TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 672

Sucre, 26  de noviembre de 2018

Expediente                : 357/2017

Demandante             : Rolando Virgilio Escalante Segundo

Demandado              : Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Proceso                     : Beneficios Sociales

Departamento           : Santa Cruz

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 199 a 202 vta., interpuesto por Juan Saucedo Mostacedo, en representación legal de Saúl Rosas Ferrufino Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), contra el Auto de Vista Nº 93 de 1 de abril de 2017, pronunciado por la Sala Social Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social de cobro de beneficios sociales seguido por Rolando Virgilio Escalante Segundo contra el recurrente, el auto de fs. 209 que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 357-A de fs. 218 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Quinto de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 128 de 10 de abril de 2015 fs. 128 a 132, declarando probada la demanda sin costas, disponiendo se cancele en favor del actor la suma de Bs. 94.119,51 (noventa y cuatro mil, ciento diecinueve bolivianos 51/100), por concepto de  indemnización, aguinaldo doble, sueldos devengados, más la multa del 30% y actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1 de mayo de 2006.



Auto de Vista

En grado de apelación de fs. 135 a 137 vta. interpuesto por la institución demandada, la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista Nº 239 de 1 de septiembre de 2015 de fs. 154 a 155; que mediante Auto Supremo Nº 200/2016 de 30 de junio de fs. 174 a 176, fue anulado, disponiendo se emita nueva resolución.

En mérito a dicho Auto Supremo la Sala Social Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió el Auto de Vista Nº 93 de 19 de abril de 2017 de fs. 182 y vta., que confirmó la Sentencia impugnada. 

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista la institución demandada formuló recurso de casación de fs. 199 a 202 vta., bajo los siguientes argumentos:

El Tribunal ad quem, al confirmar la Sentencia incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al determinar de manera equivocada que el salario promedio indemnizable es de Bs. 8.000 (ocho mil bolivianos 00/100), con el argumento de que no se adjunto la escala salarial de la gestión 2010 a objeto de demostrar que salario le correspondía al actor.

La falta de presentación de dicha prueba fue efectiva por memorial de 10 de enero de 2014, con la suma de “Presenta Conclusiones”, donde se dio a conocer el valor por  hora de trabajo del docente interino en la gestión 2010 de Bs. 29.04 (veintinueve bolivianos 04/100), la misma que no fue compulsada ni valorada en sentencia en perjuicio de la UAGRM, incurriendo el a quo y ad quem en indebida aplicación de la Ley, toda vez que la carga horaria docente que le fue asignada al demandante fue de sólo 100 horas por mes y con el Informe Nº 001/2014 se establece que lo percibido por hora es de Bs. 29.04, llegando a un salario mensual de Bs. 2.904 (dos mil novecientos cuatro bolivianos 00/100), lo que desvirtúa categóricamente que el sueldo hubiera sido en suma mayor al monto referido.

El Tribunal de alzada incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas adjuntadas, en cuanto a la duración de la relación laboral se inició el 15 de mayo de 2010 tal como señala  la documental de fs. 45 y mediante confesión judicial estableció como fecha de conclusión el 10 de diciembre.

Al determinar en el Auto de Vista el pago de la multa del 30%, no consideró que la misma no aplica al presente caso, toda vez que nunca hubo despido sino cumplimiento de gestión académica.

Concluyó solicitando se case contra el Auto de Vista Nº 93 de 19 de abril de 2017.

II. Fundamentos jurídicos del fallo.

En consideración de los argumentos expuestos caben las siguientes consideraciones de orden legal, señalando que:

En el proceso laboral, la valoración y compulsa de las pruebas, es atribución privativa de los jueces de instancia incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la Ley a cierta prueba le hubieran asignado un valor distinto; de igual manera el Juez a quo o Tribunal ad quem no se encuentran sometidos a la tarifa legal de la prueba; más al contrario, tiene libertad de apreciación de la misma, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, con la única excepción de la circunstancia en que la Ley exija de una prueba un contenido material concreto, tal como disponen el art. 158 en concordancia con el inciso j) del art. 3 y con el art. 60, todos ellos del Código Adjetivo Laboral.

Análisis en el caso concreto        

De los antecedentes, respecto a que el Tribunal ad quem, incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al determinar como salario indemnizable el monto de Bs. 8.000 con el argumento de que no se adjunto la escala salarial de la gestión 2010; sin embargo el recurrente asegura haber demostrado que el actor sólo trabajó 100 horas por mes conforme el Informe Nº 001/2014, llegando a un salario mensual de Bs. 2.904; sobre el particular, se tiene que la institución recurrente se limita a señalar error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba e indebida aplicación de normas, pretendiendo una revaloración de la prueba.

Cabe señalar que la valoración de la prueba presentada por la parte recurrente, si bien constituye una causal de casación únicamente en el fondo, Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revaloración de esa prueba.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del Tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan; en el caso de autos, la institución demandante señala que no se valoró prueba que desvirtúa la carga horaria del actor, empero de la documental de fs. 2 a 4 se evidencia que este trabajo con 272 horas conforme sale de la Resolución Nº 011/2010 emitida por el Consejo de Carrera de Medicina, mediante el cual se le asigna Profesor Interino en la Materia de Semiología General MED 302 grupo E, documental que no fue observada ni objetada por el demandado, limitándose a justificar la presentación de prueba en el memorial “Presenta Conclusiones”, donde se señala se dio a conocer el valor por hora de trabajo del docente interino en la gestión 2010; sin embargo, de los datos del proceso dicho memorial no fue considerado al no constar en obrados su existencia, aspecto tampoco reclamado por el demandado, ni siquiera en etapa de apelación por lo que no merece realizar mayor pronunciamiento al respecto.

Con relación al tiempo de relación laboral, se tiene que durante el proceso la institución demandada no acredito con prueba idónea la fecha de inicio y conclusión de la relación laboral, en consecuencia se tiene que el Tribunal ad quem, han compulsado correctamente las pruebas de cargo como las de descargo. Así también, se debe aclarar que como se manifestó supra no basta objetar o atacar algunos medios de prueba, si demostrar el error de hecho o de derecho en el que se incurrió en el Auto de Vista, más aún si en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, en virtud del cual, la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los arts. 3. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, situación extrañada en el caso de autos.

Respecto a que no corresponde el pago del 30% de multa, debido a que nunca hubo despido sino cumplimiento de gestión académica; al respecto se debe aclarar que si bien, el Decreto Supremo Nº 28699 en su art. 9 referente a los despidos establece: I. "En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito.” Mientras que el parágrafo II prevé: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor".

Empero el citado DS Nº 28699, fue creado bajo el espíritu de propugnar el resguardo de las garantías y derechos que gozan las trabajadoras y los trabajadores, frente a la libre contratación y libre rescisión que dio lugar a diferentes excesos en los procesos de contratación obrero-patronales, ocasionando decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores, así como para la adopción de formas de encubrimiento de la verdadera relación laboral o, más aún, para burlar obligaciones laborales; es en ese sentido, que una de las medidas para garantizar dichos derechos conforme a su art. 9, fue precautelar el pago pronto y oportuno de los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y los trabajadores, una vez se haya producido la desvinculación laboral, sancionando el incumplimiento de pago de las obligaciones patronales fuera de los 15 días de haberse efectuado, con el 30% de multa del total de beneficios y derechos laborales impagos, más no en razón de las causas de la desvinculación laboral, es decir que al no haber hecho efectivo el pago de beneficios sociales del actor en el plazo de 15 días corresponde se imponga la multa del 30%.

En consecuencia, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación de fs. 199 a 202 vta., corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 220.II del Código de Procesal Civil (CPC), en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 199 a 202 vta.

Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley 1178.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.