TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 698

Sucre, 27 de noviembre de 2018

Expediente                   : 361/2017

Demandante                : José Eduardo Hidalgo Rocha

Demandado                 : Servicio de Asesoría Legal SEDEGES

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento             : Beni

Magistrada Relatora    : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 84 a 86 vta., interpuesto por Sócrates Llapiz Ojopi representado en su calidad de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del SEDEGES BENI, impugnando el Auto de Vista Nº 21/2017 de 13 de marzo de 2017 de fs. 80 a 81 vta., pronunciado por la Sala en materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso de beneficios sociales, el Auto de fs. 101 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 361-A de 15 de agosto de 2017 fs. 114 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Trinidad - Beni, pronunció la Sentencia Nº 96/2016 de 16 de septiembre de fs. 60 a 64, que declaró Probada en parte la demanda de fs. 5 a 7, sin costas, disponiendo que el Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES BENI representado por la directora Mónica Cecilia Rivas Memm, cancele a José Eduardo Hidalgo Rocha vacaciones en la suma de Bs. 5.550 (cinco mil, quinientos bolivianos 00/100).


Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la entidad demandada de fs. 68 a 69, la Sala en materia de Trabajo y Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, confirmó totalmente la Sentencia Nº 096/2016 de fecha 16 de septiembre de fs. 60 a 64 vta. Sin costas, en conformidad del art. 39 de la Ley 1178.

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista, la entidad demandada, formuló recurso de casación de fs. 84 a 86 vta., bajo los siguientes argumentos:

En la forma.- Acusa que el Tribunal ad quem incurrió en falta de fundamentación y motivación a momento de resolverse la apelación, y que en el Auto de Vista se realiza una interpretación errónea de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP) al determinarse al demandante la calidad de funcionario provisorio; sin embargo, el mismo no encuadra en lo dispuesto por el art. 57 del Decreto Supremo (DS) 26115 NBSABS, sino más bien a lo que establece el art. 6 de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP), teniendo memorándums sucesivos con fecha de inicio y fin que no sobrepasan la gestión fiscal o el año fiscal, bajo partida 12100; manifestando que no le corresponde el derecho a vacaciones, toda vez que no se completó el año, aspecto que no fue considerado en el Auto de Vista vulnerando el debido proceso dispuesto en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En el fondo.- Acusa indebida aplicación de la Ley al establecer que el demandante seria un funcionario provisorio, sin mayores aspavientos y basados tan solo en un hecho fáctico de la no existencia del contrato, desconociendo la normativa establecida en la CPE art. 232 y siguientes, Ley 2027 EFP, Art. 5, 6, 7, 70 y 71 especialmente que establece (condición de funcionario provisorio).

Indica que el demandante no estaba en un cargo correspondiente a la estructura formal de cargos, ni era aspirante a la carrera administrativa siquiera, ya que su ingreso es posterior a la vigencia de la Ley 2027 EFP, por lo que no se encuadra en lo que establece el art. 70 en relación con el art. 57 del DS 26115, aspecto que fue demostrado por las pruebas de cargo a fs. 3, donde se evidencia que jamás ocupo un cargo formal dentro de la planilla y escala salarial del SEDEGES, es más ni siquiera dentro de su estricta organizacional definida por el DS. 25287 atribuciones y funciones de esa institución, por lo que al determinar el Tribunal de alzada, el pago de vacaciones no utilizadas incurre en error y aplicación indebidamente la Ley en su art. 71 en relación al art. 6 de la Ley 2027, para este caso los clasificadores presupuestarios que emite el Ministerio del ramo, Economía y Finanzas Públicas cada año establecen que el personal bajo la Partida 12100 eventual con cargo a proyectos de inversión, no deben generar ningún otro emolumento adicional que no sea su sueldo, sin embargo, excepcionalmente se le viene reconociendo aguinaldo, más no vacaciones.

Señala que el Tribunal de alzada al igual que el Juez a  quo, cometen una errónea apreciación de la ley, al determinar calidad de funcionario provisorio y no personal eventual cargado a programas y proyectos de inversión donde puede o no existir un contrato, la eventualidad viene dada porque no existe un cargo permanente y formal dentro de la estructura organizacional de la entidad y que los recursos se asignan a los proyectos de inversión por una gestión fiscal quedando cesantes quienes obtienen su sueldo como es el caso del demandante, otorgándoseles nuevamente memorándum de designación en la gestión siguiente, esta clase de personal no permanente se encuentra previsto en la Norma Básica de Administración de Personal NBSAP en su art. 60, el personal eventual contratado para programas y proyectos, está exceptuando del alcance del presente artículo, por lo que el contrato no puede ser considerado como requisito sine qua non, existiendo errónea apreciación de la Ley al valorar la prueba de cargo y descargo, al haber demostrado que el actor no genera antigüedad para cómputo de vacaciones, al no tener continuidad la relación laboral, omitiendo el tribunal valorar y apreciar objetivamente la prueba conforme establece el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista Nº 21/2017 de 13 de marzo y se anulen obrados con reposición de actuados o alternativamente se case en el fondo el Auto de Vista en todo cuanto ha sido materia del presente recurso y dejándose el mismo sin efecto, declarándose improbada la demanda.

II. Fundamento jurídico del fallo.

El Decreto Supremo Nº 25287 de 22 de enero de 1999, establece en su art. 21 que: “La administración del SEDEGES estará sujeta a los sistemas de la Ley Nº 1178 y a sus respectivas normas básicas”, y en su art. 22 señala: “(Recursos Humanos)…Los funcionarios del SEDEGES son servidores públicos sometidos a las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Personal, en el marco de la Ley Nº 1178.

Por otra parte, se debe tener presente que se reconoce como funcionarios de carrera a los empleados que están sujetos a la Ley Nº 1178 y su Decreto Reglamentario Nº 23318-A, siendo funcionario de libre nombramiento y de libre remoción, conforme los contemplados en el inciso c) del art. 5 de la Ley Nº 2027 (Estatuto del Funcionario Público -EFP), que realiza una clasificación de los funcionarios públicos en: electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos.

Asimismo señala que son funcionarios de carrera: “…aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto”.

La misma normativa legal en su art. 71, refiere que los funcionarios provisorios son: “Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7º de la presente Ley”; lo que significa que los funcionarios públicos son considerados de carrera cuando se demostró que en su incorporación y estabilidad en el cargo se cumplieron todos los requisitos exigidos por las disposiciones de la carrera administrativa; es decir, que hubiesen sido sometidos a un proceso de reclutamiento de personal mediante convocatorias internas o externas, sobre la base de los principios de mérito, competencia y transparencia, conforme lo prevé el art. 23 del EFP, y en caso de no estar comprendido dentro de esa categoría, serán considerados como provisorios sin que puedan acogerse a los derechos previstos para los funcionarios de carrera como: la inamovilidad funcionaria, a la estabilidad, ser destituido previo proceso interno y por las causales previstas por ley, entre otras.

Ahora bien, el art. 36.I del DS 25749 de 20 de abril de 2000, Reglamento de desarrollo parcial de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, establece que: "Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y evaluación de méritos, tendrán el carácter de funcionarios públicos provisorios. Por consiguiente, dichos Funcionarios no serán acreedores a los derechos contenidos en el numeral II del artículo 7 de la mencionada Ley...".

De la vacación

Es necesario señalar que el art. 44 de la Ley General del Trabajo, reformado por el art. 1º del Decreto Supremo Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, regula el derecho al “descanso anual” a que tienen todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el Decreto Supremo Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; por cuanto el descanso, es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el trabajador renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades.

Que al ser la vacación un derecho expectaticio que se lo adquiere luego de que el trabajador haya cumplido el año de trabajo y en caso de retiro, sea este voluntario o forzoso, se compensa en dinero únicamente la última vacación pendiente de uso por el año de trabajo cumplido, al cual también corresponde agregar la compensación de la vacación en dinero por duodécimas (si existen), en proporción a los meses trabajados dentro del último período, después del primer año de antigüedad ininterrumpida, conforme se infiere del artículo único del Decreto Supremo Nº 12058 de 24 de diciembre de 1974.

Análisis del caso concreto

En la forma.- Con relación a la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista a momento de resolverse la apelación, y errónea interpretación de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público (EFP) al determinarse al demandante la calidad de funcionario provisorio; sobre el particular se debe tener presente que toda resolución judicial debe constituir una unidad jurídica lógica y que las apreciaciones de la parte considerativa deben ser debidamente fundamentadas, debiendo ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso y que, salvo expresa autorización de la ley, no puede contener más de lo pedido (ultra petita), ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes (citra petita).

Por otra parte, respecto a la denuncia de supuesta vulneración de los derechos al debido proceso, derecho a la defensa y la debida fundamentación, en los que hubieran incurrido la Sentencia y el Auto de Vista, en estos casos, la entidad recurrente debe establecer el nexo causal entre el hecho y la supuesta vulneración en que hubiere incurrido el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista impugnado; no puede limitarse a formular una simple denuncia de supuesta vulneración de derechos, sin la debida fundamentación, debiendo formular sus denuncias y proveer de los antecedentes de hecho generadores del reclamo, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional, aspectos que no han sido observados en el caso.

En el Fondo.- Respecto a que el Tribunal ad quem incurrió en errónea interpretación de la Ley 2027 EFP, al determinar que el demandante tiene la calidad de funcionario provisorio, sin considerar la prueba de cargo y descargo, que demostró el trabajado eventual del actor y con cargo a la partida 12100; sobre el particular, de los antecedentes del caso se tiene que el actor ejerció sus funciones, como Psicólogo de los Centros Maná, Chetequije, Esperanza de la Unidad de Asistencia Social y Familia, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social SEDEGES BENI, a partir del 2 de mayo de 2006 hasta el 7 de marzo de 2013, evidenciándose mediante la documental de fs. 22 a 29, que el mismo fue designado mediante memorándums, con un haber mensual de Bs. 4.500, y si bien fue asignado con un nivel 3 de la Planilla de Personal Eventual de la Unidad de Asistencia Social y Familia UASF; sin embargo, conforme establece el art. 71 de la Ley 2027, desarrollado supra, al existir diferencia entre los funcionarios de carrera y provisorios, se debe considerar que la entidad recurrente no desvirtuó con prueba alguna que el actor no este comprendido como funcionario provisorio, limitándose a señalar que es un trabajador eventual, cuando en los hechos el demandante trabajo en la entidad por más de 6 años; asimismo, se debe considerar que el art. 10 del DS Nº 27327 de 31 de enero de 2004, modificado por el DS Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, establece “(Personal eventual) Se elimina el gasto de la Partida 12100 “Personal Eventual” para contratos de personal que cumplan funciones administrativas, salvo los casos de misiones o programas definidos por disposiciones legales en vigencia. En este último caso, los contratos no deberán ser por plazos mayores a los 90 días y deberán estipular que no generan obligación de pago de aguinaldo, ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación.” (las negrillas son añadidas)

Ahora bien, conforme sale del memorándum de designación y planilla permanente del demandante, los mismos denotan que era personal eventual, encargado de proyectos y programas de inversión; empero, conforme lo establecido en el art. 10 del DS Nº 27327 de 31 de enero de 2004, en caso de personal eventual que esta bajo la partida 12100, es necesario que exista un contrato y que el mismo no tenga un plazo mayor a 90 días, lo que no sucedió en el caso de autos, por lo que al haber determinado el Tribunal de alzada confirmar la Sentencia, no ha omitiendo valorar y apreciar objetivamente la prueba, más aún si se advierte que la parte recurrente persigue se efectué una nueva valoración de las pruebas aportadas por las partes, sin percatarse que la valoración y compulsa de las pruebas, es atribución privativa de los jueces de instancia incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron, toda vez que la documental presentada fue debidamente valorada, en consecuencia no se evidencia que el tribunal de alzada haya incurrido en valoración errónea de la prueba, toda vez que en materia laboral, el Juez a quo o Tribunal ad quem no se encuentran sometidos a la tarifa legal de la prueba; más al contrario, tiene libertad de apreciación de la misma, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, con la única excepción de la circunstancia en que la ley exija de una prueba un contenido material concreto, tal como disponen el art. 158 en concordancia con el inciso j) del art. 3 y con el art. 60, todos ellos del Código Adjetivo Laboral, lo que no ocurre en la especie

En virtud a lo expresado, se concluye que conforme el art. 48 parágrafos I, II y III de la  Constitución Política del Estado (2009): "Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral… Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.” (las negrillas son nuestras); en consecuencia corresponde el pago de vacaciones dispuesto por los de instancia.

En consecuencia, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación de fs. 84 a 86 vta., corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 84 a 86 vta. Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.