueron insuficientes al no tener evidencia contable que puedas sustentar esta prueba, como es, arqueos de caja diario, reporte de ingresos de caja diario, depósito bancarios, comprobantes contables, recibos de caja y otros inherentes a las transacciones observadas” (sic); sin embargo dicho argumento es copia del argumento de la RD Nº 17-00389-09 emitida por la Administración Tributaria y no hace mención alguna a los arts. 4,8 y 15 de la Ley Nº 843 y 8 del DS Nº 21530, para concluir señalando que se aparta de la opinión técnica del Auditor adjunto a su despacho, pero no así una debida motivación y fundamentación que ameritaba en la Resolución que ponía fin a la Litis o caso sujeto a su conocimiento de la Juez de la causa (ver fs. 198 del Anexo 3 y fs. 22 del expediente).

En ese sentido, éste Tribunal claramente evidencia que la Juez de la causa no dio una respuesta fundamentada del porqué sería correcta la obligación impositiva del contribuyente, advirtiéndose que no hubo la fundamentación jurídica en la Sentencia Nº 10/2016 de fs. 101 a 105 vta., respecto a los agravios establecidos en la demanda tributaria (ver fs. 31 a 34) y dicho yerro fue observado acertadamente por el Tribunal ad quem, que si bien fue de manera precisa y concisa, pero hizo notar de manera clara y expresa a la Juez de primera instancia la falta de pronunciamiento de todos los puntos de la demanda tributaria y falta de motivación y fundamentación de su Resolución, incumpliendo el art. 213.II.3) del CPC-2013; por consiguiente, se debe realizar la fundamentación necesaria circunscribiendo los puntos establecidos en la demanda del sujeto pasivo, ya citados, que otorguen una debida respuesta conforme lo establece el debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la justicia consagrados constitucionalmente en el art. 115.II de la CPE.

Por todo lo anteriormente expuesto; se concluye que, es imprescindible que las Resoluciones por los administradores de justicia sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige a las partes a cumplir con la obligación de fundamentar los agravios que plantean en los litigios; por cuanto, en la medida en que las Resoluciones contengan los fundamentos de hecho y de derecho, tanto el demandante como el demandado, tendrán la certeza de que la decisión adoptada por los Jueces de instancia es justa; por lo que no le está permitido a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión que la Administración Tributaria obró conforme a derecho; como aconteció en el presente caso en el contenido de la Sentencia Nº 10/2016 (ver fs. 101 a 105 vta.) y con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de toda persona o contribuyente y que forma parte del debido proceso.

Por consiguiente, se advierte que el Tribunal de Alzada dio una repuesta concisa, clara y que satisface los puntos de la apelación porque la Sentencia de primera instancia no expresó las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión y por lo que, en el presente caso las normas del debido proceso no fueron fielmente cumplidas, ante la falta de fundamentación y motivación a los agravios establecidos en la demanda tributaria y por lo cual, no dio cumplimiento al citado art. 213.II.3) del CPC-2013 y no existe la congruencia debida entre lo resuelto en Sentencia y los puntos de la acción tributaria interpuesta por el sujeto pasivo, menos la suficiente fundamentación de hecho y de derecho con criterios propios, tomando en cuenta que no resulta suficiente el simple enunciado de hechos en el caso, como ya se explicó que sucedió en la Sentencia Nº 10/2016 y que acertadamente el Auto de Vista recurrido subsanó tal yerro cometido en el caso de autos, puesto que, la Juez de la causa no respondió a todos los puntos demandados por el sujeto pasivo, conforme su memorial de fs. 31 a 34 de obrados (las negrillas son añadidas).

Todos estos elementos nos permiten establecer que existe falta de motivación y congruencia entre la Resolución emitida y lo demandado, lo que implica la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, omisión que interesa al orden público, por lo que, ameritó un Auto de Vista anulatorio para que brinde una respuesta cabal y debidamente motivada en resguardo al debido proceso, derecho a la defensa y acceso a la justicia; por lo que no resultan ciertos los agravios reiterativos de la parte recurrente como erradamente alega en su recurso de casación.

IV. Conclusiones

Que, por todo lo anteriormente expuesto y en el marco legal descrito; se concluye que, el Tribunal de Alzada no incurrió en errónea aplicación de normas acusadas de infracción, al anular la Sentencia de primera instancia, por lo que corresponde aplicar el art. 220.II del CPC-2013, con la facultad permisiva de los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Procedimiento Contencioso Tributario, vigente en virtud de la Sentencia Constitucional Nº 76/2004 de 16 de julio de 2004 y 74.2 del CTB.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 126 a 128 vta., interpuesto por María Nacira Garcia Ayala, en representación legal de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN contra el Auto de Vista N° 10/2017 de 29 de junio (fs. 122 y vta.), pronunciado por la Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz; dentro del proceso Contencioso Tributario.

Sin costas ni costos en todo el proceso, en aplicación de los arts. 39 de la Ley SAFCO y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


1 Ossorio, Manuel (2003). «Sentencia definitiva».Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Heliasta. pág. 913.

2 Ossorio, Manuel (2003). «Sentencia ejecutoriada».Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Heliasta. pág. 913.

3 Ossorio, Manuel (2003). «Cosa juzgada».Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Heliasta. pág. 251.