TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA SOCIAL, ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 692

Sucre, 27 de noviembre de 2018


Expediente                        : 383/2017

Demandante                : Ximena Patricia Blondel Rossetti y otros.

Demandado                : Fiscalía General del Estado

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 271 a 277, interpuesto por la Fiscalía General del Estado a través de su apoderado Wiford Barrientos Guarachi, contra el Auto de Vista N° 19/17 de 9 de febrero de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 254 a 255, dentro del proceso laboral de beneficios sociales y otros seguido por Ximena Patricia Blondel Rossetti, Marcia Liliana Salazar Domínguez y Mabel López Rodríguez, contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 281 a 282, el Auto N° 196/2017 de fs. 288 de 28 de julio de 2017, que concede el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

Antecedentes del proceso

Sentencia

Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 115/2015 de 14 de mayo de 2015, fs. 204 a 207, declarando improbada la demanda de beneficios sociales, de fs. 8 a 17 vta., y probada en parte los derechos adquiridos de vacación, y aguinaldo, estableciendo un monto total a cancelar en favor de las tres demandantes, de Bs. 26.124,69.- (Veinte seis mil ciento venticuatro 69/100 Bolivianos).

Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante y la demandada, en contra de la Sentencia N° 115/2015, mediante Auto de Vista N° 19/17 de 9 de febrero de 2017, la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; fs. 254 a 255, anuló obrados hasta fs. 242 inclusive, estableciendo que la Juez A quo debió conceder únicamente el recurso de apelación de la parte demandante, al haber sido presentado el recurso de apelación de la Fiscalía General del Estado, fuera del plazo previsto por el art. 205 del CPT.


Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación en la forma de fs. 271 a 277, interpuesto por la Fiscalía General del Estado, a través de su apoderado Wiford Barrientos Guarachi, señalando:

1. Acusa, falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista respecto a supuesta presentación extemporánea del recurso de apelación de la parte demandada y anulación de obrados hasta fs. 242, inclusive; manifiesta que el Auto de Vista se limitó a fundamentar su posición en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 1327/2015-52 de 16 de diciembre, 1508/2005-R con relación al 0080/2004 de 2 de agosto, 0937/2015 de 29 de septiembre, AC 0451/2010 de 12 de julio y en el art. 205 del CPT, omitiendo el sustento legal de por qué se considera que se está frente a un precedente constitucional obligatorio y que por tanto vinculante, afirma que el fallo prevé en el art. 205 del CPT, el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación, no requeriría para su aplicación recurrir a la supletoriedad de las previsiones legales descritas en el Código Procesal Civil, por permisión del art. 252 del CPT, a la Ley del Órgano Judicial (LOJ); apartándose incluso de la jerarquía normativa establecida en la Constitución prevista en el art. 410 de la CPE, dejando en estado de indefensión a la parte, pues ésta perentoriedad debe ser interpretada y aplicada en función a permitir el acceso a la justicia, computando 5 días hábiles perentorios.

2. Interpretación errónea del art. 205 del CPT, en el que se establece que el término perentorio de 5 días, en concordancia con lo descrito en el art. 91 del CPC y art. 123 de la LOJ, sin considerar que la perentoriedad debe ser aplicada en función a permitir el acceso a la justicia, pues de manera clara en dicha normativa se establece cuáles son los días de labores judiciales y en las que funcionan los juzgados y tribunales, debiendo llegarse a la conclusión que el recurso de apelación ha sido presentado por la entidad  dentro del plazo establecido en el art. 205 del  CPT, aplicable en el trámite de recurso de apelación.

3. Acusa, vulneración al acceso del derecho a la doble instancia, señalando que el Auto de Vista inobservó el principio de impugnación previsto en el art. 180 de la CPE, impidiendo el derecho a la doble instancia; coartando el derecho de conocer una respuesta señalada puntualmente y con absoluta objetividad respecto de los agravios contenidos en el recurso de apelación; trastocando el principio procesal del debido proceso, previsto en el art. 115. II de la CPE, en su elemento  acceso a la justicia en su componente de la tutela judicial; desconociendo el derecho que tienen los sujetos intervinientes en una contienda judicial, a ser oído y juzgado con las debidas garantías que establece la normativa constitucional, a través de una interpretación errónea del art. 205 del CPT.

Petitorio

Concluye solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, “aceptar la concesión del recurso de nulidad en la forma, conforme prevé el art. 271. II del CPC, aplicable por mandato del art 252 del CPT, y en su mérito se anule el Auto de Vista recurrido y se ordene emitir un nuevo Auto de Vista, resolviendo el recurso de apelación interpuesto.”

Respuesta al recurso de casación

Mediante escrito cursante de fs. 281 a 282, Ximena Patricia Blondel Rossetti, Marcia Liliana Salazar Domínguez y Mabel López Rodríguez, responden al recurso de casación, señalando que la Sala Social y Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicta el Auto de Vista Nº 19/17 de fecha 09 de febrero de 2017, y sin entrar en el fondo resuelve anular obrados hasta fojas 242 inclusive, por el simple hecho que no se concedió el recurso de apelación conforme a normativa, alega que ésta resolución en forma automática quita competencia al Tribunal de apelación, salvo para aquellos casos, como el de firmar el oficio de remisión para ante el juez de la causa, pero deja sin competencia para conceder recursos, como en el presente caso, ya que no se ha entrado al fondo del asunto; asimismo, manifiesta que, corresponde rechazar el recurso y que previamente se cumpla con el Auto de Vista Nº 19/17 de 09 de febrero de 2017, es decir que se remita obrados para ante el Juez de la causa para que este órgano jurisdiccional pueda conceder el recurso conforme a procedimiento y a los que hayan interpuesto conforme y dentro de los límites de la normativa que rige la materia.

Admisión

Mediante Auto Supremo de 30 de agosto de 2017 de fs. 287 y vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación de fs. 271 a 277, interpuesto por la Fiscalía General del Estado a través de su apoderado Wiford Barrientos Guarachi.

CONSIDERANDO II

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En mérito de los antecedentes expuestos, de la revisión minuciosa del cuaderno procesal y lo señalado en el recurso de casación, corresponde considerar lo siguiente:

Ajustados a los agravios formulados por el recurrente, corresponde evidenciar si el recurso de apelación interpuesto se encontraba dentro o fuera del plazo previsto por el art. 205 del CPT, correspondiendo como consecuencia establecer en principio la normativa adjetiva aplicable al caso de análisis, debiendo tenerse presente, la remisión normativa prevista por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, que advierte que, aquellos aspectos no previstos en la norma laboral, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil, siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral, como así mismo todo lo previsto por la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Civil, Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, respecto a la vigencia anticipada del régimen de cómputo de plazos procesales; que incluye el cómputo de plazos para los actos impugnatorios.

Por otra parte, se tiene que el art. 90, parágrafo II y III, del Código Procesal Civil, prevé que los plazos transcurrirán en forma, ininterrumpida, salvo disposición contraria, exceptuándose los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales sólo se computarán los días hábiles y que en el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles, venciendo el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el último día corresponde a día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente; concordante con la citada norma el art. 91 del mismo adjetivo establece: “(Días y horas hábiles). I. Son días hábiles para la realización de actos procesales todos aquellos en los cuales funcionan los juzgados y tribunales del Estado Plurinacional. II. Son horas hábiles las correspondientes al horario de funcionamiento de las oficinas judiciales; sin embargo, tratándose de diligencias que deban practicarse fuera del juzgado, serán horas hábiles las que medien entre las seis y las diecinueve horas.”

El referido art. 205 del CPT establece que; notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, del que se correrá traslado que será contestada dentro de igual término, y de tres días tratándose de autos interlocutorios; vencidos estos términos, los recursos serán rechazados, advirtiéndose que el “término perentorio” de cinco (5) días señalado para apelar la Sentencia, gramaticalmente refiere únicamente a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido, sin señalar la forma de proceder para el cómputo de dicho plazo, toda vez que una interpretación contraria que admita el vencimiento del plazo menor a cinco días, o mayor 5 días, precisa ser elucidado con mayor precisión; con el fin de no afectar la posibilidad de impugnación o por otra parte afectar el debido proceso; a cuyo efecto, se evidencia la emisión de abundante jurisprudencia constitucional, que en su momento fue contradictoria, al considerar que los plazos procesales son continuos e ininterrumpidos, así, en la SC 0541/2010-R, se estableció que el plazo previsto en el art. 205 del CPT, “…se computa desde el día hábil siguiente a la notificación con la sentencia…”; sin advertir que esta norma no contiene una previsión expresa de la manera en la que debe efectuarse el cómputo de ese plazo.

Este Tribunal Supremo de Justicia, cuando se determinó la aplicación anticipada de las previsiones del Código Procesal Civil, Ley Nº 439, emitió la Circular 050/2013 de 10 de diciembre, en la que instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia, jueces y operadores de apoyo jurisdiccional, que el cómputo de los plazos procesales, se inician a partir del día hábil siguiente y vencen el último momento hábil del día y que el cálculo de los plazos que exceden los 15 días se computarán los días hábiles e inhábiles, mientras aquellos plazos menores a 15 días solo se deben computar los días lunes a viernes, pues se consideran días hábiles aquellos en los cuales funcionan los Juzgados y Tribunales del Estado Plurinacional, estableciéndose además que son horas hábiles las correspondientes al horario de funcionamiento de las oficinas judiciales; Circular que se emitió interpretando las previsiones de los arts. 90 del CPC y 123 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que se aplican a los procesos laborales por la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

Siguiendo esta interpretación normativa, este Tribunal, ha aclarado de manera consecutiva, que ciertamente, el plazo previsto por el art. 205 del CPT, de los cinco días para interponer el recurso de apelación en procesos laborales, se computan considerando los días hábiles a partir del día siguiente de la notificación y el vencimiento acaece el último momento hábil del quinto día, conforme evidencian los Autos Supremos 16/2015 de 07 de enero y 64/2015 de 11 de febrero, en armonía con la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, contenido en la SC Nº 1508/05-R de 25 de noviembre de 2005, oportunidad en la que se interpretó además del art. 205 del CPT, el art. 140-I del Código de Procedimiento Civil, vigente en esa oportunidad, y posteriormente interpretado en el AS Nº 188/2014 de 26 de junio, oportunidad en la que ya se aplicaba las previsiones del art. 90 del CPC, que sustituyó al Código de Procedimiento Civil, en el que se determinó: “Establecido como se encuentra que el CPT no tiene establecido un sistema de cómputo de plazos en relación a medios de impugnación y que el art. 205 del mismo ritual laboral no allana dicho vacío legal, por mucho que contenga el término “perentorio” y que, a esa emergencia, resulta aplicable el Código Procesal Civil, ha menester considerar que conforme al art. 90. II de dicho adjetivo civil, los plazos se computan a partir del día siguiente hábil al de la respectiva citación o notificación; en los casos en que éstos plazos sean iguales o inferiores a 15 días se computarán sólo los días hábiles y; si dicho plazo hubiere de vencer en día inhábil, válidamente se podrá presentar el recurso el primer día hábil siguiente, debiendo considerarse días hábiles de lunes a viernes conforme al art. 91 del mismo CPC y el Acuerdo de Sala Plena Nº 02/2011 de 2 de marzo de 2011 expedido con arreglo al art. 123 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)”.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 1327/2015-S2 de 16 de diciembre, Sentencia que ha sido acogida en la fundamentación del Auto de Vista impugnado, en el caso de análisis, estableció que: “el plazo dentro del cual debe interponerse el recurso de apelación contra las sentencias laborales, que es de cinco días perentorios; es decir, que corren de manera continua e ininterrumpida, por lo que no merece ningún cuestionamiento al ser expreso, y estar así determinado por la norma, no requiriendo por ello para su aplicación recurrir a la supletoriedad de la legislación procesal civil para su cómputo”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al momento de emitir la SCP Nº 0626/2017-S3, de 30 de junio, estableció que: “…en resguardo de los derechos al debido proceso en sus elementos de defensa, acceso a la impugnación, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, aplicando por supletoriedad lo previsto por el art. 90.II del CPC -por mandato del art. 252 del CPT- el término perentorio de cinco (5) días previsto por el art. 205 del último Código citado, para apelar la Sentencia dictada en proceso laboral, debe ser entendido bajo el cómputo de cinco (5) días hábiles; toda vez que, la frase “término perentorio” no puede ser interpretada de manera que haga concluir que el comienzo y transcurso del plazo incluya días inhábiles, puesto que su extensión gramatical se refiere únicamente a que dicho plazo no pueda ser prorrogado más allá del establecido, una interpretación contraria que admita el vencimiento de plazos menores a cinco días, afecta la posibilidad de impugnación y restringe de manera irrazonable el ejercicio de los actos procesales, privando así para el eventual recurrente la facultad de hacer valer su derecho de apelar -en los términos de la presente interpretación- y la obligación para la administración de justicia proceder a su trámite”.

Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, también aclaró que: “… el precedente desarrollado en la SCP 1327/2015-S2 -que concluyó que el plazo para apelar previsto por el art. 205 del CPT, no puede ser cuestionado bajo el entendido de que la norma sea clara y expresa-, no condice con el alcance de los principios de progresividad, igualdad, no discriminación, favorabilidad y pro actione, resultando ser una interpretación que restringe y afecta parcialmente el derecho de acceso a la impugnación; por consiguiente, el entendimiento plasmado en el presente fallo constitucional, supone una modulación del precedente jurisprudencial asumido en la SCP 1327/2015-S2 y se hace extensible a los demás plazos menores a quince días previstos por el Código Procesal del Trabajo -respuesta a la demanda, presentación de excepciones, ofrecimiento de prueba, entre otros”.

Este razonamiento constitucional puso fin a la controversia respecto del cómputo de los cinco días para interponer los recursos de apelación en los procesos laborales, estableciendo que se consideran cinco días hábiles que se computan a partir del día siguiente de su notificación y concluyen en el último momento hábil de ese día; es decir, se computan cinco días hábiles completos, computables a partir del día siguiente de la notificación con la Sentencia.

Ahora bien, la aludida SCP Nº 0626/2017-S3, de 30 de junio, que interpreta el cómputo del plazo de una norma procesal -art. 205 CPT- al tratarse de una norma adjetiva-procesal, por su naturaleza, es aplicable a todos los procesos en trámite, cumpliendo el principio tempus regit actum, que prevé que las normas procesales se deben aplicar de manera inmediata a todos los casos en trámite; vale decir, el momento de la resolución del caso, entendimiento que asumió este principio, en los arts. 251 y 252 del CPT y Disposiciones Transitorias Segunda, Cuarta, Sexta y Séptima del CPC.,

Ahora bien, el Auto de Vista Nº 19/17, de 9 de febrero de 2017, emitido en el caso presente, sustentó su decisión en las previsiones de la aludida SCP 1327/2015-S2, de 16 de diciembre, entendimiento jurisprudencial que fue modulado por la SCP Nº 0626/2017-S3, de 30 de junio, citada precedentemente, y aplicable al caso de análisis, por ser vinculante en la aplicación de la señalada norma.

De revisión de antecedentes procesales, se evidencia que el ahora recurrente, fue notificado con la Sentencia N°115/2015, fs. 204 a 207, en fecha 28 de septiembre de 2015 a hrs. 17:20 p.m., conforme se desprende de fs. 212, interponiendo recurso de apelación en contra de dicha determinación, el 5 de octubre de 2015 a hrs. 10:40 a.m., de fs. 339 vta., en cuyo caso, en aplicación de los arts. 252 y art. 205 del CPT, y conforme a lo dispuesto por el art. 90 parágrafos II y III del Código Procesal Civil en vigencia, en virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la referida ley, se evidencia que el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, de fs. 232 a 239, de obrados, se encuentra dentro del plazo de cinco días previsto por el art. 205 del CPT, hecho que demuestra que dicho recurso una vez concedido por el juez de instancia mediante Auto N° 532/2015 de 2 de diciembre de 2015, de fs. 242, debió ser sustanciado y respondido por el Tribunal de apelación, sin mayor trámite.

Lo expuesto evidencia, que el Auto de Vista N° 19/17 de 9 de febrero de 2017, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 254 a 255, en cuyo acto, el citado Tribunal incurrió en indebida anulación de obrados, hasta fs. 242 inclusive, instruyendo de manera errada al Juez de instancia, la concesión del recurso de apelación únicamente a la parte demandante, por lo que al encontrarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, dentro del plazo establecido por ley conforme lo precedentemente analizado, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso del recurrente, al habérsele privado su derecho a defensa; toda vez que las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, no solo por las partes y eventuales terceros, sino también por la autoridad judicial, quien se encuentra bajo el imperativo de dar cumplimiento a la ley, aspecto que en el presente caso de análisis no sucedió.

Es pertinente recordar que el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior -generalmente colegiado- revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea, de ahí que es importante que el Tribunal de alzada emita sus resoluciones ciñéndolas en el marco de la ley y en estricto respeto de los principios y derechos constitucionalmente resguardados, velando por la tutela judicial efectiva, y cuidando además que las decisiones asumidas estén orientadas a solucionar la controversia que existe entre las partes.

En la especie, de la revisión de los antecedentes se advierte que el tribunal de apelación ha incurrido en violación del debido proceso y el derecho a defensa del recurrente, al anular la concesión de su recurso, negando de esta manera dar respuesta fundamentada a las infracciones acusadas por el demandado, en los cuales habría incurrido la decisión del Juez de instancia, cuestionamientos esenciales planteados por el ahora recurrente, mismos que no fueron respondidos por este Tribunal, evidenciándose que la resolución emitida por el Tribunal de alzada no se ajusta a los cánones anteriormente descritos, toda vez que no da una respuesta a los agravios expuestos en el recurso de apelación y las decisiones asumidas en el fallo impugnado, concluyéndose en definitiva, que la decisión asumida por el tribunal de apelación vulnera el debido proceso en su elemento derecho a defensa, por lo que corresponde disponer la nulidad de obrados.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el arts. 184.1, de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, art. 220.III núm. 1 del CPC, conforme los argumentos y fundamentos expuesto en la presente resolución, ANULA el Auto de Vista N° 19/17 de 9 de febrero de 2017, pronunciado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 254 a 255, disponiendo que el Tribunal de alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en los recursos de apelación de fs. 209 a 210 vta. y de fs. 232 a 239, de conformidad a los razonamientos expuestos en la presente decisión.

No siendo excusable el error incurrido, se impone la multa de Bs. 200.- (Doscientos 00/100 Bolivianos) al Tribunal de alzada por la manifiesta inobservancia de la normativa descrita. Por Secretaría de Sala, cúmplase lo previsto en el art. 17. IV de la LOJ.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.