TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 722

Sucre, 12 de diciembre de 2018

Expediente                    : 387/2017

Demandante                 : Ana María Tapia Murillo

Demandado                   : René Luis García Sanabria   

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 83 a 86 vta., interpuesto por René Luis García Sanabria, impugnando el Auto de Vista Nº 46/17 de 16 de marzo de 2017 cursante de fs. 77 a 78, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Ana María Tapia Murillo contra el recurrente; el Auto de fs. 89 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 387-A de fs. 99 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Jueza de Trabajo y Seguridad Social Cuarta de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 005/2016 de 8 de enero, cursante de fs. 53 a 59, declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por Ana María Tapia Murillo contra René Luis García Sanabria, para que proceda al pago de Bs 10.055,25 (DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO 25/100 BOLIVIANOS) a favor de la demandante, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, bono de antigüedad, retroactivo incremento salarial, sueldos devengados y multa del 30%.

Auto de Vista

En grado de apelación deducidas por el demandado de fs. 61 a 62 y por la demandante de fs. 64 a 65, la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 46/17 de 16 de marzo de 2017 cursante de fs. 77 a 78, que CONFIRMÓ EN PARTE la Sentencia, disponiendo el pago en favor de la demandante por un monto de Bs 10.252,08 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 08/100 BOLIVIANOS) a favor de la demandante, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, retroactivo incremento salarial, sueldos devengados y multa del 30%.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Rene Luis García Sanabria, interpone recurso de casación y el Tribunal de Casación emite Auto Supremo Nº 387-A, cursante a fs. 99 y vta., de 01 de septiembre de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación, el recurrente impetra casación en la forma y el fondo bajo los siguientes argumentos:

1.- Se han violado las formas esenciales del proceso, por cuanto no se dio curso a la solicitud de exclusión del presente proceso al demandado, por no ser éste el empleador de Ana María Tapia Murillo, señalando el Auto de Vista recurrido que, habría existido relación laboral entre las partes, cuando la demanda debió interponerse en contra de la verdadera empleadora señalada en el contrato de trabajo cursante a fs. 2, presentado por la actora, atentando contra el principio constitucional del debido proceso.

2.- No se valora las pruebas adecuadamente, al indicar que hubo relación laboral entre la actora y el demandado, sin considerar las pruebas cursantes a fs. 2 y 21 de obrados, consistentes en contratos de trabajo, mismos que no fueron suscritos por el demandado, siendo la empleadora Dunia Lorena Eduardo Pino, contratando los servicios de la demandante para que haga propaganda de una oficina jurídica entregando volantes de la misma como se verifica con la prueba presentada a fs. 11, vulnerando el principio de igualdad al considerar las pruebas de la demandante y negar el derecho a valorar las pruebas del demandado al momento de dictar las resoluciones, sin considerar el contenido de la contestación ni la fijación de los puntos de hecho a probar establecidos en el Auto que traba la relación procesal, como tampoco el hecho que Dunia Lorena Eduardo Pino contrató los servicios de la demandante en virtud de la relación contractual civil que tenía con el demandado, sin tomar en cuenta el principio de verdad material.

La demanda de pago por cualquier derecho social que corresponda en favor de la demandante, debe ser dirigida en contra de su verdadera empleadora Dunia Lorena Eduardo Pino y no como erróneamente manifiesta el Auto de Vista recurrido, que cursa en obrados la Resolución 068/2015 (fs. 20 a 30) que declara improbadas las excepciones planteadas, argumentando que este aspecto ya fue compulsado en dicha Resolución, imponiendo al demandado el pago de los beneficios sociales, apreciando alejados de la verdad, la causal de retiro tomando en cuenta solamente la sindicación de la actora, por lo que le correspondería el derecho a indemnización, desahucio, aguinaldo y retroactivo del incremento salarial, sin haber formado libremente su convencimiento.

Por lo tanto, pide casar el Auto de Vista N° 46/17 de 16 de marzo de 2017 y resolviendo en el fondo el presente recurso, declare improbada la demanda.

Por su parte, el demandante habiendo sido legalmente notificado, no ejerce su derecho a contestar el recurso.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Del debido proceso:

La Constitución Política del Estado reconoce al debido proceso como una garantía debidamente tutelada, cuando dispone en su art. 115.II: “…El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…”; reconociéndolo  además como un derecho, conforme se tiene del art. 117.I constitucional que señala: “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; y finalmente como un principio en el que se funda la jurisdicción ordinaria establecido en su art. 180.I que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez…”. 

En esa línea la SCP N° 0043/2014 de 3 de enero, en relación a la importancia del debido proceso, haciendo mención a la línea jurisprudencial establecida por la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que: “…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes…”; similar entendimiento asumido por las Sentencias Constitucionales (SSCC) No 0086/2010-R y 0223/2010-R, entre otras.

A ello, la SCP No 0043/2014 en referencia, concluye que bajo el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso: “…no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material…”.

De la carga probatoria:

El CPT en los arts. 3.h), 66 y 150, define y norma el principio de inversión de la prueba, pues en materia laboral corresponde al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, haber actuado correctamente y bajo las disposiciones laborales vigentes, siendo el responsable de la carga probatoria, de lo que interpretamos que, para el trabajador será suficiente denunciar hechos, resultando facultativo presentar pruebas que considere necesarias, mientras que, para el empleador resulta obligatorio demostrar con pruebas fehacientes los extremos denunciados por ese trabajador o las consideraciones propias de defensa.

Textualmente estos artículos señalan: artículo 3.h)Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador”, artículo 66En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes” y artículo 150En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

De los antecedentes del proceso, se tiene que se condena al demandado al pago de beneficios sociales, basando este decisorio en la valoración que realiza el juzgador de toda la prueba presentada, por lo que el demandado presenta recurso de apelación y ante la decisión asumida en el Auto de Vista presenta recurso de casación, correspondiendo realizar las siguientes consideraciones, relacionadas con los argumentos manifestados:

1.- Se argumenta que se ha violentado el principio del debido proceso, por haberse determinado en Sentencia y Auto de Vista recurrido que, existía relación laboral entre las partes, sin valorar ni considerar la prueba de descargo ofrecida; sin embargo, se interpreta que, el debido proceso refiere a que las partes tengan un proceso justo, llevado no solamente con las formalidades legales exigidas, sino también en busca de determinar o descubrir la verdad material de los hechos, para poder hacer justicia en favor de la parte afectada y ese proceso justo simboliza que las partes deben ser escuchadas de la manera más amplia, asumiendo la defensa de sus derechos con todas las herramientas que la ley les permite o faculta. En el caso concreto, se puede evidenciar en obrados que, las partes no han sido coartadas en el uso de todos los medios de defensa con los que contaban, han sido debidamente atendidos en sus peticiones y las pruebas aportadas por estos han sido compulsadas por el juzgador, quién ha creado convencimiento de su decisorio basando el mismo en todas esas pruebas que las partes aportaron durante la tramitación del proceso, por lo que no se puede decir que se ha violentado el principio del debido proceso, puesto que, el demandado ha tenido la libertad absoluta de presentar la documentación que consideraba conveniente u ofrecer los medios probatorios que creía pertinentes para asumir su defensa; sin embargo, lo que se puede verificar en actuados es que, el demandado fue totalmente negligente al asumir su defensa pues presentó solamente un contrato laboral cursante a fs. 21, como único medio de defensa documental, pretendiendo que se consideren los argumentos de su memorial de contestación, sin demostrar ninguno de esos fundamentos con los medios probatorios que la ley le franquea para el efecto, verificándose además que, ni siquiera se preocupó de que se lleve adelante la declaración testifical de sus testigos de descargo ofrecidos, gestionando o preocupándose que los mismos se presenten ante el Juez de la causa en la fecha y hora dispuesto para la audiencia, ni de presentarse personalmente para brindar la confesión provocada a la que fue emplazado, como consta a fs. 50 y 51 respectivamente, demostrando total dejadez en aclarar la realidad de los hechos, por lo que ahora no puede pretender que se tomen en cuenta aspectos que son el resultado de su propia desidia.

De otra parte, se verifica que el contrato cursante a fs. 2, corresponde a un contrato laboral, mismo que si bien es suscrito por Dunia Lorena Eduardo Pino, en el sello de firma se advierte que la misma actúa como coordinadora de la Firma Legal García y la prueba cursante a fs. 11, indica que el Director Jurídico de dicha firma legal es el ahora demandado Rene Luis García Sanabria. 

Por lo tanto, se discurre que la valoración y compulsa de las pruebas aportadas, se realizó de manera correcta, considerando este Tribunal Casacional que existió relación laboral de dependencia entre René Luis García Sanabria como empleador y Ana María Tapia Murillo como trabajadora.

2.- El recurrente indica que, no se consideraron ni valoraron las pruebas presentadas de descargo, sin embargo, se otorgó pleno valor probatorio a las declaraciones y pruebas de cargo, violentando el principio de igualdad que debe primar; empero, demostrando desconocimiento de los principios que rigen los procesos laborales, se olvida del principio de inversión de la prueba, por el cual, corresponde al empleador demostrar los extremos vertidos, siendo suficiente para el trabajador solamente denunciarlos.

Por lo que, siguiendo los argumentos del punto anterior, quedó demostrado que el demandado no tuvo ninguna preocupación en demostrar la realidad de los hechos, pues argumenta que los contratos laborales suscritos los firmó Dunia Lorena Eduardo Pino, actuando de manera personal en virtud de un contrato civil suscrito con el ahora demandado, sin embargo, ni siquiera presenta como prueba de descargo el mencionado documento, lo que hace suponer que, no existe tal contrato y la firma de los contratos laborales se realizó por cuenta de la firma legal que representa Rene Luis García Sanabria, más aún cuando se verifica en la prueba de fs. 11 que, las tarjetas de propaganda que repartía la demandante, correspondían a la firma legal que dirige ejecutivamente el demandado.  

De igual manera, se demuestra el desinterés del demandado en los actuados cursantes de fs. 28 a 30, Resolución N° 068/2015 que declara improbadas las excepciones previas de impersonería y de imprecisión o contradicción en la demanda, el memorial de apelación de fs. 32 a 33, por el cual se apela el decisorio, la Resolución N° 634/2015 de fs. 36, en la cual se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo contra la Resolución N° 068/2015 y por último la Resolución N° 687/2015 de fs. 39, por la cual se declara la ejecutoria de la Resolución N° 068/2015 por incumplimiento del demandado en la provisión de fotocopias legalizadas  y simples de las piezas principales del proceso, para que las mismas sean remitidas ante el superior en grado para su revisión, por lo que, se declaró la caducidad del recurso en aplicación del art. 259.2 del CPC.  

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil (CPC), aplicable por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 83 a 86 vta., interpuesto por René Luis García Sanabria, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 46/17 de 16 de marzo de 2017 cursante de fs. 77 a 78. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.