TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 721

Sucre, 6 de diciembre de 2018

Expediente                : 424/2017

Demandante             : Miguel Ángel Canseco Flores

Demandado              : Corporación Aquino de Bolivia S.A.

Proceso                     : Beneficios Sociales

Departamento           : Santa Cruz

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 293 a 295 vta. interpuesto por Miguel Ángel Canseco Flores, y de fs. 300 a 302 vta. interpuesto por   Stefano Sebastian Calabi Tejada en representación legal de la Corporación de Aquino Bolivia S.A., respectivamente, contra el Auto de Vista de 30 de marzo de 2017, de fs. 290 a 291 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso social seguido por Miguel Ángel Canseco Flores contra la Corporación de Aquino Bolivia; el Auto de 11 de agosto de 2017 de fs. 305 que concedió los recursos; el Auto Supremo Nº 424-A de fs. 315, que admitió los recursos; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Octavo de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 463 de 26 de octubre de 2015 (fs. 256 a 261), declarando probada en parte  la demanda, sin costas, disponiendo se cancele en favor del actor la suma de Bs. 93.179,46, por concepto de  indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación, subsidios y bono de antigüedad.

Auto de Vista

En grado de apelación interpuesta por ambas partes de fs. 263 a 265 vta. y de fs. 275 a 277 vta., la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 30 de marzo de 2017, de fs. 290 a 291 vta., que confirmó la Sentencia. Sin costas.

Argumentos de los recursos de casación

1.- El recurso de casación de fs. 293 a 295 vta. interpuesto por Miguel Ángel Canseco Flores, bajo los siguientes argumentos:

Que el Tribunal ad quem, en el Auto de Vista impugnado no fundamentó y omitió tomar en cuenta en el Sueldo o Salario indemnizable al bono de antigüedad, incumpliendo lo establecido en el art. 11 del DS 1592, que debió estar contemplado en el promedio indemnizable, toda vez que este afecta en los incrementos salariales, indemnización y desahucio, debiendo haber hecho el incremento de este Bono de Antigüedad en el cálculo desde la gestión 2008 al 2014, en la suma de Bs. 38.977,13 por incremento salarial y de Bs. 30.602 por bono de antigüedad, ocasionándole esta omisión un gran perjuicio.

Concluyó solicitando la revocatoria de la Sentencia parcialmente. 

2.- El recurso de casación de fs. 300 a 302 vta. interpuesto por  Stefano Sebastian Calabi Tejada en representación legal de la Corporación de Aquino Bolivia S.A., bajo los siguientes argumentos:

Que el Tribunal ad quem, omitió observar y valorar con fundamentos jurídicos, el Estado de Ahorro Previsional del demandante y las certificaciones de fs. 12 a 16, que demuestran que la relación de trabajo se sujetaba a periodo académico, que van de marzo a junio o de agosto a diciembre del mismo año, dependiendo del calendario del año que es aprobado por el Vice Ministro de Educación Superior de Formación Profesional.

De igual manera, señala que no se consideró ni fundamentó respecto que los contratos de trabajo por periodo y/o temporada académica, jamás fueron sujetos o pactados por tiempo indefinido, demostrando por las pruebas de descargo de fs. 128 a 204,  que el demandante no cursó los servicios de docencia, jamás los meses de enero, febrero y julio, de cada año que le tocó cumplir con los servicios de docencia.

Así también manifiesta que los finiquitos y pagos de fs. 108 a 114, demuestran que cada vencimiento de temporada o periodo académico, el docente era finiquitado por la duración del contrato, ya que el trabajador no se sujetaba a tiempo indefinido, aspecto que no fue valorado ni apreciado por el Tribunal ad quem, vulnerando lo dispuesto en el Decreto Ley 16181 de 16 de febrero de 1979 y que no se puede indemnizar por años calendarios y completos a una persona que durante el año solo trabajó entre 8 y 9 meses, existiendo mínimamente 3 meses de interrupción laboral, no aduciendo nada al respecto el Tribunal de alzada e incurriendo en error de hecho y de derecho, al confirmar la Sentencia y otorgar de manera contradictoria e irrisoria el bono de antigüedad, aguinaldos y vacaciones.

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista recurrido, declarando improbada la demanda.

II. Fundamentos jurídicos del fallo y análisis del caso concreto.

De los recursos de casación, revisión y compulsa de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

Que previamente el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial tiene el deber de revisar de oficio las actuaciones procesales, disposición legal que encuentra relación con el art. 106. I del Código de Procesal Civil, que dispone: “La nulidad podrá ser declarada dé oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”

En ese contexto, de la revisión del Auto de Vista de 30 de marzo de 2017, de fs. 290 a 291 vta., se evidencia que la misma confirmó la Sentencia de primera instancia; empero, no se hace un estudio y análisis de los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación por ambas partes, como es el caso de la apelación de fs. 263 a 265 vta., que solicitó se pronuncie respecto al bono de antigüedad inmerso en el salario indemnizable, la falta de reconocimiento de los aguinaldos e incrementos salariales de las gestiones 2008 a 2012, subsidios de lactancia y salarios por estabilidad laboral; asimismo, respecto a la apelación de fs. 275 a 277 vta. de igual manera no se pronuncia de manera puntual respecto a la valoración de los contratos suscritos por periodo o temporada académica, desahucio, pago de subsidios, así como el que no corresponde pago de aguinaldos, ni  vacaciones; en ese contexto, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se evidencia que estos aspectos fueron omitidos en la parte considerativa, lo que implica que no se asumieron decisiones precisas, claras y concretas al respecto, demostrando la existencia de falta de exhaustividad, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida e impidiendo a que este Tribunal pueda analizar los recursos formulados.

Asimismo de manera conjunta y sin fundamento razonado, en el considerando II del Auto de Vista impugnado, hace una relación de los antecedentes del proceso manifestando que existió relación laboral entre el actor y la universidad demandada, y que el salario promedio indemnizable de Bs. 3.779,55 ha sido consignado de manera correcta la conforme el art. 19 de la LGT, concluyendo que respecto al “bono de antigüedad, aguinaldos y vacaciones se realizó una correcta valoración de las pruebas”; es decir excluye fundamentar y considerar los demás argumentos reclamados en los recursos de apelación de fs. 263 a 265 vta. y de fs. 275 a 277 vta., que se refieren a los incrementos salariales de las gestiones 2008 a 2012, subsidios de lactancia y salarios por estabilidad laboral por un lado y por parte del demandado respecto al indebido pago de desahucio, vacaciones y aguinaldo, olvidando hacer mención siquiera de los mismos.

Por otra parte, el Tribunal de alzada, si bien señala que la sentencia realizó una valoración de las pruebas eficazmente sin vulnerar derechos; sin embargo, no realiza una compulsa de las mismas, para verificar si es correcto o no los reclamos efectuados por los recurrentes, olvidando que toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y que las apreciaciones de la parte considerativa deben ser debidamente fundamentadas, debiendo ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso toda vez que el Tribunal ad quem, se constituye en la instancia de segundo grado que tiene como finalidad conocer los recursos de apelación, por el que las partes exponen sus agravios en la búsqueda de que el superior en grado enmiende conforme a derecho la Resolución dictada por el Juez A quo, en cumplimiento a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la Sentencia y la expresión de agravios de los recursos de apelación, lo que no ocurrió en el caso de autos.

Así también el Tribunal ad quem debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, lo que no sucedió en el presente caso, lo que implica la vulneración del derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119 parágrafo I de la Constitución Política del Estado 2009; así la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...) cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas".

Sobre el particular, hay que recordar que los tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación de fs. 263 a 265 vta y de fs. 275 a 277 vta., constan argumentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.

Consiguientemente corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el 17. II de la Ley del Órgano Judicial y art. 106.I del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta fs. 289, inclusive, disponiendo que el Tribunal de apelación, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie nuevo Auto de Vista, debiendo considerar los agravios formulados de manera expresa en los recursos de apelación de fs. 263 a 265 vta. y fs. 275 a 277 vta. y resolver de manera fundamentada los mismos.

No siendo excusable, se impone multa de Bs. 300 para cada uno de los Vocales suscribientes del Auto de Vista.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.