TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 600

Sucre, 30 de octubre de 2018


Expediente                        : 310/2018-CA

Demandante                : Laura Jessica Villegas Montero

Demandado                : Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación

Distrito                        : La Paz

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán 

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 9 a 13, interpuesta por Laura Jessica Villegas Montero contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 127 de 27 de junio de 2018; los antecedentes del proceso, y;

I.- ANTECEDENTES PROCESALES:

Revisada la demanda de fs. 9 a 13 de obrados, se advierte que la demandante impugna la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 127 de 27 de junio de 2018 emitida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Corporación (en adelante YPFB Corporación), dentro del Sumario Administrativo instaurado por infracción del Código de Conducta de YPFB Corporación, en el que en aplicación de los Decretos Supremos Nº 23318-A y Nº 26237, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 127 de 27 de junio de 2018 que resuelve confirmar al Resolución Sumarial de Revocatoria RES. EDT. Nº 022/2018 de 2 de mayo de 2018 que ratifica en su integridad la Resolución Sumarial Final RES. EDT. Nº 015/2018 de 16 de abril de 2018.

II.- FUNDAMENTOS DEL CASO CONCRETO:

En ese contexto, analizada la demanda corresponde puntualizar que el Sistema de Control Gubernamental, previsto por la Ley N° 1178, en el capítulo correspondiente a la Responsabilidad por la Función Pública, instituye que la responsabilidad por la función pública puede ser administrativa, ejecutiva, penal y civil.

El art. 29 de la señalada Ley N° 1178 establece que la responsabilidad administrativa se originará cuando la acción u omisión contravenga el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público; que se determinará por proceso interno de cada entidad.

Por otra parte, la  Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (en adelante LPA), en su art. 1, inc. c) (Objeto de la Ley), regula la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. Por su parte el art. 3, parágrafo II, inc. d) de la citada ley, excluye expresamente del ámbito de su aplicación a: … los regímenes agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, que se regirán por sus propios procedimientos”, de cuyo entendimiento se advierte que dicha exclusión, está referida al Sistema de Control Gubernamental establecido por la Ley N° 1178 SAFCO y sus subsistemas, que incluye el régimen de responsabilidad por la función pública aprobada por Decreto Supremo Nº 23318-A, que es materia del presente caso.

En el marco del Sistema de Control Gubernamental, mediante Decreto Supremo N° 23318-A, se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, la que consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad administrativa o su exclusión.

Por ello es que en el marco del Sistema de Control Gubernamental, mediante Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, se aprobó y puso en vigencia el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, que consigna las normas específicas que regulan la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios para la determinación de la responsabilidad administrativa o su exclusión, disposición legal que fue modificada por el Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de junio de 2001, que establecen las normas y procedimiento que regulan estos procesos administrativos disciplinarios y que en su art. 2º modificatorio de los arts. 28 y 30 del primer Decreto Supremo citado, prevé la forma de conclusión de estos procesos administrativos sancionatorios.

El art. 122 de la Constitución Política del Estado (en adelante CPE), establece que, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

En el contexto de dicha prohibición, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC-1975), determina la procedencia del proceso contencioso administrativo exigiendo la existencia previa de oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere acudido previamente ante el Órgano Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.

En un caso análogo, la Sentencia Constitucional 0870/2004-R, de 8 de junio, determinó: “Del análisis de las normas referidas se concluye que, las normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237, y no así las normas supletorias establecidas para el procedimiento sancionador correctivo por la Ley de Procedimiento Administrativo, como equivocadamente pretende la recurrente, ya que las normas de esta última son de aplicación general en la relación de la administración con sus administrados y no con sus servidores públicos; pues se reitera que, por mandato expresa de la norma prevista por el art. 80.II de la LPA, el procedimiento sancionador contenido en dicha Ley, tendrá carácter supletorio, lo que supone que será aplicado sólo ante ausencia de una norma expresa en el Reglamento específico.” (Sic).

De lo referido se evidencia que, la normativa aplicable a los procesos administrativos internos de las entidades del sector público, en el cual se encuentra inmerso el caso de autos, cuyo fin es el determinar la responsabilidad administrativa del servidor público, es aquella prevista por el Decreto Supremo Nº 23318-A y sus modificaciones, derivando como consecuencia que la demanda promovida por la parte actora es errónea, porque la vía contenciosa administrativa, sólo se aplica a las relaciones de la Administración Pública con sus administrados y no así las relaciones laborales con sus servidores públicos, competencia que se pretende atribuir a este Tribunal de manera indebida por la parte actora, pretendiendo atribuir al órgano Jurisdiccional una función apartada por los 778 del CPC-1975 y art. 3 parágrafo II inc. d) de la LPA, normas que son de orden público y cumplimiento obligatorio, por consiguiente no se encuentran libradas a la voluntad de las partes.

Estos aspectos legales inhiben a este Tribunal ingresar a revisar el fondo de la demanda y emitir un fallo, deviniendo en inadmisible.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 780 del CPC-1975 y con la facultad otorgada por el art. 2 num. 2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, dispone el RECHAZO de la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 9 a 13, interpuesta por Laura Jessica Villegas Montero, por inadmisible.

Al Otrosí 1º y 2º.- se tiene resuelto.

Al Otrosí 4º.- Se señala domicilio procesal la Secretaría de la Sala, dando cumplimiento al art. 84-II del Código Procesal Civil.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.