TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

                                                               

AUTO SUPREMO Nº 680

Sucre, 27 de noviembre de 2018


DATOS DE LAS PARTES Y  DEL PROCESO.

Expediente                            : 369/2017

Demandante            : Eleuterio Escobar Alves   

Demandado                    : Gobierno Autónomo Departamental de

                                         Pando. 

Tipo de Proceso                    : Pago de Subsidios de Frontera.

Resolución Impugnada    : Auto de Vista de 26 de junio de 2017.

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa.


VISTOS: El recurso de casación en la fondo interpuesto por Sandro Chambi Gomez, apoderado del Gobierno Autónomo Departamental de Pando cursante a fs. 64 a 66 vla. de obrados, en contra del Auto de Vista de 26 de junio de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando cursante a fs. 58 a 61; el Auto Supremo No 369-A de 23 de agosto de 2017 de fs. 82 y vlta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y: 

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia:-
Tramitado el proceso laboral por pago de subsidio de frontera seguido por Eleuterio Escobar Alves en contra del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, el Juez de Partido del Trabajo S.S. de la Capital, Cobija - Pando, emitió la Sentencia Nº 200/017 de 3 de mayo de 2017, que cursa a fs. 41 a 42 vlta., declarando probada la demanda.

Auto de Vista:

Interpuesto el recurso de apelación por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando de fs. 45 a 49, la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; por Auto de Vista de fecha 26 de junio de 2017, cursante a fs. 58 a 61, confirmó la Sentencia Nº 200/017 de 3 de mayo de 2017.

Ante la determinación del Auto de Vista, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, interpone recurso de casación en el fondo, no existiendo contestación al recurso interpuesto, el Tribunal de Alzada emitió el Auto de 24 de julio de 2017, de fs. 69 vlta., que concedió el recurso.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

Acusa que el art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027) establece el tratamiento de las personas que prestan sus servicios al Estado, como también el art. 60 del DS. Nº 26115 de 16 de marzo de 2001 (Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal) ambos respecto a los derechos del personal eventual que trabaja en una institución pública.

Respecto al subsidio de frontera; indica que no le correspondería al señor Eleuterio Escobar Alves, porque fue contratado mediante un contrato administrativo de acuerdo al art. 6 de la Ley 2027, que se encuentra claro y establecido dentro sus cláusulas y términos del contrato, por lo que ese cobro es indebido.

El DS. Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, en su art. 5 establecería que la partida 12100 “persona eventual, no deberá generar pago de aguinaldo ni otra clase de beneficio adicional bajo cualquier denominación, así como tampoco el personal en línea con relación a los sueldos que se hallan inscritos en las partidas 11310 y 12100…” y que de acuerdo al Código Civil en su Capítulo V de los efectos de los contratos sección I disposiciones generales art. 519, los contratos que firmó el demandante no estaba estipulado estos pagos por lo que no puede reclamarlos.

Por lo que el Tribunal de Alzada al pronunciarse mediante Auto de Vista interpretó erróneamente los alcances y espíritu del art. 5.II del DS. Nº 27375 de 17 de febrero de 2004, al indicar que el contrato que se suscribe es para el desempeño de funciones administrativas, y que no se ha cumplido con la condición básica que impone el art. 12 del DS. Nº 21137, por lo que no corresponde el pago del subsidio de frontera, ya que no se tomó en cuenta la ubicación geográfica en medición con coordenadas exactas donde se desarrollaba anteriormente el trabajo del demandante, vulnerando así un precedente contradictorio emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 373 de 8 de octubre de 2014.

Así también realizando transcripción de doctrina, normativa y jurisprudencia constitucional referente al debido proceso, valoración de las pruebas, igualdad de las partes y la motivación de las resoluciones. 

En conclusión, y por todo lo expuesto solicita, “case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo y forma, y sea con condenación de costas conforme lo prevé la Ley”…sic. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

Así formulado el Recurso de Casación, del análisis y revisión del memorial de recurso interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, previamente a atender la pretensión del recurrente es necesario realizar y resaltar las siguientes consideraciones:

Los Recursos de "Casación en el fondo" y "Casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del Recurso de Nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el CPC, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establece el art. 220.IV del CPC, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como dispone el art. 274.III del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

En el caso presente, se advierte que el recurso de casación a fs. 64 a 66 vlta., interpuesto el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, empieza señalando que interpone “recurso de casación en el fondo” para realizar seguidamente un despliegue de fundamentos de forma ya que denuncia vulneración de normas que el Tribunal Ad quem supuestamente hubiera interpretado y aplicado erróneamente, para concluir en su petitorio de forma contradictoria y confusa, solicitando “case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo y forma, y sea con condenación de costas conforme lo prevé la Ley”…sic, lo que evidencia la falta de técnica recursiva del recurrente en su recurso, al mezclar aspectos de forma y fondo, no obstante a ello, daremos una respuesta a los agravios cuestionados por el recurrente, sin que ello signifique que se esté alterando los fundamentos del recurrente o vulnerando el principio de congruencia, por lo que responderemos en el siguiente orden:

Del recurso de casación interpuesto, se advierte que la problemática puesta en consideración se centra en la supuesta indebida interpretación y aplicación de la norma, mas propiamente el art. 12 del DS. Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, referido al pago de subsidio de frontera, que se le otorgo a favor de Eleuterio  Escobar Vásquez, y que no le correspondía por ser un funcionario público con contratado eventual, que por lo tanto él estaba sometido a un contrato de índole administrativo regido por la Ley 2027, en el cual no se encuentra establecido el pago de este subsidio,  por lo cual este pago era ilegal.

Al respecto se debe tomar en cuenta que, la C.P.E. establece los derechos fundamentales y garantías siendo deber del Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos, garantizando a toda persona, el libre y eficaz ejercicio de los mismos conforme a los arts. 13 y 14 de la misma Constitución. Que, el texto constitucional, regula los derechos sociales y económicos, entre ellos, el derecho al trabajo y al empleo y expone una serie de mandatos y consideraciones sobre los derechos de los trabajadores y la obligación del Estado de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, de modo que éstos no sean simples enunciados, sino, tengan aplicación plena. Que, si bien es cierto que no todos los que trabajan o prestan un servicio por cuenta ajena, lo hacen bajo el manto de la LGT y sus disposiciones complementarias o conexas; pues, es claro que también existen otro tipo de trabajadores, como los servidores públicos, que de igual manera prestan servicios para el Estado, los que innegablemente también cuentan con derechos laborales que deben ser protegidos, si corresponde, en el marco de la norma respectiva que los cobija, sea bajo un procedimiento administrativo que puede ser instado por el servidor público, conforme a la RM Nº 014/10 de 18 de enero de 2010, así como puede hacerlo también ante la judicatura laboral ordinaria de manera directa, pues nada impide que aquello pueda ser así, por cuanto es claro que el art. 73 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga a los jueces en materia de trabajo y seguridad social, la competencia para conocer y decidir acciones individuales o colectivas, tanto por derechos como por beneficios sociales, y en general, conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales. La actual Jurisprudencia del Tribunal Supremo, recalca que los derechos laborales también son aplicables a los servidores públicos en el marco de la norma específica que les atañe, de modo que, no necesariamente ha de entenderse como el derecho social, aquello que se encuentra regulado en la LGT o sus disposiciones complementarias o conexas, sino también aquellas que correspondan al ámbito del servicio público, en cuanto a los derechos laborales se refiere.

En coherencia con lo referido precedentemente, el art. 1 del CPT, indica que el Adjetivo Laboral regulará los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las cuestiones laborales cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de Seguridad Social, la cual por disposición del art. 6 del mismo cuerpo legal se ejerce “por los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, las Salas Sociales de las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Social y Administrativa” (sic)

Evidenciándose en el caso de examen, que el demandante impetra, el pago de subsidio frontera y no beneficios sociales queda claro que, la competencia de la judicatura laboral está reconocida aún siendo el actor servidor público en la medida en que dicho ámbito regula también derechos laborales como parte del derecho social, abriendo así, de manera excepcional para los servidores públicos, la competencia de la judicatura laboral para conocer demandas en las que reclaman derechos, que a diferencia de los beneficios sociales, que son expectaticios, no pueden afectarse.

Respecto a la aplicación del art. 12 del DS. Nº 21137, esta norma dispone: “Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región, con un (Subsidio de frontera), cuyo monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público cuyo lugar de trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas.” Sobre el particular, la disposición citada hace referencia a funcionarios y trabajadores del sector público, indicando que también regirá para empresa privadas; en este sentido, el término funcionario sólo se aplica al sector público sin diferenciar su naturaleza que lo vincula; y por otra parte, hace referencia a empresas privadas, en un sentido genérico, como parte de las actividades dentro del Estado, sin que ello signifique una relación estrictamente económica, pues dicho subsidio debe ser pagado a favor de todo trabajador en función de la ubicación geográfica en la que se encuentre -frontera en este caso- ya que lo contrario significaría aplicar una práctica discriminatoria, favoreciendo solamente a un sector de trabajadores, sin tomar en cuenta el concepto y las condiciones por las que se instituyó el subsidio en cuestión, sin pensar que las necesidades de todos ellos son las mismas y que enfrentan la misma situación en un contexto determinado.

Por los antecedentes del proceso, se demuestra que el demandante trabajó en el Gobierno Autónomo Departamental de Pando (Cobija Pando), mismo que se encuentra dentro de los 50 Km de la frontera con la República Federativa del Brasil, correspondiéndole el subsidio de frontera, en aplicación de los principios de irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos conforme determinan los arts. 48. III y IV de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo, correctamente concedido en sentencia y ratificado en el auto de vista recurrido,  no siendo por tanto evidente que se hubiese incurrido en errónea interpretación de la norma acusada como aduce la parte recurrente pretendiendo deslindar una responsabilidad consolidada y reconocida en favor de la trabajadora por imperio de las normas citadas supra, que solamente exige que la institución empleadora se encuentre el lugar fronterizo, consiguientemente corresponde el pago determinado en la sentencia en favor del actor.

En relación al Auto Supremo Nº 373 de 8 de octubre de 2014; este precedente jurisprudencial, no es vinculante al caso, debido que si bien el mismo realiza un análisis de la aplicación del art. 12 del DS. Nº 27137, respecto a la distancia del lugar de trabajo con las fronteras Internacionales que deberían estar dentro de los cincuenta kilómetros lineales, este análisis se lo realiza respecto a la ciudad de Tupiza y no así de Pando, que dichos aspectos no fueron debatidos en instancias inferiores para su consideración.

Conforme a lo señalado, se concluye que el Auto de Vista recurrido de casación, no contiene la vulneración normativa denunciada, así como tampoco la indebida aplicación o interpretación como se acusa; al contrario, se observa que el mismo se acomoda a lo previsto en las disposiciones legales y principios que rigen esta materia, por lo que corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.   

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el Art. 184.1 de la CPE y el Art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando cursante a fs. 64 a 66 vlta. de obrados, en contra del Auto de Vista de 26 de junio de 2017, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolecente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.