TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA SOCIAL, ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 660

Sucre, 26 de noviembre de 2018


Expediente                        : 105/2018

Demandante                : Valentina Flores Flores

Demandado                : Fundación Pro Mujer

Materia        : Beneficios Sociales

Distrito                        : La Paz

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 316 a 323, interpuesto por Fundación Pro Mujer, a través de su apoderado Fernando Antonio Morales Moncada, contra el Auto de Vista N° 196/17 de 14 de agosto de 2017, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 311 a 314 vta., dentro del proceso laboral de beneficios sociales seguido por Valentina Flores Flores, contra la entidad recurrente; la respuesta de fs. 326 a 328, el Auto N° 39/2018 de fs. 329, que concede el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

Antecedentes del proceso

Sentencia

Tramitado el proceso laboral de pago de beneficios sociales, el Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia N° 150/2016 de 15 de julio, cursante de fs. 263 a 268 vta., declarando probada en parte la demanda, de fs. 29 a 30, subsanada a fs. 34, e improbada la excepción de prescripción, opuesta por Fundación Pro Mujer, estableciendo el pago por indemnización, desahucio, sueldos devengados, vacaciones, aguinaldo y bono de antigüedad, en un total de Bs.- 59.767 (Cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y siete 00/100 Bolivianos), mas multa del 30% y actualización.

Auto de Vista

Interpuesto el recurso de apelación por Fundación Pro Mujer, representado convencionalmente por Fernando Antonio Morales Moncada, mediante Auto de Vista N° 196/17 de 14 de agosto de 2017, la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; fs. 311 a 314 vta., confirmó la Sentencia N° 150/2016 de 15 de julio.

Motivos del recurso de casación

Dicha Resolución motivó el recurso de casación de fs. 316 a 323 vta., interpuesto por Fernando Antonio Morales Moncada, como apoderado de Fundación Pro Mujer, para fines de la presente decisión “Fundación”, señalando:

1. Acusa violación e interpretación errónea del art. 150 (segunda parte) y art. 202 del CPT, arguyendo que el Auto de Vista en su tercer considerando asumió como aceptable una inexistente relación laboral entre la actora y la Fundación, en base a meros supuestos, señala que en la inspección realizada al bien inmueble (fs. 231 de obrados), la persona que habita el bien inmueble, hubiere afirmado algún hecho en favor de la demandante, al señalar: " la Audiencia de Inspección Judicial, Calle 12 esquina Demetrio Moscoso N° 134 (lugar que en un inicio tenía funcionamiento la fundación) los encargados del inmueble, quienes alquilaban los ambientes a PRO MUJER (no quisieron identificarse), afirmaron que vieron a la Sra. flores realizando actividades antes descritas desde 1997 (limpieza, cuidado y otros).", extremo que señala, demuestra que el Tribunal de Apelación no se ha molestado en realizar una correcta valoración de los datos del proceso, dando valor a hechos totalmente falsos y alejados de la verdad y de los mismos datos del proceso; señala que la parte demandante no aportó prueba alguna para acreditar sus pretensiones.

2. Acusa violación y aplicación errónea del art. 154 del CPT, y art. 9 del D.S. 28699, manifestando que el Auto de Vista no ha realizado una correcta valoración de los datos del proceso y peor aún ha vulnerado en forma flagrante los alcances del art. 154 del CPT, normativa que no ha sido valorada mucho menos mencionada en la sentencia, limitándose simplemente a determinar una  inexistente relación laboral, sin contar con ninguna de las características propias que convalidan una relación laboral.

3. Acusa Violación y aplicación errónea del art. 167 del CPT, y del D.S. N° 28699 de 1 de mayo de 2006, toda vez que la Fundación no mantuvo ningún tipo de relación laboral con la actora, por lo que no le corresponde ninguno de los conceptos demandados, no habiéndose valorado un hecho confesado por la misma actora que en forma expresa ha reconocido y confesado a la juez de la causa, fs. 230 “quien me ha contratado y no me recuerdo su nombre".  Señala que de igual forma a fs. 231 de obrados, con relación a las supuestas características propias de una relación laboral que generaron convicción en la autoridad ha reconocido que: "no marcaba tarjeta"; con relación al hecho que si la demandante contaba con algún lugar determinado de trabajo, la actora refiere: “solo tenía un pedacito pequeño donde estaba yo con un balde de fresco y gelatina en allá era un poco más grande yo no puedo hablar mentira doctora."

De la misma forma consultada que fue por la misma Juez A-quo, con relación al hecho que si la demandante contaba con algún salario con la fundación, la misma demandante ha confesado en forma expresa; no, extremos todos estos que han sido vulnerados en el presente proceso, estableciéndose con claridad que la demandante ha faltado totalmente a la verdad, al pretender el reconocimiento de derechos y beneficios sociales que nunca emergieron por cuanto jamás hubo relación jurídica laboral con la Fundación;  manifiesta que la verdad histórica de los hechos muestra que la actora mantenía un puesto de venta de caramelos y golosinas en el interior del inmueble, dejando claramente establecido que dicho acuerdo no fue uno de alquiler, tampoco de anticrético ni tampoco algún otro acto jurídico que haya sido oneroso para alguna de las partes, debiendo también considerarse que tampoco existió ningún tipo de subordinación menos dependencia ni tampoco la actora tuvo obligación de asistencia ni cumplimiento de horario, menos tener que observar ningún mecanismo de control que asegure su permanencia en el inmueble; razón por la cual, la actora no percibía ningún tipo de remuneración puesto que sencillamente no desempeñaba ningún tipo de trabajo por cuenta ajena para la Fundación y no tiene ni tuvo durante el tiempo de su permanencia ningún tipo de injerencia en el manejo del puesto de venta independiente, del que era propietaria.

4. Violación del art. 1 del D.S. N° 23570, toda vez que la fundación no mantuvo ningún tipo de relación laboral con la actora, y señala que, se ha violado en forma flagrante los alcances mismos de las características y requisitos mínimos que debe contar toda persona, para poder ser considerada trabajadora; señala que, la ahora demandante nunca tuvo relación laboral de ninguna naturaleza y mucho menos bajo las características propias de una relación laboral como ser: subordinación, dependencia, exclusividad, horario, remuneración, etc., limitándose su estado, al de una comerciante ocasional que realizaba venta informal en las puertas de la Fundación.

5. Argumenta que la Fundación no existía en el año 1996, ni mucho menos se había conformado, por lo que la demanda carece de respaldo para su reclamo y sin prueba alguna, ni documental, y con las declaraciones testificales sobre las cuales la Juez A-quo, pretende justificar lo inexistente, ha desconocido prueba plenamente legal, ofrecida en tiempo y forma oportuna, por la cual se ha demostrado, que la actora habría comenzado a trabajar para la fundación desde el 18 de noviembre de 1996, y tal situación es simplemente una mentira, ya que se podrá evidenciar del acta de constitución de la Fundación Pro Mujer, de fecha, miércoles 14 de noviembre de 2007, y tal como se tiene de la transcripción del poder de representación 1300/2011, en la que se transcribe la parte pertinente del Testimonio N° 209/2008, de protocolización de documentos relativos a reconocimiento de personalidad jurídica, por el que se puede evidenciar a todas luces que la Fundación Pro Mujer no había nacido a la vida jurídica el año 1996.

6. Violación e interpretación errónea del art. 120 de la LGT, art. 202 del CPT, y garantías constitucionales, como el debido proceso, la seguridad jurídica, el legítimo derecho a la defensa, señala que de los fundamentos de la lesiva sentencia en un total acto de desconocimiento o distorsión de la norma aplicable al presente caso, omite reconocer y señalar que de los datos del proceso se tiene que la misma demandante plantea o formaliza la presente demanda en fecha 22 de agosto de 2014, habiendo logrado su admisión y por tanto logrado la apertura de la competencia del juzgado recién en fecha 7 de noviembre de 2014, vale decir después de 3 años y 6 meses de la supuesta ruptura laboral, señala que, es tan evidente la intensión de dañar a la fundación que en la fundamentación de derechos la Juez A-quo ha determinado rechazar en forma por demás lesiva la excepción perentoria de prescripción, no obstante reconocer en forma expresa la plena aplicación del art. 120 de la LGT, y en base a un criterio enteramente subjetivo determinar la inaplicabilidad de la prescripción, sin fundamentar mucho menos establecer en forma clara y precisa a que conceptos resulta inaplicables el legítimo derecho a la defensa como es la prescripción.

Petitorio

Concluye solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, “casar el fallo pronunciado y declarar improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago y prescripción, en base a los documentos adjuntos en obrados”

Respuesta al recurso de casación

Mediante escrito cursante de fs. 326 a 328, Valentina Flores Flores, responde al recurso de casación, solicitando su rechazo; argumenta que, es necesario hacer alusión a que el Derecho del Trabajo tiene su fundamento sobre el reconocimiento de determinados principios, entre los cuales se encuentra el principio protector como así también la regla de la condición más beneficiosa, así también identificar los elementos de formación de una relación laboral, previsto en el art. 2 del Decreto Supremo N° 28699, concordante con los arts. 1 y 2 del Decreto Supremo 23570, hace cita de parte de la Sentencia Constitucional N° 2831/2010/R de 10 de diciembre de 2010; manifiesta que, se puede evidenciar que tuvo una relación laboral con la Fundación Pro Mujer desde el 18 de noviembre de 1996, hasta el 24 de junio de 2011, trabajando en primera instancia en los ambientes ubicados en Villa Dolores, calle 11 paralela a la Av. Antofagasta durante 5 años y posteriormente en las oficinas ubicadas en la zona de Villa Tejada Plaza Obelisco N° 543, desempeñando el cargo de limpieza, mensajería, recepción de usuarios y seguridad de ambientes de lunes  a viernes.

Con referencia a la insuficiencia de las pruebas, manifiesta que, de conformidad con los principios protectores y de igualdad de la Ley General del Trabajo, la misma que permite crear un equilibrio entre el trabajador y el empleador, el mismo que tiene la obligación de presentar las pruebas de descargo toda vez que cuentan con el acceso a la prueba idónea para acreditar o desvirtuar lo demandado, de acuerdo a lo establecido en el art. 3 inc. g) del CPT, se puede evidenciar que si existió subordinación y dependencia, remuneración periódica y los demás descritos precedentemente, por lo que el empleador, se encuentra obligado a reconocer todos los beneficios que la ley acuerda para el trabajador y con mayor razón cuando se trata de una mujer de la tercera edad como es su persona.

Con relación a la fecha de creación de la Fundación Pro Mujer y según copia legalizada del Testimonio N° 209/2008 se evidencia el extremo señalado, y según las declaraciones testificales esta institución funcionaba antes de su constitución existiendo de esta manera una contradicción. Respecto a la Excepción Perentoria de Prescripción, la contraparte refiere que la Nueva Constitución Política del Estado entre en vigencia el 2009 y no tiene carácter retroactivo, por lo que lo establecido por el art. 120 de la Ley General del Trabajo, tiene plena vigencia hasta los dos años establecidos en el mismo, vale decir hasta el 2007, y se reserva solo para aquellos casos en los cuales el computo de los 2 años se haya iniciado y concluido dos años antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado; es decir, al 07/02/07 y está guarda relación con el art.  123 de la CPE; pero, maliciosamente la parte recurrente quiere hacer caer en confusión, olvidándose que el pago de los beneficios sociales debería computarse a partir del 07/07/07, concordante con lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1085/2015-S3.

Admisión

Mediante Auto de 19 de marzo de 2018 de fs. 337 y vta., la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia resolvió admitir el recurso de casación de fs. 316 a 323, interpuesto por Fernando Antonio Morales Moncada, como apoderado de Fundación Pro Mujer.

CONSIDERANDO II

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

1. Con relación a violación e interpretación errónea del art. 150 (segunda parte) y art. 202 del CPT, de los datos del proceso se evidencia que dicha acusación no es evidente, toda vez que era obligación de la parte demandada aportar prueba que desvirtúe las aseveraciones de la demanda, evidenciándose de análisis de obrados, que la entidad demandada no acompaño prueba alguna que demuestre los extremos afirmados por ésta, sin considerar que está compelido a desvirtuar los argumentos del demandante conforme a lo previsto por el art. 3 inc. h) del CPT, ante tal situación, el Tribunal Ad quem aplicó entre otras normas el art. 150 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que estipula: “En esta materia corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el actor aporte las pruebas que crea conveniente”, al tener como principio los procedimientos sociales, la precautelación de los derechos del trabajador, donde es potestativo de éste acreditar las pruebas que creyere pertinente, siendo evidente que el principio de la carga de la prueba corresponde al empleador, vale decir que el indicado artículo de manera clara y precisa siguiendo la línea protectiva del derecho social, estipula la obligación del empleador para desvirtuar los extremos demandados por los actores, que en la especie, no fue desvirtuada, en aplicación del art. 3.h) y 66 del CPT; consecuentemente del análisis del conjunto de las pruebas, se advierte que el tribunal de alzada realizo una la valoración y compulsa adecuada de las pruebas y la normativa señalada, no evidenciándose consecuentemente las violaciones a la normativa acusada por el demandado.

2. Respeto a la aplicación errónea del art. 154 del CPT, Fundación Pro Mujer acusa de una manera muy general una falta de valoración de los datos del proceso y los argumentos de su defensa, así como los medios de prueba ofrecidos, advirtiéndose que la norma acusada establece taxativamente que; no requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba específica; los hechos notorios, los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación, postulado normativo que exige al recurrente señalar los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba específica, no fueron tomados en cuenta; asimismo, que hechos notorios, no fueron advertidos por los tribunales de instancia, o que hechos estén amparados por una presunción de derecho, limitando su argumentación a una escueta falta de especificidad de los datos del proceso que no fueron valorados, sin puntualizar que argumentos de su defensa no fueron atendidos y que medios de prueba ofrecidos, no fueron valorados por el Tribunal de alzada, advirtiéndose la falta de carga argumentativa que no puede de manera alguna ser suplida por este Tribunal, al ser facultad del recurrente los términos fundamentación y carga argumentativa de su recurso, viéndose este Tribunal limitado e impedido de ingresar al fondo de este punto de la demanda por ausencia argumentativa del recurrente.

Por otra parte, el art. 9 del D.S. 28699 regula la cancelación que debe efectuar el empleador, del finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan al trabajador despedido, en el plazo impostergable de quince (15) días; y pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda UFVs, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito, evidenciándose que sobre este punto la Sentencia de grado aplicó correctamente señalada normativa, al evidenciar la falta de pago de los beneficios sociales de la actora, aspecto que fue correctamente compulsado por el Tribunal de alzada.

3. Respecto a los puntos 3 y 4 de la acusación de la demanda, que enunció la fundación, señalando que no mantuvo ningún tipo de relación laboral con la actora; a cuya acusación, resulta pertinente recordar que; la confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más pruebas, conforme lo señala el art. 167 del CPT; asimismo, el art. 2 del DS. N° 28699, determina que constituyen características esenciales de la relación laboral; la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario, en cualquiera de sus formas y manifestaciones; a cuyo tenor, de análisis de las pruebas de cargo cursantes de fs. 214 a 223, las testigos Claudina Justa Rojas Coarite, Esperanza Suazo Cantuta y Ana María Claudina Portillo, clientes de la Fundación Pro Mujer, quienes obtenían préstamos grupales de dicha institución; señalan en forma uniforme, coincidente y conexa que vieron a la señora Valentina Flores con su uniforme azul y botas, efectuando una serie de labores de cuidado, limpieza y barrido de las oficinas de la fundación, las veces que asistían a efectuar pagos o a solicitar préstamos; asimismo del Acta de Inspección Judicial de fs. 229 a 238, establece con nitidez el tipo de relación laboral que la actora realizaba para la entidad demandada, aspectos que no fueron desvirtuados en momento alguno por la fundación, y no son contrarios a la normativa señalada; sin aportar prueba pertinente que enerve la existencia de la relación laboral, aspectos que fueron tomados por el Tribunal de instancia como elementos formativos de una relación laboral.

Asimismo, la normativa laboral establece que; toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra, sea ésta natural o jurídica, en cuya relación concurran las características de relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; la prestación de trabajo por cuenta ajena; y la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y goza de todos los derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad que se realice, así como la forma expresa del contrato o de la contratación verbal si fuera el caso, así lo prevé el art. 2 del D.S. 23570; evidenciándose que en su defensa, la entidad demandada no aporto ningún elemento probatorio que enerve lo establecido por la señalada norma, ni enerve o desvirtúe lo afirmado por los testigos de cargo y el elenco probatorio que arrojó la Inspección Judicial, ausencia de actividad probatoria de la entidad demandante y pruebas uniformes, coincidentes y conexas que formaron convicción en la juzgadora, de la existencia de una relación laboral encubierta, que pretendió evadir las obligaciones sociales inherentes a la relación laboral, sin evidenciarse del mismo modo, la presencia en los actuados del proceso, prueba de confesión expresa de la actora que admita no haber prestado su fuerza laboral para su empleador, que pueda ser interpretada como prueba plena de descargo en favor de la Fundación; mas al contrario, la demanda y los actos procesales, muestran que contrario a lo argumentado por la entidad demandada, la actora demando y mostro consecuentemente una relación laboral subyacente y existente, aspectos que fueron adecuadamente confirmados por el Tribunal Ad quem, no advirtiéndose consecuentemente la violación y aplicación errónea del art. 167 del CPT; y art. 2 del DS. N° 28699 y art. 1 del D.S. 23570 alegado por la fundación.

4. En relación a lo argumentado, respecto a que la fecha de creación de la Fundación Pro Mujer según copia legalizada del Testimonio N° 209/2008, donde se afirma que Fundación Pro Mujer fue creada el 14 de noviembre de 2007; es decir, posterior a la fecha de la relación laboral enunciada por la actora, el Tribunal de alzada, ha establecido la contradicción de dicha argumento con lo señalado en la literal de fs. 183 vta., y las declaraciones testificales de descargo que cursan de fs. 253 a 258, respuesta de los testigos que afirmaron que ingresaron a trabajar en la Fundación Pro Mujer ubicada en Villa Tejada el año 2002, la primer testigo y la segunda el año 2004, fecha en la que conocieron a la demandante, lo que llevó al Tribunal de alzada a establecer que la actora efectivamente prestó servicios desde el año 1996 y la existencia de la institución demandada antes del año 1996, aspecto que señala el Tribunal de Alzada fue correctamente valorado por la Juez A quo; asimismo, se advierte que, de fs. 221 a 222 la testigo Claudina Justa Rojas Coarite, afirma conocer a la actora desde el año 1998, cuando la fundación le prestaba dinero, y la veía hacer limpieza y la veía con su folder diciendo que estaba yendo a la central, afirmando más adelante que “Cuando la fundación fue observada por el Gobierno, ellos recién regularizaron sus documentos y empezaron a darnos comprobantes, (…), aspecto que evidencia que el Tribunal Ad quem valoró adecuadamente los hechos en primacía de la realidad, confirmando adecuadamente este punto de la controversia.

5. En relación a la excepción de prescripción, resulta preciso rememorar que en anteriores oportunidades tanto la otrora Corte Suprema de Justicia como este Tribunal, ante problemáticas que gravitaron sobre la prescripción prevista en los arts. 120 de la LGT y 163 de su Decreto Reglamentario, y la aplicación de los arts. 48 y 123 de la CPE, emitió jurisprudencia a través del Auto Supremo No 7 de 1 de febrero de 2013, que dilucida un tema análogo manifestando: “ (…).”conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del artículo 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009, los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; “ lo que equivale a señalar, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, por lo que existiendo contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; empero, se aclara que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la irretroactividad de la ley.”

En cuanto a la prescripción inserta en el art. 120 de la LGT, el señalado Auto Supremo manifestó: “corresponde definir a la prescripción liberatoria como la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inactividad de su titular durante el lapso señalado por ley. Por lo que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al merecedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a una condición meramente natural, quedando claro que son dos los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del merecedor durante ese plazo”.

La glosa precedente obedece a la profundización de anteriores criterios relativos a similares problemáticas, criterios que se hallan dentro de los fundamentos de los Autos Supremos Nos. 085 de 10 de abril, 224 de 3 de julio y 379 de 28 de septiembre todos del 2012, así como los Autos Supremos Nos. 266 de 12 de agosto de 2010 y 535 de 10 de diciembre ambos de 2010.

En éste contexto, se advierte que conforme el Parágrafo IV del art. 48 de la CPE, art. 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, el cómputo de la prescripción es contabilizado, a partir del momento en el cual el derecho puede ser accionado; es decir, a partir del momento del despido del trabajador, en el caso presente la desvinculación de la relación laboral se produjo el 24 de junio de 2011, momento en el cual estaba en vigencia plena la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, que en el Parágrafo IV del art. 48, prevé que; los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, habiéndose iniciado la relación laboral el 18 de noviembre de 1996, en forma ininterrumpida hasta el 24 de junio de 2011, fecha en la que todos los derechos sociales de la actora fueron exigibles a partir de la fecha de su inicio; toda vez, de la continuidad de la relación laboral, que no podría haber sido interrumpida anticipadamente por la actora sin causa legal previa; para el cobro de los beneficios; evidenciándose que, aunque con un razonamiento diferente, el Tribunal de Alzada confirmó correctamente la prescripción declarada por la Juez A quo; no evidenciándose como consecuencia transgresión alguna producto de la emisión de la decisión de alzada.

Bajo esos parámetros, se concluye no ser evidentes las acusaciones denunciadas en el recurso de casación, al carecer estas de sustento legal, ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, por lo que corresponde resolver el recurso en el marco de la disposición legal contenida en 220-II del CPC-2013, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184-1 de la CPE y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 316 a 323 vta., interpuesto por Fernando Antonio Morales Moncada, en calidad de apoderado de Fundación Pro Mujer, contra el Auto de Vista Nº 196/17 de 14 de agosto de 2017, emitido por la Sala Social Administrativa, Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sea con costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.