TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 665

Sucre, 26 de noviembre de 2018


Expediente                                : 349/2017-S

Demandante                        : Roger Jorge Mendoza Mora

Demandado                        : Empresa Constructora Peñaranda

Materia                                : Social

Distrito                                : Oruro

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán


VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 166 a 167 vta., interpuesto por Freddy Gustavo Peñaranda Gutiérrez en representación legal de la Empresa Constructora Peñaranda SRL, contra el Auto de Vista AV-SECCASA-61/2017 de 26 de mayo (fs. 161 a 164), pronunciado por la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; dentro del proceso laboral de beneficios sociales, que sigue Roger Jorge Mendoza Mora contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 170 a 171; el Auto Nº 107/2017 de 30 de junio cursante a fs. 172 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; el Auto Supremo Nº 349-A, por el que se admitió el recurso (fs. 181 y vta.), los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sentencia

Promovida la acción y tramitado el proceso laboral de beneficios sociales, la Juez de Partido de Trabajo, Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario 2º de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 098/2016 de 04 de agosto (fs. 136 a 141 vta.), por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 19 a 20 vta., aclarada a fs. 23 a 24, con el reconocimiento del pago de desahucio, indemnización por el tiempo de 2 años, 3 meses; el pago de sueldo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, con la reducción de la suma Bs. 9.000,00.-; el pago de vacaciones no gozadas por el tiempo de la relación laboral; el pago de aguinaldo de la gestión 2014, más la multa por el impago oportuno y sin derecho al reconocimiento de trabajo por el actor entre el 03 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2012; y el pago de aguinaldo de la gestión 2013; haciendo un total de Bs.79.000,00.- (Setenta y Nueve mil doscientos 00/100 Bolivianos), suma que deberá ser cancelada dentro de tercero día de su ejecutoria, bajo alternativa de Ley. Sin perjuicio de que en ejecución de sentencia se aplique lo dispuesto en el art. 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de agosto de 2006. Sin Costas.


I.1.2. Auto de Vista

Dicha Sentencia fue recurrida en apelación por Freddy Gustavo Peñaranda Gutiérrez en representación legal de la Empresa Constructora Peñaranda SRL (fs. 146 a 147 vta.), la respuesta al mencionado recurso (fs. 149 a 150), mereciendo el Auto de Vista AV-SECCASA-61/2017 de 26 de mayo (fs. 161 a 164), por el cual la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa-Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia declaró improcedente la apelación opuesta por la representación legal de la Empresa Constructora Peñaranda SRL, en consecuencia, confirman la Sentencia Nº 098/2016 de 4 de agosto emitida por la Juez de Partido 2º del Trabajo y Seguridad Social.

I.1.3. Auto Supremo

El Auto de Vista citado, ameritó que Freddy Gustavo Peñaranda Gutiérrez, en representación legal de la Empresa Constructora Peñaranda SRL interponga el recurso de nulidad, conforme los fundamentos del escrito de fs. 166 a 167 vta., de obrados, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 349-A de 11 de agosto de 2017 (fs. 181 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, se pasa a considerar y resolver:

II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN

II.1. Argumentos del recurso de casación:

1) Denuncia que el Auto de Vista es una determinación injusta, arbitraria, ilegal y atentatorio a sus intereses económicos porque dicha Resolución declaró improcedente la apelación que interpuso contra la Sentencia Nº 098/2016, que dispuso el derecho al pago del desahucio, sin que se hubiese demostrado con prueba alguna el retiro forzoso intempestivo del demandante, solo correspondiéndole el pago de indemnización por el lapso de servicios prestados; por lo que no corresponde el pago de desahucio porque el contrato fue hasta la conclusión de la obra se dio el 19 de septiembre de 2014.

2) Solicita además que se deje sin efecto legal en la Sentencia pronunciada el pago del aguinaldo y su multa en mérito a los documentos de Estados de Cuenta del Banco Bisa de la Empresa Constructora Peñaranda y el cheque de 20 de Diciembre del 214 que se apareja y que cobro el demandante por la suma de Bs.6.500.- como aguinaldo de Navidad del 2014 y no el equivocado monto de Bs.7.200.-, que no es el promedio correcto para la liquidación de beneficios sociales; por lo que debe modificarse el sueldo promedio de Bs.7.200.- que consta en la Sentencia a la suma correcta de Bs.6.500.-, monto demostrado por la prueba documental de fs. 10, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 y la prueba de descargo de fs. 100 y 101 de obrados, por haberse calculado la liquidación con un promedio incorrecto.

3) Señala también que debe declararse la modificación de la fecha de retiro del demandante de 31 de diciembre de 2014 o fecha consignada en la sentencia de fs. 136 a 141 vta., a la fecha correcta de retiro por recepción definitiva de obras conforme el Acta de Recepción Definitiva de Obras de fs. 102 a 103 de obrados y en consecuencia se practique en la instancia de casación una nueva liquidación con los datos correctos y en base a la prueba real cursante en obrados y sea con la imposición de costas.

4) Indica que el Auto de Vista no consideró que en su recurso de apelación con base al art. 112 del Código Procesal Civil (CPC-2013), ofreció bajo juramento de reciente obtención, nueva prueba de cargo en fojas dos consistentes en el Estado de Cuenta del Banco Bisa correspondiente a su Empresa Constructora Peñaranda y el Cheque Nº 079453-001-7 girado a la orden del demandante por Bs.6.500.-, el 20 de diciembre de 2014 en base al promedio salarial correcto de Bs.6.500.-, que acreditan tales documentos que el demandante efectúo el cobro del aguinaldo de 2014, por lo que corresponde que el Tribunal Supremo de Justicia disponga dejarse sin efecto legal el pago del aguinaldo de 2014 y su multa.

5) Finaliza señalando que tanto la Juez como el Tribunal de Alzada no consideraron que la misma prueba testifical de cargo de fs. 121 y vta., y de fs. 124 y vta., acredita que los testigos Miguel Ángel Santander Campos y Hilarión Loza Corani desconocen en lo absoluto que el demandante Mendoza Mora hubiese sido objeto de retiro forzoso intempestivo, lo que no acredita en lo absoluto que el demandante hubiese sido objeto de retiro forzoso intempestivo y tampoco en los obrados del caso de autos existe documento alguno de denuncia de retiro forzoso por parte del demandante ante la oficina laboral de Oruro, por lo que legalmente no corresponde el pago del desahucio, por lo que, deberá revocar parcialmente la Sentencia Nº 098/2016 el Tribunal Supremo de Justicia y declarar no ha lugar el pago de desahucio porque no hubo retiro forzoso intempestivo, sino conclusión de la realización de la obra.

Petitorio

Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo revocando parcialmente la Sentencia Nº 098/2016 de fs. 136 a 141 vta., declarando no ha lugar al pago de desahucio, ni el pago de aguinaldo 2014, debe declararse la modificación de la fecha de retiro del demandante consignada en la Sentencia y en consecuencia se practique una nueva liquidación con los datos correctos y en base a la prueba real cursante en obrados y sea con la imposición de costas.

II.2. Contestación al recurso:

El mencionado recurso de nulidad o casación, generó que el actor responda al mismo señalando:

1) Respecto al pago de desahucio; señala que, la norma laboral le argumenta de que tal hecho a probar le correspondía a la parte demandada como se manifiesta en el art. 66 del Código Procesal del Trabajo (CPT); y más al contrario, la parte demandada afirma de que si existió la relación procesal, pero en ningún momento presentan la prueba de que hubiera sido el trabajo hasta la fecha 19 de septiembre del 2014; empero, por la responsabilidad de la empresa se siguió trabajando hasta el 31 de diciembre para presentar la documentación que requería el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, con su regional en Oruro.

2) En cuanto al tiempo de duración del contrato de trabajo; manifiesta que no fue hasta la conclusión de la obra, como pretende sorprender a los Magistrados y conforme se evidencia en el art. 12 de la LGT; empero, para la misma no presentan ningún documento que acredite tal relación laboral o dependencia, pues si bien entregó las obras en la mencionada fecha de 19 de septiembre de 2014, pero eso solo demuestra el cumplimiento de obligación que tenía la Empresa Peñaranda con la entidad pública, pero en ningún momento tiene que ver eso con la relación de dependencia laboral que tiene el trabajador con el empleador.

3) Continúa contestando a la parte demandada, que no le cancelaron su sueldo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 que le correspondía porque su persona seguía trabajando y como prueba de ello, es que en el propio recurso de apelación, mencionan que en fs. 2 constan el Estado de Cuenta del banco Bisa correspondiente a la empresa demandada y el Cheque Nº 079453-001-7 que hubieran girado a su nombre en fecha 20 de diciembre de 2016, siendo ilógico que afirme que el demandado cumplió con sus obligaciones y ahora extrañamente presenta un cheque que le cancelan en el mes de diciembre de 2014 un sueldo adeudado, por lo que, a confesión de parte es que pido se tomen en cuenta y valore la mala fe del demandado para seguir incumpliendo sus obligaciones.

4) Finaliza señalando que, se evidencia en el memorial de su demanda que ganaba un líquido pagable por parte del empleador de la suma de Bs.6.500; empero, por el aumento salarial emitido por el gobierno, se subió un sueldo de Bs.7.200 como se evidencia en la prueba de cargo presentada por su persona.

Por todo lo expuesto es que la valoración realizada por el Ad quem fue justa, legal y de acuerdo a la prueba presentada; y se debe tener presente que la legislación laboral tiene como objetivo fundamental el de proteger al trabajador, otorgar todos los derecho laborales que tiene ganados en la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza su seguridad y estabilidad laboral en el trabajo, conforme los arts. 46 y 48 de la CPE.

Petitorio.

Concluye solicitando se rechace el recurso de nulidad contra el Auto de Vista AV-SECCASA-61/2017, debiendo ejecutoriarse la misma con la correspondiente condonación de costas por la malicia y temeridad demostrada por el demandado.

II.3. Admisión:

Mediante Auto Supremo Nº 349-A de 11 de agosto de 2017 cursante a fs. 181 y vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación de fs. 166 a 167 vta.

III.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Que, así expuestos los fundamentos del recurso de nulidad o casación de fs. 166 a 167 vta., para su Resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:

Doctrina aplicable al caso:

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), el derecho laboral se constituye en una norma garantista por excelencia, que protege a todos los habitantes del Estado con especial atención de los menos favorecidos y que en la mayoría de los casos por la desigualdad evidente entre las partes que intervienen en una relación laboral, son los trabajadores. En ese sentido, el art. 48 de la CPE, señala: I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles (…)” (sic).

En ese marco normativo-constitucional; cabe señalar que, dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas también en los arts. 4 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, 3.g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente; por consiguiente, queda expresamente claro que corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.

Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este alto Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley, conforme lo establecen los arts. 60, 3.j), 158 y 200 CPT.

FUNDAMENTOS DEL CASO CONCRETO:

En base a los argumentos de la parte recurrente, se pasa a resolver su recurso de nulidad o de casación de fs. 166 a 167 vta., de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Previamente resulta preciso señalar que, de acuerdo a los reclamos debidamente identificados y enumerados del recurso de casación interpuesto; se evidencia que, los agravios en los numerales 1) y 5) se relacionan entre sí, puesto que, se refieren a que no corresponde el pago del desahucio porque no hubo retiro forzoso; asimismo los agravios establecidos en los numerales 2) y 4) del recurso interpuesto también se relacionan entre sí porque reclaman que no correspondería el pago de aguinaldo y su multa en mérito a los documentos presentados; por lo que, se resolverán de manera conjunta dichos reclamos, sin que ello amerite una vulneración al principio de congruencia, falta de motivación o fundamentación en el presente fallo, resolviéndolos de la siguiente manera:

A los reclamos de los agravios de los numerales 1) y 5) de su recurso de casación; cabe señalar que, previamente debe establecerse la forma de desvinculación laboral entre la empresa ahora recurrente y el actor, para determinar si fue por retiro voluntario, justificado o injustificado.

En ese sentido y conforme bien advierte el Tribunal de Alzada, la empresa demandada no llegó a desvirtuar lo alegado por el demandante; en sentido que, luego de haber concluido con la realización de la obra el 19 de septiembre de 2014, el actor continuó trabajando hasta el 31 de diciembre de ese año para cumplir con la presentación de la documentación que requería el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, con su regional Oruro.

Asimismo, sobre las literales de fs. 121 y sgtes, con las que la empresa demandada alega haber probado que el despido del actor no habría sido forzoso e intempestivo, se advierte que las mismas constituyen testificales de cargo que afirman ambos testigos que ellos cuando entraron a trabajar ahí el ahora demandante se encontraba trabajando y cuando se retiraron de sus fuentes laborales, el ingeniero seguía trabajando en la obra” (ver fs. 121 vta., y fs. 124 vta.), por lo que claramente se advierte que, tales pruebas respecto a la continuidad del trabajo del actor demuestran que cuando se retiraron los testigos, el actor seguía prestando servicios para la Empresa Constructora Peñaranda SRL, por lo que, ninguna de las testificales de cargo demuestran que el despido se produjo por alguna causa justificada de despido establecidas en los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, y de acuerdo a la carga probatoria prevista por los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT y 48.II de la CPE, los fundamentos de una demanda laboral instaurada por parte del trabajador, corresponde que sean desvirtuadas en el curso del proceso por la parte empleadora o demandado, puesto que, dentro de un proceso laboral, la carga de la prueba corresponde al empleador, conforme a los artículos citados; sin embargo, dicha tarea en el presente caso no se ha cumplido de manera acertada por la Empresa Constructora demandada Peñaranda SRL, quien solamente mencionó en su recurso de casación que de acuerdo a las testificales de cargo de fs. 121 y vta., y 124 y vta., los testigos desconocen en lo absoluto que el demandante Mendoza Mora haya sido objeto de retiro forzoso intempestivo; argumento por demás falso porque de la revisión de tales testificales, como ya se explicó, solamente señalaron que cuando se retiraban de su trabajo, continuaba trabajando el sr. Roger Jorge Mendoza Mora y que por eso no saben hasta que fecha trabajo el ahora demandante en la empresa constructora demandada, y que por esa circunstancia desmerecen su valoración para imponer la resolución final del caso, más aún si consideramos que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del CPT.

De la misma forma, conforme lo determina el art. 3.j) del Código Adjetivo Laboral, uno de los principios en los que se basa todo procedimiento en materia laboral es la: “Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, por lo que, los Jueces de instancia valoraron correctamente el elenco probatorio, estableciendo que existió las características de subordinación, dependencia, trabajo exclusivo para el empleador y un salario mensual que no dependía de la conclusión de un obra específica.

Por lo expuesto, se concluye que en definitiva no existió causal justificada que haya ameritado el despido del trabajador; al contrario de acuerdo a la valoración del conjunto de la prueba presentada en el proceso, tanto la Juez de la causa como el Tribunal ad quem establecieron que la conclusión de la relación laboral fue por una decisión unilateral del empleador, por lo que, corresponde el pago del desahucio; más aún porque la empresa demandada no demostró el retiro voluntario del actor como erradamente lo afirma, tampoco la existencia de un contrato a tiempo definido o uno laboral por obra determinada.

Por consiguiente, el demandado no ha probado que la desvinculación laboral se haya producido por las causales que alega, mucho menos llegó a desvirtuar la pretensión del actor, la cual era de su incumbencia conforme a los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT y 48.II de la CPE, por lo que no resultan evidentes los agravios de los numerales 1) y 5) del recurso interpuesto referidos a que, no correspondía el pago por concepto de desahucio en favor del trabajador, como ya se explicó, y que fue acertadamente establecido por la Juez A quo, como por el Tribunal de Alzada.

En cuanto a los agravios establecidos en los numerales 2) y 4) de su recurso interpuesto; cabe señalar que, el aguinaldo de navidad y el aguinaldo “esfuerzo por Bolivia”, se encuentran instituidos por normativa laboral específica, y se cancela a todos los trabajadores y trabajadoras que cumplen labores durante una gestión o más de tres meses en el curso de la misma, cancelándose un salario o su equivalente en duodécimas, según los meses que haya trabajado el actor, conforme prevé la Ley de 18 de diciembre de 1944 y el DS Nº 1802.

Por ello, al haberse identificado la existencia de una relación laboral, entre el demandante y la empresa constructora demandada, en aplicación de dicha norma, el Tribunal de alzada de manera acertada ordenó el pago de estos derechos adquiridos, puesto que, la supuesta prueba de reciente obtención conforme el art. 112 del CPC-2013, consistente en el Estado de Cuenta del Banco Bisa correspondiente a la empresa constructora demandada si bien se evidencia que fue realizada el 16/08/2016; sin embargo, se solicitó el periodo del Estado de “diciembre de 2014” a la fecha de 31 de diciembre de 2014, por lo que tal información solicitada al banco referido, podía ser recabada al inicio del proceso dado el periodo que se solicitaba y lo cual no fue así; aspecto similar ocurre con el Cheque Nº 079453-001-7 girado a la orden del demandante por la suma de Bs.6.500.-; empero la fecha del citado cheque data del 20 de diciembre de 2014, por lo que, claramente se advierte que la parte demandada incumplió con el presupuesto del art. 112 del CPC-2013, referido a que, después de la interpuesta la demanda solo se aceptarán documentos de fecha posteriores a ella o bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos; aspecto que no se cumplió dadas las fechas de ambas pruebas y ante la falta de juramento de reciente obtención, la cual debió exigir su realización la parte interesada.

Asimismo, respecto a la consideración de las citadas pruebas, corresponde señalar que, el art. 261 del referido CPC-2013“Apelación de Sentencias y Autos Definitivos”, en su parágrafo III señala que cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en la contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los casos enumerados del 1 al 4 del citado artículo; sin embargo, de la revisión de ambas literales descritas ut supra y adjuntas a su recurso de apelación, no cumplieron con tales casos para que proceda la consideración de dichas pruebas por el Tribunal de Alzada, porque fueron tardíamente presentadas y sin el cumplimento de los casos establecidos por la normativa citada, por lo que, no corresponde su consideración como erradamente señala la parte empleadora y más aún, si consideramos que de tales pruebas solamente se establece un estado de cuenta de la empresa constructora y el cheque por el monto de la suma de Bs.6.500.-, que no comprueba en lo absoluto que corresponda al pago por concepto de aguinaldo de la “gestión 2014”.

Por consiguiente, dichas pruebas no adquieren relevancia en lo resuelto por la Juez a quo como tampoco por el Tribunal ad quem en cuanto la otorgación de este beneficio social adquirido por el actor por la prestación de sus servicios en favor de la Empresa Constructora Peñaranda SRL por más de un año, por lo que, acertadamente establecieron que le correspondía la cancelación de un salario más la multa respectiva, consistente en pago doble por su impago oportuno, conforme prevé la Ley de 18 de diciembre de 1944; no resultando evidentes los reclamos referidos al pago de aguinaldo y multa establecidos en los numerales 2) y 4) del recurso de la parte empleadora.

En cuanto al supuesto error en el sueldo promedio de Bs.7.200.-, siendo el correcto la suma de Bs.6.500.-; cabe señalar que, de acuerdo al principio de primacía de la realidad y de la verdad material consagrados en los arts. 48.II y 180.I de la CPE, se demostró la existencia de los salarios adeudados correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, como también se estableció como el monto de dichos salarios la suma de Bs.7.200.-, puesto que en los meses de enero-agosto del año 2014 figura el pago por servicios prestados en la suma de Bs.6.500 y a la vez otros recibos “Por concepto de pago saldo servicios prestados (…)” (sic) correspondiente a los citados meses (ver fs. 4 a 11), por lo que, correctamente establecieron los Jueces de instancia el sueldo promedio por el monto de Bs.7.500.-; asimismo las demás literales (fs. 18 a 17 y fs. 100 a 101, refieren el pago de servicios prestados por la gestión 2013, sueldo que fue incrementado por lo que no resulta pertinente su consideración), siendo ilógico lo que afirma la empresa recurrente respecto a que existió un error en el cálculo de la liquidación porque se aplicó un promedio incorrecto para alegar de esa manera que se habría cancelado el aguinaldo de la gestión 2014; es decir, trata de hacer coincidir el supuesto monto del sueldo promedio con el establecido en el cheque; sin embargo, tal endeble fundamento no resulta evidente de acuerdo a los recibos descritos y conforme ya se explicó respecto al pago del aguinaldo reclamado, que correspondía su cancelación en favor del trabajador.

Finalmente, en cuanto al agravio del numeral 3) de su recurso referido a la fecha del retiro del demandante; resulta necesario señalar que, si bien existe el Acta de Recepción Definitiva de Obras cursante de fs. 102 a 103 de obrados con fecha 19 de septiembre de 2014; sin embargo, de una revisión de dicha prueba, se evidencia que no demuestra que la conclusión de la relación laboral haya ocurrido en tal fecha de septiembre de 2014; más aún si se demostró que desde septiembre hasta diciembre de 2014, el trabajador y la empresa constructora demandada, sostuvieron una relación laboral, puesto que, se dieron las características de subordinación y dependencia, trabajo exclusivo en favor de la parte empleadora y desde luego un salario mensual por concepto de los servicios prestados que no estaban sujeto a la conclusión de una obra, conforme se evidencia de los recibos ”Por concepto de pago saldo servicios prestados (…)” cursantes de fs. 4 a 11 de obrados y como ya se explicó en el párrafo anterior, también por el reconocimiento y pago del aguinaldo de la gestión 2013 que demuestra la relación laboral que existió y el reconocimiento expreso del trabajador como personal clave para la empresa constructora demandada conforme se advierte a fs. 109 de obrados.

Por consiguiente, claramente se evidencia que existieron las características esenciales de una relación de ámbito laboral y además que, la ruptura de dicha relación laboral fue de manera unilateral por parte del empleador el 31 de diciembre de 2014, como ya se explicó líneas arriba, por lo que, no resulta evidente el reclamo de la parte empleadora en este agravio.

En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de nulidad o casación objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el art. 220.II del CPC-2013, con la facultad remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de recurso de nulidad de fs. 166 a 167 vta., interpuesto por Freddy Gustavo Peñaranda Gutiérrez en representación legal de la Empresa Constructora Peñaranda SRL, contra el Auto de Vista AV-SECCASA-61/2017 de 26 de mayo de fs. 161 a 164 pronunciado por la Sala Especializada, Contenciosa, Contenciosa-Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos conforme los arts. 221 y 223.V.2 del CPC-2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.