TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 693

Sucre, 27 de Noviembre de 2018

Expediente                    : 384/2017

Demandante                 : Alejandro Romero Cuba

Demandado                   : Hotel Rosario S.R.L.  

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : La Paz

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 215 a 218, interpuesto por Roque Luis Nemtala Aseff, en representación de Hotel Rosario S.R.L., impugnando el Auto de Vista Nº 61/17 de 07 de abril de 2017 cursante a fs. 210 y vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales, seguido por Alejandro Romero Cuba contra el recurrente; el Auto de fs. 221 vta. que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 384-A de fs. 230 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso, y;

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales, la Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia N° 032/2016 de 29 de febrero, cursante de fs. 90 a 96, declarando IMPROBADA la excepción perentoria de pago documentado y PROBADA en parte la demanda interpuesta por Alejandro Romero Cuba contra Hotel Rosario S.R.L., para que proceda al pago de Bs 11.807,95 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SIETE 95/100 BOLIVIANOS) a favor del demandante, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldos, sueldos devengados y multa del 30%.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 106 a 109 vta., la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 61/17 de 07 de abril de 2017 cursante a fs. 210 y vta., que CONFIRMÓ totalmente la Sentencia.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Hotel Rosario S.R.L., representado por Roque Luis Nemtala Aseff, interpone recurso de casación y el Tribunal Casacional emite Auto Supremo Nº 384-A, cursante a fs. 230 y vta., de 01 de septiembre, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado le genera evidente perjuicio; por lo que impetra casación en la forma y en el fondo bajo los siguientes argumentos:

1.- Al momento de admitir la demanda, mediante Resolución N° 191/2015 de 24 de marzo, fs. 22, al otrosí 2° se dispuso la notificación a la parte demandada con la prueba presentada, sin embargo, no se dio cumplimiento, impidiendo una defensa adecuada en la contestación a la demanda.

La oficial de diligencias del juzgado, se apersonó el 27 de abril de 2015 para notificar con la demanda, cuando el demandado no se encontraba en el lugar, indicando que volvería al día siguiente a hrs. 15:00, sin embargo, no se presentó nuevamente como indicó, notificando mediante cédula recién un mes después, con un cedulón que contenía borrones y correcciones en el nombre, fecha y hora.

2.- Se limita el derecho a la defensa, toda vez que la Juez ha obviado la objeción al auto de calificación del proceso presentada a fs. 77 y 78, hecho que no permitió la presentación de prueba, pues se rechaza la misma con decreto de 15 de febrero de 2016, fs. 78 vta., en el cual se dispone la prosecución de la causa sin perjuicio de los plazos establecidos por ley, cuando en realidad lo que correspondía era que se suspendan los plazos procesales hasta que se dilucide la objeción presentada y se reanude nuevamente cuando se notifique con la resolución de la misma, pues al momento de salir del despacho esta negativa, el plazo para presentar prueba estaba vencido.

Por lo tanto, pide se anule en todas sus partes la Sentencia 032/2016 de 29 de febrero y el Auto de Vista N° 61/17 de 07 de abril de 2017.

Por su parte, el demandante habiendo sido legalmente notificado, contesta el recurso de casación, de fs. 220 a 221, pidiendo que sea declarado infundado.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

La Ley 025 del Órgano Judicial (LOJ), con relación al régimen de las nulidades procesales, en su art. 16, establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo, establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil, Ley 439, establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 4; normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o legalidad, conservación, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir una decisión anulatoria de obrados; principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez,  y accesibilidad, que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la LOJ y arts. 105 al 109 del CPC).

Por lo tanto, en referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado, es decir, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que, el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades.

Precisamente por ello es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En  tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la LOJ, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

De los antecedentes del proceso, en base a los hechos denunciados por el recurrente, con carácter previo, antes ingresar a valorar o considerar el fondo del recurso, debemos realizar un análisis de legalidad para verificar que el proceso haya sido tramitado cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, para lo cual tenemos:

Se evidencia que, a fs. 75 se dicta la Resolución N° 035/2016 de 19 de enero, mediante la cual se traba la relación procesal, calificando el proceso y determinando los puntos de hecho a probar comunes a las partes, para lo que se otorga un plazo de 10 días perentorios, notificándose al demandado el 11 de febrero, fs. 76.

El demandado mediante memorial de fs. 77, objeta el auto de calificación del proceso dentro del plazo establecido por ley y la Juez de la causa mediante Decreto de 15 de febrero (fs. 78 vta.) rechaza la objeción planteada, disponiendo en la parte final continuar con el proceso sin perjuicio de los plazos establecidos, por lo que, el demandado presenta recurso de reposición con alternativa de apelación (fs. 82 a 83), pidiendo se deje sin efecto lo dispuesto y se suspenda el plazo probatorio, a efectos de poder presentar la prueba que considere pertinente.

Este recurso de reposición es tratado en la audiencia pública de 26 de febrero, disponiendo finalmente la Juez de la causa, rechazar el recurso planteado y concediendo la apelación en el efecto diferido, tomando en cuenta el estado de la causa.

Una vez dictada la Sentencia, el demandado apela la misma (fs. 106 a 109 vta.) denunciando en su memorial los hechos ocurridos con referencia a la objeción del auto de calificación planteados y consecuente recurso de reposición con alternativa de apelación, por lo que, deberíamos considerar que, al disponerse conceder la apelación en el efecto diferido, la misma ha sido planteada como correspondía, sin embargo, de la revisión exhaustiva del Auto de Vista 61/17 de 07 de abril de 2017 cursante a fs. 210 y vta., el mismo con referencia a la objeción del auto de calificación, textualmente indica: “…una etapa procesal concluida no puede retrotraer a otra, por lo que al haber pronunciado el auto de calificación del proceso, lo que correspondía era la tramitación de la estación procesal probatoria, por lo que no encuentra sustento en la aseveración de expresión de agravios…”, de lo que entendemos que, el Tribunal de Alzada no consideró, fundamentó ni motivó el razonamiento que condujo a su decisorio, menos aún se pronunció con referencia a la apelación específica de la objeción al auto de calificación, concedida a fs. 88, limitándose simplemente a mencionar la preclusión de los plazos procesales, por lo que, no dio cumplimiento estricto de los requisitos mínimos que debe contener un Auto de Vista, para que posteriormente, en caso de recurrir en casación, el Tribunal Casacional pueda abrir su competencia y verificar si este Auto violentó o vulneró la normativa correspondiente, hecho que no ocurrió en el presente caso, por lo que ahora, este Tribunal no puede tener competencia para verificar los hechos denunciados por el demandando en su recurso de casación, si el Auto de Vista no fundamentó ni motivó como correspondía su decisorio.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 17 de la LOJ y art. 106.I del CPC, aplicable por mandato del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el Auto de Vista Nº 61/17 de 07 de abril de 2017 cursante a fs. 210 y vta. inclusive, debiendo dictarse nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado, tomando en cuenta los agravios expuestos en la apelación y sortear nuevamente la causa sin espera de turno. No siendo un error excusable, se impone una multa a los Vocales de trescientos 00/100 bolivianos.

Por Secretaría de Sala, cúmplase con lo previsto en el art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.