TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 679

Sucre, 27 de noviembre de 2018

Expediente                        : 367/2017

Demandante                : “LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE

                                 VIVIENDA

Demandado        : Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

  Servicio de Impuestos Nacionales

Proceso        : Contencioso Tributario

Distrito                        : La Paz

Magistrada Relatora        : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 259 a 271 vta., interpuesto por Juan Mauricio Diez Canseco en representación legal de “LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, contra el Auto de Vista Nº 52/2017 SSA-II de 24 de abril, cursante de fs. 244 a 245 vta., pronunciado por la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la entonces Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda recurrente, ahora LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz (GRACO-LP) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); contestación al recurso de fs. 277 a 283; el Auto que concede el recurso de fs. 293 y vta.; los antecedentes del proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia  CT Nº J1º 003/2014 de 5 de noviembre

Presentada la demanda contenciosa tributaria de fs. 44 a 49 por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “LA PRIMERA” actualmente LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, contra GRACO-LP del SIN, que pretende dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº 23-0057-2009 de 7 de abril, cursante a fs. 2 a 6 que  resuelve rechazar la Acción de Repetición por pago indebido del contribuyente con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1007125028, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa (IUE) Formulario 80, de la Gestión 2003, el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emite la Sentencia  CT Nº J1º 003/2014 de 5 de noviembre, de fs. 185 a 195, que declara improbada la demanda de fs. 44 a 49 y en consecuencia, firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-0057-2009, ordenando la ejecución tributaria respectiva.

Auto de Vista Nº 52/2017 SSA-II de 24 de abril

LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA demandante, presenta el recurso de apelación de fs. 205 a 210, contra la Sentencia CT Nº J1º 003/2014; y, el Juez de la causa, el 30 de enero de 2015, concede el recurso de apelación mediante Auto de fs. 219; en apelación, la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncia el Auto de Vista Nº 52/2017 SSA-II de 24 de abril, cursante de fs. 244 a 245 vta., que confirma la Sentencia.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

El representante legal de Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “LA PRIMERA”, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista Nº 52/2017 SSA-II de 24 de abril, con los siguientes antecedentes y argumentos:

Con carácter previo, aclara que de conformidad a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 393 de Servicios Financieros, mediante Resolución ASFI/423/2015 de 8 de junio, se autorizó la transformación de Mutual “LA PRIMERA” a “LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA; posteriormente, mediante Resolución ASFI/972/2015 de 18 de noviembre, se ordena la emisión de la Licencia de Funcionamiento ASFI/050/2015 de 18 de noviembre.

Casación en la forma:

El art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC), prevé que el Tribunal de alzada debe pronunciarse sobre los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; pese a los agravios expuestos contra los ilegales fundamentos contenidos en la Sentencia CT Nº J1º 003/2014, el Auto de Vista omite el pronunciamiento sobre todos y cada uno de ellos, incurriendo en vulneración del derecho al debido proceso y congruencia.

Tal es así, que el Auto de Vista no se pronuncia sobre la inaplicabilidad de IUE correspondiente a la Gestión 2003, que por un monto de Bs12.372.310.- (doce millones, trescientos setenta y dos mil, trescientos diez 00/100 bolivianos) fue indebidamente pagado por la entonces Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “LA PRIMERA”, actualmente “LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, impuesto que según la Sentencia correspondía pagarse, en violación de las normas invocadas en el recurso de apelación; además, omite pronunciarse sobre los agravios expuestos contra el Informe de fs. 165 a 166, que confunde la aplicabilidad del IUE sobre la Mutual y que no tiene efectos jurídicos, sobre la calidad de cosa juzgada, la incorrecta aplicación de las leyes que regulan la exención tributaria del IUE de la Gestión 2003, respecto a “la temporalidad de las normas tributarias tratándose de impuestos anuales, subsiste hasta la conclusión del año en que se suprime la exención” y en cuanto a la actuación ultrapetita de descartar la Resolución Administrativa Nº 150076 de 3 de octubre de 1997 con relación a la imprescriptibilidad de la acción de repetición.

Petitorio.- En recurrente solicita que se anule el Auto de Vista impugnado, ordenando se pronuncie uno nuevo que cumpla el mandato imperativo contenido en el citado art. 265 del CPC.

Casación en el fondo:

1.- El Auto de Vista contiene violación del art. 49 de la Ley Nº 1606 y desconoce la Resolución Administrativa 15-0076-97 de 3 de octubre de 1997, por cuanto “LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA se encuentra comprendida en la exención del pago del IUE y la Administración Tributaria así lo reconoció en la citada Resolución Administrativa 15-0076-97; y, dada la naturaleza jurídica del IUE y su periodicidad anual, se mantuvo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, por lo que dicha norma fue violada e interpretada erróneamente por el Auto de Vista, que al confirmar la Sentencia, desconoce el carácter anual del IUE y de la consiguiente exención.

Además, vulnera el art. 9 inc 1) de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario boliviano abrogado (CTbabrog.), que establece que las normas tributarias rigen desde la fecha de su publicación oficial o desde la fecha que así lo determinen, sin perjuicio de que las normas referentes a la existencia o cuantía del tributo, regirán dese el primer día del año calendario siguiente al de su publicación, cuando se trate de tributos que determine o liquiden por periodos anuales, como es el caso del IUE; ello en concordancia con el citado art. 49 de la Ley Nº 1606 que no prevé su aplicación retroactiva; ello implica que se restituye el pago del impuesto desde el 1 de enero del año calendario siguiente al de su publicación, desde la entrada en vigencia de la Ley 2493 de 4 de agosto de 2003 y consiguiente promulgación del Decreto Supremo (DS) Nº 27190 de 30 de septiembre de 2003, por lo que corre a partir del 1 de enero de 2004.

Por otra parte, de conformidad con los arts. 36 y 46 de la Ley Nº 843 el IUE es un impuesto anual, inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre, no admite interrupción temporal o su abrogación una vez que esté en curso una determinada gestión anual, actuar en contrario implicaría vulnerar el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) (art. 33 de la CPE de 1967) y la irretroactividad prevista en el art. 250 del Código Tributario boliviano (CTb) vigente desde el 4 de noviembre de 2003 (Ley 2492) y el principio de seguridad jurídica previsto en el art. 178.I de la CPE.

Cita y transcribe como jurisprudencia de respaldo, las partes pertinentes de los Autos Supremos Nº 013/2014 de 27 de febrero, Nº 345/2014 de 16 de diciembre, Nº 48/2015 de 10 de marzo y Nº 084/2015 de 24 de marzo.

2.- El Auto de Vista impugnado contiene error de hecho por cuanto sostiene que la Entidad Financiera habría efectuado el pago indebido que luego demando acción de repetición, a raíz de la notificación de 28 de junio de 2006, con la Resolución Determinativa (RD) Nº 0102/2006 de 13 de junio, por Bs10.583.213.- (diez millones, quinientos ochenta y tres mil, doscientos trece bolivianos); sin embargo, la entidad financiera canceló indebidamente Bs12.372.310.- (doce millones, trescientos setenta y dos mil, trescientos diez bolivianos), recién el 18 de mayo de 2006, mediante el Formulario 1000 Orden Nº 29030201830 Versión II de dicha fecha; en consecuencia, se pagó de manera voluntaria y con anterioridad a la RD Nº 0102/2006 y ante el reclamo respectivo, se pronunció la Resolución Administrativa Nº 23-0057-2009 de 7 de abril de 2009, que en ningún momento adquirió calidad de cosa juzgada al haber sido impugnada a través del presente proceso contencioso tributario precisamente porque se pagó indebidamente un impuesto para el que la entidad financiera estaba exenta por disposición de la Ley Nº 1606 y por reconocimiento expreso del SIN a través de la Resolución Administrativa 15-0076-97 de 3 de octubre de 1997.

3.- El Auto de Vista incurre en error de derecho, por cuanto refiere ilegalmente que el plazo de 3 años para la prescripción de la acción de la repetición, computables a partir del momento en que se efectuó el supuesto pago indebido, se encuentra vencido al 20 de febrero de 2009, fecha en la que se interpone la acción y considerar ejecutoriada la Resolución Determinativa, confundiendo la impugnación de la misma con el planteamiento de la acción de repetición; además, existe error de derecho en la valoración de la prueba, respecto al Formulario 1000 de fs. 43 y 112, cuyo valor probatorio se encuentra reconocido por el art. 78 de la Ley Nº 2492 y demuestra que el 18 de mayo de 2006, la entidad financiera canceló voluntaria e indebidamente el IUE de la Gestión 2003, por un monto de Bs12.373.310.-, considerando también que dicho pago no fue efectuado en cumplimiento a la Resolución Determinativa Nº 101/2006 de fecha posterior, que dicho sea de paso, no resolvió ninguna solicitud de repetición, sino concluyó el proceso de determinación de la administración tributaria.

Petitorio.- El recurrente solicita casar el Auto de Vista Nº 52/2017 SSA-II de 24 de abril y deliberando en el fondo declarar probada la demanda, ordenando la restitución de lo indebidamente pagado.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL PERTINENTE

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Sobre el debido proceso, motivación, fundamentación y congruencia de las decisiones judiciales

El derecho al debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, constituye una garantía constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos que rigen un proceso judicial, administrativo o corporativo, vinculados a todas las formas propias del mismo y a las leyes preexistentes, para materializar la justicia con base en la igualdad de condiciones de los sujetos intervinientes, de conformidad con el art. 119.I de la Ley Fundamental; el debido proceso tiene dos perspectivas; de un lado, se trata de un derecho en sí reconocido a todo ser humano; y de otro, es una garantía jurisdiccional a favor de toda persona para asegurar el ejercicio de sus derechos en las instancias administrativas, jurisdiccionales o jurisdicciones especiales; con sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal”.

El art. 256 del CPC, prevé que procederá el recurso ordinario de apelación a favor de todo litigante que habiendo sufrido algún agravio con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o en su caso anule obrados; por su parte, el art. 261 del citado CPC, establece que la apelación contra la sentencia o auto definitivo se interpondrá por escrito fundado, que refiere a que contendrá la motivación y fundamentación inherente a los agravios sufridos.

En cuanto a la pertinencia de la resolución que se pronuncie en alzada o en segunda instancia, el art. 265.I del CPC, determina que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el citado art. 274.I.3 del mismo texto legal.

Sobre el principio de congruencia, la Sentencia Constitucional 0486/2010-R de 5 de julio, establece que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…", razonamiento reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 y 0704/2014 y jurisprudencia constitucional contenida en el Auto Supremo Nº 25/2016 de 20 de enero.

IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

La controversia en el presente recurso de casación en la forma y en el fondo radica en determinar: En cuanto a la forma, si existe error en la aplicación de los arts. 265 del CPC en el Auto de Vista Nº 52/2017 SSA-II de 24 de abril (fs. 244 a 245 vta.) impugnado, debido a que carece de pronunciamiento sobre los agravios expuestos principalmente sobre la inaplicabilidad del IUE a la gestión 2003 y la jurisprudencia aplicable, vulnerando el debido proceso y congruencia; y, en el fondo, sobre la incorrecta aplicación de los arts. 49 de la Ley Nº 1606, 9 inc. 1) de la Ley Nº 1340, 36 y 46 de la Ley Nº 843, 49 de la Ley Nº 1606, Ley Nº 2493 y 250 de la Ley Nº 2492, considerando que el 18 de mayo de 2006 LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, canceló de manera voluntaria el IUE de la Gestión 2003 cuando estaba exenta del mismo en aplicación de la Ley Nº 1606 y pese a ello la administración tributaria no dio curso a la acción de repetición por lo indebidamente pagado, solicitada el 20 de febrero de 2009, argumentando que el plazo de 3 años para solicitar la devolución había prescrito cuando no existe prescripción y la ejecutoria de la Resolución Determinativa Nº 102/2006 de 13 de junio cuando no fue el motivo del pago, porque la Resolución Determinativa es posterior al pago indebido.

En cuanto al recurso de casación en la forma

El demandante argumenta la infracción del art. 265 del CPC, debido proceso, en sus elementos fundamentación y congruencia; del análisis del Auto de Vista, recurrido y de los antecedentes del proceso, con base en el análisis jurídico legal y jurisprudencial precedente, se tiene que:

El Auto de Vista impugnado únicamente desarrolla cinco puntos referidos a la naturaleza del proceso contencioso tributario; la procedencia de la acción de repetición; la firmeza de la Resolución Determinativa Nº 0102/2006 cursante de fs. 100 a 104 y la intrascendencia del momento del pago voluntario del demandante, posterior o anterior a la Resolución Determinativa; la falta de interposición de medios de impugnación contra los reparos establecidos por el ente recaudador contenidos en la Resolución Determinativa Nº 0102/2006, que declaró cancelados los adeudos tributarios, sin demostrar que presentó la acción de repetición antes de la ejecutoria de la Resolución Determinativa; y, finalmente, sobre los Informes Técnicos de los Auditores de Juzgado y Sala cursantes de fs. 165 a 166 y de fs. 228 a 230, fundamenta que aplica la libertad y amplitud de criterio dentro de la sana crítica y verdad material, considerando los antecedentes del proceso, para concluir que corresponde avalar lo resuelto en Sentencia por el Juez de primera instancia, que declara improbada la demanda de fs. 44 a 49.

Luego de desarrollar los fundamentos de dichas situaciones jurídicas, el Auto de Vista indica que no corresponde el análisis de las cuestiones de fondo y agravios relativos, por el impedimento procesal administrativo que conlleva la firmeza de la Resolución Determinativa que no fue impugnada por el demandante.

El recurso de apelación formulado por el demandante, contiene argumentos vinculados principalmente a los siguientes puntos:

1.- El Informe del Auditor del Juzgado confunde la aplicabilidad del IUE sobre LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, sobre el cual el Juez en Sentencia declara improbada la demanda y no tiene efecto jurídico.

2.- El pago indebido se efectuó de manera voluntaria y no en cumplimiento a una resolución administrativa con calidad de cosa juzgada.

3.- La cita de jurisprudencia constitucional no es aplicable al caso, no son casos análogos, por lo que se incumple el requisito de vinculatoriedad.

4.- No existe cosa juzgada administrativa porque la presente demanda contenciosa tributaria, impugna la Resolución Administrativa Nº 23-0057/2009 de 7 de abril de 2009 que rechaza la acción de repetición, no la Resolución Determinativa objeto de otro proceso administrativo.

5.- El IUE es un impuesto anual y la aplicación de la Ley Nº 2493 correspondía desde el 1 de enero de 2004, es decir, desde el año calendario siguiente a la vigencia de la Ley que establece la obligación tributaria.

6.- La Sentencia es ultrapetita al descartar la Resolución Administrativa Nº 15-0076-97 de 3 de octubre de 1997 que declara exenta del pago del IUE, aduciendo incorrectamente la falta de valor legal de la misma.

7.- La acción de repetición por el indebido pago del IUE-2003 no prescribió; entre el 18 de mayo de 2006 y el 20 de febrero de 2009, no transcurrieron los 3 años previstos al efecto por el art. 62 de la Ley Nº 1340.

8.- La Sentencia se aparta de la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 013 de 27 de abril de 2004 que resulta aplicable por ser un caso análogo al presente y que básicamente refiere que al ser el IUE un impuesto anual, comienza desde el primer día del año siguiente a la publicación de la Ley 2493, es decir, desde el 1 de enero de 2004.    

En ese contexto, el Auto de Vista omite la motivación, fundamentación y congruencia necesarias, sobre los siguientes agravios expresados por el demandante:

a) Violación del art. 49 de la Ley Nº 1606.

b) Desconocimiento de la Resolución Administrativa 15-0076-97 de 3 de octubre de 1997 (exención).

c) El carácter anual del IUE y la aplicación de la Ley 2493; y,

d) Sobre la jurisprudencia del Auto Supremo Nº 013 de 27 de abril de 2014 en base al cual el contribuyente formula su recurso de apelación.

Por lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista impugnado no contiene la fundamentación y motivación necesarias y en consecuencia, vulnera el debido proceso conforme aduce el demandante.

Sobre el recurso de casación en el fondo

El demandante argumenta la infracción de los arts. 49 de la Ley Nº 1606, 9 inc. 1) de la Ley Nº 1340, 36 y 46 de la Ley Nº 843, 49 de la Ley Nº 1606, Ley Nº 2493 y 250 de la Ley Nº 2492.

Del análisis del Auto de Vista recurrido, los antecedentes del proceso y con los fundamentos expuestos respecto a la casación en la forma, se evidencia que los argumentos vinculados al fondo de la problemática relativos a la existencia o no de la obligación tributaria del pago del IUE por la Gestión 2003 y la acción de repetición formulada, no mereció análisis alguno por parte del Tribunal de Alzada; en consecuencia, éste Tribunal está imposibilitado de emitir una decisión al respecto, por cuanto no se apertura la competencia para resolver el recurso de casación en el fondo y corresponde anular el Auto de Vista con los fundamentos expuestos en el presente fallo.

Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de apelación incurrió en la vulneración e infracción acusada en el recurso de casación en la forma interpuesto por LA PRIMERA” ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA; en consecuencia, corresponde aplicar el art. 220.III del CPC, aplicable al caso por mandato de los arts. 214 y 297 de la Ley 1340.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 244 inclusive, sin costas ni costos, disponiendo que la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno para sorteo, pronuncie un nuevo Auto de Vista en el que se resuelvan todos y cada uno de los agravios expresados por el demandante en su recurso de apelación, conforme a lo observado en el presente fallo.

En aplicación del art. 223.X del Código Procesal Civil y art. 17.4 de la Ley del Órgano Judicial, al no resultar excusable la omisión, con responsabilidad por la anulatoria, que se traduce en multa de Bs.200.- (doscientos bolivianos) a los Vocales Rubén Ramírez Conde y Fernando Aranibar Rico; y, por Secretaría de Sala ofíciese al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.