TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 598

Sucre, 30 de octubre de 2018


Expediente                        : 348/2017

Demandante        : KORIGOMA LTDA.

Demandado        : Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.

Materia        : Contencioso Tributario.

Distrito                        : La Paz.

Magistrada Relatora        : Dra. María Cristina Díaz Sosa


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la  Lic. Celideth Ochoa Castro en representación legal de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante a fs. 227 a 232 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 142/2016 SSA-I de fecha 22 de agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el Auto Supremo No 43-A de fecha 31 de Enero de 2018 cursante a fs. 244 a 244 vta., que concedió el recurso; lo obrado en el proceso; y:

I: ANTECEDENTES PROCESALES

Sentencia.-

Tramitado el proceso contencioso tributario seguido por KORIGOMA LTDA en contra de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales; el Juez Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia C.T. Nº 002/2015 de fecha 22 de abril de 2015 cursante de fs. 131 a 144, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo Nº V.E. 00090VE00161-69/2009 de 13 de octubre de 2009, determinando que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, aplique adecuadamente la norma procesal tributaria a efectos de proceder emitir un nuevo acto administrativo, fundamentado debida y legalmente su determinación en cumplimiento de los requisitos establecidos y estipulados en el art. 96 de la Ley 2492.

Auto de Vista.-

Interpuesto el recurso de apelación cursante a fs. 146 a 151, por Juan Carlos Mendoza Lavadenz en representación legal de la Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; resuelve el mismo mediante Auto de Vista Nº 142/2016 SSA-I de fecha 22 de agosto de 2016 cursante a fs. 221 a 224, que confirma la sentencia apelada C.T. Nº 002/2015 de fecha 22 de abril de 2015.

Ante la determinación del Auto de Vista, Celideth Ochoa Castro en representación legal de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, sin la contestación de la parte contraria, el Tribunal de alzada emite el Auto Nº 219/17 SSA-I de fecha 10 de julio de 2017, concediendo el recurso.

II: ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, la recurrente establece que el Auto de Vista impugnado, contiene violación al art. 115 de la CPE, art. 192 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 218 del Código Procesal Civil, arts. 43, 81 y 96 de la Ley Nº 2492 e incumplimiento a la línea sentada por la jurisprudencia A.S. Nº 819 de 29/11/2007 y A.S. Nº 22 de 20/01/2000 y las SC Nº 2016/2010-R de 09 de noviembre de 2010 y 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, bajo los siguientes argumentos:

En la forma:

1.- La recurrente alega que el Auto de Vista recurrido, incumple con los requisitos establecidos en el art. 192 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 218 del Código Procesal Civil, por cuanto el mismo  no contiene en todos los numerales considerativos, la cita de leyes y normativa vigente en los que base su análisis y decisión, y simplemente hace un resumen con palabras textuales de la sentencia.

Asimismo indica que la resolución de vista, no contiene en su parte considerativa decisiones claras, positivas y precisas sobre fundamentos de los cargos impuestos al demandante, empero si hace una relación de las supuestas omisiones de la Administración Tributaria con un análisis parcializado, lo cual vulnera el derecho a la defensa y debido proceso; además que no existe pronunciamiento sobre los cargos observados por su parte y la normativa aplicada que sustenta su posición y correcta determinación.

2.- Por otra parte precisa que el Auto de Vista recurrido, incumple la línea sentada por el A.S. Nº 819 de 29/11/2007 y A.S. Nº 22 de 20/01/2000 y las SC Nº 2016/2010-R de 09 de noviembre de 2010 y 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, ya que la misma no realiza una valoración legal de los argumentos esgrimidos por la Juez Ad quo; asimismo no valora los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en el memorial de apelación, y solo se limita a señalar en casi dos planas, que la sentencia ha efectuado un adecuado análisis, sin ingresar y exponer cuales habrían sido los puntos controvertidos o en litigio de ambas partes, sin fundamentar por que la Resolución Determinativa no estaría fundamentada o cuales habrían sido los errores cometidos por la Administración Tributaria, extremos que vician de nulidad el Auto de Vista.

3.- Indica que el Tribunal de alzada, no se pronunció respeto a los antecedentes presentados por la Administración Tributaria y lo establecido por el art. 81 de la Ley Nº 2492; ya que el Auto de Vista recurrido, no se pronuncia en términos claros sobre el incumplimiento del citado artículo, lo cual demuestra la falta de revisión y análisis de manera integra a la sentencia de primera instancia, toda vez que no se manifiesta sobre la verificación de la documentación contable (DD.JJ) IVA, IT, IUE, Libros de compra y ventas IVA, estados financieros, facturas observadas, el cruce contra proveedores y detalles que le permiten establecer si verdaderamente no se efectuó la fundamentación adecuada en el Resolución Administrativa sobre base cierta; tampoco fundamenta sobre valoración de la prueba conforme establece el art. 81 de la Ley Nº 2492.

Precisa que de conformidad con el art. 375 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 136 del Código Procesal Civil Ley Nº 439, la carga de la prueba la tiene el sujeto pasivo en cuanto al hecho constitutivo de su derecho; sin embargo, en el presente caso el demandante no desvirtuó que hubiera declarado los ingresos percibidos a través de cuentas bancarias a nombre de dependientes de la Empresa, sin respaldo de la Nota Fiscal, ingresos a través de Notas Fiscales de compras informadas y no declaradas por la Empresa, ingresos a través de revisión de Declaraciones Únicas de Importación reportadas por la Aduana Nacional de Bolivia y no declaradas por la Empresa, es más indica que el Informe Técnico  INF. CT IV Nº 0117/2013 de 05 de febrero de 2013, realizo una correcta revisión de los antecedentes del caso, incluida la prueba adjuntada por el demandante; documentación que fue solicitada por la Administración Tributaria en vía administrativa y no presentada por el demandante; no obstante de ello, el Auto de Vista no realizó la revisión de las pruebas aportadas, sin respaldar el por qué llega a dicha conclusión, limitándose simplemente a señalar que todos los antecedentes ya habrían sido examinados en sentencia, es decir que el Tribunal de alzada, ni siquiera ha ingresado al fondo de lo litigiado o el origen de las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, sin considerar que la Resolución Determinativa cumple con los requisitos establecidos en el art. 99.II de la Ley Nº 2492 y en el art.18.3 de la RDN Nº 10.0037-07 vigente al momento de la emisión del fallo.

En el fondo:

1.- En el fondo la recurrente manifiesta que el Auto de Vista, viola lo establecido en el art. 115 de la CPE, pues omite pronunciarse sobre los descargos presentados por la Administración Tributaria en aplicación al derecho a la defensa y debido proceso; ya que el mismo no se pronuncia sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y simplemente se limita a corroborar lo expresado en la sentencia, por lo cual la resolución de vista los deja en indefensión en cuanto sus derechos, toda vez que los descargos presentados por la Administración Tributaria en lo que se refiere al trabajo de fiscalización hasta la emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-0368-09, no han sido valorados, y se emite una resolución totalmente parcializada, sin fundamento legal alguno, vulnerando con ello el debido proceso y el derecho a la defensa.

Indica que la Vista de Cargo Nº V.E. 00090VE00161-69/2009 fue notificada en fecha 16 de octubre de 2009, es decir que el contribuyente con pleno conocimiento de todas las actuaciones y verificación de la Administración Tributaria, no presentó descargo alguno, estableciendo que a raíz de la fiscalización se constató la existencia de ingresos no declarados y diferencias entre el Crédito Fiscal IVA declarado en el formulario 143 y el Libro de Compras IVA de los periodos detallados en la Resolución Determinativa.

2.- Por otra parte indica que la resolución de vista, contiene errónea interpretación y aplicación de los arts. 43, 96 y 81 de la Ley Nº 2492, ya que de la documentación que cursa en antecedentes y los requerimientos de información también cursantes en obrados, se puede establecer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, y si el contribuyente no presentó documentación, dejó precluir su derecho, poniéndose en indefensión voluntaria, lo cual no constituye óbice para que se llegue a determinar los reparos que adeudaría el mismo al Fisco, aplicando la Administración Tributaria de manera correcta el procedimiento de fiscalización impositiva sobre la base cierta, conforme lo permite el art. 43 de la Ley Nº 2492, en función a la información obtenida por la Administración Tributaria de las actividades realizadas por el contribuyente  y la documentación parcialmente presentada por el mismo, procediendo a verificar y obtener información de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras acerca de los extractos bancarios a nivel nacional de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo en moneda nacional, extranjera y UFV de la Empresa y de sus empleados dependientes, con lo cual se demostró su vinculación con la percepción de ingresos percibidos por KORIGOMA LTDA., y que evidencia que esta tiene ingresos no declarados y ventas que no cuentan con la debida no fiscal; de igual manera de la información obtenida de la Aduana Nacional de Bolivia se tiene importaciones de bienes efectuadas por la Empresa demandante, que tampoco fueron declarados en los Libros de Compras de IVA; en mérito a ello, la Administración Tributaria mantiene su posición que efectuó la fiscalización sobre base cierta, en virtud a que obtuvo la documentación e información pertinente para conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores, puesto que el contribuyente no hizo uso de su derecho consagrado en el art. 68 núm. 7) del Código Tributario.

En conclusión, solicita al Tribunal Supremo de Justicia que en la forma  se ANULE el Auto de Vista recurrido, o en su defecto proceda a CASAR el Auto de Vista, y declare improbada la demanda interpuesta por la Empresa KORIGOMA LDTA., manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0368-09.

La parte actora, no contesta el recurso de casación interpuesto.

III: FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.

En consideración de los argumentos expuestos por la recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

1) La fundamentación y motivación como componente del derecho al debido proceso.

Entre los componentes primordiales que rigen el debido proceso como derecho y garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los jueces que imparten justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, es necesario resaltar el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0682/2014 de 10 de abril, que señala: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.

2) De la forma de determinación del hecho generador de tributo omitido. 

El autor Alfredo Benítez Rivas en su libro “Derecho Tributario” pág. 170-172 señala: “El concepto de hecho generador o imponible, su importancia, significación fáctica y estructura, han merecido un estudio y análisis muy profundo por parte de la doctrina… Así como el delito constituye el concepto jurídico central en torno al cual se elabora la teoría y dogmática del derecho penal, el llamado hecho imponible o presupuesto legal del tributo, constituye el núcleo de la teoría y la dogmática del derecho tributario sustantivo o material, y el fundamento de su autonomía científica respecto al Derecho Civil. Los presupuestos de hecho o hechos imponibles pueden ser de distinta naturaleza, y su elección o tipificación como hechos susceptibles de imposición responden a criterio del legislador, quien decide que tales presupuestos de hecho pueden consistir en simples hechos materiales, como el cruce de una mercadería por la frontera aduanera, la circulación de vehículos por determinadas rutas, etc., o en hechos económicos, como la percepción de una renta, ingresos dinerarios, tenencia de un patrimonio, o el consumo de bienes; también pueden consistir en la realización de actos jurídicos tales la protocolización y registro de documentos públicos y, finalmente pueden consistir en la realización de negocios jurídicos como contratos societarios, de compraventa, seguros, arrendamiento u otros. La significación fáctica del hecho generador, aún en el caso de que éste consista en un negocio jurídico, es de tal naturaleza, que el nacimiento de la obligación tributaria no es un efecto de la manifestación de la voluntad de las partes en ese negocio jurídico, sino de la voluntad legislativa contenida en la ley de gravar con un impuesto tal negocio. Si tomamos, como ejemplo el caso de un contrato de compra venta, veremos que dicho acto negocial es el presupuesto de los efectos que persiguen los contratantes (la voluntad del vendedor de enajenar un bien a cambio de un precio, y la voluntad del comprador de adquirirlo pagando ese precio. En este ejemplo, el contrato es, evidentemente “fuente” de la obligación civil, pero si el contrato está gravado con un impuesto, tendrá además, el carácter de presupuesto de hecho de la obligación tributaria. Fuente de la obligación tributaria será siempre la ley que impone la cuantía del gravamen. El hecho imponible es, consecuentemente, -como lo dijimos reiteradas veces-un hecho tipificado abstractamente en la ley y cuya realización en concreto determina el nacimiento de la obligación”.

A su vez el art. 16 del Código Tributario sobre el hecho generador lo define así:”(Definición).Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”.

Corresponde así mismo hacer referencia a la base imponible y los métodos de determinación al respecto el Código Tributario en el art. 42 señala: “(Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar”, y el art. 43 establece: “(Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en merito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducirla existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto pasivo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, según corresponda”.

IV: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO.

En el análisis del caso, corresponde establecer si efectivamente existió violación al art. 115 de la CPE, art. 192 del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 218 del Código Procesal Civil, arts. 43, 81 y 96 de la Ley Nº 2492 e incumplimiento a la línea sentada por la jurisprudencia A.S. Nº 819 de 29/11/2007 y A.S. Nº 22 de 20/01/2000 y las SC Nº 2016/2010-R de 09 de noviembre de 2010 y 0486/2010-R de 5 de julio de 2010; en mérito a ello, se tiene lo siguiente:

En la forma:

En el caso sometido al análisis a través del recurso de casación en la forma, en el cual se denuncia la falta de fundamentación y motivación de la resolución vista, la falta de cita de normativa en las decisiones asumidas y la falta de valoración de prueba por el Tribunal de alzada; en mérito a ello, corresponde a este Tribunal, pronunciarse en relación a los tres puntos denunciados en el recurso.

De los argumentos expuestos, se tiene establecido que la recurrente alega la vulneración al derecho al debido proceso y al principio de congruencia, al establecer que el Auto de Vista recurrido no cita las leyes en que se funda la decisión de vista, no contiene la debida fundamentación y motivación y no se pronuncia sobre los antecedentes presentados por la Administración Tributaria.

En atención a los argumentados expuestos, corresponde verificar de manera específica, si el Auto de Vista Nº 142/2016 SSA-I de fecha 22 de agosto de 2016 pronunciado por la Sala Social y Administrativa  Primera del Tribunal Departamental de La Paz, se encuentra dentro los límites que exige el derecho y la garantía del debido proceso y es congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente.

En ese contexto, este Tribunal es consciente conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo, que la fundamentación o motivación de una buena resolución judicial, no se mide porque la misma sea ampulosa y este llena de consideraciones y citas legales, doctrinarias o jurisprudenciales, sino que la fundamentación y motivación de una resolución judicial, implica ir más allá de ello, y es tener una resolución judicial clara, concreta y congruente con las pretensiones fijadas por las partes, es así que una buena motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.

Es así que de la revisión del Auto de Vista, se tiene que el Tribunal de alzada, ha cumplido con la debida fundamentación y motivación de la resolución de vista recurrida, siendo la misma clara, compresible y congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación, exponiendo la normativa aplicable al caso; incluso en el Auto de Vista hace un resumen del agravio denunciado en cada punto resuelto por el Tribunal de apelación, por lo cual se tiene que no son evidentes los argumentos expuestos por la recurrente en el recurso de casación.

No obstante de ello, y si bien la recurrente en el recurso de casación en la forma, acusa que el Tribunal de alzada, no se hubiera pronunciado sobre los antecedentes presentados por la Administración Tributaria, vinculada dicha denuncia al art. 81 de la Ley Nº 2492 referente a la valoración de la prueba; extremo, también denunciado en el recurso de apelación; esta tampoco resulta ser evidente, ya que el Auto de Vista, resuelve dicho agravio dentro lo pertinente y congruente del recurso de apelación, pero también observando lo resuelto en sentencia de primera instancia; al efecto es importante resaltar que la Sentencia C.T. Nº 002/2015 de fecha 22 de abril de 2015, no se pronuncia en el fondo sobre la valoración de los documentos que se supuestamente sustentan los reparos establecidos en contra del contribuyente; por cuanto el Juez de instancia, determina en sentencia la falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo Nº V.E. 009OVE00161-69/2009 y por consiguiente de la Resolución Determinativa Nº 17-0368-09 de fecha 28 de diciembre de 2009, que en los hechos viene a ser una copia de los fundamentos de la Vista de Cargo, girada en contra del contribuyente, concluyendo la sentencia que la Administración Tributaria no individualiza los bienes y servicios adquiridos y que no hubieran sido declarados, tampoco se tiene el detalle de las pólizas que no habrían sido declaradas y registrados por el sujeto pasivo y no se individualiza que ingresos no contarían con el respaldo de la nota fiscal; es decir que la sentencia no ingreso a considerar la documentación cotejada y valorada por la Administración Tributaria en el proceso de verificación y sancionatorio, al no poder conocer de manera clara y precisa que documentos fueron la base para determinar la omisión de pago del tributo correspondiente, siendo dicha decisión, una resolución judicial de forma, por la cual se cuestiona la insuficiente fundamentación y motivación de las decisiones tomadas por la Administración Tributaria, con lo cual de igual manera se concluye que no se ha vulnero el debido proceso en su componente fundamentación y motivación, por cuanto las resoluciones adoptadas por la Administración Tributarias fueron cuestionadas en la forma y no en el fondo, no siendo suficiente que el sujeto pasivo conozca la documentación que respalde los reparos cuestionados en su contra, porque fue notificado con los mismos u obtuvo fotocopias de los antecedentes, sino que lo que garantiza su derecho al debido proceso y su derecho a la defensa, es que la resolución administrativa que se dicta en su contra, determine que documentos fueron valorados, el valor que les asigna y si los mismos son conducentes e idóneos para establecer la  conducta fáctica del sujeto pasivo contraria al ordenamiento tributario y su correspondiente sanción, no siendo suficiente que las mismas consten en otros antecedentes o en cuadros comparativos, sino que se expresen de manera clara y concreta en la conclusión y convicción a la que arriba la Administración Tributaria, lo cual una vez mas no valoró en este proceso, por no existir la debida fundamentación.

Por lo anotado, se tiene que los argumentos expuestos por la recurrente, no resultan ser evidentes, concluyendo que el Auto de Vista recurrido, contiene la debida fundamentación y motivación y es congruente con los agravios denunciados en el recurso de apelación.

En el fondo:

1.- En relación al primer argumento expuesto por la Administración Tributaria, en el recurso de casación en el fondo; debemos establecer que en este punto nuevamente la recurrente, se acusa la vulneración del Art. 115 de la CPE, bajo el argumento que la resolución de vista recurrida, no valora los descargos presentados por ellos, sin considerar que el contribuyente no presento descargos una vez notificado con la Vista de Cargo.

En ese sentido, y si bien este aspecto es denunciado en el fondo del recurso de casación interpuesto, los argumentos expuestos no corresponden al fondo, sino a la forma; fundamentos que de igual manera  fueron planteados en el recurso de casación en la forma y resueltos en la primera parte de esta resolución, por lo cual este Tribunal, se remite a dichos fundamentos.  

2.- Por otra parte, se tiene que otro motivo de la controversia debatida en el proceso, era establecer si la Administración Tributaria ha obrado de conformidad a la normativa tributaria, al utilizar el método de determinación sobre base cierta a objeto de establecer obligaciones tributarias del contribuyente, por omisión de pago del IVA e IT emitiendo Vista de Cargo Nº  V.E. 009OVE00161-69/2009  y posterior Resolución Determinativa Nº 17-0368-09 de fecha 28 de diciembre de 2009, al considerar que existen ingresos y bienes no declarados por el contribuyente.

En el contexto del argumento expuesto, se debe considerar que el art. 42 del Código Tributario Boliviano, establece que: "Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar".

Al efecto, existen dos métodos de determinación de dicha base imponible, de conformidad al art. 43 del Código Tributario, que señala: "La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación".

A su vez, el art. 44 del Código Tributario, establece los casos en los que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, al disponer: "La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo.”

Continuando con lo manifestado, el art. 45 del Código Tributario dispone: “(Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.”

En el caso de análisis, y en relación determinación realizada por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, sobre base cierta, por ingresos y compra de bienes supuestamente no declaradas por el contribuyente, se evidencia que la Administración Tributaria, mediante acta de requerimiento Nº 00102836, solicito al contribuyente KORIGOMA S.R.L., información de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre de la gestión 2005, con la finalidad de la verificación del Debito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado y su efecto especifico en el Impuesto a las Transacciones, información que fue remitida por el contribuyente de manera parcial, conforme cursa en la Resolución Determinada analizada,  al haberse omitido la entrega de los siguientes documentos: 1. Kardex, 2. Inventario, 3. Kardex de baja de activos fijos, 4. Estructura de costos de producción por línea de producto, 5. Servicios, 6. Informes y/o planillas de revalorización técnica, y 7. Contratos con pólizas de seguros, conforme se advierte en la propia Resolución Determinativa Nº 17-0368-09 de fecha 28 de diciembre de 2009 que cursa a fs. 1 a 12 de obrados, incumpliendo de tal manera con la entrega de toda la información y documentación requerida.

En esa situación, el SIN ante la remisión parcial de la documentación solicitada, y a los fines de continuar con el proceso de verificación, emitió el Acta de Acciones u Omisiones Inexistencia de elementos cursante a fs. 30 de los antecedentes administrativos, por el cual se estableció el cumplimiento de  los plazos del primer y segundo requerimiento de información, y en virtud que el contribuyente no presentó la documentación requerida, se procedió al llenado del formulario de inexistencia de elementos, posteriormente se solicitó información a terceros como el Banco de Crédito de Bolivia, también se verifico la información proporcionada por Agentes de Información, se verifico la información cursante en la Administración Tributaria e información obtenida del Sistema Integrado de Recaudaciones para la Administración Tributaria SIRAT II del Servicio de Impuestos Nacionales; y en base a esta información se determinó impuestos adeudados a favor del fisco sobre BASE CIERTA según el artículo  43 parágrafo I del Código Tributario, determinando al efecto la existencia de ingresos y bienes no declarados y sin respaldo de nota fiscal, emitiéndose la Vista de Cargo Nº V.E. 009OVE00161 69/2009, haciendo conocer que el SIN en uso de sus atribuciones procedió “a ajustar las bases imponibles de sus obligaciones tributarias, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales de abril, mayo y junio de la gestión 2005, reliquidandose el tributo sobre base cierta de acuerdo al numeral I artículo 43° de la Ley N° 2492, tomando como medio de prueba la documentación parcial presentada por el contribuyente, la información proporcionada por Agentes de Información y la documentación cursante en la Administración Tributaria e información obtenida del Sistema Integrado de Recaudaciones para la Administración Tributaria SIRAT II del Servicio de Impuestos Nacionales.” (Sic. Vista de Cargo), estableciendo deuda tributaria de 561.259.- UFV, por tributo omitido, concediendo al contribuyente plazo de 30 (treinta) días a objeto de presentar descargos, conforme al artículo 98 del Código Tributario Boliviano, habiéndose notificado por cédula al contribuyente con dicho actuado, por lo que en 13 de noviembre de 2009 impugnó la Vista de Cargo; observando entre otros aspectos el procedimiento para determinar la obligación tributaria sobre base cierta, porque consideraba que sólo procede la fiscalización sobre base cierta cuando se toma en cuenta y se compulsan los documentos e información entregada por el contribuyente fiscalizado; a pesar de esta impugnación la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales emite la Resolución Determinativa Nº 17-0368-09 en la que ratifica que en base a la documentación proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia, los Agentes de Información, así como de la documentación extractada del SIRAT, se procesó la información enmarcada en las normas y regulaciones establecidas para los trabajos de fiscalización, determinándose adeudos a favor del fisco sobre base cierta según el artículo 43 parágrafo I del Código Tributario. 

En mérito a ello, se observa que la determinación de adeudos tributarios sobre base cierta, no se ha realizado en aplicación de lo establecido por el artículo 43 del Código Tributario, habiéndose utilizado medios no permitidos y regulados por la normativa tributaria, al haberse aplicado datos, antecedentes y elementos indirectos (extracto de cuentas bancarias, módulo de importaciones reportadas por la Aduana Nacional), que le han permitido deducir la existencia de los hechos imponibles, pero no en su real magnitud referidas a ingresos y bienes no declaradas, utilizando elementos que sólo indirectamente acreditaron la existencia de los mismos, por lo cual se tiene que la Administración Tributaria ha utilizado medios para la determinación sobre base presunta previstos en el art. 45.I.1.2 de la Ley N° 2492.

Dentro ese contexto, es necesario establecer que el art. 44 de la Ley Nº 2492, es claro al establecer que: “La administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a este último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código…”, y en el caso de análisis se observa que el demandante KORIGOMA LTDA., no declaró los ingresos percibidos en el periodo abril, mayo y junio de la gestión 2005, no existiendo documentación proporcionada por el contribuyente que hubiera permitido establecer dicha omisión, habiendo la Administración Tributaria utilizado medios auxiliares de información, para establecer la base imponible y el tributo omitido, conforme se determinó en la presente resolución; concluyendo de esta manera que en mérito a la normativa referida, no resulta necesario para la utilización de método de determinación sobre base presunta, que concurran de manera simultánea las 6 circunstancias previstas en la norma citada.  

En consecuencia, en la determinación de adeudos tributarios sobre base cierta de la Empresa KORIGOMA S.R.L., no se ha dado cumplimiento a la normativa al respecto, impidiendo al contribuyente ejercitar su derecho a la defensa, y a la garantía del debido proceso.

De lo que se concluye que el Tribunal de apelación, ha obrado de manera correcta.

Bajo estos parámetros se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia, corresponde resolver en el marco de las disposición legal contenida en el art. 220.II del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en el art. 297 de la Ley Nº 1340.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante a fs. 227 a 232, interpuesto por Celideth Ochoa Castro en representación legal de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Auto de Vista N° 142/2016 SSA-I de fecha 22 de agosto de 2016, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manteniendo firme el Auto de Vista impugnado.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.