TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 725

Sucre, 12 de diciembre de 2018

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                390/2017

Demandante:                Marco Antonio Ramírez Durán

Demandado:        Empresa ASINTEC SRL

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Santa Cruz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

El Recurso de Casación de fs. 130 a 132, interpuesto por la Empresa ASINTEC SRL, a través de José Valmir Pereira en su condición de Gerente General y representante legal de la sociedad, contra el Auto de Vista Nº 154 de 23 de junio de 2017, cursante a fs. 126, dictado por la Sala Primera en Materia Social y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso laboral seguido por Marco Antonio Ramírez Durán contra la Empresa recurrente; el memorial de contestación al recurso de fs. 135 a 136, el Auto que concede el recurso de fs. 137; el Auto Supremo de admisión Nº 390-A de 4 de septiembre de 2017; antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

La demanda laboral de pago de beneficios sociales, incoada por Marco Antonio Ramírez Durán contra la Empresa ASINTEC SRL, mereció la Sentencia Nº 39 de 25 de mayo de 2016, cursante de fs. 92 a 94 de obrados, dictada por la Juez Cuarto de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara probada en todas sus partes la demanda; determinando que la empresa demandada cancele a favor del actor, la suma total de Bs60.543,33 (sesenta mil, quinientos cuarenta y tres 33/100 Bolivianos), por el tiempo de servicios de 1 año, 5 meses y 27 días, con un sueldo promedio indemnizable de Bs5.000,00 (cinco mil 00/100 Bolivianos), por los conceptos de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo devengado, horas extras, prima, bono de frontera, actualizaciones y multa del 30%.

Auto de Vista.

Adjuntando documentación consistente en Certificado de Registro de Cambios Operativos, expedido por FUNDEMPRESA (fs.99); Testimonio Nº 107/2017 de 14 de febrero, de Revocatorio de Poder General de Administración y Otorgamiento de nuevo Poder General (fs. 100-102); Testimonio Nº 65/2017 de 14 de febrero, sobre Modificación a la Constitución y Transferencia de Cuotas de Capital, dentro de la Sociedad ASINTEC SRL (fs. 103-104); Testimonio Nº 383/2010 de 31 de julio, sobre Venta de Cuotas de Capital, celebrada por ASINTEC SRL, a favor de Vicente Dias Ferreira (fs. 105-107); Certificación Electrónica otorgada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), del contribuyente ASINTEC SRL (fs. 108); Formulario del Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 152612027 del Contribuyente ASINTEC SRL (fs. 109); fotocopia de Cédula de Identidad de Extranjero de José Valmir Pereira, nacionalidad Brasil (fs. 110); ASINTEC SRL, impugnando su declaratoria de rebeldía, interpone recurso de apelación, el 24 de febrero de 2017 (fs. 111 a 113), resuelto por la Sala Primera en Materia Social y Seguridad Social, mediante Auto de Vista Nº 154 de 23 de junio de 2017, que confirma la sentencia recurrida.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que la empresa demandada formule recurso de casación en la forma, cursante de fs. 130 a 132 de obrados, expresando lo siguiente:

Manifiesta que, el Auto de Vista vulneró el derecho a la defensa que asiste a toda persona jurídica; toda vez que las diligencias de notificación fueron practicadas en la ciudad de Santa Cruz, cuarto anillo, avenida Paraguá y Mutualista; siendo que el domicilio de la empresa demandada se encuentra ubicado en la ciudad de Cochabamba, calle Manuel Daza Nº 39, urbanización Entel, zona Pacata Alta; tal como evidencian los certificados públicos adjuntos al expediente. Por este extremo, afirma que las notificaciones realizadas en un domicilio distinto al de la empresa, constituyen acciones que dejan en indefensión a la empresa, vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela de la justicia; derechos reconocidos por los arts. 115.I, 120.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

Señala que el abogado defensor de oficio no realizó ningún acto de defensa de la empresa, lo que constituye otro acto de indefensión.

Manifiesta que el contrato laboral presentado en fotocopia, contiene una firma ilegible del supuesto representante de la empresa y no se encuentra firmado por el demandante, extremos que a decir del art. 162 del Código Procesal del Trabajo (CPT), sólo tendrían valor, si son reconocidos expresamente, reconocimiento que no es evidente, por lo que no tienen valor.

Refiere que a decir del art. 169 del CPT, hacen fe probatoria, dos o más testigos, que concuerden; extremo que no se evidencia en el expediente, al existir una sola declaración, realizada sin la presencia del abogado defensor, lo que no hace fe probatoria.

Afirma que la confesión provocada no puede ser valorada, ya que el demandado nunca fue citado y nunca tuvo conocimiento de la misma, constituyendo en otro motivo de indefensión.

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, anule todo el proceso.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

Derecho al trabajo

El art. 46.I de la CPE, señala: “Toda persona tiene derecho: I. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure a sí y su familia una existencia digna”.

De igual forma, el art. 13.I Constitucional, refiere: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

Concordante con lo señalado, el art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

En esa virtud, se considera el derecho al trabajo como un derecho social, que asegura para el trabajador y su familia una existencia digna, que proporciona el sustento diario vinculado con las necesidades básicas de alimentación, salud y la propia existencia del ser humano; consiguientemente, con el derecho a la vida.

De los Principios que rigen las Nulidades Procesales

La Ley Nº 025 del Órgano Judicial, con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16 establece lo siguiente: “I. Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley Nº 025, el Código Procesal Civil, Ley Nº 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado (art. 180) entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez, accesibilidad, y que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 del Código Procesal Civil).

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia en sus diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 329/2016 de 12 de abril, ha orientado que: “Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos los Nos. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que, para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale".

Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes”.

Principios y disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los Jueces, Vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis del recurso de casación planteado, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

El recurso de casación en la forma o recurso de nulidad propiamente dicho, está dirigido a invalidar una resolución o el proceso en el que se dicta dicha resolución, cuando ha sido pronunciada o sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por ley.

Entonces, si bien el recurso se interpone contra el Auto de Vista, los motivos de nulidad, se pueden dar en distintas fases del proceso: al constituirse la relación procesal, en su desarrollo y en su fase de decisión.

De la lectura del escrito de casación, se advierte que la institución recurrente argumenta la vulneración de su derecho a la defensa, bajo el fundamento que la citación con la demanda fue realizada en un domicilio que no era el de la empresa; provocando así, la indefensión del demandado y vulnerando su derecho constitucionalmente reconocido a la defensa.

Con referencia a la prueba presentada por el demandado, sobre la que funda los argumentos de su recurso de nulidad, de fs. 99 a 110, se evidencia: Que, por Escritura Pública Nº 746/2007, suscrita ante la Notaría de Fe Pública Nº 95 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la Doctora Gabriela Serrate de Ortiz, se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada ASINTEC SRL, registrada en FUNDEMPRESA con matrícula Nº 135878; que establece en la Cláusula Sexta, que el administrador y representante de la sociedad es el señor Vicente Dias Ferreira. Por Testimonio Nº 383/2010 de 27 de abril, los socios Sandra Paola Melgar Barbosa y Antonio Dias Ferreira, venden el 80% de sus cuotas de capital, correspondiendo el 50% a la primera y el 30% al segundo, al señor Vicente Dias Ferreira. Por Testimonio del Instrumento Público Nº 65/2017 de 14 de febrero, el socio Vicente Dias Ferreira, transfiere el 9% de sus cuotas de capital al otro socio José Valmir Pereira y el 1% al señor Héctor Melgar Mejía. En su calidad de únicos socios de ASINTEC SRL, por Testimonio Nº 107/2017 de 14 de febrero, José Valmir Pereira y Héctor Melgar Mejía, revocan el Poder General de Administración Nº 66/2017 de 30 de enero, y otorgan un nuevo Poder General de Administración a favor de José Valmir Pereira, en su calidad de Gerente General de la Sociedad. 

Los testimonios de los documentos públicos que se detallan en el párrafo anterior, nos llevan al convencimiento que a la fecha del Contrato de Servicios de fs. 22 a 23, el gerente propietario de la empresa ASINTEC SRL era el señor Vicente Dias Ferreira y en esa condición suscribió el referido contrato con Marco Antonio Ramírez Durán, para que desempeñe las funciones de mecánico tornero, vigente desde el 20 de marzo de 2012, documento que si bien no cuenta con la firma del contratado-trabajador, si tiene la firma del contratista o empleador, por lo que no es necesario el reconocimiento expreso del demandado para que tenga valor. Por su parte, el Memorándum de despido de fs. 3, acredita la ruptura unilateral a partir del 17 de noviembre de 2012.

El argumento principal del recurso de casación versa sobre la notificación a la empresa en un domicilio que no era el legal, extremo que no es evidente, por cuanto, y en estricta aplicación del principio de verdad material, concomitante con el de protección de los trabajadores, de primacía de la relación laboral y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores; lo dispuesto por el art. 48 de la CPE, referido a que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que los derechos y beneficios reconocidos a los trabajadores no pueden renunciarse; y el Testimonio Nº 65/2017 de 14 de febrero, de la Escritura Pública sobre Modificación a la Constitución y Transferencia de Cuotas de Capital, dentro de la Sociedad ASINTEC SRL; se tiene la certeza que, el señor Vicente Dias Ferreira, era administrador y representante de la sociedad ASINTEC SRL, hasta el 14 de febrero de 2017, fecha de venta del total de sus cuotas de capital a favor de su socio José Valmir Pereira (9%) y a Héctor Melgar Mejía (1%); consecuentemente, cuando suscribió el contrato de servicios con el demandante, lo hizo en su condición de gerente propietario y representante legal de la sociedad. Bajo este razonamiento, la citación con la demanda laboral, plasmada a fs. 48, se encuentra correctamente diligenciada en el domicilio real del representante legal de ASINTEC SRL, Vicente Dias Ferreira, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 4º Anillo entre avenida Paraguá y Mutualista; representación legal que se mantuvo vigente hasta el 14 de febrero de 2017, por lo que, el argumento sostenido por el ahora representante legal de la sociedad demandada José Valmir Pereira, no corresponde a la realidad de los hechos, respaldados por la prueba que cursa en obrados.

Por los argumentos expuestos, la vulneración del derecho a la defensa, expuesta por el demandado en su recurso de casación, no es evidente, consecuentemente no corresponde dar curso a la nulidad del proceso, ya que en obrados consta la citación mediante cédula al representante legal de ASINTEC SRL, con la demanda y demás actuados procesales, que a decir del art. 72 del CPT, la citación a persona jurídica será efectuada válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes generales, administradores o personeros legales; actuado procesal que fue correctamente asentado, por lo que cumplió con la finalidad de poner en conocimiento del demandante, la acción presentada en su contra para que asuma defensa, siendo la defensa una facultad del demandado, constituyendo la falta de contestación, un grave indicio en contra del demandado (art. 124 del CPT); además, tomando en cuenta que en materia laboral, la inversión de la prueba a favor del trabajador, es un principio constitucionalmente reconocido y si el empleador demandado decide no asumir defensa, los fundamentos de la acción no son desvirtuados; debiendo el Juez de instancia dictar Sentencia, formando libremente su convencimiento e inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica.

Por lo que, al no cumplirse con los dos presupuestos legales indispensables para dar curso a la nulidad solicitada, a saber, violación del derecho a la defensa y el reclamo oportuno por parte del afectado; buscando la materialización de los principios constitucionales y superando el sistema formalista, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 130 a 132, interpuesto por la sociedad ASINTEC SRL mediante su representante legal José Valmir Pereira.

Con costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.