TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 697

Sucre, 27 de noviembre de 2018

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                356/2017

Demandante:                 Eleazar Montenegro Pérez

Demandado:        Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija - ZOFRACOBIJA

Materia:                        Laboral

Distrito:                        Pando

Magistrada Relatora        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

Tatiana Mónica Sejas Condori en su condición de Directora General Ejecutiva de ZOFRACOBIJA, interpone recurso de casación en el fondo, contra el Auto de Vista Nº 226/2017 de 20 de junio, cursante de fs. 38 a 39, dictado por la Sala Social Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro el proceso Laboral seguido por Eleazar Montenegro Pérez contra la institución demandada, el memorial de contestación de fs. 47 a 48, el Auto que concede el recurso de fs. 49, el Auto Supremo de admisión 356-A de 14 de agosto de 2017, antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

La demanda laboral incoada por Eleazar Montenegro Pérez contra ZOFRACOBIJA, mereció la Sentencia Nº 182/2017 de 19 de abril, cursante de fs. 22 a 24 de obrados, dictada por el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declara probada en parte la demanda de fs. 13 a 14 de obrados; disponiendo que la entidad demandada, dentro de tercero día, pague al actor la suma de Bs11.308, por concepto de cuatro meses de vacación y subsidio de frontera de 2015 y 2016.

Auto de Vista.

En apelación interpuesta por la institución demandada, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Auto de Vista Nº 226/2017 de 20 de junio, cursante de fs. 38 a 39, confirma la sentencia apelada.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que ZOFRACOBIJA formule recurso de casación, cursante de fs. 42 a 44 de obrados, expresando lo siguiente:

Señala que el demandante es ex funcionario de ZOFRACOBIJA, que por el Contrato de Prestación de Servicio de Personal Eventual, adquirió la calidad de funcionario público o servidor público, bajo la aplicación de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público. Manifiesta que el Decreto Supremo (DS) 25933 modificado por el DS 29744, en su art. 42 establece, la naturaleza institucional de ZOFRACOBIJA, como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; en consecuencia ZOFRACOBIJA se encuentra bajo el régimen de la ley 2027, al igual que el demandante, estando excluido de las normas laborales.

Con relación al Subsidio de Frontera argumenta que conforme consta en el contrato de prestación de servicio de personal eventual, el demandante adquirió la calidad de funcionario público, que al provenir sus sueldos de la Partida 12100, no puede cobrar suma adicional al establecido en su contrato. Argumenta que, el art. 10 del DS 27327 fue sustituido por el art. 5 del DS 27375, en los siguientes términos: “Se elimina el gasto de la Partida 12100 “Personal Eventual” para contratos de personal que cumpla funciones administrativas, salvo los casos de misiones específicas, programas específicos y proyectos. Toda contratación bajo la Partida 12100 no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación. Las remuneraciones del personal contratado con la Partida 12100 deben ser establecidas considerando la equivalencia de funciones y remuneraciones que percibe el personal de línea”.

Refiere que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante el CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/Nº 1946/12 de 31 de diciembre, realiza una interpretación del referido DS, señalando: “… cuya privación también alcanza al reconocimiento del Bono de Frontera. Por lo que en aplicación del decreto supremo 27327, no corresponde el bono de frontera bajo la partida 12100”. De igual manera, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el OF. EXT.JDTP-MTEPS/rgpz Nº 001972013 de 11 de junio de 2013, expresa: “Toda contratación bajo la partida 12100 no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficios adicional bajo cualquier denominación”.

Por todo lo argumentado, considera que el Juez A quo y el Tribunal Ad quem no tomaron en cuenta la normativa glosada que determina la no aplicación al caso de autos del art. 12 del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, que otorga el pago de subsidio de frontera; tampoco le corresponde al demandante la aplicación del artículo único del DS 12058 de 24 de diciembre de 1974, que dispone el pago en dinero de las vacaciones.

Finalmente refiere que, la resolución recurrida no ha considerado los Dictámenes Generales Nos. 06/2014 de 9 de diciembre y 1/2015 de 30 de enero, emitidos por la Procuraduría General del Estado, orientados a la protección de los intereses patrimoniales del Estado, evitando hacer justicia a consta y en detrimento del Estado.

En atención a los argumentos vertidos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista recurrido, y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda en todas sus partes. Con costas en ambas instancias.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que la controversia en el caso presente, radica en determinar si corresponde el pago de subsidio de frontera y vacación al ex trabajador de ZOBRACOBIJA.

El art. 46 de la CPE señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna; además a una fuente laboral estable.

Adicionalmente el art. 48 constitucional dispone, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor del trabajador. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. 

Por su parte el art. 49 de la CPE establece que el Estado protege la estabilidad laboral, prohibiendo todo despido injustificado.

El DS 22410 de 11 de enero de 1990, “Régimen de Zonas Francas Industriales, Zonas Francas Comerciales y Terminales de Depósito, Internación Temporal y Maquila”, en su art. 33 dispone: “Se mantiene las aportaciones a los regímenes de seguridad social, que deben efectuar el personal boliviano y de las empresas que trabajan en las ZOFRACOT, y las obligaciones sociales prescritas en la Ley General del Trabajo y su Reglamento”.

El DS 25933 de 10 de octubre de 2000, “Reglamento de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija”, en su art. 42 establecía la naturaleza institucional de ZOFRACOBIJA, disposición modificada por el art. 2.I del DS 29744 de 15 de octubre de 2008, que establece: “La  Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija es una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Producción y Microempresa”.

El Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, aprobado por el DS 470 de 7 de abril de 2010, en su art. 4 dispone: “Los usuarios, concesionarios, así como los prestadores de servicios conexos, deberán sujetarse y aplicar plenamente la legislación nacional en materia laboral, de seguridad social, seguridad industrial, comercial, ambiental, tributaria, aduanera y demás disposiciones legales vigentes, así como al presente Reglamento”.

Con relación al Subsidio de Frontera, el DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, en su art. 12 señala: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de Frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”. Artículo concordante con el art. 58 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, que dispone: “Con la finalidad de mejorar los niveles de remuneración actuales se consolidan al salario básico todos los bonos existentes que correspondan a cualquier forma de remuneración, tanto en el sector público como en el sector privado, sea que se originen en convenios de partes, en laudos arbitrales o en disposiciones legales, con excepción de los bonos de antigüedad y de producción donde éste se encuentre vigente; así como de los bonos de zona, frontera o región”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis sobre el recurso de casación interpuesto, deber ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

En atención a la normativa glosada en los fundamentos jurídicos del fallo, concluimos que, ZOFRACOBIJA es una entidad pública, descentralizada, con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, que supone, que en términos económicos no existe dependencia directa del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que resulta aplicable la previsión del art. 1 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT) y DS 8125 de 30 de octubre de 1967. Afirmación realizada en consideración de lo previsto en el art. 4 del DS 470 de 7 de abril de 2010, donde expresamente dispone que los usuarios y concesionarios, entre los que se encuentra ZOFRACOBIJA deberán sujetarse y aplicar plenamente la legislación nacional en materia laboral; disposición concordante con el art. 33 del DS 22410 de 11 de enero de 1990, que dispone sobre los aportes a la seguridad social y las obligaciones sociales establecidas en la LGT y su Reglamento. En consecuencia, encontrándose ZOFRACOBIJA bajo la tutela establecida en la LGT y su Decreto Reglamentario, el ex trabajador de esta institución Eleazar Montenegro Pérez, goza de los derechos establecidos en la norma laboral, conforme lo dispuso tanto el Juez A quo como el Tribunal Ad quem, disponiendo el pago de la vacación que le correspondía, derecho conquistado y reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consiste en el descanso remunerado, con el fin de reponer las energía fisiológicas, causadas por el desgaste sufrido en la fuente laboral, regulado por el art. 44 de la LGT, art. 1 del DS 3150 de 19 de agosto de 1952, art. 1 del DS 17288 de 18 de marzo de 1980 (Escala vacacional), artículo único del DS 12058 de 24 de diciembre de 1974 (Duodécimas de vacación compensable en dinero) y artículo único del DS 12059 del 24 de diciembre de 1974 (Sueldo promedio en periodo de vacaciones).

Con referencia al Subsidio de Frontera, el art. 12 del DS 21137 es claro en señalar que, éste subsidio aplica para todos los trabajadores públicos y privados, cuyo lugar de trabajo se encuentre dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales, en consecuencia, al no existir ninguna excepción para el no pago de éste subsidio, corresponde al demandante el pago por este concepto, porque su lugar de trabajo, es decir ZOFRACOBIJA, se encuentra ubicado dentro de los 50 kilómetros de la frontera; aplicar un razonamiento contrario implica la vulneración de derechos adquiridos del trabajador, que por mandato constitucional son irrenunciables, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, disposición concordante con el art. 4 de la LGT; que son de obligatorio cumplimiento (art. 48 CPE).

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, de fs. 42 a 44, interpuesto por Tatiana Mónica Sejas Condori, Directora General Ejecutiva de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija ZOFRACOBIJA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.