TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 732

Sucre, 12 de diciembre de 2018


Expediente                        : 397/2017

Demandante        : Petrona Espada Saavedra.

Demandado        : Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales.

Materia        : Contencioso Tributario.

Distrito                        : Chuquisaca.

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Álvaro Ivanok Mostacedo en representación legal de Petrona Espada de Saavedra, cursante a fs. 718 a 721 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 387/2017 de 6 de julio, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; el Auto Supremo Nº 397-A de fecha 08 de septiembre de 2017 cursante a fs. 737 a 737 vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso contencioso tributario seguido por Petrona Espada de Saavedra en contra de la Gerencia Distrital Chuquisa del Servicio de Impuestos Nacionales; la Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 01/2017 de 02 de febrero,  cursante de fs. 596 a 599, declarando improbada la demanda Contenciosa Tributaria formulada por Petrona Espada de Saavedra, contra el SIN, sin costas, manteniéndose firmes y subsistentes los actos administrativos impugnados, que corresponde al formulario 7504, Orden de Fiscalización Nº 14990100242 y la Resolución Determinativa Nº 17-000102-15 de 16 de marzo de 2015 y la Orden de Fiscalización Nº 14990100241 y la Resolución Determinativa Nº 17-000103-15 de 13 de marzo de 2015.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 614 a 616, por Álvaro Ivanok Mostacedo en representación legal de Petrona Espada de Saavedra, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 387/2017 de 06 de julio cursante a fs. 712 a 714, que confirma la sentencia apelada Nº 01/2017 de fecha 2 de febrero.

Ante la determinación del Auto de Vista, Álvaro Ivanok Mostacedo en representación legal de Petrona Espada de Saavedra, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, con la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite el Auto Nº 478/2017 de 21 de agosto, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, el representante legal de la recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación al art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 67 del Código Tributario Boliviano (CTB), bajo los siguientes argumentos:

En la forma:

El recurrente alega que en el recurso de apelación interpuesto, se expresó como uno de los agravios que le causaba la sentencia impugnada, que la Juez a quo, al igual que el SIN, han establecido que la presunta omisión de pago, se ha determinado en base cierta, por la existencia de las facturas giradas a nombre de su representada; y si bien esos documentos constituyen prueba para la Empresa Guabirá que acredita, crédito fiscal a su favor, no existe constancia expresa de la entrega de la mercadería a favor de su representada; tampoco acredita que ella, haya vendido a favor de terceras personas, generando los impuestos identificados en las resoluciones determinativas; por lo cual denunció en el recurso de apelación, que no se puede presumir que se ha transferido a terceros y a título oneroso cierta mercadería, sin comprobar la existencia de esa mercadería y la existencia de esas transacciones comerciales, conforme determina los arts. 4, 7 y 8 de la Ley Nº 843; toda vez que el crédito y el débito fiscal se genera sobre la base imponible, por efecto del precio neto de la venta de bienes muebles; sin embargo, contrastado el agravio expuesto en apelación, se constata que la resolución de vista no se encuentra debidamente fundamentada y motivada, pues la misma se limita a transcribir el contenido de la Sentencia; sin expresar, si es correcto o no, que la Juez de instancia, pueda presumir la transferencia a terceros y a título oneroso de la mercadería, limitándose el Tribunal de alzada, a establecer que la recurrente no presento prueba para hacer valer sus derechos, incumpliendo de esa manera lo previsto por el art. 76 del CTB, extremo que el recurrente, lo considera como una respuesta genérica al agravio denunciado.

En el fondo:

En el fondo el representante legal de la recurrente, manifiesta que el Auto de Vista, viola el principio de verdad material y el art. 67 del CTB; por cuanto considera que el solo hecho que el monto que figura en la adquisición de mercadería (azúcar), esté consignado a nombre de su representada, no es suficiente para afirmar la existencia de un hecho generador y por consiguiente determinar la existencia de obligaciones tributarias; por cuanto las mismas no constituyen un parámetro que permita establecer con certeza la existencia de una transacción, como sostiene el SIN, puesto que no demuestran el concepto del ingreso y el balance general contable de una venta que permita establecer la base imponible, ya que las mismas arrojan montos globales que no demuestran la venta que se acusa por la entidad fiscal; en todo caso la Administración Tributaria en función al principio de verdad material previsto en los arts. 179.I y 180.I de la CPE, así como el art. 4.d) de la LPA, debió respaldar sus determinaciones con los comprobantes contables que registren el pago por la supuesta venta y estos a su vez por los medios fehacientes de pago o la firma de los que intervinieron en la transacción, solicitando el libro diario con el registro cronológico de las transacciones en el momento en que ocurrió el hecho; y en caso de negativa de presentación de tales documentos, debió solicitar certificaciones y conciliaciones a los clientes y/o terceros, para que de esa manera establecer con certeza y de manera indubitable la existencia del hecho generador, como condición para la determinación tributaria; más aún si se considera que la determinación fue establecida sobre base cierta.

Agrega que en el presente caso la Administración Tributaria debió aplicar el principio de impulso de oficio, en la tarea investigativa llevada adelante; sin embargo actuó con pasividad, pues solo se limitó al hecho de que las facturas emitidas por el ingenio azucarero se encontraban a nombre de su representada, sin respaldar con prueba suficiente y fidedigna la existencia del hecho generador, incumpliendo de esa manera con la carga de la prueba que establece el art. 76 del CTB.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia que en la forma  se ANULE el Auto de Vista recurrido, o en su defecto proceda a CASAR el Auto de Vista, y deliberando en el fondo declare probada la demanda interpuesta.

La parte demandada, contesta el recurso de casación interpuesto, conforme cursa a fs. 724 a 729 de obrados.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por la recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La fundamentación y motivación como componente del derecho al debido proceso.

Entre los componentes primordiales que rigen el debido proceso como derecho y garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los jueces que imparten justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, es necesario resaltar el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0682/2014 de 10 de abril, que señala: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.

Del principio de verdad material.

El art. 180.I de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, el cual desarrollado por el art. 30.11 de la Ley Nº 025 establece que el principio de verdad material obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa solo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto  cumplimiento con las garantías procesales. 

En ese contexto la SCP No. 1662/2012 de 1 de octubre, define al principio procesal de verdad material, cuando precisa “…Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derecho y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió violación contiene violación al art. 178.I de la CPE y art. 67 del Código Tributario Boliviano; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

En la forma:

En el caso sometido al análisis a través del recurso de casación en la forma, en el cual se denuncia la falta de fundamentación y motivación de la resolución de vista, por cuanto la resolución recurrida hubiera omitido pronunciarse de manera fundada y motivada, respecto a si es correcto o no, que la Juez a quo pueda presumir que ha existido una transferencia a terceros y a título oneroso de la mercadería, sin comprobar la existencia de la misma y sin comprobar la existencia de las transacciones comerciales, como base de determinación del tributo omitido sobre base cierta; considerando de igual manera, que los fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada, son genéricos.

De los argumentos expuestos, se tiene establecido que el representante legal de la recurrente, alega la vulneración al derecho al debido proceso y al principio de congruencia, al establecer que el Auto de Vista recurrido omite el pronunciarse con la debida fundamentación y motivación.

En atención a los argumentados expuestos, corresponde verificar de manera específica, si el Auto de Vista Nº 387/2017 de 6 de julio, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca, se encuentra dentro los límites que exige el derecho y la garantía del debido proceso y es congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente.

En ese contexto, este Tribunal es consciente conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo, que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello, y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones y determinaciones que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

En primer término y conforme los antecedentes del proceso, es importante aclarar que el método para la determinación de la base imponible del tributo omitido, se realizó sobre base presunta, conforme se puede establecer de la Resolución Determinativa Nº 17-000102 15 de 16 de marzo de 2015 y la Resolución Determinativa Nº 17-000103 15 de 13 de marzo de 2015 cursantes a fs. 1 a 20 de antecedentes, que son objeto de la presente acción, por lo cual no es correcta la afirmación que realiza el representante legal de la demandante en el recurso de casación interpuesto, en sentido que la determinación se hubiera realizado sobre base cierta. 

Es así que de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que el Tribunal de alzada, ha cumplido con la debida fundamentación y motivación de la resolución de vista recurrida, siendo la misma clara, compresible y congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación, exponiendo la normativa aplicable al caso; incluso en el Auto de Vista hace una mención del agravio denunciado en cada punto resuelto por el Tribunal de apelación, por lo cual se tiene que no son evidentes los argumentos expuestos por la recurrente en el recurso de casación.

En ese contexto, el Tribunal de alzada, es claro, preciso y contundente al establecer que las presunciones arribadas por la Administración Tributaria conforme dispone el art. 76 de la Ley Nº 2492, referidas a la compra de mercadería (azúcar) y posterior comercialización de la misma, que demuestran las facturas giradas a nombre de la representada del recurrente, y que el Tribunal de alzada de alguna manera considera que se corrobora por la propia afirmación de la actora, quien reconoce que en algunas oportunidades compró el producto en mínimas cantidades y a solicitud de sus compañeras comerciantes; es decir, el Tribunal de alzada considera en el caso de análisis que las afirmaciones del SIN son presunciones, que en su momento debieron ser destruidas por el sujeto pasivo, sin embargo, es el mismo Tribunal de apelación, quien concluye que el sujeto pasivo no aportó pruebas para acreditar su derecho.

Por lo anotado, se tiene que los argumentos expuestos por el representante legal de la recurrente, no resultan ser evidentes, concluyendo que el Auto de Vista recurrido, contiene la debida fundamentación y motivación y es congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación.

En el fondo:

En relación al recurso de casación en fondo, por el cual se acusa la vulneración del principio de verdad material; debemos señalar lo siguiente:

Resulta necesario determinar que el art. 42 del Código Tributario Boliviano, establece que la: "Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar".

Al efecto, existen dos métodos de determinación de dicha base imponible, de conformidad al art. 43 del Código Tributario, que señala: "La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación".

A su vez, el art. 44 del Código Tributario, establece los casos en los que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, al disponer: "La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo.”

Continuando con lo manifestado, el art. 45 del Código Tributario dispone: “(Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.”

En el caso de análisis, y en relación a la determinación realizada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, sobre base presunta, por compra y venta de bienes supuestamente no declaradas por la contribuyente; se evidencia que la Administración Tributaria, mediante acta de requerimiento Nº 14100900012, solicitó a la contribuyente Petrona Espada Saavedra, información de los periodos fiscales enero, febrero y marzo de la gestión 2012, con la finalidad de la verificación de los elementos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones conforme cursa a fs. 60 de antecedentes, información que no fue remitida por la contribuyente, conforme cursa en las Resoluciones Determinativas analizada y se evidencia a fs. 78 de obrados, incumpliendo de tal manera con la entrega de toda la información y documentación requerida a los fines de conocer de manera directa e indubitables los hechos generadores del tributo.

En esa situación, el SIN ante la falta de remisión de la documentación solicitada, y a los fines de continuar con el proceso de verificación, emitió el Acta de Acciones u Omisiones cursante a fs. 78 de antecedentes, por la que se estableció el cumplimiento de los plazos de requerimiento de información y el incumplimiento de la contribuyente, para la presentación de la documentación requerida.

Posteriormente la Gerencia de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales remitió a la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacional, el informe CITE: SIN/GF/DPAFE/INF/416/2013, con el propósito de proporcionar información que sustente la generación de la Orden de Fiscalización, mediante la cual se verifico la existencia de ventas efectuadas por el Ingenio Azucarero Guabirá S.A., al sujeto pasivo Petrona Espada Saavedra con C.I. Nº 1043769 y NIT 1043769018, en los periodos comprendidos de abril de 2011 a marzo 2012, por un monto de bs. 1.387.275,00 (Un millón Trescientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco 00/100); y en base a esta información se determinó impuestos adeudados a favor del fisco sobre BASE PRESUNTA,  al establecerse que la contribuyente al tener el NIT en estado inactivo, no se encontraba habilitada en el registro tributario correspondiente.

En base a estos antecedentes anotados, podemos colegir que la determinación del tributo omitido realizada por la Administración Tributaria, se ejecutó sobre base presunta, para lo cual se utilizaron medios y/o elementos indirectos que permitieron deducir la existencia del hecho generador, conforme lo establece el art. 45.I.4 de la Ley Nº 2492, esto en consideración a que conforme se tiene en antecedentes del proceso y conforme lo reconoce la propia contribuyente, su NIT se encontraba inactivo por no ejercer ninguna actividad económica (fs. 76 y 196), es decir que la Administración Tributaria ante la imposibilidad de emplear el método de determinación sobre base cierta, y conocer de forma directa e inequívoca el hecho generador; como medida de última instancia, utilizo el método de determinación sobre base presunta, con el cual analizó elementos indirectos que le permitieron deducir y en conclusión llegar a una presunción, sobre el hecho generador y la base imponible, presunción que al amparo de los arts. 76 y 80.II de la Ley Nº 2492, debió ser destruida con prueba que debió ser aportada por la contribuyente, conforme lo exige la norma, y al no ser aportada, la deducción de la Administración Tributaria, se consolidó en las resoluciones determinativas impugnadas en este proceso.

En el contexto referido, el art 76 de la Ley Nº 2492 señala de manera precisa que: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.”, esta actividad probatoria no fue ejercida por la demandante durante el proceso de fiscalización, ni en el proceso judicial, conforme concluyo la Juez de instancia y el Tribunal de alzada, lo que una vez mas no permitió destruir la presunción asumida por la Administración Tributaria. 

Para mayor fundamentación debemos considerar lo que establece el art. 17.I de la Ley Nº 2492 que establece: “Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.”; en el mismo sentido el art. 4 de la Ley 843 precisa: “El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.”, en atención a la normativa tributaria señalada, una vez más se puede concluir de manera lógica y razonable que el hecho generador del Tributo existió, pues se giraron las facturas correspondientes, documentos fiscales que son entregados contra entrega del hecho generador, por lo cual se concluye que el hecho generador se perfeccionó y por consiguiente generó la obligaciones eludidas.

De lo que se concluye que el Tribunal de apelación, ha obrado de manera correcta, sin vulnerar el principio de verdad material.

Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 297 de la Ley Nº 1340.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante a fs. 718 a 721, interpuesto por Álvaro Ivanok Mostacedo en representación legal de Petrona Espada de Saavedra, contra el Auto de Vista N° 387/2017 de 6 de julio, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.