TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 677

Sucre, 27 de noviembre de 2018

Expediente                  : 365/2017

Demandante                   : Alejandro Enrique Ríos Pérez 

Demandado                    : Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación   

Proceso                           : Pago de beneficios sociales y derechos laborales

Distrito                         : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación, de fs. 104 a 105, interpuesto por la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), representada por Julio Héctor Linares Calderón, contra el Auto de Vista N° 39/2017 SSA-II de 6 de abril, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 99 a 101; dentro del proceso de pago de beneficios sociales y derechos laborales interpuesto por Alejandro Enrique Ríos Pérez contra la entidad recurrente; el memorial de respuesta al recurso, de fs. 107 a 111; el Auto Nº 165/2017 de 14 de junio (fs. 112), que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 365-A de 23 de agosto de 2017, por el cual se declara admisible el recurso de casación interpuesto (fs. 121), los antecedentes procesales; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Sentencia.

Planteada la demanda social de pago de beneficios sociales y derechos laborales por Alejandro Enrique Ríos Pérez, y tramitado el proceso, la Juez Cuarta del Trabajo y Seguridad Social de La Paz (en suplencia legal de la Juez Tercera del trabajo y Seguridad Social) pronunció la Sentencia de 19 de diciembre de 2014, de fs. 62 a 66, declarando probada en parte la demanda interpuesta de fs. 4 a 5, subsanada de fs. 9 a 10 y a fs. 12; disponiendo que la entidad demandada cancele a favor del actor la suma de Bs.25.958,43.- (veinticinco mil novecientos cincuenta y ocho 43/100 bolivianos), por concepto de multa del 30%, sobre el finiquito cancelado tardíamente, de fs. 2 y 25, monto a actualizarse de acuerdo a la UFV, al momento de su pago.

Auto de Vista.

En conocimiento de la Sentencia, EMAVERDE a través de su representante Julio Héctor Linares Calderón interpuso recurso de apelación, de fs. 74 a 75, a su turno, el demandante también formuló recurso de apelación, de fs. 77 a 80; ambos recursos de apelación fueron resueltos por el Auto de Vista N° 39/2017 SSA-II de 6 de abril, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 99 a 101, confirmando en parte la Sentencia de primera instancia, adicionando a la suma fijada por la Juez de la causa, el monto de Bs.9.013,90.- por concepto de pago de horas extraordinarias, resultando un total de Bs.34.972,33 (treinta y cuatro mil novecientos setenta y dos 33/100 bolivianos), a actualizarse en ejecución de sentencia, sin costas.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN:

En conocimiento del señalado Auto de Vista, la entidad demandada, formuló recurso de casación, de fs. 104 a 105, señalando lo siguiente:

1.- EMAVERDE tiene como política para la cancelación de los beneficios sociales, comunicar al trabajador beneficiario para coordinar la realización del pago, para posteriormente acudir al Ministerio de Trabajo para su respectivo visado, en el caso se citó al demandante para proceder con esta liquidación, y como consta en obrados, la autorización de pago, fue emitida el 10 de enero de 2012, pero el actor con el afán de lograr obtener mayor beneficio económico, no se apersono por las oficinas de la empresa dentro del plazo legal, buscando conseguir la multa del 30% de su finiquito; por lo cual, al no ser atribuible el retraso de la cancelación de los beneficios sociales, a EMAVERDE, no corresponde la imposición de la multa, debiendo aplicarse el principio de la primacía de la realidad, al tener un documento que autoriza el pago dentro del plazo para su realización.   

2.- Conforme al Reglamento Interno de EMAVERDE, la jornada laboral es de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 de lunes a viernes, y sábados de 8:00 a 12:00, ascendiendo a un total de 44 horas por semana, no excediéndose de forma alguna, a lo previsto en el art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT), por lo que, la solicitud de pago de horas extraordinarias bajo este argumento, carece de asidero legal; por otro lado, el art. 26 del D.S. Nº 27327 de 31 de enero de 2004, prohíbe la compensación económica por horas extraordinarias.

Asimismo, si bien el art. 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece que es el empleador quien debe desvirtuar las pretensiones del demandante, el actor puede aportar las pruebas que crea convenientes, en el caso, no existe prueba alguna que demuestre el trabajo de horas extraordinarias por parte del actor, solo su afirmación.

Petitorio.

Interpuesto el recurso de casación, solicita que deliberando en el fondo, se case el Auto de Vista recurrido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Expuestos así los argumentos del recurso de casación en el fondo, se pasa a resolver el recurso, con las siguientes consideraciones:

1.- En esta infracción que se acusa en el recurso de casación, sobre la multa del 30% impuesta al pago tardío de los beneficios sociales, no se señala norma alguna que estuviese mal aplicada, erróneamente interpretada o fuese vulnerada por parte del Tribunal de alzada, solo se cuestiona sin fundamento legal, que no procedería la multa, al haber sido el actor, responsable del retraso en el cobro de sus beneficios, en razón a que, el pago de los mismos fue autorizado el 10 de enero de 2012, dentro del plazo legal previsto para efectivizar la cancelación del finiquito; sin embargo, pese a esta omisión de argumentación legal de la infracción que se acusa, al ser precisos y claros los cuestionamientos sobre los fundamentos del Auto de Vista, que a entender del recurrente no corresponde la multa, al ser ajeno a su voluntad el retraso en el pago, por tardanza del trabajador beneficiario en el cobro, se debe tener presente que:

El art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, establece que: “I. En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan (…)”, mientras que su parágrafo II, prevé: “En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor; este precepto, busca garantizar el pago por parte del empleador de los derechos adquiridos por el trabajo prestado y beneficios sociales que correspondan al trabajador, en un tiempo razonable para garantizar sus medios de subsistencia y no tenga que esperar indefinidamente el pago que le corresponde, razón por la cual en las consideraciones previas del D.S. 28699, se señala: “El Estado tiene la obligación de crear condiciones que garanticen para todos, posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, asegurando sobre todo la continuidad de sus medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de las familias”; consideración relacionada con el art. 46 de la CPE.

Para una mayor claridad, se tiene lo dispuesto en el D.S. Nº 110 de 1 de mayo de 2009, que en su art. 1º prevé: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido; complementado este entendimiento la RM 447 de 8 de julio de 2009, que reglamenta el D.S. 110, en su art. 1 señala que: “II. En caso de producirse el retiro voluntario de la trabajadora o trabajador, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicios y los derechos laborales que corresponda en el plazo de quince (15) días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral.  III. En caso que el empleador incumpla la obligación de pagar la indemnización en el plazo establecido en el parágrafo II del presente artículo, pagara el monto establecido, incluyendo los derechos laborales que correspondan, debidamente actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, más la multa del treinta por ciento (30 %) del monto total a cancelar en beneficio de la trabajadora o del trabajador (las negrillas son añadidas).

Estableciéndose en forma clara, conforme a la normativa agregada, que el empleador debe cancelar de forma efectiva los derechos y beneficios sociales que le correspondieran al trabajador, en un plazo impostergable de quince (15) días calendario desde la desvinculación laboral, y al exceder este plazo, debe el empleador pagar una multa del 30% del total a cancelarse.

En el marco legal señalado, no se encuentra ninguna condición a cumplir por parte del ex trabajador, para el inicio del cómputo del plazo que se señala, como tampoco alguna interrupción o postergación del plazo, ante la ausencia del trabajador para realizar el cobro efectivo de sus beneficios, al ser una norma que regula el cumplimiento del empleador del pago de los derechos y beneficios que le corresponden al trabajador, dentro de un plazo razonable, a partir de la desvinculación laboral, y el empleador en cumplimiento de lo previsto en esta normativa, debe tomar los recaudos necesarios para efectivizar el pago de los beneficios sociales y derechos laborales adeudados, más allá de ser un retiro forzoso, indirecto o voluntario, en resguardo del derecho que asiste al trabajador de percibir de forma oportuna el pago por su trabajo; de tal forma, el empleador está facultado para efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las jefaturas departamentales del trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia de las observaciones que considere necesarias, salvaguardando con ello, la disposición del trabajador para realizar el cobro, y evitar posibles acciones que se puedan considerar dilatorias, para la obtención de un beneficio mayor, como la multa del 30% por parte del trabajador; debiendo ser el empleador quien busque la manera efectiva de materializar el pago de estos derechos, tiene la posibilidad de realizar el depósito de los mismos, en custodia del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, resguardando de tal forma, el equilibrio necesario entre empleador y trabajador, aplicando criterios de favorabilidad hacia el trabajador, ante la desventaja que tiene respecto del empleador, al ser aquel el sujeto débil de la relación laboral, evitando así se dilate bajo cualquier excusa el pago de estos beneficios.

2.- La Ley General del Trabajo regula la jornada laboral al disponer en su art. 46, que será de 8 horas por día y de 48 horas por semana; y el Reglamento Interno de EMAVERDE, prevé una jornada laboral de 44 horas por semana, sin que esta exceda la permitida legalmente, ahora el demandante señala que trabajo 4 horas extras a la semana, que estas no le fueron canceladas, refiriéndose a como horas extraordinarias a los días sábados de 8:00 a 12:00, conforme señala en su memorial de fs. 9 a 10, en el cual aclara y complementa su demanda, indicando: “se emitió una instructiva de  que todo el personal técnico que trabaja en EMAVERDE, debía prestar sus servicios TODOS LOS SÁBADOS en el horario de 8:00 a 12:00, sin que este extremo se hubiera reconocido a momento de mi retiro obligatorio, sin que se reconozcan 4 horas de trabajo los días sábados, no estando los mismos incluidos en el contrato” (textual), también considera el actor, que se excedió las 48 horas por semana permitidas por ley, porque se trabajaba de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 en forma continua, y a eso se sumó, los trabajos de los días sábado.

Es cierto que en aplicación el principio de inversión de la prueba, en la tramitación de los procesos laborales, el empleador debe desvirtuar los hechos afirmados por el trabajador, o en su caso, demostrar con suficiencia los argumentos aducidos en su defensa, siendo simplemente una facultad del actor trabajador la de ofrecer prueba, más no una obligación; principio establecido por el art. 66  y 150 del CPT, en concordancia con el art. 3 inc. h) del mismo cuerpo legal; por lo cual, ante una falta de prueba idónea presentada por el empleador, que desacrediten la solicitud de derechos y beneficios que el trabajador alega le corresponden.

Sin embargo, debe tenerse presente que la pretensión del actor, es la cancelación de horas extraordinarias trabajadas los días sábado de 8:00 a 12:00, conforme manifiesta expresamente en su demanda, en ese entendido debemos referirnos, a lo señalado por el art. 41 de la LGT, que prevé: “Son días hábiles para el trabajo los del año, con excepción de los feriados, considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que así fueren declarados ocasionalmente por leyes y decretos especiales, esta disposición se complementa con lo determinado en el art. 29 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), que indica: “A los fines del artículo 41 de la Ley, se considerarán feriados declarados por ley: los domingos; el 1º de enero; lunes y martes de carnaval; jueves y viernes santo; el 1º de mayo; el día de Corpus Christi; el 6 de agosto; el 1º y 2 de noviembre; el 25 de diciembre. Los días declarados de duelo o regocijo no se considerarán feriados para los efectos de la Ley; por otro lado el art. 55 de la LGT, determina: “Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo; y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%, según los casos, refiriéndose a las horas extraordinarias, los días feriados y al trabajo nocturno, y no infiere dentro de esta clasificación los días sábado, y como se pudo evidenciar en la normativa precedentemente añadida, los días sábados no forman parte de los días feriados.

Ahora, el D.S. Nº 2534 de 10 de mayo de 1951, en su art. 1º señala: “Los establecimientos comerciales y organizaciones mercantiles en general, con la sola excepción de los negocios que atienden el abastecimiento de artículos alimenticios, combustibles y las farmacias de turno, ampliarán su horario de labores hasta horas 13 de los días sábado, y cerrarán sus puertas por el resto de la tarde hasta el lunes subsiguiente, dando descanso a sus empleados y dependientes, sin reducción alguna en el pago de los sueldos y salarios que les correspondan conforme a horario normal, por lo que, los días sábado pueden tenerse como jornada laboral, pero solo hasta las 13:00 horas, con las excepciones señaladas que no hacen a la especie, y siendo que en el caso de autos que la pretensión del actor, es la cancelación de horas extraordinarias por trabajado de los días sábado de 8:00 a 12:00, no corresponde su pago por una jornada laboral permitida, como son los días sábado en el turno de la mañana, ya que para la cancelación de este derecho extra salarial debe haberse dado la jornada laboral sabatina en el turno de la tarde, o el exceso de 8 horas laborables diarias, pero el autos, la pretensión de trabajador es la cancelación de horas extraordinarias por una jornada laboral permitida, al señalar el art. 46 de la LGT en su primer párrafo: “La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose trabajo nocturno el que se practica entre horas veinte y seis de la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo en las empresas periodísticas, que están sometidas a reglamentación especial. La jornada para mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas semanales diurnas, y conforme a las consideraciones anteriores, las horas que excedan estas jornadas establecidas en la narrativa en análisis, deben ser consideradas horas extraordinarias, ya que las mismas si están incluidas en el art. 55 de la norma sustantiva laboral, para poder el trabajador ser acreedor de un pago diferenciado al salario percibido, mas no así de los trabajos efectuados en sábado de 8:00 a 12:00.

En mérito a lo expuesto y encontrándose debidamente sustentado el segundo argumento traído en casación, respecto al pago de horas extraordinarias, corresponde dar aplicación al art. 220-IV del Código Procesal Civil (CPC-2013), respecto del segundo fundamento; aplicable en la materia por expresa determinación del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA en parte, el Auto de Vista N° 39/2017 SSA-II de 6 de abril, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fs. 99 a 101.

En consecuencia, se suprime el pago de horas extraordinarias establecidas en el Auto de vista recurrido, manteniéndose firme y subsistente la determinación asumida en la Sentencia de 19 de diciembre de 2014, de fs. 62 a 66; debiendo cancelarse a favor del actor la suma de Bs.25.958,43.- (veinticinco mil novecientos cincuenta y ocho 43/100 bolivianos), por concepto de multa del 30%, sobre el finiquito cancelado tardíamente, de fs. 2 y 25, monto a actualizarse de acuerdo a la UFV, al momento de su pago.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.-