TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 593

Sucre, 30 de octubre de 2018

Expediente                   : 529/2017

Demandante                : Alfredo Torres Torres

Demandado                 : Empresa Unipersonal Transporte Condori

Proceso                        : Beneficios Sociales

Departamento             : Chuquisaca

Magistrada Relatora    : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 207 a 209 vta., interpuesto por Gregorio Condori  Llanos en calidad de propietario de la Empresa Unipersonal de Transporte “CONDORI” representado por José Barja Durán, impugnando el Auto de Vista Nº 543/2017 de 15 de septiembre de fs. 199 a 203, pronunciado por la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de beneficios sociales, el Auto de fs. 212 que concedió el recurso de casación; el Auto Supremo Nº 529-A de 3 de noviembre de 2017 de fs. 219 que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

I. Antecedentes del Proceso

Sentencia

Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero  de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 016/2017 de 15 de febrero de fs. 173 a 176, que declaró probada en parte la demanda social cursante de fs. 30 a 35, ratificada a fs. 57, con costas, ordenando cancelar a la empresa demandada la suma de Bs. 62.621,15 por concepto de indemnización, desahucio, salario 10 días de diciembre de 2014, vacación y bono de antigüedad, más lo que corresponda por los derechos de actualización dispuesta en el art. 9 del DS 28699.


Auto de Vista

En grado de apelación deducida por la empresa demandada de fs. 181 a 184, la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 543/2017 de 15 de septiembre de fs. 199 a 203, que confirmó la Sentencia Nº 016/2017 de 15 de febrero. Con costas.

Argumentos del recurso de casación

Contra el Auto de Vista, Gregorio Condori Llanos en calidad de propietario de la Empresa Unipersonal de Transporte “CONDORI”  formula recurso de casación en el fondo de fs. 207 a 209 vta., en el que acusa:

Que el Tribunal ad quem en el Auto de Vista Nº 543/2017 de fs. 199 a 203, incurrió en vulneración del art. 265 parágrafos I y II del Código de Procesal Civil, al no pronunciarse respecto al reclamo de una indebida  multa impuesta, vulnerando el art. 9 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006,  basando su argumento respecto al  pago de beneficios bajo una supuesta presunción de despido intempestivo que en la práctica jamás se dio, provocando pagos por conceptos ilegales y contradichos, como es el caso de las vacaciones y multa impuesta.

Que el pago por dichos conceptos fue negado por su mandante, toda vez que en el caso de las vacaciones por disposición del art. 178 del CPT, un testigo no puede formar plena prueba por si solo, por lo que al darse cabida en el pago de este concepto, al margen de lo previsto por el art. 45 de la Ley General del Trabajo, se conculca dicha disposición legal, cuando la misma, establece que las vacaciones no corresponden o no existen en labores que no son contínuas o permanentes, tal el caso de ser chofer de transporte internacional e interdepartamental, que tampoco justifica un respaldo.

Asimismo, manifiesta que el Tribunal ad quem no consideró sus argumentos obligándolo ilegalmente al pago de un desahucio, vacaciones y multa que no corresponden, contraviniendo normas jurídicas e incurriendo el Tribunal ad quem en interpretación errónea de la Ley, al forzar indebidamente en el presente caso la aplicación del art. 12 de la LGT y art. 3 del DS 110 de 1 de mayo de 2009, cuando en rigor de verdad dichas normas laborales, solo se aplican, en situaciones o relaciones laborales distintas al caso de autos, toda vez que el actor de manera voluntaria y sin el debido pre aviso a su empleador abandonó el trailer que conducía en la Aduana, supuestamente para una intervención quirúrgica en el Hospital Plan 3.000, situación corroborada por el propio demandante, cuando afirma de manera textual y categórica en su demanda, que en fecha 10 de diciembre de 2014, “se produjo mi retiro intempestivo por la causal de enfermedad” lo que contraviene lo expresado en los documentos de fs. 8 a 11 y 13 a 29, que demuestra que el actor fue atendido y hospitalizado a partir del 7 de diciembre de 2014 en el Hospital Virgen Milagrosa.

Indica que cualquiera sea la situación y con mayor razón la de enfermedad e internación, el actor por mandato del mismo art. 12 y art. 16 inc. d) de la LGT, concordante con el art. 9 inc. d) de su Decreto Reglamentario, debía comunicar toda esta situación a su empleador, cosa que en ningún momento ocurrió, sino que recién se enteró el recurrente cuando fue notificado en la Oficina del Trabajo para pague su finiquito o beneficios sociales del actor, de lo cual no existe prueba alguna ni escrita, ni verbal que diga lo contrario, lo que no significa que tenga que pagar un desahucio y unas vacaciones que emergen de una supuesta presunción de despido que en los hechos no existió, además de conculcar el principio de objetividad que debe contener cada fallo o resolución, contraviniendo los principios establecidos en los arts. 178, 182, 197, 198, 199 y 200 del CPT.

Asimismo, acusa mala e indebida apreciación y valoración, de las pruebas documentales aportadas al proceso de fs. 8 a 11 y 13 a 29 de obrados, además de infracción e indebido incumplimiento de la previsión contenida en el art. 265 del CPC cuando no existe pronunciamiento alguno respecto al último punto o agravio apelado, cual es el pago de la multa impuesta en la Sentencia, y que el auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación.

Concluyó solicitando se case el auto de vista y se revoque la sentencia de primera instancia, declarando probada en la parte la demanda, en consecuencia no se de curso al pago de los conceptos negados y que ahora son objeto de recurso de casación. 

II. Fundamento jurídico del fallo y análisis del caso concreto:

En consideración de los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto; en ese marco caben las siguientes consideraciones de orden legal:

Con relación a que el Tribunal ad quem en el Auto de Vista Nº 543/2017 de fs. 199 a 203, incurrió en indebida apreciación y valoración, de las pruebas documentales aportadas al proceso de fs. 8 a 11 y 13 a 29 obligándolo ilegalmente al pago de un desahucio, vacaciones y multa que no corresponden; sobre el particular, de la lectura del Auto de Vista impugnado se evidencia que el mismo se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación conforme el art. 265. I y II del Código de Procesal Civil, aclarando al recurrente que el recurso fue presentado en el fondo y no así en la forma.

Ahora bien, respecto al supuesto pago indebido de desahucio, se tiene de los antecedentes del proceso que el demandado no ha demostrado de manera fehaciente el abandono de trabajo por parte del actor; es decir, no existe constancia que ante la ausencia del trabajador o abandono de su trailer como refiere, el empleador haya hecho conocer esta situación ante las instancias correspondientes como son el Ministerio de Trabajo, o exista constancia de este hecho que justifique que el retiro no fue intempestivo, limitándose a señalar que se efectué una nueva valoración de las pruebas aportadas de fs. 8 a 11 y 13 a 29, sin percatarse que dicha valoración y compulsa de las pruebas, es atribución privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, a menos que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba le hubieran asignado un valor distinto, aspectos que en la especie no concurrieron, al evidenciarse que el Tribunal de Alzada valoró correctamente la prueba, toda vez que en materia laboral, el Juez A quo o Tribunal ad quem no se encuentran sometidos a la tarifa legal de la prueba; más al contrario, tiene libertad de apreciación de la misma, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, con la única excepción de la circunstancia en que la ley exija de una prueba un contenido material concreto, tal como disponen el art. 158 en concordancia con el inciso j) del art. 3 y con el art. 60, todos ellos del Código Adjetivo Laboral, lo que no ocurrió en la especie.

Con relación a la vacación se debe tener presente que el art. 44 de la Ley General del Trabajo, reformado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, regula el derecho al “descanso anual” a que tienen todos los trabajadores que hubieren cumplido un año de trabajo, conforme la escala señalada en el Decreto Supremo Nº 17288 de 18 de marzo de 1980; por cuanto el descanso, es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el trabajador renueve la fuerza y la dedicación para el mejor desarrollo de sus actividades, que en el caso de autos si bien el argumento del recurrente es que el demandante es Chofer de Trailer Departamental e Internacional por lo que merecería otro tratamiento; sin embargo, el trabajo realizado por el actor era  bajo subordinación y dependencia del empleador, estando a disposición del mismo, demostrándose por la prueba testifical que los demás chóferes si gozaban de vacaciones, en consecuencia, no corresponde desconocer la finalidad de este derecho del actor vinculado al descanso remunerado anual, toda vez que este tiene como fin atender las necesidades de carácter familiar y personal. Asimismo se debe tener presente que la aplicación de las presunciones contenidas en el art. 182. a) del Código Procesal del Trabajo, se debe a que no fue desvirtuada la relación de dependencia prestada por cuenta ajena, de manera continua y sujeta a remuneración, generando derechos irrenunciables como es la vacación, consecuentemente el actor es acreedor al pago de dicho concepto condenado por el juez de primera instancia. 

Sobre la multa del 30% impuesta, se debe tener presente que la misma resulta ser una consecuencia de la negligencia del empleador, quien debió cancelar los beneficios que le correspondían al trabajador dentro del plazo dispuesto por el art. 9. I. II del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, que establece: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito”. Mientras que su parágrafo II, dispone: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30 % del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor" (el subrayado es nuestro). De la ratio legis de la norma citada, se colige que la aludida multa del 30% y la actualización son aplicables cuando se produce el despido del trabajador, sea intempestivo o indirecto, y al no haber demostrado el recurrente el abandono de trabajo, era su obligación cancelar al trabajador todos los beneficios sociales y derechos que le correspondan en el plazo impostergable de quince días calendario computables desde la fecha de retiro, ante cuyo incumplimiento en el presente caso, según establece el art. 9.II del citado Decreto Supremo, es pasible a una multa del 30% sobre el monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento del valor la parte demandada.

En ese contexto, se concluye que los juzgadores de instancia, no incurrieron en errónea aplicación de normas laborales como se acusó y por el contrario el Tribunal ad quem, ha emitido el Auto de Vista recurrido en virtud del principio de protección, expresado en los parágrafos I al III del art. 48 de la Carta Política del Estado y art. 4 de la Ley General del Trabajo, correspondiendo aplicar el art. 220. II del Código de Procesal Civil, con la facultad remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts.  184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 207 a 209 vta. Con costos y costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.