TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 729

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente                    : 394/2017

Demandante                 : Félix David Roca Lurice

Demandado                   : Empresa BRB Constructora   

Proceso                         : Sueldos Devengados

Departamento               : Pando

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 83 a 84 vta., interpuesto por la Empresa BRB Constructora, representada por Bismark Rodríguez Bello, impugnando el Auto de Vista Nº 256/2017 de 4 de julio cursante de fs. 78 a 80, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso para el pago de sueldos devengados y beneficios sociales, seguido por Félix David Roca Lurice contra el recurrente; el Auto de fs. 88 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 394-A de fs. 97 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Tramitado el proceso laboral para el pago de sueldos devengados y beneficios sociales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, pronunció la Sentencia N° 215 017 de 9 de mayo de 2017, cursante de fs. 61 a 62 vta., declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por Félix David Roca Lurice contra Empresa BRB Constructora, representada por Bismark Rodríguez Bello, para que proceda al pago de Bs 18.396,00 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) a favor del demandante, por concepto de indemnización, aguinaldo, sueldos devengados y multa del 30%.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 64 a 66, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista Nº 256/2017 de 4 de julio cursante de fs. 78 a 80, que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Empresa BRB Constructora, representada por Bismark Rodríguez Bello, interpone recurso de casación y el Tribunal de Casación emite Auto Supremo Nº 394-A, cursante a fs. 97 y vta., de 4 de septiembre de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, así como la Sentencia en primera instancia le generan evidente perjuicio; por lo que impetra casación en el fondo bajo los siguientes argumentos:

1.- No se valoró de manera correcta la prueba presentada, pues se realiza una liquidación final en Sentencia considerando como salario del demandante la suma de Bs. 4.000.-, considerando este extremo como confesión de parte al momento de contestar la demanda, sin embargo, se indicó claramente que, ese era el salario inicial que percibía Félix David Roca Lurice, como operador de un tractor, pero luego se arruinó el equipo por mal manejo y se acuerda una nueva relación laboral como cuidador, por el sueldo de Bs. 2.000.-, hecho confirmado por el demandante en la audiencia de confesión provocada, además, tampoco se tomó la declaración testifical de Carlos Eduardo Hashimoto Domínguez, testigo clave de descargo, pues como amigo del demandante sabía el salario que percibía, vulnerando los arts. 155, 158 y 202 del Código procesal del Trabajo (CPT).

2.- Se ha violentado el principio del debido proceso, pues, tampoco se tomó en cuenta que, el demandante refiere que era operador de maquinaria pesada y encargado de obras, sin embargo, no prueba estos extremos y se otorga valor a lo que manifiesta, sin considerar que nadie puede desarrollar estas dos actividades de manera simultánea, como tampoco podría una persona vivir sin alimentación ni vestimenta durante el tiempo que aduce haber trabajado el demandante, sin haber percibido el pago de su salario.

Por lo tanto, pide casar el Auto de Vista N° 256/2017 de 4 de julio.

Por su parte, el demandante habiendo sido legalmente notificado, no ejerce su derecho a contestar el recurso.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La normativa laboral es clara en referencia a la facultad de los jueces al momento de valorar y considerar las pruebas aportadas por las partes durante el desarrollo del proceso, por lo que, corresponde señalar que, en materia laboral, el art. 158. del CPT, expresa de manera clara que los juzgadores no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la misma y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, en relación con el art. 3. j) del mismo cuerpo legal, que dispone la libre apreciación de la prueba, pudiendo valorar las mismas con amplio margen de libertad y según los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas laborales, conforme a su sana lógica.

El CPT en los arts. 3.h), 66 y 150, define y norma el principio de inversión de la prueba, pues en materia laboral corresponde al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, haber actuado correctamente y bajo las disposiciones laborales vigentes, siendo el responsable de la carga probatoria; de lo que interpretamos que, para el trabajador será suficiente denunciar hechos, resultando facultativo presentar pruebas que considere necesarias, mientras que, para el empleador resulta obligatorio demostrar con pruebas fehacientes los extremos denunciados por ese trabajador o las consideraciones propias de defensa.

Textualmente estos artículos señalan: artículo 3.h)Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador”, artículo 66En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes” y artículo 150En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

De los antecedentes del proceso, se tiene que se condena al demandado al pago de los sueldos devengados y pago de beneficios sociales, basando este decisorio en la valoración que realiza el juzgador de toda la prueba presentada, por lo que el demandado presenta recurso de apelación y ante la confirmación en el Auto de Vista presenta recurso de casación, correspondiendo realizar las siguientes consideraciones, relacionadas con los argumentos manifestados:

1.- Para realizar un análisis general sobre la incorrecta valoración de la prueba argumentada por el recurrente, primero debemos aclarar que, la valoración y consideración de la prueba le corresponde exclusivamente al Juez de primera instancia, quién es la Autoridad Jurisdiccional que tramita la causa, por lo tanto, adquiere el conocimiento necesario para justificar la prueba como un todo, que le genere el convencimiento necesario para arribar al decisorio final, plasmado en la Sentencia, por lo que, los Tribunales de Alzada y Casación, solamente pueden considerar nueva valoración de la prueba si es que se evidencia violación a las disposiciones legales vigentes o errónea valoración probatoria, caso en el cual deberá restituir los derechos del agraviado.

De igual manera, se debe considerar el principio de inversión de la prueba, púes el legislador de manera sabia, equilibra la asimetría existente entre trabajador y empleador, determinando que sea este último quién lleve la carga probatoria en un proceso laboral, siendo suficiente para el trabajador denunciar los derechos vulnerados.

Para el caso de autos, de la revisión de los antecedentes procesales, podemos verificar que, la Sentencia cumplió a cabalidad con los requisitos que exige el CPT, fundamentando de manera clara y objetiva la valoración que realizó de la prueba presentada y los hechos demostrados, que de acuerdo con su sana crítica motivaron el decisorio, evidenciándose que, si bien el recurrente manifestó que el salario percibido al comenzar la relación laboral era de Bs. 4.000.-, posteriormente por acuerdo de partes se acordó reducirlo a Bs. 2.000.- por cambiar también las condiciones de trabajo; sin embargo, no cursa en el expediente ninguna prueba que corrobore este extremo o que por lo menos genere una duda razonable en el juzgador como para considerar este hecho real, por lo que, aplicando el principio de inversión de la prueba, de manera correcta valora y substancia su Sentencia, determinando el pago de beneficios sociales calculado sobre un salario de Bs. 4.000.-, de lo que se difiere que, la declaración del testigo Carlos Eduardo Hashimoto Domínguez, ya no era relevante, pues hubiera sido insuficiente para generar la convicción en el juzgador de que el salario acordado entre las partes era diferente al utilizado para realizar el cálculo del finiquito del trabajador.   

2.- En relación con el punto anterior, tampoco se considera que se haya vulnerado el principio del debido proceso, pues el recurrente, demostrando desconocimiento absoluto de los principios que deben primar en un proceso laboral, argumenta que el demandante denunció violación a sus derechos laborales, pero no presentó ningún tipo de prueba que demuestre los hechos denunciados, olvidando el principio de inversión de la prueba ya explicado anteriormente, por lo que, en todo caso, es el propio demandado quién no se preocupó por demostrar que los hechos denunciados no eran ciertos; por lo tanto, cabe mencionar que, el argumento expuesto por el recurrente, en relación a que no se aportó prueba por la parte actora, no es razonable, pues, justamente son aspectos que se dilucidaron durante la tramitación del propio proceso y sujetos a comprobación con todos los medios probatorios que la ley les franquea a las partes para asumir defensa, por lo que, al generar convencimiento en el Juez se entiende que existieron los extremos que este argumenta en Sentencia para dictar su fallo, resultando impertinentes los demás argumentos expuestos.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil (CPC), aplicable por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 113 a 116, interpuesto por 83 a 84 vta., interpuesto por la Empresa BRB Constructora, representada por Bismark Rodríguez Bello, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 256/2017 de 4 de julio cursante de fs. 78 a 80. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.