TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 669

Sucre, 26 de noviembre de 2018

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente:                353/2017

Demandante:                María Antonieta Sánchez Loza

Demandado:        Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Materia:                        Laboral

Distrito:                        La Paz

Magistrada Relatora:        María Cristina Díaz Sosa

VISTOS

Los Recursos de Casación de fs. 391 a 392 y de fs. 395 a 396, interpuestos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de Edwin Castro Escobar, apoderado de Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz y por María Antonieta Sánchez Loza, contra el Auto de Vista Nº 11/2017 de 18 de enero, cursante de fs. 387 a 389, dictado por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por María Antonieta Sánchez Loza contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; el Auto que concede ambos recursos de fs. 340; el Auto Supremo de admisión 353-A de 11 de agosto de 2017; antecedentes del proceso, y;

I. ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia

La demanda laboral de pago de beneficios sociales, incoada por María Antonieta Sánchez Loza contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mereció la Sentencia Nº 35/2010 de 10 de abril, cursante de fs. 272 a 279 de obrados, dictada por la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declara probada en parte la demanda; determinando que la institución demandada cancele a favor de la actora, la suma total de Bs96.985,52 (noventa y seis mil, novecientos ochenta y cinco 52/100 Bolivianos), por el tiempo de servicios de 17 años, 10 meses y 7 días, con un sueldo promedio indemnizable de Bs4.178,86 (cuatro mil, ciento setenta y ocho 86/100 Bolivianos), por los conceptos de indemnización y multa del 30%.

Auto de Vista.

Interpuestos los recursos de apelación por la institución demandada, el 11 de junio de 2010 (fs. 299 a 301), y por la actora, el 23 de junio de 2010 (fs.305), la Sala Social y Administrativa Tercera, mediante Auto de Vista Nº 201/2010 de 28 de septiembre, revoca en parte la sentencia recurrida y el Auto de enmienda y complementación. Contra este Auto de Vista, ambas partes presentaron recurso de casación en el fondo, recursos resueltos por Auto Supremo Nº 297/2015-L de 3 de diciembre, de fs. 371 a 372, que anula obrados hasta el sorteo de fs. 320 vta. inclusive, debiendo el Tribunal ad quem emitir nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975).

En cumplimiento al Auto Supremo, el Tribunal de apelación dicta el Auto de Vista Nº 11/2017 de 18 de enero, corriente de fs. 387 a 389, revocando en parte la Sentencia apelada, disponiendo que la comuna cancele a la actora la suma de Bs61.725,77 (sesenta y un mil, setecientos veinticinco 77/100 Bolivianos), por concepto de indemnización, considerando un tiempo de servicios de 18 años, 1 mes y 1 día y un sueldo promedio indemnizable de Bs3.412,90 (tres mil, cuatrocientos doce 90/100 Bolivianos).

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista, motivó que ambas partes formulen recurso de casación en el fondo, cursantes de fs. 391 a 392 y de 395 a 396 de obrados, expresando lo siguiente:

Recurso de Casación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Manifiesta que, el Auto de Vista realizó una franca violación y errónea aplicación de lo dispuesto por el art. 19 de la LGT y de la Resolución Ministerial (RM) 118/1988 de 31 de mayo, referido a la determinación del salario promedio cotizable a efectos del pago de la indemnización por el tiempo efectivamente trabajado, ya que su desvinculación se produjo el 15 de enero de 2001; aclara que, al ser la indemnización un derecho que asiste al trabajador en compensación al desgaste físico y psíquico por la prestación de servicios efectivamente realizados, corresponde el pago hasta su desvinculación.

Además señala que se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 52 de la LGT que establece que la remuneración o salario promedio, es el promedio de los 3 meses de prestación efectiva de servicios, es decir octubre, noviembre y diciembre de 2000.

Refiere que la prueba aportada por la municipalidad de La Paz establece la íntima relación procesal entre el juicio de reincorporación y el presente proceso de pago de beneficios sociales, constituyéndose en una suerte de causa y efecto; proceso de reincorporación donde se ha demostrado, por el estado de cuenta individual de la AFP Futuro de Bolivia, que la ahora demandante tiene aportes por su trabajo en el Ministerio de Gobierno; prueba que acredita que solo corresponde la indemnización del periodo 10 de marzo de 1983 hasta 15 de enero de 2001, más 1 año de fuero sindical y 3 meses de la rendición de cuentas, es decir de enero a diciembre de 2001 y de enero a marzo de 2002.

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case parcialmente el Auto de Vista recurrido dejando sin efecto la sentencia y deliberando en el fondo emita nueva sentencia disponiendo el correcto tiempo de servicios, su cuantificación y deducción por reintegro de salarios devengados dentro del proceso de reincorporación, deduciendo los montos ilegalmente percibidos por la accionante a fin de establecer una correcta valoración de los procesos interdependientes de reincorporación de beneficios sociales.

Recurso de Casación de María Antonieta Sánchez Loza

Menciona que su fecha de inicio laboral es el 10 de marzo de 1983 hasta el 27 de noviembre de 2008 fecha de su renuncia, totalizando 25 años, 4 meses y 8 días de trabajo; correspondiendo el pago de indemnización por todo ese tiempo, más si la prueba de obrados, demuestra que fue ilegalmente despedida el 17 de enero de 2001 y reincorporada con todos sus derechos mediante proceso judicial el año 2008.

Con referencia al argumento del Auto de Vista referido a que la indemnización es el pago al trabajador en compensación al desgaste físico y psíquico, y que no corresponde el pago por el tiempo no trabajado, señala que, el no haber trabajado desde su ilegal despido hasta su reincorporación, no fue una decisión personal o irresponsabilidad, es producto de los actos ilegales de su ex empleador. Con este antecedente, señala que en aplicación del art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE) referido a la progresividad de los derechos laborales y el principio de protección de los trabajadores, irrenunciabilidad de derechos y beneficios y pago privilegiado (art. 48.I.II.III de la Ley Fundamental) corresponde el reconocimiento de la indemnización.

Argumenta que el Auto de Vista viola el art. 52 de la LGT y art. 39 del RLGT, que establecen que la remuneración o salario es el pago por el trabajo. Refiere que la resolución impugnada, considera a la indemnización como una simple remuneración y no como un derecho adquirido, diferente al salario mensual.

Señala que el Auto de Vista viola e interpreta erróneamente el DS 21137 de 30 de noviembre de 1985, que prohíbe que los trabajadores públicos o privados reciban doble remuneración; extremo que en su caso no es aplicable ya que en el proceso de reincorporación se le descontó los años trabajados en otra institución, por lo que no existe duplicidad de salarios, siendo la primera vez que reclama el pago de la indemnización.

En atención a estos argumentos pide, que el Tribunal Supremo de Justicia, case en parte el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda en todas sus partes, con costas.

III. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE

Derecho al trabajo

El art. 46.I de la CPE, señala: “Toda persona tiene derecho: I. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure a sí y su familia una existencia digna”.

De igual forma, el art. 13.I Constitucional, refiere: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

Concordante con lo señalado, el art. 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

En esa virtud, se considera el derecho al trabajo como un derecho social, que asegura para el trabajador y su familia una existencia digna, que proporciona el sustento diario vinculado con las necesidades básicas de alimentación, salud y la propia existencia del ser humano; consiguientemente, con el derecho a la vida.

Indemnización por el tiempo de servicios

El DS Nº 1592 de 19 de abril de 1949, que reglamenta la Ley de 21 de diciembre de 1948 relativa a la indemnización por el tiempo de servicios en caso de retiro voluntario, dispone en el art. 6 inciso e): “Las interrupciones de trabajo originadas por causas ajenas a la voluntad del trabajador”.

IV. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

En el Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro país desde el 7 de febrero de 2009, el análisis de los recursos de casación planteados, debe ser realizado desde y conforme la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso.

De la revisión y compulsa de antecedentes procesales, lo expuesto en ambos recursos de casación y las normas aplicables, se concluye que:

La documental que cursa de fs. 1 a 29 de obrados, acredita que la actora, trabajó en el Gobierno Municipal de La Paz desde el 18 de marzo de 1983 hasta el 17 de enero de 2001, fecha en la cual fue destituida e inició ante la judicatura laboral el proceso de reincorporación, el que concluyó y efectivizó en noviembre de 2008; pese a ello, y al haber concluido favorablemente el proceso, la actora, renunció a la Alcaldía Municipal de La Paz, la cual fue aceptada por la institución Edil. En ejecución de fallos, la institución demandada, procedió al pago de los sueldos devengados, desde su despido (17/enero/2001) hasta su reincorporación (noviembre/2008) de los cuales solo se efectivizaron de enero/2001 a septiembre/2002, al haberse demostrado que la actora trabajó y percibió remuneración de otras instituciones, de octubre/2002 a noviembre/2008.

Con este antecedente, queda establecido que la actora era dependiente de la Alcaldía Municipal de La Paz, desde el 18 de marzo de 1983 hasta noviembre de 2008, totalizando 25 años, 8 meses y 9 días, como tiempo de servicios; que su desvinculación desde el 17 de enero de 2001, no fue por causas atribuibles a la trabajadora; que su último salario percibido fue de Bs4.178,86 (cuatro mil, ciento setenta y ocho 86/100 Bolivianos), correspondiente a noviembre/2008, monto que incluye el porcentaje del incremento de la gestión 2008 y el porcentaje de bono de antigüedad.

Siendo el trabajo un derecho tutelado constitucionalmente en los arts. 46 y 48, que también constitucionaliza el principio rector del derecho laboral, de protección o tutela, que obliga a la interpretación y aplicación de las normas laborales, bajo el principio de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad y por la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos en favor de los trabajadores.

De acuerdo a la doctrina y la legislación laboral, la indemnización es entendida como la compensación económica que el empleador le abona al trabajador por el tiempo de servicios prestados y como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo, toda vez que transcurridos los años está en una situación de agotamiento y cansancio, porque las fuerzas le abandonan y ya no puede rendir como antes.

Considerando que, los beneficios sociales son derechos y no regalos, dádivas o reconocimientos; podemos concluir que la indemnización, es el salario indirecto consignado en las previsiones de indemnización de las empresas, derecho que, el trabajador lo puede perder, en caso de incurrir en una de las violaciones establecidas en el art. 16 de la LGT, es decir por su mal comportamiento. Cuando decimos que la indemnización es un salario indirecto, nos referimos al carácter diferido que tiene esta, resultante de la contraprestación inmersa en las previsiones mensuales que las empresas realizan y sujeto a contingencias que por Ley se disponen, como es el caso del riesgo profesional. En consecuencia, la indemnización por tiempo de servicios puede ser por dos razones: 1. Sin causa imputable al trabajador, procediendo su pago en atención a lo dispuesto en el art. 13 de la LGT. 2. Por causa imputable al trabajador, sin derecho a beneficios sociales, en aplicación del art. 16 de la LGT y art. 9 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT), con excepción de los quinquenios consolidados y con derecho a la indemnización total, en caso de retiro voluntario, siempre y cuando sobrepase los cinco años, conforme dispone el art. 1 del DS Nº 11478 de 16 de mayo de 1974, que modifica el artículo segundo de la Ley de 21 de diciembre de 1948, con el siguiente texto: “Sí el trabajador tuviera cinco o más años continuos de servicios cumplidos, recibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente…”.

Adicionalmente, el art. 2 del DS Nº 11478, dispone: “Los derechos adquiridos por los trabajadores cada cinco años si no se acogen al retiro voluntario, serán acumulados…”, por lo que podemos afirmar que, el quinquenio es un derecho consolidado y constituye un derecho adquirido; encontrándose prohibido su pago, para las empresas públicas, antes de concluida la relación laboral, a partir de la vigencia del DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985, que en su art. 36 dispone: “… El pago de indemnización por tiempo de servicios procederá cuando el contrato sea extinguido y el trabajador se retire activamente de la entidad o empresa. Queda terminantemente prohibido el pago de cualquier anticipo de beneficios sociales en las entidades y empresas del sector público”.

El art. 19 de la LGT dispone que: “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses”; sueldo indemnizable que no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos por Ley, ni los bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo.

En atención a la normativa glosada, contrastada con la prueba que cursa en el expediente, se puede concluir que:

1. La actora trabajó en el Gobierno Municipal de La Paz desde el 18 de marzo de 1983 hasta su reincorporación, dispuesta judicialmente, noviembre de 2008; totalizando un tiempo de servicios de 25 años, 8 meses y 9 días.

2. Que, efectivizada su reincorporación, el mismo mes, noviembre de 2008, la trabajadora, renunció al Gobierno Municipal de La Paz.

3. El término medio de los últimos tres meses percibidos como salario, corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008 y el sueldo promedio, asciende a Bs4.178,86 (cuatro mil, ciento setenta y ocho 86/100 Bolivianos).

La comuna demandada, en su memorial de recurso de casación sostiene que corresponde el pago de indemnización desde el 10 de marzo de 1983 hasta el 15 de enero de 2001, fecha de desvinculación laboral, debiendo considerarse el salario promedio de Bs3.250 (tres mil, doscientos cincuenta 00/100 Bolivianos), correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000; al respecto corresponde señalar, la demanda laboral de reincorporación tramitada por la actora, determinó la reincorporación de la demandante al cargo que cumplía a momento de su retiro, con reconocimiento de todos los derechos que dejó de percibir, efectivizados en noviembre de 2008; consecuentemente, la autoridad jurisdiccional determinó que la relación laboral existente entre la demandante y la comuna demandada se encontraba vigente desde el 18 de marzo de 1983 (fecha de posesión al cargo) hasta el 27 de noviembre de 2008 (fecha de aceptación de renuncia al cargo). Que, el descuento de la liquidación por salarios devengados, por el tiempo trabajado por la demandante en otras instituciones (octubre/2002 a noviembre/2008), se realizó con el fin de evitar una doble percepción y en cumplimiento a lo dispuesto en el DS Nº 21137 de 30 de noviembre de 1985. Sin embargo, el tiempo de servicios, establecido para el pago de indemnización, corre desde el 18 de marzo de 1983 hasta el 27 de noviembre 2008, totalizando 25 años, 8 meses y 9 días, correspondiendo el pago de la indemnización por ese tiempo; más si consideramos lo dispuesto en el inciso e) del art. 6 del DS Nº 1592, que dispone que el tiempo de servicios comprende, las interrupciones de trabajo originadas por causas ajenas a la voluntad del trabajador; en el caso de análisis, la interrupción de trabajo, desde el 17 de enero de 2001, fecha del despido, no fue por causa imputable a la trabajadora; por lo que corresponde el pago de la indemnización por todo el tiempo de servicios.

Establecido el tiempo de la relación laboral, aplicando el art. 19 de la LGT, corresponde promediar los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, remitiéndonos a la liquidación de fs. 19 a 20 de obrados, que califica el promedio salarial de estos últimos tres meses, en Bs4.178,86 (cuatro mil, ciento setenta y ocho 86/100 Bolivianos), suma con la que corresponde realizar el cálculo de indemnización.

Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.IV del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT).

POR TANTO

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 11/17 de 18 de enero de 2017, cursante de fs. 387 a 389, debiendo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cancelar a la actora la suma de Bs107.361,88 (ciento siete mil, trescientos sesenta y uno 88/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle. Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

TIEMPO DE SERVICIOS

25 años, 8 meses y 9 días

SUELDO PROMEDIO INDEMNIZABLE

Bs4178,86

 

 

25 AÑOS

Bs104471,50

8 MESES

Bs2785,91

9 DÍAS

Bs104,47

TOTAL

Bs107361,88


Regístrese, notifíquese y devuélvase.