TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 683

Sucre, 27 de noviembre de 2018

Expediente                  : 373/2017

Demandante                   : Jorge Amaruz Moreno 

Demandados                    : Basilia Espada Llanos y Rodolfo Villarroel Veizaga

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derecho laborales

Distrito                         : Pando

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 98 a 103, interpuesto por Basilia Espada Llanos, contra el Auto de Vista N° 219/17 de 13 de junio de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 86 a 91; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Jorge Amaruz Moreno contra la recurrente y Rodolfo Villarroel Veizaga; el Auto de 24 de julio de 2017, que concedió el recurso (fs. 106 vta.), en mérito al informe de la Secretaría de Sala, sobre ausencia de respuesta al mismo; el memorial de respuesta extemporánea al recurso de fs. 108 a 109; el Auto Supremo Nº 373-A de 25 de agosto de 2017 (fs. 119), por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y de derechos laborales por Jorge Amaruz Moreno, y tramitado el proceso, el Juez del Trabajo y Seguridad Social de Cobija, pronunció la Sentencia Nº 166/017 de 7 de abril de 2017, de fs. 61 a 63, donde declara probada en parte la demanda de fs. 6 a 7; disponiendo que los demandados cancelen a favor del actor, la suma de Bs.93.010.-, por concepto de beneficios sociales y derechos laborales, detallados en el indicado fallo, restando el monto de Bs.20.000.- que ya fue cancelado; dando un resultado de Bs.73.010.- (setenta y tres mil diez 00/100 bolivianos), más la multa del 30% establecida en el D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, haciendo un total de Bs.94.913.- (noventa y cuatro mil novecientos trece 00/100 bolivianos) que deben ser pagados a favor del demandante.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, Rodolfo Villarroel Veizaga interpuso recurso de apelación cursante de fs. 66 a 67; asimismo la codemandada  Basilia Espada Llanos formuló recurso de apelación de fs. 70 a 73; ambos fueron resueltos por el Auto de Vista 219/17 de 13 de junio de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 86 a 91, que dispone: “REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia y declarar IMPROBADA LA DEMANDA en relación a Rodolfo Villarroel Veizaga y de acuerdo al art. 128-II-2 del mismo compilado, se CONFIRMA la demanda (sic.).

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, Basilia Espada Llanos, solicitó aclaración, enmienda y complementación, que fue absuelta por Auto Nº 177/17 de 20 de junio, de fs. 95; notificada con dicha determinación, formuló recurso de casación, de fs. 98 a 103, señalando lo siguiente:

1.- La Sentencia de primera instancia, fue dictada fuera del plazo establecido por el art. 201 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al haber concluido el plazo probatorio el 24 de febrero de 2017, y la Sentencia fue emitida el 7 de abril de 2017, cuando el Juez de la causa perdió competencia, como establece el art. 79 del CPT.

2.- Conforme a la prueba documental de fs. 18 a 22, consistente en copias de testimonios de poder, se demuestra que la relación que se sostenía con el demandante era de coapoderado, relación regida por el art. 804 y siguientes del Código Civil (CC), poderes que tienen una vigencia determinada de tiempo, para realizar cobros de dineros; actividad que le tomaba al actor unas cinco horas al mes, no pudiendo considerarse una jornada laboral, como establece el art. 47 de la Ley General del Trabajo (LGT), y el art. 35 de su Decreto Reglamentario (DRLGT), además de no contar con los requisitos de subordinación y dependencia, a los que se encuentra sometido un trabajador, demostrándose en el caso que nunca se cumplió con los parámetros de una jornada efectiva de trabajo, existiendo una certificación del sindicato de moto taxi “5 de mayo”, a fs. 42, que acredita que el actor es moto taxista del indicado sindicato, hecho ratificado por las atestaciones de descargo que señalan como única actividad del demandante el de moto taxista.

3.- Para la determinación del pago del subsidio de frontera, se estableció que se adeuda este derecho, desde enero de 2004, sin considerarse el art. 120 de la LGT, que determina la extinción de los derechos laborales a dos años de nacidos, incorporándose la imprescriptibilidad de estos derechos a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero del 2009, por lo cual, los derechos no reclamados con anterioridad y que hayan excedido los dos años han prescrito, vulnerándose de esta manera el debido proceso establecido en el art. 115-II de la CPE.         

4.- La Sentencia de primera instancia, solo ha considerado la respuesta presentada por Rodolfo Villarroel Veizaga, pero no considera ni se hace referencia al memorial de su respuesta a la demanda, que cursa de fs. 26 a 27; este reclamo fue expuesto en la apelación, pero el Tribunal de alzada simplemente indico que resulta irrelevante el reclamo al haber efectuado el Juez una debida fundamentación, analizando las pruebas ofrecidas , por lo cual no se pueden considerar los agravios expresados, vulnerando a su derecho al debido proceso, establecido en el art. 115-II de la CPE, con relación al art. 202 inc. a) del CPT, hecho que no fue advertido por el a quo y no fue corregido por el Tribunal ad quem.

5.- Se dispuso la Multa del 30% establecida en el D.S. Nº 29699, sin considerar que el mismo Auto de Vista determinó que no existe relación laboral entre el actor y el codemandado Rodolfo Villarroel Veizaga, quedando excluido del proceso, por lo cual, el documento de fs. 3, consistente en una carta de renuncia del actor, carecería de valor al haber sido entregada y estar dirigida a quien ya no es parte del proceso, no pudiendo determinarse la fecha de retiro del demandante, y al no tenerse certeza del momento del retiro del actor, no se puede atribuir ningún retraso.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita se case el Auto de Vista impugnado, y deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda en todas sus partes.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Se debe tener en cuenta primero, que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, al evidenciarse que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir sus resoluciones hubiesen incurrido en errores in judicando, y tienden a buscar una modificación del Auto de Vista que se recurre, ante una errónea aplicación, mala interpretación, vulneración o violación de la normativa sustantiva; por otro lado, el  recurso de casación en la forma, buscará como finalidad la nulidad de la resolución recurrida o del proceso mismo, cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso, sancionadas con nulidad por ley y que conlleven afectación del debido proceso, por errores de procedimiento o denominados in procedendo; ambos, tienen sus propias características generando efectos diferentes, en el modo de resolución y en los efectos que producen.

El recurso de casación presentado, consta de cinco infracciones acusadas, de las cuales las señaladas en los puntos 1 y 4, son aspectos de forma, y las argumentadas en los puntos 2, 3 y 5, son aspectos de fondo; sin embargo, mas allá no estar tituladas, al estar de manera independiente en cado punto, tanto fáctica como jurídicamente los fundamentos que hacen a la interposición de su recurso de casación de fondo por una parte y los argumentos respecto al recurso de casación de forma, se debe efectuar un análisis de los puntos acusados, debiendo separase los puntos que hacen a la forma, de las infracciones sobre el fondo.

Por otro lado, debe considerarse que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico, consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, y la motivación debe permitir vislumbrar con claridad las razones de decisión por las que se confirmó o se modificó un fallo de instancia; esto implica que todo administrador de justicia a momento de resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, los razonamientos relacionados con el análisis y valoración del acervo probatorio, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, y en alzada se debe resolver todos los agravios expuestos en la apelación, con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad.

En ese sentido el art. 265-I del digo Procesal Civil (CPC-2013), aplicable a la materia de conformidad al art. 252 del CPT, establece: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, determinando claramente la norma adjetiva, que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación debe ceñirse a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidas, como tampoco omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso; además, de contener la resolución que se emita una debida motivación y fundamentación, respecto de la posición asumida, más aún, si el Tribunal de segunda instancia se constituye en un Juez de conocimiento y no así de puro derecho, teniendo la potestad y obligación de analizar y resolver todos los agravios expuestos en los recursos de alzada sin discriminación alguna, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar esta responsabilidad en la resolución de la causa.

Ahora, en el punto 3 del recurso de casación presentado, se alega que no se consideró por los de instancia el art. 120 de la LGT, para determinar el pago del subsidio de frontera, norma que debería aplicarse respecto a la prescripción de los derechos laborales, en las gestiones anteriores a la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009; sin embargo, pese a que este aspecto, también fue reclamado en el recurso de apelación, cursante de fs. 70 a 73, y forma parte del resumen de agravios efectuado en el Auto de Vista emitido, no existe pronunciamiento alguno sobre este reclamado en los fundamentos del Tribunal de alzada; esta ausencia de fundamentación al respecto, aparte de vulnerar la debida motivación y fundamentación que debe estar sentada en las resolución judiciales, y recaer en una incongruencia omisiva o citra petita, evita que este Tribunal pueda emitir pronunciamiento sobre la infracción acusada en ese punto, al no contener el Auto de Vista fundamentación alguna sobre ese agravio; en razón a que, el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, y está dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise, reforme o anule las determinaciones expedidas por el Tribunal de apelación, cuando infrinjan las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, correspondiendo a este Tribunal verificar o establecer si el Tribunal ad quem en los fundamentos del Auto de Vista que emitió, incurrió o no en infracción legal al momento de resolver la apelación, aspecto que no puede materializarse ya no que existe fundamento al respecto por parte del Tribunal de alzada.

Por lo cual, al no haberse pronunciado el Tribunal de alzada, sobre este agravio (la aplicación del art. 120 e la LGT, sobre las gestiones anteriores a la vigencia de la CPE de 2009), mismo que es reiterado como infracción en el presente recurso de casación, y tomando en cuenta que a este Tribunal únicamente le corresponde verificar la correcta aplicación de la normativa legal que sirvió de fundamento en el Auto de Vista, al no haberse pronunciado sobre ese agravio, no se puede efectuar un análisis de la infracción al no haber sido considerada por el Tribunal de alzada, habiéndose vulnerado el art. 115-II de la CPE, reclamado por la recurrente, en cuando al debido proceso, en razón a que, cuando un Juez o Tribunal omite motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de su fallo, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, en la que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo, por ello, las resoluciones judiciales deben estar debidamente motivadas; motivación y fundamentación que para el caso evita se abra la competencia de este Tribunal, para efectuar un análisis de una infracción acusada, al o existir pronunciamiento alguno sobre dicha infracción por parte del Tribunal de alzada, pese a ser un reclamo efectuado en la apelación.   

En ese orden de ideas, la motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un deber jurídico que hace al debido proceso, por el cual el Juez o Tribunal al resolver una causa, debe inexcusablemente cumplir con tres componentes, que son: exponer los hechos; efectuar la fundamentación legal; y, citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; así lo entendió la SCP 0092/2012 de 19 de abril: “La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores...”; siendo la fundamentación parte de la motivación que debe contener toda determinación judicial, se ha establecido por este Tribunal en anteriores Auto Supremos emitidos, el Nº 867 de 3 de marzo de 2015 (Sala Social Primera), así como en el Nº 245 de 27 de agosto de 2015 (Sala Social Segunda), entre otros, que: “…la debida y suficiente fundamentación de los fallos que supone exponer no sólo el razonamiento, sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas que sean aplicables al caso por resolverse, implica la obligación para que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al recurrente, impugnar la decisión en esos puntos, pues privarle de ellos vulnera el derecho al debido proceso y con ello a la defensa, consagrados y protegidos por los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; estando claro que los Tribunales de alzada, al conocer un recurso de apelación deben dar cumplimento al art. 265 parágrafo I del CPC-2013, fundamentado y motivando sus resoluciones, labor que debe plasmarse en la respuesta precisa a todos y cada uno de los puntos expuestos, con argumentos específicos que tengan como efecto otorgar seguridad jurídica a las partes.

Por otro lado, la parte dispositiva del Auto de Vista emitido, recae en un incongruencia al establecer que se revoca parcialmente la sentencia y se declara improbada la demanda en relación a Rodolfo Villarroel Veizaga, y luego señala que se confirma la demanda; debiendo tenerse presente que no se puede confirmar una demanda, solo las resoluciones emitidas, y en su caso no es especifico pudiendo entenderse la confirmación de los reclamos efectuados en la misma, cuando se está declarando como improbada respecto del codemandado Rodolfo Villarroel Veizaga; pudiendo generar confusiones en la ejecución de esta determinación, o interpretaciones que no permitan una materialización de la resolución.

Al respecto, la SCP 0115/2014 de 10 de enero, determinó en cuanto al principio de congruencia que: “El principio de congruencia , sobre el cual, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que implica: la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien imparte justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes; en ese entendido, por los argumentos desarrollados es evidente que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso incurriendo en una falta de motivación y fundamentación, al no absolver las dudas planteadas en apelación, así como en una incongruencia citra petita, ya que no se pronunció sobre todos los puntos que fueron cuestionados en la apelación sometida a su conocimiento, específicamente sobre la no aplicación del art. 120 de la LGT, hecho que evita que este Tribunal pueda efectuar un análisis de la infracción acusada, al no existir fundamento en el Auto de Vista al respecto, pese haber sido acusado como agravio en la apelación, razón por la cual la determinación asumida por este Tribunal no puede ser otra que anular el Auto de Vista recurrido, para que el Tribunal de alzada acomode su resolución acorde a los principios que rigen la Constitución, velando garantizar el debido proceso, y dotando de legitimidad sus resoluciones.

Las consideraciones efectuadas, exime a este Tribunal analizar los demás fundamentos del recurso de casación, pues en función de lo expuesto, se asume un criterio anulatorio hasta la enmienda del error anotado y de la omisión incurrida; correspondiendo fallar de acuerdo a la disposición contenida en el art. 220 parágrafo III num 1 inc. c) del CPC-2013, en concordancia con el art. 106-I del mismo cuerpo legal, aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 219/17 de 13 de junio de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, de fs. 86 a 91, y su Auto complementario 177/17 de 20 de junio, de fs. 95; disponiendo que el Tribunal de alzada, efectuado el sorteo correspondiente, de manera inmediata y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación respetando los principios de congruencia y observando el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.

Sin multa por ser excusable, se recomienda mayor atención en cuanto la aplicación de la normativa y emisión de sus resoluciones, para evitar nulidades que afecten la celeridad del proceso.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-