TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 659

Sucre, 26 de noviembre de 2018

Expediente                : 386/2017

Demandante             : Iver Gonzalo Coronel Torrico 

Demandado              : Empresa VIVATEL

Proceso                     : Beneficios Sociales

Departamento           : Cochabamba

Magistrada Relatora  : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación de fs. 289 a 290 vta., interpuesto por Marco Ignacio Udaeta Ortiz en representación de VIVATEL; impugnando el Auto de Vista Nº 016/2017 de 25 de enero de fs. 283 a 286 vta., pronunciado por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso por pago de beneficios sociales, seguido por Iver Gonzalo Coronel Torrico contra la empresa VIVATEL; el Auto de fs. 293 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 386-A de fs. 302 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 1 de febrero de 2013 de fs. 253 a 257 que declaró probada en parte la demanda de fs. 3 a 4 y probada la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada de fs. 32 a 34, disponiendo cancelar al demandante la suma de Bs. 960.5 (novecientos sesenta bolivianos 50/100), por concepto de  indemnización, duodécimas de aguinaldo gestión 2012, prima,  vacación en duodécimas de 7.5  días, y sueldos devengados, menos lo cancelado según finiquito de fs. 24.



Auto de Vista

En grado de apelación deducido por el demandado de fs. 267 a 268, la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 016/2017 de 25 de enero de fs. 283 a 286 vta., que confirmó la Sentencia apelada. Con costas.

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista la parte demandada formuló recurso de casación de fs. 289 a 290 vta. bajo los siguientes argumentos:

Impugna la Resolución en su parte considerativa y resolutiva, toda vez que de acuerdo a la prueba presentada en el memorial de 11 de enero de 2013 donde adjunta como prueba documental las planillas de Aguinaldo y Formulario de Pago de Contribuciones al Sistema Integral de Pensiones, así como por memorial de 18 de enero de 2013, cumpliendo lo ordenado a la providencia de 15 de enero se presenta el detalle de asistencia personal de la empresa, boletas de sueldo, y de aguinaldo, donde demuestra claramente el número de trabajadores de la empresa y por lo tanto si se pudo si se pudo hacer el prorrateo correspondiente para el pago de prima anual, por lo que la valoración de la prueba se la debe realizar de manera conjunta y global, no apartarse de la verdad material dispuesta en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), afectando sus derechos al demostrar el número de dependientes de la empresa.

Señala como leyes aplicadas erróneamente, los arts. 3 inc. h), 150 y 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), arts. 1283 y 1286 del Código Civil (CC) y  arts. 134, 136 y 145 del Código Procesal Civil (CPC), que establecen que quien pretenda justificar sus pretensiones debe probar ls hechos aducidos a fin de fundamentar su pretensión caso contrario el juez debe declarar improbada la demanda.

El Tribunal ad quem debió valorar las pruebas presentadas, conforme la sana crítica y prudente criterio, además de buscar la verdad material por los medios producidos dentro del proceso, haciendo un análisis integral de las mismas, omitiendo considerar la prueba que demuestra el Detalle de Asistencia del personal, planillas de aguinaldo, formularios de pago de contribuciones al sistema integral de pensiones, para determinar el número de dependientes y realizar el cálculo de la prima.

Interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista Nº 016/2017 de 25 de enero, por omisión en la valoración de la prueba de forma objetiva.

II. Fundamentos jurídicos del fallo.

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal, señalando que:

El art. 115.II de la CPE, catalogado también como un derecho humano por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entendido por este Tribunal Supremo de Justicia como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir que comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la constitución y los instrumentos internacionales señalados.

Asimismo se debe tener presente que en el proceso laboral, la valoración y compulsa de las pruebas, es atribución privativa de los jueces de instancia incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba le hubieran asignado un valor distinto; de igual manera el Juez a quo o Tribunal ad quem no se encuentran sometidos a la tarifa legal de la prueba; más al contrario, tiene libertad de apreciación de la misma, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, con la única excepción de la circunstancia en que la ley exija de una prueba un contenido material concreto, tal como disponen el art. 158 en concordancia con el inciso j) del art. 3 y con el art. 60, todos ellos del Código Adjetivo Laboral.

Análisis en el caso concreto        

De los antecedentes del proceso, se evidencia que el recurrente se limita a señalar incorrecta valoración de la prueba e interpretación de normas legales refiriendo como vulnerados los arts. 3 inc. h), 150 y 158 del CPT, arts. 1283 y 1286 del CC y  arts. 134, 136 y 145 del CPC, pretendiendo una revaloración de la prueba; sin embargo, cabe señalar que la valoración de la prueba presentada por la parte recurrente, si bien constituye una causal de casación en el fondo, Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa "...El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico", y "El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto."

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos que de manera excepcional se proceda a una revaloración de esa prueba.

En cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del Tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, ni tampoco que se haya dejado de considerar algunas pruebas si la sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.En este supuesto, cuando se acusa la falta de apreciación de las pruebas, no basta con relacionarlas sino es necesario explicar, de manera precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en verdad acreditan, de qué manera incidió su falta de valoración en la decisión, lo que permite a la Sala establecer la magnitud de la omisión, que debe ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de destruir la presunción de acierto y legalidad que ampara a la resolución que es objeto del recurso de casación, no siendo suficiente hacer mención a la prueba presentada como en el caso de autos.

Asimismo el recurrente solo se limita a justificar la presentación de prueba, como el detalle de asistencia del personal, planillas de aguinaldo, formularios de pago de contribuciones al sistema integral de pensiones, así como el cumplimiento

la misma que acreditaría el número de dependientes y que no correspondería el cálculo de la prima; sin embargo, el Juez a quo como el Tribunal ad quem determinaron dicho pago, toda vez que conforme sale de los Estados Financieros de la Empresa existió utilidades, realizándose una valoración del conjunto de medios de prueba que concurrieron en el proceso y formaron la convicción del Juez a quo ratificado por el Tribunal ad quem, que como fue manifestado supra no basta para objetar o atacar algunos medios de prueba, si demostrar el error de hecho o de derecho en el que se incurrió en el Auto de Vista, más aún si en materia laboral rige el principio de inversión de la prueba, en virtud del cual, la carga de la prueba le corresponde al empleador en el marco de lo previsto en los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, es decir, que el empleador demandado debe desvirtuar los fundamentos de la acción, situación extrañada en el caso de autos.

En consecuencia, al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación de fs. 289 a 290 vta., corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 220.II del CPC, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 289 a 290 vta. Con costas y costos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.