TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 691

Sucre, 27 de Noviembre de 2018

Expediente                    : 382/2017

Demandante                 : Claudio Tupa Alvarado y otra

Demandado                   : Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Proceso                         : Beneficios Sociales

Departamento               : Pando

Magistrada Relatora      : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 266 a 267 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, impugnando el Auto de Vista Nº 194/2017 de fecha 02 de junio cursante de fs. 258 a 263, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso para el pago de beneficios sociales y derechos laborales, seguido por Claudio Tupa Alvarado y Margarita Roca Torres en contra del recurrente; el Auto de fs. 270 vta. que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 382-A de fs. 279 y vta. de admisión del recurso; los antecedentes del proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral para el pago de beneficios sociales y derechos laborales, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Ciudad de Cobija, pronunció la Sentencia N° 120/2017 de 16 de marzo, cursante de fs. 221 a 225, declarando PROBADA en parte la demanda y PROBADAS en parte las excepciones perentorias de prescripción y de pago, determinando que el demandado proceda al pago de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 61.698,00) a favor de Claudio Tupa Alvarado, por concepto de indemnización, desahucio, vacaciones, aguinaldos y subsidio de frontera y proceda al pago de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 21.325,00) a favor de Margarita Roca Torres, por concepto de subsidio de frontera.

Auto de Vista

En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 247 a 249, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitió el Auto de Vista Nº 194/2017 de fecha 02 de junio cursante de fs. 258 a 263, que CONFIRMÓ la Sentencia en relación a Claudio Tupa Alvarado y REVOCÓ en parte la Sentencia con relación a Margarita Roca Torres, determinando que le corresponde el pago NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 9.965,00), por concepto de subsidio de frontera.

Ante la determinación del Auto de Vista, el demandado Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, interpone recurso de casación y el Tribunal Supremo emite Auto Supremo Nº 382-A, cursante a fs. 279 y vta., de fecha 30 de agosto de 2017, admitiendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto el recurso de casación en el fondo, el recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, violenta disposiciones legales constitucionales y administrativas, bajo los siguientes fundamentos:

1.- Con relación a los puntos 1 y 2 del memorial casacional, se indica: Violentaron los arts. 108 y 119 de la C.P.E., pues en instancias, no se dio cumplimiento a las leyes que deberían haberse aplicado en el caso concreto, toda vez que, para el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, rigen normas de administración pública, como la Ley Safco, Estatuto del Funcionario Público y demás normas conexas, las cuales no fueron aplicadas en la valoración probatoria del trabajo que desarrolló el ahora demandante Claudio Tupa Alvarado, por lo que no se actuó con igualdad entre las partes, restringiendo el derecho a la defensa que gozamos, pues se contrató los servicios del trabajador bajo contratos de trabajo administrativos, de carácter eventual y no así amparados bajo la L.G.T, por lo que, la relación laboral concluía al término del periodo determinado por cada contrato.

2.- Con referencia a los puntos 3 y 4 del memorial: No corresponde el pago de la indemnización ni del desahucio, pues se había vencido el plazo de contratación, en virtud al contrato de plazo fijo suscrito entre las partes, por lo que, el actor Claudio Tupa Alvarado no fue despedido intempestivamente, lo que representa que no corresponde el pago del desahucio ni de indemnización.

Tampoco corresponde el pago de las vacaciones a favor de Claudio Tupa Alvarado, puesto que, no pueden existir contratos verbales indefinidos en la administración pública, por lo tanto, no se puede pagar un beneficio social por algo que no se dio y que además no cuenta con documentación de respaldo como es el contrato laboral, de la gestión 2015 en nuestro caso, así como tampoco corresponde el pago de vacaciones a un consultor en línea, lo que representaría violentar el art. 5 de la Ley 2042, misma que prohíbe comprometer o ejecutar gastos administrativos que no hayan sido declarados en el POA, por lo que este pago conllevaría responsabilidades penales y administrativas para los que lo realicen.

3.- De acuerdo al punto 5 del memorial, expresa: El pago del subsidio de frontera es atentatorio, pues se debe presumir que, al tratarse de la contratación de un consultor, la boleta de pago corresponde a lo acordado en el contrato individual suscrito, por lo que no se desglosa el pago de subsidio de frontera por no corresponder según la modalidad de contratación.   

4.- En relación al punto 6 del recurso, se manifiesta que: La Ley 321 incorpora a la L.G.T. a los trabajadores asalariados permanentes y no así a los eventuales o no permanentes, por lo que, en el presente caso, no le corresponde al trabajador ser incorporado y gozar de todos los beneficios de la L.G.T., pues claramente hablamos de un trabajador con contrato eventual a plazo fijo, para lo cual regirá el propio contrato, como expresa el art. 519 del C.C., por lo que, en instancias se valoró de manera incorrecta la condición de trabajador temporal, bajo la Ley 2027 que tiene el demandante.

5.- Con referencia a la demandante Margarita Roca Torres, se debe considerar que ya se le pago el subsidio de frontera, siendo este asunto cosa juzgada, pues la misma ya instauró demanda laboral en contra del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija en fecha 13 de julio de 2015 junto con otras personas, en la cual se incluía el subsidio de frontera.

Por lo tanto, en base a los argumentos expuestos, pide casar el Auto de Vista recurrido.

Por su parte, los demandantes, habiendo sido legalmente notificados, no ejercen su derecho a contestar el recurso.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DEL FALLO

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Para efectos de análisis e interpretación del caso que nos concierne, debemos referirnos al artículo 1 de la Ley Nº 321, pues será en base a la interpretación de este artículo que se podrá determinar la competencia de los Juzgados y Tribunales del Trabajo y Seguridad Social, así como la certidumbre en el decisorio del caso.

A la letra expresa: “I. Se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren, a partir de la promulgación de la presente Ley, sin carácter retroactivo. II. Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección, 2. Secretarías Generales y Ejecutivas, 3. Jefatura, 4. Asesor, y 5. Profesional”.

El C.P.T. en los arts. 3.h), 66. y 150., define y norma el principio de inversión de la prueba, pues en materia laboral corresponde al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, haber actuado correctamente y bajo las disposiciones laborales vigentes, siendo el responsable de la carga probatoria; de lo que interpretamos que, para el trabajador será suficiente denunciar hechos, resultando facultativo presentar pruebas que considere necesarias, mientras que, para el empleador resulta obligatorio demostrar con pruebas fehacientes los extremos denunciados por ese trabajador o las consideraciones propias de defensa.

Textualmente estos artículos señalan: artículo 3.h) “Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador”, artículo 66 “En todo juicio social incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes” y artículo 150 “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”.

La normativa laboral boliviana, determina de manera clara los extremos para que un trabajador sea beneficiado con el pago de una indemnización, como beneficio social adquirido durante el tiempo que prestó sus servicios.

Es así que, el art. 13 de la L.G.T. indica: “Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo….”, disposición concordante con los arts. 1 y 2 del D.S. 110 del 01 de mayo de 2009, que expresan textualmente: “Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido. Artículo 2°.- (Indemnización por tiempo de servicios) I. Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo, o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. II. La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo. III. La base del cálculo de la indemnización es el promedio del total ganado en los tres (3) últimos meses, o el promedio de los últimos treinta (30) días para las trabajadoras y los trabajadores a jornal”. (negrillas añadidas)

El beneficio del subsidio de frontera, se encuentra establecido en el art. 12 del D.S. Nº 21137 de fecha 30 de noviembre de 1995, que a la letra señala: “Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un (subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros linéalas de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas”, nótese que, para beneficiarse con el subsidio de frontera, el único requisito o condición es que los trabajadores presten sus servicios  dentro de un área comprendida dentro de cincuenta (50) kilómetros lineales con las fronteras internacionales, sin hacer mención o distinción sobre la naturaleza de los trabajos a realizarse, los tipos de contratos que puedan suscribirse o el tipo de funcionario que se trate, es decir, si son eventuales, indefinidos, a plazo fijo u otros, funcionarios públicos o privados.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

Planteados los fundamentos expuestos en el recurso de casación presentado, para considerarlos objetivamente, vamos a desglosar cada uno de estos, basándonos en la normativa aplicable, su interpretación y lo acontecido durante la tramitación del proceso en concreto, para lo cual tenemos:

1.- Como primer aspecto, se debe determinar la calidad o condición de trabajadores que tenían los demandantes dentro de la estructura del G.A.M.C., pues será en base a este extremo que podremos valorar y considerar los beneficios sociales que le corresponden.

De acuerdo con la demanda interpuesta y contestación a la misma, se evidencia que Claudio Tupa Alvarado desarrollaba sus actividades bajo dependencia de la Unidad de Aseo Urbano como barrendero, sereno, ayudante de volqueta y supervisor, por su parte, Margarita Roca Torres desempeñó funciones en Aseo Urbano como barrendera y luego fue transferida a la Unidad de Parques y Jardines, para trabajar como jardinera, por lo que, ambos actores no están comprendidos dentro de las excepciones detalladas en el parágrafo II. del art. 1 de la Ley 321.

Continuando con el análisis, se debe determinar si los demandantes son o no trabajadores de carácter eventual, tal como afirma el demandado en su recurso, para lo cual vamos a interpretar los hechos considerados como probados durante la tramitación del proceso.

De acuerdo con nuestra normativa laboral, existe el principio de inversión de la prueba, por el cual, le corresponderá al empleador demostrar, con todos los medios probatorios establecidos, si actuó de acuerdo a ley o no; en el caso de autos, se evidencia el descuido del G.A.M.C. para esclarecer la verdad material de los hechos, pues adjuntó al memorial de contestación a la demanda escasa prueba, como para que el juzgador pueda generar convicción de los elementos que aducen, sin hacer uso de cualquier otro medio probatorio, empero, la demanda persigue el pago de beneficios sociales, por lo que, podemos entender que se trata de trabajadores que desarrollaron sus actividades laborales de manera permanente e intempestiva desde el momento que indican en su demanda, pues el demandado no presentó ninguna prueba que vaya a desvirtuar este extremo.

Por lo tanto, de acuerdo a este análisis realizado, podemos determinar que tanto Claudio Tupa Alvarado como Margarita Roca Torres eran trabajadores permanentes, que se encontraban amparados por la L.G.T. en aplicación de la Ley 321, lo que implica que, al reconocerles sus derechos en instancias, no se violentó ni vulneró ninguna norma constitucional como indica el recurrente.

2.- Con referencia a los argumentos expuestos por el recurrente, de no corresponder el pago de la indemnización, desahucio y vacaciones, debemos comprender en primera instancia que, la indemnización y el desahucio son dos beneficios laborales totalmente distintos y su pago se genera por diferentes razones; para el desahucio regirá el despido intempestivo, que será el hecho que activa su pago, para lo cual, el juzgador en primera instancia, fundamenta de manera clara y precisa la Sentencia en el punto referido a este tema, aplicando lo normado por el D.S. N° 110 de 01 de mayo de 2009, determinando el pago del desahucio a favor de Claudio Tupa Alvarado.

Con referencia a la indemnización, éste es un beneficio que se adquiere por el transcurso del tiempo en el desarrollo de las actividades laborales, como indica la propia normativa, se trata de un derecho adquirido, que se hará efectivo de pago al momento del retiro del trabajador de la fuente laboral, sin resultar relevante si es despedido, se retira de manera voluntaria o por acuerdo de partes, es un beneficio intrínseco de la propia actividad laboral, por lo que no amerita mayor discusión en su determinación de pago, simplemente la conclusión de la relación laboral.

Con referencia a las vacaciones, al ser Claudio Tupa Alvarado un trabajador amparado por la L.G.T., le corresponde el derecho al descanso anual que la propia Ley establece y se evidencia en obrados que, no existe prueba de que este derecho laboral haya sido cancelado de manera efectiva por el demandado, por lo que, tampoco amerita mayor explicación.

Por lo tanto, no son evidentes los fundamentos expuestos por el recurrente en relación al pago de la indemnización, desahucio y las vacaciones.

3.- Establecida la modalidad de contratación de Claudio Tupa Alvarado y verificando la documentación cursante en el expediente, podemos determinar que, los contratos claramente indican el salario que percibía el trabajador, por lo que, no puede considerarse como parte del salario básico el subsidio de frontera, al ser un derecho laboral adicional que se adquiere por el lugar donde se desarrollan las actividades laborales, siendo el único requisito trabajar dentro de los 50 km. de las fronteras, hecho que es evidente en el caso concreto, por lo que, en una correcta aplicación de las normativas laborales, el Juez determinó su pago.

4.- Con referencia a los argumentos expuestos por el recurrente, en referencia a que los demandantes no deberían ser sometidos a la L.G.T., por no ser trabajadores de carácter permanente y se debería aplicar la normativa administrativa para su caso, ya se ha realizado en el punto 1 de este considerando IV, un análisis detallado de todos los hechos por los cuales se establece que son trabajadores amparados por la L.G.T., por lo que, se considera que tanto la Sentencia como el Auto de Vista resolvieron de manera correcta y en aplicación de las normas laborales vigentes en Bolivia.

5.- Con referencia al pago del subsidio de frontera de la demandante Margarita Roca Torres, el Auto de Vista recurrido es claro en el punto 7, referido a la excepción de pago documentado, pues luego de revisar y compulsar las pruebas aportadas por las partes, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando realiza un análisis acertado sobre el pago realizado por el demandado, en cumplimiento a la Sentencia N° 152/2015 de 15 de septiembre, por la cual determina el pago en razón a un periodo de trabajo y no así a todo el tiempo que la actora desempeño sus funciones como dependiente del G.A.M.C., por lo que, no amerita mayor explicación al no ser evidente el argumento expuesto.

Consiguientemente, corresponde fallar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 220. II del Código de Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 266 a 267 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, representado legalmente por el Alcalde Municipal Luis Gatty Ribeiro Roca, manteniéndose firme el Auto de Vista Nº 194/2017 de fecha 02 de junio.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.